Resumen: En aras de impulsar el desarrollo económico colombiano desde una perspectiva a corto plazo, los gobiernos han buscado explotar el potencial minero-energético de nuestro país,






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Sector minero energético VS Sector agroindustrial, ¿De qué tipo de desarrollo se habla en Colombia?

Autora: Angélica Blanco Pinzón.

Correo electrónico: angelica.blanco.95@hotmail.com

“Los proyectos de minería… son los últimos proyectos que un legislados prudente, que desease incrementar la riqueza de su nación, elegiría para incentivar”

Adam Smith (1776)

Resumen:

En aras de impulsar el desarrollo económico colombiano desde una perspectiva a corto plazo, los gobiernos han buscado explotar el potencial minero-energético de nuestro país, sin dar mayor importancia a las consecuencias ambientales, humanas, étnicas, entre otras, que surgen de la extracción y explotación de estos recursos no renovables. Sin embargo, ya son visibles los esfuerzos gubernamentales por dinamizar ese aporte del sector minero-energético hacia otros sectores de la economía, como lo es el sector agroindustrial, como forma de promover no solo el desarrollo económico sino también el desarrollo social y sostenible de nuestro país como visión hacia el futuro; aunque falta mucho camino por recorrer para que este sector logre tomar la fuerza y la competitividad necesaria para reemplazar en términos de cifras lo que representa el sector minero-energético en la economía nacional.

Palabras claves: Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sostenible, sector minero energético, sector agroindustrial, corto plazo, recursos no renovables.

Abstract:

In order to promote the Colombian economic development from a short-term perspective, governments have sought to exploit the mining and energy potential of our country, without giving more importance to environmental, human, ethnic consequences, among others, arising from the extraction and exploitation of these non-renewable resources. However, are already visible government efforts to boost the contribution of the mining and energy sector to other sectors of the economy, such as the agro-industrial sector as a way to promote not only economic development but also social and sustainable development of our country as vision for the future; despite the long road to be traveled to take this sector to achieve the strength and competitiveness to replace in terms of numbers representing the mining and energy sector in the national economy.

Desde la década de los 90, Colombia se ha caracterizado por ser un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero energético, no solo porque fue una época en donde la demanda y los precios de los productos derivados de dicho sector aumentaba considerablemente, sino también por el aumento de la seguridad para los inversionistas. Más aún, con la puesta en marcha de la locomotora minera en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y en el de su sucesor Juan Manuel Santos, se han logrado alcances mucho más significativos de dicho sector en el desarrollo económico del país (MARÍN, 2013). No obstante, la realidad que enfrenta hoy en día la comunidad internacional, mayoritariamente en términos de dificultades ambientales, ha generado la necesidad de estudiar más a fondo lo que realmente significa desarrollo y hacia donde deben ir las economías del mundo para garantizar un crecimiento económico que perdure en el tiempo. Por lo cual, Colombia ha buscado impulsar el sector agroindustrial para responder a las necesidades económicas de su población, sin causar mayores prejuicios futuros.

Entendiendo desarrollo bajo dos de sus perspectivas: La económica, que lo define como  “toda la producción que tenga como resultado mejorar el volumen de bienes y servicios (SENA, 1985); y la sostenible, que lo define como  la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987) cabe preguntarse ¿De qué tipo de desarrollo se habla en Colombia?

Por un lado, la explotación de hidrocarburos, carbón, el uso de energías eléctricas y la minería básica están lejos de perder su fuerte participación en la economía nacional. Por ejemplo, para el primer mes de 2014, la IED dirigida al sector minero-energético alcanzó los 1.011,8 millones de dólares, lo que significó un incremento del 14,87% en comparación al año anterior (El Espectador, 2014), asimismo su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2013 fue del 7.7%, “sustentada fundamentalmente en los hidrocarburos con un 5,6%, el carbón con un 1,33% y el resto de minerales con 0,8%” (CORREDOR, 2014). Además, el valor de las exportaciones nacionales aportadas por el sector minero-energético alcanzan los 3.521,3 millones FOB de los 4.775,2 millones FOB que representan el total de las exportaciones nacionales. (DANE, 2014) Sin contar el arduo esfuerzo de la administración pública por eliminar las barreras que se presentan para la explotación de dichos recursos en términos de infraestructura, seguridad y orden público, regalías, inseguridad jurídica, etc; (COINVERTIR-DNP, 2002) que limitan la explotación de todo el potencial minero-energético del país.

En este sentido, no se puede negar que la contribución del sector minero energético a los indicadores económicos nacionales sea fundamental en términos de desarrollo económico; y que a pesar de que es un sector intensivo en capital y que no es la locomotora con mayor oferta laboral, si representa una ocupación significativa de 250.000 empleados. (VARGAS & POLANÍA, 2011) Pero lo preocupante realmente no es el alcance que tiene dicho sector en la economía por sí mismo, sino los bajos esfuerzos institucionales por reducir los prejuicios causados por la explotación de estos recursos no renovables y lo que es aún más alarmante, el bajo interés que muestran los gobiernos por hacer un uso productivo de la explotación de estos recursos para incentivar y fortalecer otros sectores económicos.

Respecto a los bajos esfuerzos institucionales por reducir los prejuicios causados por la explotación de estos recursos no renovables es importa aclarar que  “la minería es una locomotora que una vez pasa, si no se hace con cuidado, destruye” (RUIZ, 2011), y que a pesar de que existen diversas leyes y reglamentaciones que buscan mitigar las externalidades negativas que se derivan de la explotación de dichos recursos, están lejos de cumplirse a cabalidad y de implementarse de manera adecuada. Por ejemplo, en el año 2010 entró en vigencia la Ley 1382 que reformó el Código de Minas regido bajo hasta entonces por la Ley 685 de 2001, con la cual se buscaba promover una regulación rigurosa de la industria minera en materia ambiental y social; sin embargo, como la ley no contó con la consulta previa de los grupos étnicos del país que obliga la ley, fue demandada y declarada inexequible por la Corte Constitucional (RUBIANO, 2012). Acciones que ponen en manifiesto la existencia de presiones indebidas que obstruyen los intentos institucionales por limitar los efectos de la explotación minera y que de una u otra manera no hacen posible que se lleve a cabo esta actividad económica desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, aunque las cifras demuestren la importancia de este sector a nivel económico, es necesario entender que gran parte de las ganancias de la explotación de estos recursos no renovables no se están quedando al interior del país; y que de hecho, la reglamentación de la administración pública le ha sido muy favorable a los inversionistas extranjeros para que exploten nuestros recursos sin mayores contribuciones a la población nacional. (Ver Ilustración 1) Por ejemplo, en la relación contractual, se permite que las ganancias extraordinarias de los altos precios sean propiedad del inversionista más no del país. (OTERO, 2012)


Ilustración Fuente: Banco de la República (2014). Evolución de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Primer Trimestre de 2014


Además, a pesar de la existencia de unas regalías definidas por la Constitución Política de Colombia, en su artículo 360, como “…una contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable…”; (Constitución Política de Colombia, 1991) el Estado no tiene la capacidad para determinar si las actividades desarrolladas por los inversionistas cumplen o no con las condiciones definidas por la ley en temas de seguridad industrial, temas ambientales, laborales y de producción. Por ende, no es posible saber si el pago de regalías realizado por los inversionistas realmente compensa los prejuicios causados por dicha actividad económica. (GONZALES, 2011)

Este panorama pone en manifiesto el verdadero modelo de desarrollo que practica el país. Aunque no se puede negar el crecimiento económico que ha logrado Colombia en las últimas décadas gracias a la explotación de los recursos minero-energéticos, este país se suma a la lista de ejemplos de la llamada teoría de la maldición de los recursos naturales, que consiste en “la paradoja que se presenta al comparar el crecimiento económico de los países mejor dotados en términos relativos de recursos naturales con el crecimiento económico de los países con menor dotación”; (CAMPO & SANABRIA, 2013) y que se justifica, a través del mala utilización que han hecho los gobiernos de los beneficios económicos generados por el sector minero-energético para impulsar los sectores económicos más abundantes de nuestro país, como lo es el sector agroindustrial que podría llegar a ser la locomotora más importante en términos de beneficios económicos y sociales a largo plazo.

El sector agroindustrial por su parte busca la industrialización y transformación de los productos derivados de actividades agrícolas, pecuarias, forestales o pesqueras, para así añadir valor agregado a los bienes e impulsar la economía nacional. (Sistema Distrital de Orientación Socio-Ocupacional.) Cabe resaltar que Colombia cuenta con unas características muy favorables para mejorar su crecimiento económico desde el sector agroindustrial. Por ejemplo, según la FAO somos “el tercer país latinoamericano con mayores tasas de precipitación anuales y el décimo a nivel mundial; sin contar que somos el cuarto país en América Latina con disponibilidad de tierras para producción agrícola.” (PROEXPORT, 2011) Sin embargo, este sector no ha sido muy estudiado en nuestro país, y carece de la innovación y tecnología necesaria para llegar a ser un sector lo suficientemente competitivo e importante en la economía internacional.


Ilustración Fuente: Fiduciaria Bogotá (2014). Producto Interno Bruto Colombia Primer Trimestre 2014.
Revisando la participación de este sector en los indicadores económicos nacionales; el sector agropecuario en los últimos años ha perdido gran participación en el PIB nacional, y ha sido superado por el sector minero-energético en cifras bastante significativas, incluso en los años 2008 al 2010 experimentó tasas de decrecimiento de hasta –04%. (Ver ilustración 2). Esta situación como consecuencia de múltiples factores, entre ellos el conflicto armado, el uso especulativo e improductivo de las tierras, el escaso acceso de campesinos a recursos tecnológicos, los efectos de los tratados de libre comercio (TLC), etc. (SUESCÚN, 2013)

No obstante, vale la pena recalcar el dinamismo que ha tenido este sector económico dentro de los últimos dos años en productos como carne bovina, chocolatería, confitería, materias primas anexas, palma, aceites, grasas y camaronicultura. (PROEXPORT, 2012) Por ejemplo, para el año 2012 Colombia era el 24avo país exportador de carne bovina a nivel mundial, producto que representaba el 1, 6% del PIB nacional y que generaba más de 700.000 empleos a la población nacional. (MONTES, 2012) Adicionalmente, en el sector de confitería y chocolatería, actualmente se cuenta con más de 22 industrias transformadores de productos del sector que han contribuido a que la balanza comercial en confitería y derivados del cacao haya sido superavitaria en los últimos años; y aunque este superávit comercial decreció en 2012 (-3%), logró sobrepasar los USD 250 millones”. (PROEXPORT, 2012) Cifras que toman mayor relevancia si se tiene en cuenta que nuestro país “tiene uno de los índices de utilización de la tierra arable más bajos de América Latina, <> apenas el 8% del potencial de tierra arable” (PROEXPORT, 2011) en uso de actividades agropecuarias.

Esta situación evidencia la importancia que tienen hoy en día las agroindustrias para el desarrollo no solo económico sino también sostenible y social del país. Sin embargo, siguen existiendo muchas barreras que no permiten que este sector juegue un papel decisivo y superior al del sector minero-energético en los indicadores económicos. Entre ellas encontramos las desventajas con las que cuentan nuestras agroindustrias al momento de competir en el mercado internacional, como consecuencia de las malas decisiones tomadas por nuestros gobernantes acompañadas de un bajo interés estatal por fortalecer la productividad de dicho sector. En este punto se hace referencia por ejemplo, a la decisión tomada por el presidente Álvaro Uribe de abandonar el G-22, el cual tenía como objetivo defender al sector agrícola en negociaciones multilaterales para que las potencias no pudieran sostener los subsidios a sus agroindustrias mientras exigían la apertura total a los demás países, solo para favorecer la relación bilateral Colombia-USA; (ALDANA, 2011) que más allá de generar beneficios a la población nacional, ha generado descontento y menor bienestar general en lo que respecta al sector agropecuario. Este tipo de decisiones hacen imposible competir con el mercado internacional; mientras Estados Unidos transfiere USD 71.269 millones a sus productores agropecuarios, Colombia solo transfiere un monto de USD 1.143 millones. (ALDANA, 2011)

Adicionalmente, es necesario recalcar que aunque ya hay avances institucionales significativos en temas de innovación y tecnificación para mejorar la productividad del sector agroindustrial, la gran mayoría de segmentos de la agroindustria colombiana aún son precarios y compiten bajo evidentes atrasos tecnológicos; a lo que se suma el cambio en los hábitos de consumo, especialmente en países europeos, en donde los consumidores demandan productos agrícolas con bondades ecológicas, biológicas y orgánicas sin químicos ni conservantes, que perjudican aún más el nivel de competitividad de nuestras agroindustrias. (GARCIA, 2013) Por ejemplo, actualmente en las zonas del Meta y Vichada existen proyectos forestales en más de 60 mil hectáreas, proyectos de cultivos de caña de azúcar en al menos 14 mil hectáreas y de caucho en ese mismo rango que ya cuenta con tecnología de punta; al igual que “en las regiones de Tolima, Huila, Córdoba y Cesar se están adoptando procesos de agroindustrialización representados en marcadores satelitales, georreferenciación y sembradoras neumáticas de labranza para mejorar el suelo”. (TORRES, 2014) Sin embargo, para los demás productos la maquinaria utilizada cuenta con más de 20 años de uso y las fuentes de potencia básicas son reutilizadas sumando hasta más de 50 años de operación. (TORRES, 2014)

Lo dicho anteriormente, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la distribución de recursos fiscales derivados del sector minero-energético hacia el fortalecimiento del sector agroindustrial, en términos tanto de transferencias como de innovación y tecnología que permitan mejorar la competitividad del sector en el mercado internacional.

Por ende, de manera propositiva, es necesario que los gobiernos sean claros con los objetivos propuestos en términos de desarrollo, y más allá de eso, que el sector minero-energético pase de ser un sector rentístico y extractivo a ser el verdadero motor para el fortalecimiento de sectores como el agroindustrial en temas de innovación y tecnología, que permite pensar en un desarrollo a largo plazo, con mayor oferta laboral y sin consecuencias ambientales significativas para el territorio nacional. Solo así, valdrá la pena hacer uso de estos recursos no renovables para impulsar el crecimiento económico de un país. Sin embargo, las acciones se deben tomar rápido, porque el bienestar social y económico de las generaciones futuras colombianas está en juego. Si bien Colombia es un país rico en recursos naturales, estos recursos son finitos, y la escases de los mismos está más cerca de lo que se cree. “El petróleo lo tendremos para un máximo de treinta años, los recursos hídricos cada vez serán más escasos y para el gas natural las perspectivas son modestas” (OTERO, 2012) y treinta años pasan muy rápido.

Por eso, se requiere que los gobiernos se concienticen de la necesidad de incentivar sectores económicos como el agroindustrial para que alcancen los niveles de innovación y tecnología suficientes para competir a nivel internacional con bienes y servicios de gran valor agregado. Si las estadísticas están empezando a mostrar la importancia del sector agroindustrial en la economía internacional, el Gobierno debería empezar a disminuir el interés por la explotación de recursos mineros y concentrarse en activar más rápidamente el sector agroindustrial y las tierras que no están siendo utilizadas productivamente para generar mayor bienestar social y desarrollo sostenible pensado en una perspectiva a largo plazo.

A manera de conclusión, se puede decir que los gobernantes colombianos han actuado generalmente bajo una perspectiva a corto plazo que se manifiesta en la necesidad de mejorar los indicadores económicos nacionales rápidamente a través del sector minero-energético. No obstante, lo que ellos no tienen en cuenta, es que las ganancias derivadas de dicho sector económico no se evidencian en el bienestar social de la población y que la favorabilidad de la legislación colombiana hacia el inversionista extranjero está haciendo que la destrucción de esos recursos naturales no renovables no se justifique en términos ambientales y sociales.

Sin embargo, hay una manera eficiente de invertir las ganancias derivadas del sector minero-energético: el fortalecimiento del sector agroindustrial. Si la administración pública toma una verdadera conciencia sobre la importancia de pensar a largo plazo y en términos de desarrollo social y sostenible, muy probablemente habrá valido la pena hacer uso de los recursos mineros de nuestro país; y aunque es un poco tarde para comprometerse fuertemente con el sector agrícola del país, ya son evidentes los intentos institucionales por mejorar la tecnificación e innovación de la agroindustria colombiana.

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