Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, jueves 29 de octubre de 2009,

Concluye que se violan derechos vigentes

Preocupa a tribunal sindical la situación de México

Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2009, p. 19

El Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por defensores de los derechos humanos, juristas, historiadores, comunicadores –como Miguel Concha Malo, Miguel Ángel Granados Chapa y Óscar Alzaga–, acusó al gobierno mexicano de afectar los derechos internacionales con plena vigencia en el país como lo son al trabajo, al empleo estable, la previsión de despidos arbitrarios y sin causa, a la seguridad social, entre otros, con el decreto de extinción a Luz y Fuerza del Centro.

Al término de una sesión de dos días del organismo ciudadano, Fernando Amezcua, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sumó a la lista daño moral, como consecuencia de la campaña de linchamiento mediático de que, dijo, son objeto.

Citó la respuesta recibida por compañeros suyos en busca de trabajo en cualquier lugar: “cuando les preguntan cuál fue su último empleo les dicen que está muy fresquecito este asunto y ‘en este momento para ustedes no hay trabajo’”. Destacó los calificativos puestos en la mayoría de los medios de comunicación para los electricistas: ineficientes, improductivos, ladrones, como que tenemos contacto con las FARC, con Hugo Chávez, una larga lista...

Amezcua también insistió sobre el riesgo de un colapso de energía eléctrica en el control central que operaba Luz y Fuerza del Centro. Van a provocar uno en la ciudad de México y espero que no contamine los otros sistemas, porque están interconectados, señaló.

En su declaración, el tribunal expresa: Nos encontramos sorprendidos y escandalizados por la gravedad de las violaciones y la violencia contra los trabajadores que están ocurriendo en México. Hay violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a la Constitución mexicana.
La Jornada, domingo 1 de noviembre de 2009,

El único poder con autoridad para declarar la liquidación es el Legislativo, aseguran

El Presidente, sin facultad para extinguir LFC; procede la controversia: abogados

Transferir Luz y Fuerza a la CFE tiene implicaciones privatizadoras, señala Arnaldo Córdova

Mariana Norandi

Periódico La Jornada

Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 8

La Carta Magna no otorga facultades al Presidente de la República para extinguir una empresa pública; por tanto, es procedente la controversia constitucional contra el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), afirmaron abogados y expertos constitucionalistas en el foro México y el mundo actual, organizado por La Jornada y Casa Lamm.

En el foro se analizaron el viernes pasado los acontecimientos ocurridos a partir del 10 de octubre, cuando el gobierno ordenó ocupar con la fuerza pública las instalaciones del organismo e iniciar el proceso de extinción.

Con base en la fracción décima del artículo 73 de la Constitución, el abogado Óscar Alzaga dijo que el único poder con facultades para extinguir un organismo público es el Legislativo.

Así, Felipe Calderón está invadiendo esferas que no corresponden al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo. Porque si tuviera esa facultad, podría extinguir Pemex o la UNAM. Por eso es ilegal el decreto de extinción y procede la controversia constitucional.

Agregó que en el decreto sobre la liquidación de LFC se argumenta que la compañía estaba mal administrada, de lo cual no se puede responsabilizar a los trabajadores, sino al gobierno.

Esta situación se puede revertir, añadió, e instó a los electricistas y a la sociedad en general a cerrar filas contra ese decreto para restablecer la compañía y la verdad, pues de lo contrario quedará quebrantada la legalidad.

Arnaldo Córdova coincidió en que el decreto presidencial viola varios artículos de la Carta Magna y que la controversia constitucional es viable; no obstante, recomendó que este recurso jurídico se plantee con claridad para poder ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que los artículos 27 y 28 de la Carta Magna establecen que los recursos naturales y energéticos son riquezas destinadas al beneficio de la sociedad, y transferir LFC a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene implicaciones privatizadoras.

Antonio Gershenson, experto en el sector energético y colaborador de este diario, también aseguró que el traspaso de LFC a la CFE supone una privatización del recurso, ya que esta compañía compra la energía a empresas extranjeras, la mayoría españolas.

Eso supone, recalcó, no sólo la privatización de la energía eléctrica, sino riesgos para los trabajadores, ya que en las empresas privadas el personal labora sin ninguna protección.

José Antonio Almazán, ex miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, aseguró que el documento reservado por 12 años que Felipe Calderón entregó a la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre, donde exponía los motivos del decreto de extinción, nada tiene de confidencial.

Aseguró que dicho documento no contiene información que tenga que ver con la defensa o la seguridad nacional y, por tanto, bajo el carácter de confidencialidad el Ejecutivo oculta al pueblo la sarta de mentiras que hay tras la extinción de LFC.
La Jornada, domingo 1 de noviembre de 2009,

Aconsejan al SME invocar la sustitución patronal

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 8

Una opción legal que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es invocar la sustitución patronal –asentada en la ley laboral–, la cual señala que cuando un patrón desaparece, el que toma su lugar asume los beneficios de la empresa extinta, pero además debe cumplir todas las obligaciones con los asalariados, aseguró Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Consideró que los amparos y la controversia constitucional contra el decreto de extinción de LFC no tendrán futuro, porque los órganos de procuración e impartición de justicia, como la Suprema Corte, actúan más por consigna política que como garantes de la Constitución.

Si un patrón desaparece, el que toma el negocio recibe los beneficios de la empresa, pero también tiene obligaciones con los trabajadores. En este caso el patrón sustituto es la Comisión Federal de Electricidad, y está obligada a tratar con el SME. Liquidar el gremio no es fácil: hay muchos derechos y obligaciones que no se pueden extinguir de la noche a la mañana. Éste es un planteamiento que nadie ha analizado aún y, bien fundamentado, podría brindar un alivio a los electricistas.

Para Larios, el decreto de liquidación de LFC fue un acto arbitrario, unilateral e inconstitucional, debido a que vulnera las garantías individuales y colectivas de los trabajadores.

A su vez, Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que el decreto de liquidación no es anticonstitucional. Sin embargo, abundó, hubo irregularidades en su emisión, pues la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ordena al Ejecutivo federal que los actos administrativos, como en este caso, se realicen en días y horas hábiles.
La Jornada, jueves 5 de noviembre de 2009,

Está a prueba la independencia del Poder Judicial, señalan

Existen elementos para otorgar la suspensión definitiva, dicen expertos

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de noviembre de 2009, p. 8

Juristas consultados por La Jornada avalaron el fallo provisional de la juez Guillermina Coutiño, quien el pasado viernes ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, por el momento, se abstenga de resolver sobre la terminación de relaciones laborales entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Los expertos en materia constitucional y laboral hicieron un llamado a la juez para que no se deje intimidar ante el embate emprendido en su contra por autoridades del gobierno de Felipe Calderón, señaladas en el juicio de amparo, iniciado a petición del SME y de unos 39 mil trabajadores, como responsables de violar varios artículos de la Constitución al expedir el decreto de extinción de LFC.

Está a prueba la independencia y autonomía de una funcionaria del Poder Judicial Federal. La juez actuó con apego a derecho al otorgar la suspensión provisional. Ahora debe confiar en que si actúa con valentía por segunda vez, obtendrá el respeto de la comunidad jurídica del país. Tiene todos los elementos legales para conceder la suspensión definitiva a los quejosos, sostuvo el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani.

Octavio Loyzaga, doctor en derecho laboral y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que los trabajadores tienen todos los elementos para recibir la suspensión definitiva y obtener el amparo al final del juicio.

José Roldán Xopa, constitucionalista y jefe del departamento académico de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, agregó: Si a la juez la están presionando autoridades, éstas incurren en delitos contra la administración de la justicia, que se persiguen vía penal; basta que la juzgadora, o alguno de los quejosos que tienen legitimación activa en ese juicio de amparo, presenten su denuncia (ante la PGR), acompañada de pruebas.

El profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México Alfredo Sánchez Alvarado, catedrático desde 1951 de la materia de derecho del trabajo, indicó que el riesgo de perder independencia lo corre cualquier juzgador frente a un sistema político déspota como el actual. Pero depende de la verticalidad de cada funcionario judicial.

La juez no tiene pretexto jurídico para negar una suspensión definitiva. Cualquier resolución en otro sentido habrá derivado, sin duda, de una presión política. Lo afirmo porque estoy convencido de que el decreto que dictó el Presidente de la República el pasado 11 de octubre está mal fundado y carece de motivación, porque al liquidar a la paraestatal no siguió el procedimiento que sí se siguió para la creación de LFC, sostuvo Sánchez Alvarado.

Además, ni siquiera se dio oportunidad a los trabajadores de enterarse y pronunciarse sobre el contenido de ese decreto y, por tanto, se actuó al margen de todo principio de respecto a las garantías individuales de los electricistas, destacó.

Alcalde Justiniani señaló que en este litigio hay que destacar lo relativo a la legalidad del decreto presidencial que está en duda; hay elementos claros que acreditan que el acto de extinción y la decisión de separar a los trabajadores sin obtener previamente autorización de la JFCA es absolutamente ilegal; prueba de ello es que hasta ahora están solicitando la autorización cuando al mismo tiempo están despidiendo a la gente.

Sostuvo que “la clave para que los electricistas ganen este litigio está en el hecho de que los trabajadores de LFC no acepten la liquidación. Si ellos pueden superar la presión del supuesto pago adicional –el gobierno federal puso como límite el 14 de noviembre–, van a generar una correlación de fuerzas totalmente distinta”.
La Jornada, domingo 8 de noviembre de 2009,

Se requieren medidas contundentes para frenar ofensiva contra trabajadores: Grupo Sur

Llaman intelectuales a fuerzas progresistas y de izquierda a apoyar el paro nacional

Afirman que el golpe contra electricistas creó una posibilidad de ruptura política sin precedente

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 8 de noviembre de 2009, p. 4

Escritores, cineastas, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que participan en el Grupo Sur hicieron un llamado a todos los sectores progresistas, populares y de izquierda a empeñar todos los esfuerzos de unidad para respaldar el paro nacional del próximo día 11, convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues se requieren medidas contundentes y de alcance nacional para detener la ofensiva del gobierno contra los trabajadores y las organizaciones gremiales.

Es necesario “generar una convergencia amplia de los oposiciones, las resistencias y las disidencias –políticas, regionales, sectoriales y de clase– en torno a los electricistas. En este momento y por encima de diferencias ideológicas o programáticas todos los segmentos que se definen como de izquierda y progresistas tienen el deber de incorporarse a la lucha por la defensa de Luz y Fuerza y el SME, subrayan Carlos Payán, Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Víctor Flores, Armando Bartra y John Saxe Fernández, entre otros integrantes de dicho grupo.

Advierten que la propuesta de paralizar actividades en el país será una jornada decisiva en la lucha por la soberanía popular, la democracia y la defensa del petróleo y la electricidad, por lo que todos deben participar, con el fin de que tengan éxito ese paro y las demás acciones que lleven a cabo los integrantes del SME en defensa de su fuente de empleo y conquistas laborales.

La violencia empleada por el gobierno para liquidar a una empresa pública y sus trabajadores, y el intento descarado de convertir en botín de consorcios privados la estructura de fibra óptica de Luz y Fuerza, hará inevitable la radicalización de las medidas de resistencia.

El sindicato, factor de articulación de las izquierdas

En un pronunciamiento público signado también por Marco Buenrostro, Héctor Díaz Polanco, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Consuelo Sánchez, Gabriel Vargas Lozano, Mario Zepeda y Sergio Zermeño, el Grupo Sur advierte, en torno al control gubernamental de los sindicatos, que el SME ha sido, pese a todo, un factor de articulación para las izquierdas y las causas progresistas.

El SME ha sido punto de confluencia ineludible entre las luchas sociales y las instituciones, entre las resistencias civiles radicales –como Atenco, el zapatismo, la APPO–, las luchas universitarias y el movimiento de resistencia de Andrés Manuel López Obrador. Para el calderonato se trata de un símbolo a destruir, subraya.

Para el Grupo Sur, la inconstitucional liquidación de Luz y Fuerza, el acoso jurídico contra los electricistas y sus dirigentes y el linchamiento propagandístico de los sindicalizados han creado una posibilidad de ruptura política sin precedente desde el inicio de los gobiernos neoliberales.

Las medidas puestas en marcha por el gobierno federal constituyen un acto de desestabilización y una declaración de guerra contra todas las conquistas sociales, los derechos del pueblo mexicano y el proyecto nacional enarbolado por las izquierdas de este país a lo largo de un siglo.

Si se permite concretar el golpe contra el SME, la ofensiva se enfocará luego contra derechos y conquistas, como la autonomía universitaria, la presencia del Estado en la educación y la salud y a depredar todo lo que queda de la propiedad pública, insiste el Grupo Sur. Resalta que es imprescindible constituir un solo frente de lucha que una a obreros, campesinos, trabajadores, maestros, estudiantes, indígenas y activistas sociales por el reconocimiento de los derechos.
La Jornada, miércoles 11 de noviembre de 2009,

Privatizaciones y militarización, signos de totalitarismo derechista, dice en foro Jorge Camil

Expertos identifican con el fascismo el decreto de Calderón contra Luz y Fuerza

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de noviembre de 2009, p. 10

La “pretensión de desaparecer de un plumazo” la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los empleos de más de 44 mil trabajadores en medio de la “peor crisis económica” que ha vivido el país, son elementos que identifican a los “regímenes totalitarios de nuestro tiempo”, sostuvo Jorge Camil, ensayista y especialista en política internacional.

En el foro El fascismo: ¿amenaza vigente en América Latina?, organizado por La Jornada en Casa Lamm, expuso que la marcada inclinación por privatizar los recursos naturales y energéticos, la ausencia de solidaridad con los pobres y la paulatina erosión del Estado laico desde 2000, son –entre otros– factores que nos apartan como país de la transición democrática y nos acercan cada vez más a un totalitarismo de derecha.

A esos componentes, entre otros que identifican al fascismo, se les agrega la “militarización del autoritarismo”, como la actual “guerra” contra el crimen organizado; los “golpes de timón” de la derecha y los acuerdos privados con el gobierno de Estados Unidos, como la aceptación para que opere en el país la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), apuntó.

“No es curioso que los tres estados latinoamericanos más estrechamente acuñados hoy por la derecha: México, Colombia y Honduras, sean –como el último– impuestos por el ejército o dependan –como en las otras dos naciones– del apoyo decidido y constante de las fuerzas armadas”, explicó.

El gobierno no sabe adónde va”

En su participación en el foro, el ex senador Manuel Bartlett Díaz tachó de fascista la forma “flagrante y descarada” en que se ha violentado la ley para terminar con los derechos laborales de los sindicalistas de LFC.

La extinción de empresa, dijo, forma parte de las acciones propias de un “gobierno fascista”, efectuadas “en un momento en que la situación es crítica. En un momento en que el propio gobierno (de Felipe Calderón) no ata ni desata, ni sabe adónde va.

“Es increíble a qué grado mutilan la ley y desaparecen los argumentos. ¿Cómo se llama eso? Fascismo. ¿Por qué liquidar al sindicato? [Porque] es el único que queda y se opone a las privatizaciones del sector energético”, denunció.

Agregó que cuando fue senador en la pasada legislatura padeció el fascismo por apoyar siempre los dictámenes presentados contra las reformas privatizadoras, como a la Ley Federal de Radio y Televisión, conocida también como ley  Televisa.

El escritor y periodista José Steinsleger destacó que el empleo del término fascista –como sinónimo de totalitarismo, despotismo, o acciones de fuerza– “obliga a preguntarnos, ¿será que toda forma de violencia, ideológica conservadora, política, económica, excluyente, xenófoba, discriminación sexual, racial, conlleva la semilla del fascismo? El fascismo, entonces, sería todo esto y nada a la vez”.
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Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales iconFacultad de Filosofía y Humanidades. Carrera: Pedagogía en Filosofía. Curso: Psicología






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