Tribunal superior del distrito judicial de bogotá D. C






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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.


Bogotá D. C., diecisiete de febrero de dos mil diez.
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Igualmente es necesario recordar que el término de prescripción de la acción directa derivada del pagaré es de tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación11, el cual puede presentarse de variada manera, dependiendo de la forma pactada, pues si se convino la modalidad de los periodos ciertos y sucesivos, el lapso de prescripción de cada cuota corre de manera individual, a menos que a la par se hubiere ajustado un pacto aceleratorio, en virtud del cual se habilite al acreedor para que declare vencido el plazo y reclame la totalidad del crédito insoluto, ante la presencia de algunas de las precisas causas igualmente acordadas por los negociantes.
No obstante lo anterior, en materia de cláusulas aceleratorias, tema que fue abordado por la Ley 546 de 1999, normatividad aplicable al crédito objeto de cobro, habiéndose estipulado que en esta modalidad22, los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación, autorizó la aceleración del saldo insoluto mediante el instrumento de la presentación de la demanda que, no es otra que la ejecutiva, potestad a la que acudió el actor, dando por insubsistente el término restante, con el consecuente cobro de intereses moratorios.
2. El funcionario de conocimiento definió la primera instancia, mediante sentencia que declaró la prosperidad de la excepción de prescripción, con fundamento en que transcurrieron más de tres años desde la presentación de la demanda hasta cuando se notificó a la demandada de la orden de pago, pues al practicarse el conteo, este vence el 25 de octubre de 2003, fecha en la que aún no se había intimado al ejecutado.
3. Argumentó la entidad actora que no se configuró el fenómeno de la prescripción puesto que el vencimiento el término previsto en el artículo 90 del C. de P. C. se interrumpió por diversas entradas al Despacho; además que operó la interrupción natural de la prescripción y que el demandado conocía de la existencia del proceso con antelación a la declaratoria de nulidad de su intimación mediante curador ad litem; novísimos argumentos que no conllevan la revocatoria de la decisión impugnada, tal como se procede a explicar:
3.1. Es útil puntualizar que de la revisión del título base del coactivo fluye que entre las partes se pactó la cláusula de extinción anticipada del plazo (fI. 5 vto, c.1), previsión interpartes que tiene pleno respaldo legal, pues si bien en línea de principio las cuotas periódicas vencen de manera individual y por ello "la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad", según lo prevé el artículo 69 de la ley 45 de 1990, es posible convenir la extinción prematura del plazo, pues la norma precitada acepta pacto en contrario, sin embargo ante la regulación legal en materia de créditos de vivienda, el legislador previó que con la presentación de la demanda se acelerara el plazo pactado, orden imperativa que se impone sobre la contractual.
3.2. Igualmente es importante dejar sentado que el actor en la presentación de la demanda, reclamó el pago de las cuotas de capital vencidas y del capital acelerado más los intereses moratorios causados desde la exigibilidad de cada uno de los rubros, que para el caso del importe acelerado operó desde la presentación de la demanda, lo que trae como consecuencia que a partir del vencimiento de cada cuota comience a contar el término prescriptivo para los instalamentos, y desde el 9 de mayo de 2002 para el capital acelerado, acorde con la expresa petición del acreedor en el libelo genitor, muy a pesar que la data final de vencimiento consagrado en el cartular aún no hubiera llegado, en virtud de que al haberse reconocido la cláusula aceleratoria se extinguieron anticipada las cuotas por vencer.
3.3. Ahora bien, ninguna duda genera el oportuno ejercicio de la acción pues esta se hizo valer dentro de los términos previstos por el artículo 789 del código de los comerciantes; en opuesto sentido, sin embargo, se detecta que la notificación al demandado se realizó por fuera de los categóricos 120 días que contemplaba el artículo 90 del código adjetivo, en la expresión vigente para la época, hecho negativo que impide que la presentación de la demanda genere los efectos interruptivos de la prescripción, el que tampoco podría predicarse de la invalidada notificación al ejecutado por medio del auxiliar de la justicia, pues esta se realizó un año después de la presentación de la demanda, fuera del término establecido en la precitada norma sustancial, a lo que se adiciona que como consecuencia de la posterior nulidad declarada, esta tampoco generaría las consecuencias descritas, en franco acatamiento de lo dispuesto por el artículo 91 adjetivo que predica que la prescripción no se interrumpe "cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda".
Así las cosas, con el decreto de la nulidad por indebida notificación y de conformidad con el artículo 330 de la codificación adjetiva, se tuvo notificada a la parte pasiva por conducta concluyente con la firmeza del proveído que la reconoció en la primera instancia, emitido el 23 de enero de 2008, cuando la prescripción había operado ya, pues el último término sustancial, correspondiente al capital acelerado, decayó el día 9 de mayo de 2005.

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ.

Radicación: 110013103006200200491-02

Proceso Ejecutivo Mixto

Demandante: BBVA Banco Ganadero Demandado: Mauricio Felipe Coba Garcés Apelación de Sentencia 06-2002-491-02

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión del 23 de septiembre de 2009. Acta 40.
Decide la Sala en el presente proceso ejecutivo mixto promovido por el BBVA Banco Ganadero contra Mauricio Felipe Coba Garcés como consecuencia del recurso de apelación propuesto por la parte ejecutante respecto de la sentencia proferida el treinta de marzo de la presente anualidad por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad.
ANTECEDENTES
Inconforme el demandante con lo decidido en la sentencia que le puso fin a la primera instancia, en la que se declaró el triunfo de la excepción de prescripción interpuesta por el demandado, propuso la alzada que ahora se estudia, alegando que el término de 120 días que preveía el artículo 90 del C. de P. C. antes de la reforma de la ley 794 de 2003 no corrió ininterrumpidamente teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 120 ibídem; que se demostró la interrupción natural de la prescripción y que los motivos de la nulidad de la notificación declarada en la primera instancia no tienen asidero fáctico, pues el demandado ya conocía de la existencia del proceso con antelación, así como en la diligencia de secuestro intervinieron familiares suyos.
CONSIDERACIONES
1. Varias son las instituciones jurídicas que descansan en el transcurso del tiempo, dentro de las que importa destacar el fenómeno de la prescripción que, en materia cambiaria, tiene el poder de extinguir las obligaciones de los intervinientes en el título valor y opera por el inejercicio oportuno de las acciones que la ley le otorga al titular del derecho, mecanismo de carácter objetivo que se hace valer por vía de excepción, con la advertencia que esta, en todos los casos, debe ser alegada por el interesado.
Igualmente es necesario recordar que el término de prescripción de la acción directa derivada del pagaré es de tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación31, el cual puede presentarse de variada manera, dependiendo de la forma pactada, pues si se convino la modalidad de los periodos ciertos y sucesivos, el lapso de prescripción de cada cuota corre de manera individual, a menos que a la par se hubiere ajustado un pacto aceleratorio, en virtud del cual se habilite al acreedor para que declare vencido el plazo y reclame la totalidad del crédito insoluto, ante la presencia de algunas de las precisas causas igualmente acordadas por los negociantes.
No obstante lo anterior, en materia de cláusulas aceleratorias, tema que fue abordado por la Ley 546 de 1999, normatividad aplicable al crédito objeto de cobro, habiéndose estipulado que en esta modalidad42, los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación, autorizó la aceleración del saldo insoluto mediante el instrumento de la presentación de la demanda que, no es otra que la ejecutiva, potestad a la que acudió el actor, dando por insubsistente el término restante, con el consecuente cobro de intereses moratorios.
2. El funcionario de conocimiento definió la primera instancia, mediante sentencia que declaró la prosperidad de la excepción de prescripción, con fundamento en que transcurrieron más de tres años desde la presentación de la demanda hasta cuando se notificó a la demandada de la orden de pago, pues al practicarse el conteo, este vence el 25 de octubre de 2003, fecha en la que aún no se había intimado al ejecutado.
3. Argumentó la entidad actora que no se configuró el fenómeno de la prescripción puesto que el vencimiento el término previsto en el artículo 90 del C. de P. C. se interrumpió por diversas entradas al Despacho; además que operó la interrupción natural de la prescripción y que el demandado conocía de la existencia del proceso con antelación a la declaratoria de nulidad de su intimación mediante curador ad litem; novísimos argumentos que no conllevan la revocatoria de la decisión impugnada, tal como se procede a explicar:
3.1. Es útil puntualizar que de la revisión del título base del coactivo fluye que entre las partes se pactó la cláusula de extinción anticipada del plazo (fI. 5 vto, c.1), previsión interpartes que tiene pleno respaldo legal, pues si bien en línea de principio las cuotas periódicas vencen de manera individual y por ello "la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad", según lo prevé el artículo 69 de la ley 45 de 1990, es posible convenir la extinción prematura del plazo, pues la norma precitada acepta pacto en contrario, sin embargo ante la regulación legal en materia de créditos de vivienda, el legislador previó que con la presentación de la demanda se acelerara el plazo pactado, orden imperativa que se impone sobre la contractual.
3.2. Igualmente es importante dejar sentado que el actor en la presentación de la demanda, reclamó el pago de las cuotas de capital vencidas y del capital acelerado más los intereses moratorios causados desde la exigibilidad de cada uno de los rubros, que para el caso del importe acelerado operó desde la presentación de la demanda, lo que trae como consecuencia que a partir del vencimiento de cada cuota comience a contar el término prescriptivo para los instalamentos, y desde el 9 de mayo de 2002 para el capital acelerado, acorde con la expresa petición del acreedor en el libelo genitor, muy a pesar que la data final de vencimiento consagrado en el cartular aún no hubiera llegado, en virtud de que al haberse reconocido la cláusula aceleratoria se extinguieron anticipada las cuotas por vencer.
3.3. Ahora bien, ninguna duda genera el oportuno ejercicio de la acción pues esta se hizo valer dentro de los términos previstos por el artículo 789 del código de los comerciantes; en opuesto sentido, sin embargo, se detecta que la notificación al demandado se realizó por fuera de los categóricos 120 días que contemplaba el artículo 90 del código adjetivo, en la expresión vigente para la época, hecho negativo que impide que la presentación de la demanda genere los efectos interruptivos de la prescripción, el que tampoco podría predicarse de la invalidada notificación al ejecutado por medio del auxiliar de la justicia, pues esta se realizó un año después de la presentación de la demanda, fuera del término establecido en la precitada norma sustancial, a lo que se adiciona que como consecuencia de la posterior nulidad declarada, esta tampoco generaría las consecuencias descritas, en franco acatamiento de lo dispuesto por el artículo 91 adjetivo que predica que la prescripción no se interrumpe "cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda".
Así las cosas, con el decreto de la nulidad por indebida notificación y de conformidad con el artículo 330 de la codificación adjetiva, se tuvo notificada a la parte pasiva por conducta concluyente con la firmeza del proveído que la reconoció en la primera instancia, emitido el 23 de enero de 2008, cuando la prescripción había operado ya, pues el último término sustancial, correspondiente al capital acelerado, decayó el día 9 de mayo de 2005.
4. En este orden, que el procedimiento de notificación concluyó en el mes de enero de 2008, luego de la declaratoria de invalidación del proceso, que en puridad es imputable al acreedor, pues el envío del aviso que contemplaba el artículo 320 antes de la reforma era carga suya, decisión que por demás no fue cuestionada con la interposición de los respectivos recursos.
Así mismo, en la actuación cumplida tampoco se observa demora atribuible a la autoridad judicial, quien con celeridad dio respuesta a las solicitudes planteadas por el actor, lo que deja en evidencia que en la conducta del juzgado no hay nada que censurar como lo pretende el apelante.
5. Finalmente, en punto de la interrupción natural que también refirió la parte actora en la sustentación de su apelación, conviene memorar que la misma puede definirse como la pérdida del tiempo que había corrido para la extinción de la obligación, materializándose por su reconocimiento expreso o tácito por parte del deudor, como cuando se realizan pagos parciales, solución de intereses, constitución de nuevas garantías, etc., actos todos que deben ser voluntarios y estar debidamente probados y los cuales traen como efecto que el lapso de extinción por el inejercicio del derecho, comienza nuevamente a contarse, puesto que el resultado de la interrupción "es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces, de modo que el cómputo se reinicia, con la posibilidad prácticamente indefinida de que se repitan los fenómenos, hasta que el término respectivo transcurra íntegro nuevamente"53.
Empero, en el caso de marras no se aportó elemento probatorio alguno que demostrara tal reconocimiento de la deuda por parte del señor Coba Garcés que abra paso a la interrupción del término prescriptivo, así como tampoco de hecho se expuso en qué consistía el mismo, razón suficiente para desestimar la petición revocatoria.
Colofón de lo expuesto es el respaldo a la sentencia opugnada, que se impone sin la complementación referida por el extremo pasivo teniendo en cuenta que la hipoteca que aquí se persigue es de las apellidadas como "abiertas".
DECISIÓN
Corolario de lo anterior, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta de marzo de dos mil ocho, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad dentro del presente proceso.
SEGUNDO: Costas a cargo de la parte apelante.
Notifíquese.

LUÍS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ
Magistrado Ponente

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Magistrado

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado



1 Artículo 789 del C. de Co.

2 Ley 546 de 1999, artículo 19.

3 Artículo 789 del C. de Co.

4 Ley 546 de 1999, artículo 19.

5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de febrero de 1984. Orientación judicial que fue avalada por el legislador en el artículo 8 de la Ley 791 de 2003.


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