República de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia sala de casación civil magistrada Ponente ruth marina díaz rueda






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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrada Ponente

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA




SC 6185-2014

Radicación n° 08001-31-03-011-2008-00263-01


(Aprobada en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil catorce)
Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada frente a la sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso ordinario promovido por Jorge Enrique y Anuar José Cure Cusse contra Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

I. ANTECEDENTES
1. Los actores pidieron declarar a la demandada civilmente responsable del incendio ocurrido el 3 de enero de 2008 (sic) en la finca de su propiedad, denominada San Martín, como consecuencia de la caída de un cable de alta tensión de las redes eléctricas pertenecientes a aquella, las cuales atraviesan la citada heredad, suceso «ocasionado por culpa (negligencia) en el mantenimiento de dichas redes», y que como consecuencia, se le condene a pagar la suma de $256.060.000,oo, por los daños ocasionados.
2. La causa petendi admite el siguiente compendio:
El 3 de febrero de 2008, el administrador del aludido inmueble ubicado en Piojó, les avisó a los demandantes que se había presentado una conflagración en una parte de ese predio, que según él, se generó por «la caída de un cable de alta tensión de las redes eléctricas de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.» que cruza como servidumbre por allí, acontecimiento que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Juan de Acosta.
Los accionantes le solicitaron al referido organismo que les informara los pormenores del siniestro y aquel, por medio de su comandante, hizo lo propio frente a la convocada, a quien le manifestó que de acuerdo con sus averiguaciones, pudo constatar que el incidente «fue ocasionado por un cable de energía de alta tensión que se reventó debido a los fuertes vientos que azotaba a esa zona» y que para extinguir el fuego se había requerido de la cooperación de 3 unidades del «cuerpo de bomberos de Puerto Colombia», un grupo de apoyo y la ayuda de campesinos del lugar, habiéndose quemado los pastizales de 2 potreros de aproximadamente 50 hectáreas, con sus cercas de madera y alambres.
Por su parte, Electricaribe S.A. E.S.P. contestó que en horas de la mañana del 2 de febrero de 2008 se había presentado una falla en las líneas de media tensión, conectadas a 13.200 voltios, las cuales provenían del Circuito Saco, ocasionada por el rompimiento de un cable que al caer sobre el pasto seco provocó la combustión de éste y de los árboles del lugar. Que una vez informada del suceso, «el Centro Local de Distribución (CLD) de la compañía (…) envió al sector (…) la brigada conformada por los operarios quienes al llegar al sitio comprobaron que efectivamente se encontraba el cable (fase) en el suelo, y que había un incendio, en donde el Cuerpo de Bomberos intentaba apagar las llamas, después que se logró controlar el incendio se procedió a reparar la línea rota, utilizando 150 metros de conductor dejando el sector normalizado (…)».
El 3 de abril del mismo año y a petición de los actores, el Juez Promiscuo Municipal de Piojó llevó a cabo, en la finca San Martin, «inspección ocular» como prueba anticipada, con la intervención de peritos quienes determinaron que el origen de la «ruptura de las líneas» generadoras de la conflagración «obedeció a un empalme elaborados (sic) sin las condiciones técnicas, que garanticen una buena unión mecánico eléctricas seguros y después de estos empalmes se deben soldar con bronce, ablanda con un metal o aleación fusible», según lo previsto en el Código Eléctrico Colombiano, concluyendo que en esas redes «proliferan estos empalmes mal elaborados y entre ellos están los que realizaron los operarios de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., el día 02 de febrero de 2008, cuando quedó normalizado el sector… Además, estos empalmes mal elaborados producen falso contacto entre los conductores y recalientan las líneas hasta producir arcos o chispas» que al caer sobre el pasto seco causa incendios.
Que igualmente, la Corporación Regional Autónoma a solicitud de los demandantes y con la ayuda de uno de éstos, del celador de la finca, la información de campesinos que colaboraron en el control de la emergencia y del Inspector de Policía de esa jurisdicción, rindió concepto técnico sobre el impacto ambiental producido por el siniestro, en el que se describió el estado del terreno antes de la afectación y el desequilibrio ecológico que provocó, pues fue de tal magnitud que «intervino la conectividad de la flora y la fauna existente allí», por lo que pidió tomar las medidas jurídicas pertinentes contra dicha empresa y que se le conminara a compensar económicamente la cobertura vegetal por $169.104.000,oo.
Para cuantificar los perjuicios económicos ocasionados, los accionantes contrataron un ingeniero agrónomo que los estimó en la suma de $240.560.000,oo, teniendo en cuenta el costo de la «restauración de la cobertura vegetal» de cada hectárea y la imposibilidad de explotar las 50 quemadas, durante un año.
3. Notificada la convocada, se opuso a la prosperidad de lo pedido, aceptó algunos hechos, negó otros y planteó las defensas que denominó «exoneración de responsabilidad de la empresa Electricaribe por fuerza mayor o caso fortuito», «causa extraña», «enriquecimiento sin justa causa» y la «genérica», fundadas, básicamente, en que el desprendimiento de la línea de alta tensión que provocó el incendio se presentó como consecuencia de los fuertes vientos que azotaron la región y que los actores quieren aprovechar ese fenómeno natural, para aumentar su patrimonio, sin justa causa.
4. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla finiquitó la actuación mediante providencia que acogió las pretensiones de los accionantes, al encontrar que respecto de la convocada, se configuraban los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y por lo mismo, desestimó las defensas que ésta propuso, imponiéndole a aquellos sufragar $270.500.000,oo, por el menoscabo económico acarreado.
La precitada determinación fue impugnada por ambas partes, la actora pretendiendo indexación de la suma fijada por perjuicios, y la demandada, la revocatoria del fallo, debido a que no se probó a plenitud que ella hubiera originado el daño, ni el monto de éste, a más de que se le condenó de manera ultra petita, puesto que aquella pidió $256.060.000 y se le impuso a la citada a juicio la carga de pagarle $270.500.000,oo.
Surtido el procedimiento de rigor, el superior la modificó en el sentido de incrementar a $305.089.282,oo la sanción pecuniaria impuesta a la accionada, a favor de los demandantes, guarismo que obtuvo por virtud de haber indexado el quantum solicitado por éstos.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
1. El Tribunal, después de resumir el trámite del litigio, sintetizar la sentencia apelada y precisar los motivos de la alzada, encontró acreditados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas, por lo que le dedujo a la accionada las consecuencias correspondientes.
2. Para arribar a tal decisión, comenzó por estudiar cada uno de los medios de convicción obrantes en el plenario tendientes a determinar si se encontraban demostrados los citados presupuestos a saber: «el hecho cometido por una persona, en forma dolosa o culposa», «la culpa del demandado», «el daño sufrido», «la relación de causalidad entre el daño y la culpa» y «la cuantificación del daño».
Así, en cuanto a la primera exigencia, encontró comprobado su acaecimiento con el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Juan de Acosta, las diferentes atestaciones recaudadas en el decurso procesal, como las de Mariano Enrique Coronel Coronel, Fernando León Ferrer Ucros y Nivaldo Rosales Hernández, lo mismo que con la respuesta a la queja n° DOC15938 en la que se afirmó por parte de la demandada que «[e]l cable de una de las fases se reventó cayendo sobre el pasto seco de la finca San Martín, lo que produjo un incendio, el cual ocasionó la quema de todos los árboles y hierba seca del lugar».
Igualmente, el sentenciador de segundo grado encontró demostrado el daño con el informe rendido por el Cuerpo de Bomberos, el dictamen de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y los testimonios vertidos, determinando que se afectaron 50 de las 500 hectáreas que conforman la finca, estando acondicionadas aquellas, antes del incendio, para pastos y explotación de ganado bovino de engorde; que así mismo se produjo «daño ecológico e impacto ambiental negativo», gran contaminación del medio ambiente, incineración de las cercas que dividen los potreros, en una extensión de 3.500 metros y deterioro de los alambres de púas que las integran.
De la misma forma señaló, con base en los elementos de persuasión, dentro de ellos, el testimonio de Ronaldo Antonio Lara Vargas y los citados conceptos técnicos, que la zona afectada se hallaba destinada a la «ganadería» y que allí se mantenía una cantidad de 100 reses, con una rotación de 15 días en un potrero e igual tiempo en otro, para luego al «mes y medio» sacarlas al matadero, labor que se interrumpió por un lapso superior a dos años, lo que conllevó a perderse el equivalente a 50.400 kilos de tales animales en píe por un valor aproximado de $108.800.000,oo, más $270.500.000,oo por la «restauración pérdida ganado - pasto» y $169.104.000,oo correspondientes a «la restauración de la cobertura vegetal establecida por la CRA».
Respecto de la culpa de la accionada, luego de estimar que la conducción de energía eléctrica comporta una actividad peligrosa, el Tribunal, basado en las mismas manifestaciones de aquella, en los informes técnicos y experticias realizadas por Luis Eduardo Bokrate Montaño y Nelson Esmely Morales Echeverría, tuvo por demostrado que el cableado se rompió por tener empalmes sin condiciones técnicas que garantizaran una buena unión mecánica y eléctricamente segura. Estimó que si bien algunos testigos afirman la presencia de fuertes corrientes de aire, sobre los cuales la actora pretende atribuir el suceso a un factor extraño y desvirtuar su responsabilidad, el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales -IDEAM-, indicó que no disponía «de información de vientos representativa para la zona, por lo cual no está en capacidad de la ocurrencia o no, de fenómenos muy locales o de escasa duración» (sic).
Seguidamente, el ad quem, a partir de la valoración probatoria señaló que «no ha sido posible determinar de manera efectiva la configuración del elemento referido por la parte demandada», agregando que si se admitiera dicho fenómeno, el mismo no podía verse como el causante del desprendimiento de la cuerda de alta tensión que produjo el incendio, dado que se determinó un elemento distinto, cual era «el estado de las líneas de conducción de energía que, como no sobra recalcar, se encontraba en mal estado, habida cuenta de la presencia de empalmes elaborados sin las condiciones técnicas requeridas para garantizar la seguridad».
También señala que de haberse presentado vientos que «produjeran el desprendimiento de cables de alta tensión, probablemente estaríamos ante la presencia de un número mayor de siniestros de la misma naturaleza que el estudiado en el caso bajo examen».
Así, en relación con este aspecto, el sentenciador concluyó que no fue posible determinar la configuración de elementos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito, o algún otro factor que permitiera eximir de responsabilidad a la parte accionada, es decir, que ésta «no pudo desvirtuar el nexo causal», el que más bien, con los medios de persuasión incorporados, halló acreditado.

Por último, el ad quem, al momento de cuantificar el perjuicio, partió de $256.060.000,oo, suma pedida por los demandantes, representada en lo dejado de percibir en la actividad ganadera, y apoyado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que impone atender los principios de reparación integral y equidad, al igual que la observancia de los criterios actuariales, indexó esa cantidad, precisando que el valor así definido, no constituye un exceso de parte del Despacho, sino que acata las mencionadas reglas, por lo que el director del proceso, se halla facultado para que, aún de oficio, proceda en tal sentido, debido a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, por lo que efectuada la respectiva operación, dedujo que la convocada debía reparar a los actores con $305.089.2825,oo por los daños irrogados.
III. DEMANDA DE CASACIÓN
La demandada propuso dos ataques frente al fallo del Tribunal, cimentados en el 1° y 2° motivos de casación, el inicial por violación indirecta de la ley sustancial y el siguiente por incongruencia, cuyo estudio se evacuará de manera inversa a su proposición, es decir, se comenzará por éste que denuncia error de actividad.
CARGO SEGUNDO
Con apoyo en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente acusa la sentencia del ad quem de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda, debido a que condenó a la accionada a sufragar una cuantía superior a la pedida, es decir, de naturaleza ultra petita.
Señala que en concreto, la parte accionante reclamó la suma de $256.060.000,oo por perjuicios materiales que involucraban «la pérdida económica por no poder explotar el área afectada con el incendio durante el tiempo de 1 año, que se estima en $70.560.000,oo» y «la restauración del predio, que estima en $170.000.000,oo», sin que en el libelo genitor se hayan incluido «frases como ‘o la mayor que resulte demostrada’ al momento de cuantificar el valor de las pretensiones».
Que en tales condiciones, aquel monto constituye el tope o límite de condena pecuniaria a cargo de la convocada; no obstante, el Tribunal, se excedió en $64.529.282,oo al imponerle a Electricaribe pagar $305.089.282,oo, con lo cual desconoció el precepto 305 del Código de Procedimiento Civil que le impide al juzgador «condenar por sumas superiores a las solicitadas por el demandante», máxime cuando éste nunca solicitó corrección monetaria y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 no justifica que se rebase la demarcación efectuada por el actor.
Con base en lo anterior, pide que «se case parcialmente el fallo recurrido y se corrija el vicio de incongruencia denunciado».
CONSIDERACIONES
1. El principio de congruencia de los fallos judiciales se halla consignado en el precepto 305 del Estatuto Procesal Civil, el que armonizado con el 368 ibídem, impone que el fallo se profiera en consonancia con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, y con las excepciones propuestas por el accionado o que el juez ha debido reconocer de oficio, de modo que si el juzgador deja de pronunciarse sobre lo que en esa medida le corresponde, o se extralimita, el afectado con ese comportamiento, constitutivo de un yerro in procedendo, puede buscar su enmienda a través de la causal segunda de casación prevista en la última de las normas mencionadas.
2. En relación con dicho aspecto, esta Corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SC, 2 Ago. 2010, Rad. 1999-01569, dijo:
(…) ‘en atención al carácter dispositivo que gobierna los procesos civiles, límites y controles han sido previstos por el ordenamiento legal con el fin de ajustar la actividad judicial a la necesidad de las partes de disipar la incertidumbre, a quienes debe garantizarse, no sólo el derecho a acceder a la justicia, sino brindarles la seguridad de que la contienda procesal se resolverá con sujeción estricta a los aspectos jurídicos y fácticos que ellas mismas pusieron oportunamente en conocimiento del juez. (…).
3. En principio se debe precisar que mediante la formulación del presente cargo se busca dejar sin efecto parcialmente el fallo de segundo grado, en lo que respecta al quantum de la indemnización, por lo que entonces, el debate se centra en determinar sí, en realidad, el ad quem incurrió en el vicio in procedendo de incongruencia al imponerle a la citada a juicio la obligación de sufragar el monto solicitado en el libelo genitor, pero actualizado.
4. Al respecto, se recuerda que los demandantes pidieron, como consecuencia de declararse responsable a Electricaribe por los daños ocasionados a la Finca San Martín, de su propiedad, que se condenara a dicha convocada a indemnizarlos en cuantía de $256.060.000.
El Tribunal, bajo la consideración de que el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido la figura de la corrección monetaria, «precisamente por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, a fin de preservar los principios de justicia y equidad», y aludiendo a que en la emisión de un pronunciamiento «condenatorio», el director del proceso se halla facultado, «inclusive de manera oficiosa» para tener en cuenta «los principios de reparación integral y equidad», al igual que «los criterios técnicos actuariales», como lo impone el precepto 16 de la ley 446 de 1998 y los fallos C-114-99 y C-487-00, procedió a indexar la suma pretendida obteniendo un guarismo de $305.089.282,oo que concretó en la condena asignada a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
El censor estima incongruente el fallo del ad quem, porque de manera «ultra petita» le impuso a la accionada la obligación de pagar más de lo reclamado por aquellos, quienes no invocaron la corrección monetaria.
5. A efectos de determinar sí la equivocación enrostrada en el presente asunto se erige en el vicio de procedimiento que recoge la segunda causal de casación, previamente conviene acotar que la demanda con la que comienza el juicio civil es la pieza fundamental del debate, pues además de marcar el derrotero de la actividad judicial, delimita el poder y la competencia del juzgador, por lo que entonces, éste se halla vedado para suplir al demandante en asuntos ajenos a su reclamación, aunque en determinados eventos, se encuentra autorizado para decidir oficiosamente, es decir, sobre aspectos no pedidos y respecto de pretensiones implícitas; no obstante, cuando desborda tales excepciones y decide lo que no le fue planteado, ello constituye una intromisión indebida en la esfera de la autonomía privada, que por tanto, menoscaba el principio dispositivo propio del sistema procesal civil.
6. Pues bien, al analizar tanto la súplica resarcitoria inserta en el libelo pretensor, como la sentencia impugnada extraordinariamente, se colige que el Tribunal no se equivocó al decidir en la forma como lo hizo, dado que en verdad, en ésta no se concedió más de lo requerido, sino la misma cantidad, pero traída a valor presente, comportamiento judicial que lejos de desbordar el orden jurídico, lo respeta y preserva, mayor aún, si se tiene en cuenta que la actualización del monto del perjuicio, lo que comporta es desarrollo del principio de equidad y plenitud del pago implícitamente solicitado; por lo que tal reajuste no puede ser considerado simplemente restitutorio o reparador, sino como un factor compensatorio, con el que se mantiene el poder adquisitivo de la moneda, cuando por el transcurso del tiempo, ésta se devalúa.
Sobre la temática que se viene tratando, la Corte en sentencia CSJ SC, 18 Dic. 2012, Rad. 2004-00172, precisó:
Nuestro régimen de responsabilidad común por los delitos y las culpas consagra el principio de la reparación integral de los daños causados por acciones ilícitas, el cual impone como consecuencia necesaria en contra del autor de un acto lesivo la obligación de indemnizar a la víctima, tal como se infiere de la interpretación de los artículos 2341 y 2356 del Código Civil.
En concordancia con esos preceptos, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala: ‘Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.’ [Se resalta]
Lo anterior significa que el juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño.

Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio.

(…)

En estos eventos, para que la indemnización sea completa, se deben tener en cuenta las condiciones particulares en que se halla el damnificado y la magnitud del daño resarcible tal como se encuentre al momento de dictar sentencia y no simplemente en la fecha en que se produjo el menoscabo, toda vez que es factible que entre uno y otro instante la materialización del perjuicio sufra alguna variación o que sus efectos se extiendan en el tiempo.

(…)

De ahí que aun cuando el actor no haya señalado en su demanda el total de la cuantía del daño (…), el funcionario judicial sí tiene la potestad y el deber de adoptar las medidas que estime indispensables para declarar la tutela jurídica que va envuelta en el objeto de la pretensión, por lo que ello no constituye una decisión inconsonante.

(…)

En todo caso, la naturaleza de la indexación no es resarcitoria ni hace parte del objeto de la pretensión, sino que es una simple variación de las condiciones externas del perjuicio, debido a la depreciación que sufre el dinero en el tiempo por la incidencia de ciertos factores de la economía; por lo que el juez está facultado para decretarla aún de oficio, pues lo contrario supondría la aceptación de una situación inequitativa en contra del acreedor.

(…)

En consecuencia, el error que se endilga al fallo por haber ordenado la corrección de la condena del daño emergente pasado con base en el IPC, no encuentra ninguna comprobación, como quiera que ese mecanismo es una de las formas usuales de actualización del valor del dinero. Entonces, habiendo sido solicitada la indexación por el actor, o aunque no lo hubiera hecho, el juez estaba facultado para conceder ese rubro en la sentencia.
Con antelación, en fallo CSJ SC, 29 Jun. 2007, Rad. 1993-01518, expresó:
Varias veces se ha señalado por esta Corporación que en asuntos de responsabilidad civil, la indemnización de perjuicios que se reconozca al perjudicado, como corresponde, debe apuntar a resarcir a éste, en su justa medida y proporción, el daño total que le ha sido causado, admitiéndose jurisprudencialmente que el correspondiente pago para que sea liberatorio, debe comprender la correspondiente corrección monetaria, pues no es justo, ni equitativo con el acreedor que se ponga sobre sus hombros el envilecimiento que sufra la moneda desde el momento en que se produjo el hecho dañoso hasta que se produzca la reparación del correspondiente perjuicio.
En sentencia CSJ SC, 12 Dic. 2005, Rad., 15172, sostuvo:
La actualización del valor de los frutos y mejoras que hizo el tribunal no constituye la comisión por éste del vicio procesal de inconsonancia, con prescindencia de que un pronunciamiento de este linaje sea viable en tratándose de tales prestaciones mutuas, porque no se trata del reconocimiento de una pretensión que no haya sido formulada ni expresa ni tácitamente por las partes beneficiadas con las condenas, toda vez que la actualización o corrección de las mismas, a más de corresponder a rubros que el sentenciador puede imponer de oficio o a iniciativa propia, no es una carga adicional porque, tal como lo tiene definido ya esta Corporación, la corrección monetaria no corresponde al reconocimiento de perjuicios sino a la actualización de las condenas dinerarias que por equidad y para proveer a un pago completo proporciona una satisfacción económica acorde con la realidad.
Así mismo, en casación CSJ SC, 12 Ago. 2005, Rad. 1995-09714, señaló:
1. (…) De modo general, el principio de congruencia no impide que en determinados eventos el juez al emitir sus pronunciamientos expresamente entre en terrenos que no han sido abordados por los contendientes, pues razones hay de equidad que autorizan un mayor compromiso judicial en la labor de disipar la incertidumbre de los derechos en litigio, responsabilidad de orden superior que se ha de satisfacer con el auxilio de ciertas potestades oficiosas consignadas en la ley, que hacen posible que las providencias jurisdiccionales se ajusten en un todo a fines esenciales del proceso, en especial para lograr la realización del derecho sustancial, desiderátum que debe servir de horizonte a la actividad judicial. De hecho, la rigidez del principio de congruencia se lenifica expresamente, cuando se permite al juez declarar motu proprio excepciones que halle probadas de oficio, conforme prescribe el artículo 306 del C. de P. C.
2. Además de los citados instrumentos, que amplían el espacio de la controversia, resulta pertinente añadir que hay también casos en los cuales existen pretensiones que viven implícitamente en el ámbito de las súplicas de la demanda, mirada en su contexto. Acontece así con la corrección monetaria, pues choca a la razón entender que la parte que clama por la reparación de un daño quiere un dinero envilecido por el deterioro del signo monetario, propio de economías como la nuestra, entendimiento que no consulta los postulados de la equidad, en tanto que para reparar el perjuicio que afecta a la víctima, no basta con el pago expresado en términos nominales.
En torno al punto de la indexación, la Corte ha puesto de relieve que un añadido como ese no representa una nueva pretensión del demandante, sino que corresponde precisamente a un aspecto implícito de la súplica resarcitoria, cuyo fin no es otro que hacer que el quantum del daño a reparar -que se determina en moneda corriente- no se vea disminuido en perjuicio del demandante por las oscilaciones de una economía inestable (…).
3. Lo anterior viene al caso, precisamente porque la censura acusó que el Tribunal ordenó indexar la suma de $39’488.524,86 correspondientes a la condena relativa a ‘los cánones de arrendamiento que ha tenido que sufragar –el demandante- al no poder habitar su inmueble... desde su causación hasta el día en que se verifique su pago…’, pronunciamiento que en verdad no constituye una forma de inconsonancia, sino que representa un desarrollo razonable del principio de equidad en cuya virtud, dicha actualización monetaria bien puede ser extraída de los elementos de comunicación con los cuales el demandante transmite el reclamo en pos de lograr que sea cubierto a plenitud el pago de la obligación indemnizatoria nacida de la responsabilidad civil extracontractual.
En relación con la aludida forma de actualizar el dinero, en fallo CSJ SC, 9 Sep. 1999, Rad. 5005, esta Corporación sostuvo:
Factor éste que ha sido incluido en este derecho, más como exigencia de la actualización de la reparación del daño al momento en que efectivamente se verifica el pago, que como daño emergente propiamente dicho, pues si bien se trata de un fenómeno extraño al hecho ilícito, al contrato y a los autores, que lo pone al margen de la responsabilidad directa de estos, no es menos cierto que tienen incidencia al establecer el quantum de la reparación, porque si la víctima o sus herederos requieren de un pago completo por parte del responsable extracontractualmente, que se determina al momento de su realización, lógicamente habrá que incluir, además del valor del momento de su causación, el que corresponda a la corrección hasta el momento del pago, a fin de que sea pleno o completo, lo que desde luego, también descansa en la equidad.

(…)

Incurre, pues, en desacierto la censura, en cuanto en términos absolutos asevera que el pago de obligaciones dinerarias corregidas monetariamente obedece a la necesidad de resarcir un perjuicio y que, subsecuentemente, mientras el deudor no sea constituido en mora no hay lugar a tal reconocimiento, porque ésta -la mora-, es el presupuesto ineludible de toda indemnización. El desatino que al recurrente se le atribuye radica en que, como viene de exponerse, el fundamento de la corrección monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en obedecimiento, insístese, a principios mas elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporción a la depreciación del signo monetario constituya un perjuicio más que deba ser reparado, puesto que, reiterase aún a riesgo de fatigar, la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía, de modo que la corrección tiene por finalidad la reparación integral, no la de indemnizar un perjuicio más; amén que, en ese mismo orden de ideas, tampoco puede verse en ello una sanción por un acto contrario al ordenamiento legal.
Véase adicionalmente que la Corte Constitucional al justificar la declaratoria de exequibilidad del artículo 16 de la ley 446 de 1998, que alude a la «valoración de daños» y que impone atender «los principios de reparación integral y equidad» lo mismo que «los criterios técnicos actuariales», en la sentencia CC C-487/00 dijo:
En efecto, el fin que se persigue con la norma acusada, cuando se conmina al juzgador a considerar los principios de reparación integral y equidad, en el proceso de valoración del daño irrogado a una persona para tasar la indemnización, no es otro que el de buscar una justicia recta y eficiente y facilitar la solución del respectivo conflicto, así como la de evitar que para efectos de la indemnización de los daños en forma integral sea necesaria la tramitación de nuevos procesos, lo cual, indudablemente, contribuye a la descongestión de los despachos judiciales.
7. De acuerdo con lo anterior, si para la condena al pago del perjuicio, el ad quem, en atención a lo reclamado en la apelación que al respecto se propuso «tom[ó] como base la suma referida por la parte demandante en el marco de sus pretensiones» y soportado tanto en el canon «16 de la ley 446 de 1998», como en «jurisprudencia constitucional», la actualizó a la época de la decisión impugnada, se itera, la incoherencia advertida por el casacionista no se estructura, puesto que se repite, el citado ejercicio, per sé, no comporta un elemento adicional que se esté resarciendo, como tampoco tiene la virtud de afectar el contenido y alcance de la reclamación, ni la naturaleza del daño, pues aunque objetivamente se observe un aumento en su cuantía, en realidad sigue siendo equivalente a la misma de la época en que se produjo la lesión al respectivo bien jurídicamente tutelado, fenómeno que lo explica la pérdida del poder adquisitivo de monedas como la nuestra, a medida que el tiempo transcurre.
Por lo anterior, el embate propuesto no prospera.
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