La superación del diferendo -años más tarde develado en sus detalles- entre Bordaberry y las Fuerzas Armadas, además de suponer el relevo presidencial y la






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fecha de publicación09.03.2016
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La fundación fallida

La superación del diferendo -años más tarde develado en sus detalles- entre Bordaberry y las Fuerzas Armadas, además de suponer el relevo presidencial y la clausura de sus ímpetus corporativistas, marcó el comienzo del intento de construcción de un «nuevo orden» político-institucional. En su discurso, los jerarcas del mismo insistían en la idea de que este cambio debía ofrecer como soporte fundamental la consolidación y profundización del «ajuste estructural» de la economía, iniciado en los años anteriores.95

Dominada entonces por un nuevo mesianismo y acicateada por ciertos éxitos en k evolución de algunos indicadores económicos (en especial, el crecimiento del producto bruto interno, con un promedio anual superior al 3 % desde 1974), la corporación militar parecía hacerse cargo definitivamente de las premisas de un neoliberalismo a ultranza, y desinteresarse, en primera instancia, por los costos sociales de la empresa. El «ajuste estructural» -han sostenido también Terra y Hopenhaym- suponía priorizar como objetivos de la política económica la reducción del costo de la mano de obra y del presupuesto del Estado, para lo que era necesario disminuir la presión fiscal y terminar por completo con las tradicionales políticas redistributivas. Con tales premisas se siguió apostando a una apertura cada vez más radical de. la economía, a la reducción del intervencionismo estatal, al mejoramiento de las condiciones de rentabilidad para los empresarios y a un equilibrio macroeconómico, basado en el control de la inflación y en el funcionamiento libre del mercado de capitales.

Hasta 1978, la política económica se orientó fundamentalmente a la promoción de las exportaciones no tradicionales y a la liberalización del mercado de cambios. A partir de 1978, y sobre todo de 1979, cambió la modalidad del «ajuste estructural» y comenzó a implementarse el llamado «proyecto plaza financiera». Este suponía, entre otras cosas, la atención prioritaria en la integración de Uruguay al mercado internacional de capitales, para lo cual se puso el énfasis en la estabilización de precios mediante un

Ü5>. El «Año de la Orientalidad»

1975 fue un año signado, entre otros muchos aspectos, por la acción del gobierno dictatorial tendente a inyectar a la sociedad altas dosis de «patriotismo» y a echar mano de la historia nacional para dar cuenta de los antecedentes más «gloriosos» del «Proceso». Se cumplían entonces 150 años de los «Acontecimientos de 1825», interpretados por la historiografía oficial como los que dieron origen a la independencia nacional. Todos los papeles oficiales, los carnés escolares y liceales, las adhesiones propagandísticas de distintas compañías en la prensa, los avisos oficiales televisivos y radiales, rezaban la etiqueta «Año de la Orientalidad». La «Comisión Nacional de Homenaje del Sesquicentenario...» tuvo a su cargo la planificación e instrumentación de las celebraciones. Fue prevista así la construcción de monumentos a Dámaso Antonio Larrañaga, a Zorrilla de San Martín y a Juan Antonio Lavalleja, así como la elevación a la categoría de patrimonios históricos de algunos inmuebles de la ciudad de Florida. En la misma línea fue decretada la «nómina oficial» de los «Treinta y Tres Orientales», creada la condecoración «Protector de los Pueblos Libres Gral. José Artigas» (otorgada entre otros a Pinochet y Stroessner, dictadores de Chile y Paraguay, respectivamente) y aprobado por ley el ascenso a general de Leonardo Olivera, héroe de las luchas de la independencia. Según el mensaje radiotelevisado de las Fuerzas Armadas, «la población, aportando ese trabajo y esa fe, justamente en el «Año de la Orientalidad», va mostrando cuan cerca puede estar el «milagro uruguayo», el pleno resurgimiento de la Patria». («Antes y después del 27 de junio de 1973», en El País, 28 de junio de 1975, p. 7). Un similar aliento y fervor historicista tuvieron más tarde los aprestos para la repatriación de los restos del Cnel. Lorenzo Xatorre, o la inauguración del mausoleo de José Artigas en la Plaza Independencia en 1977. (Sobre este tema cfr. Vania Markarián e Isabella Cosse, 1975- el año de la orientalidad, Montevideo, Trilce, 1996; Aldo Marchesi, El Uruguay inventado, Montevideo, Trilce 2001)

manejo radicalmente monetarista del balance de pagos. A través de/ün fuerte rezago cambiario pautado por la voluntad oficial, se profundizó la apertura comercial y el movimiento de capitales, se aceleró el ritmo de crecimiento del producto (superándose el 6% en 1979), aunque todo esto al precio de un muy fuerte abultamiento de la deuda externa (creció casi un 30% en 1979) y un también muy pesado déficit en la balanza comercial (pasó de U$S 71.200.000 en 1978, a U$S 418.200.000 en 1979 y U$S 621.700.000 en 1980). Una vez más, el «boom» económico tenía cimientos extrema­damente frágiles.

Si la superación del histórico estancamiento en el producto contaba con débiles soportes económicos, los costos sociales de la empresa perfilaban ya entonces un cuadro dramático para los sectores más carenciados de la sociedad uruguaya. El salario real continuó descendiendo mientras se consolidaban los procesos de concentración del ingreso con un sostenido enriquecimiento de los estratos altos. Ello, sin embargo, no fue acompañado de un incremento significativo del ahorro y la inversión productiva. Mientras tanto, el resto de la población se lanzó decididamente a la carrera del multiempleo, aunque solo los sectores medios pudieron contener momentáneamente la reducción de su poder de compra. Los estratos más pobres, sin refugio posible, sufrieron hacia 1980 un proceso de pauperización creciente, recibiendo el impacto de la supresión de las políticas redistributivas y del congelamiento de los gastos sociales del Estado. Con todo, también hacia 1980 (año del plebiscito constitucional), si bien los indicadores sociales ya mostraban el descenso estructural, no evidenciaban aún el desplome de los años siguientes: el sobretrabajo y la emigración permitían todavía amortiguar en parte los efectos de la caída del salario real y del desempleo.

♦ ♦ ♦

Si este fue el marco económico y social del «ensayo fundacional», su correlato político estuvo marcado por el intento de obtener una primera legitimación consensual del proyecto militar, a través de una convocatoria plebiscitaria a la ciudadanía para reformar la Constitución.

El Io de setiembre de 1976 el Dr. Aparicio Méndez (un viejo político de larga militancia nacionalista) asumía la presidencia de la República. Una serie de Actos Institucionales preparó el camino para que, con su firma -negada por Alberto Demicheli, quien había sido por ello desplazado-, cayera una pesada proscripción sobre el elenco político. Las inhabilitaciones políticas decretadas, más allá de sus gradaciones, estaban previstas para una vigencia general de quince años, lo que mostraba sin duda las previsiones cronológicas del «proceso». Se lograba, además, la clausura formal de la vida partidaria sin el costo político de la supresión explícita de los partidos.98

Uno de los planos donde más escollos encontró la fundación del «nuevo orden» fue el de las relaciones internacionales. El despliegue de denuncias de buena parte del exilio uruguayo, junto al énfasis que la Administración norteamericana comenzó a demostrar en la problemática de los derechos humanos, obligó al gobierno a salir al cruce con algunas definiciones. Pese a ciertas marchas y contramarchas, en setiembre de 1976, el Congreso de los Estados Unidos resolvió finalmente la suspensión de la ayuda militar al Uruguay, lo que motivó la furibunda respuesta de las jerarquías del «proceso» y la aprobación de una nueva Acta Institucional, estableciendo la tutela del Estado a los derechos humanos y restricciones a los organismos de control internacionales. Solo la derrota electoral del presidente Cárter permitiría algún «suspiro de alivio», según la opinión de jerarcas militares. Pero debe tenerse en cuenta que, si bien la presión internacional se hacía visible, la iniciativa política en todos los planos seguía en manos de las Fuerzas Armadas.

98. Las proscripciones

El Io. de setiembre de 1976, el Poder Ejecutivo emitió el Acta Institucional no. 4, firmada por el Dr. Aparicio Méndez^ «Art. Io- Prohíbese, por el término de quince años, el ejercicio de todas las actividades de carácter político que autoriza la Constitución de la República, con inclusión del voto, a-

  1. La totalidad de candidatos a cargos electivos que integraron las listas para las elecciones de 1966 y 1971 de los Partidos o Grupos Políticos marxistas y pro-marxistas declarados ilegales por resoluciones del Poder Ejecutivo número 1788/67 de fecha 12-12-67 y número 1026/73 del 26-11-1973.

  2. La totalidad de personas que fueron procesadas por delitos de lesa nación.

Art. 2o.- Prohíbese, por el término de quince años, el ejercicio de todas las actividades de carácter político que autoriza la Constitución de la República, con exclusión del voto, a'

  1. La totalidad de candidatos a cargos electivos que integraron las listas para las elecciones de 1966 y 1971 de las Organizaciones Políticas que estuvieron asociadas electoralmente con las organizaciones mencionadas en el artículo precedente, inciso a), bajo un mismo lema o sublema accidental o común.

  2. La totalidad de personas que fueron procesadas por delitos contra la Administración Pública cometidos durante el ejercicio de sus cargos políticos.

Art. 3°..- Prohíbese, por el término de quince años, el ejercicio de todas las actividades de carácter político que autoriza la Constitución de la República, con exclusión del voto, a'

  1. La totalidad de candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia de la República que integraron las listas para las elecciones de 1966 y 1971.

  2. Titulares y suplentes que hubieren ocupado efectivamente el cargo, en las Cámaras electas en 1966 y 1971, salvo los que están ocupando cargos políticos a la promulgación de la presente disposición.

  3. Miembros de los actuales Directorios de los Partidos Políticos.

Art. 4o.- Créase una Comisión Interpretativa con la misión de pronunciarse sobre los casos de prohibición de actividades políticas establecidas por el Art. 3o. del presente Decreto, que se planteen por oficio o petición de parte, presentada dentro de los 90 días de la promulgación del mismo...».

Años después, en plenas negociaciones de la transición democrática, el Dr. Julio María Sanguinetti -entre otros- argumentaba de este modo a los oficiales de las Fuerzas Armadas contra las proscripciones^ «Yo muchas veces usaba el símil futbolístico-' imagínense que hoy se proscribe el fútbol, se cierran todas las canchas y no se juega más al fútbol, y dentro de quince años, un día se reabre. Entonces va a aparecer toda una generación de jóvenes que no va a saber cómo patear la pelota y aparecerán unos señores gordos y pelados que al rato nos vamos a dar cuenta que son Morena, Cubillai aun gordos y pelados, son los únicos que saben jugar al fútbol. [...] A eso conducían las proscripciones [...] No iba a aparecer nadie más que nosotros mismos». (Ver. Diego Achard: La transición en Uruguay, Montevideo, IWFA, 1992, p. 203.)
Entre 1978 y noviembre de 1980, el gobierno se mostró decidido a legitimar su actuación mediante la convocatoria de la ciudadanía a las urnas, en un proceso que culminaría con el plebiscito constitucional. La implementación de la estrategia coincidió con la llegada a la Comandancia del Ejército del Tte. Gral. Gregorio Alvarez,99 cargo en el que permanecería hasta comienzos de 1979.

Los jefes castrenses, que aprovechaban todo acto público para explicitar y fundamentar la continuidad de su tutela sobre el sistema político, bregaban por la consecución de una «prudente apertura» -según expresión textual de uno de los principales generales de la época- en busca del apoyo ciudadano, sobre la base de una reactivación política restringida y controlada. Las Fuerzas Armadas confiaban en que si sorteaban la presión internacional y controlaban la influencia de los partidos políticos, su proyecto lograría cobrar una legitimidad explícita ante la población mediante el voto popular. Para ello pretendieron disimular la tutela con una propuesta constitucional que el politólogo Luis E. González ha caracterizado como «un híbrido» de «raíces tradicionales», por un lado, y «de doctrina de la seguridad nacional», por otro.

Conviene repasar sumariamente los aspectos más relevantes, por innovadores, del proyecto constitucional de 1980. En materia de derechos y garantías, se eliminaba la prohibición de allanamientos nocturnos; se incrementaba el lapso disponible por el juez sumariante; se condicionaba la reglamentación del derecho de huelga a la iniciativa privativa del Ejecutivo, a la aprobación parlamentaria por mayoría calificada y al establecimiento de fórmulas de mediación, conciliación y arbitraje previas a su ejercicio; se suprimía la inamovilidad de los funcionarios públicos. En lo referente a la organización institucional, las Fuerzas Armadas asumían competencia directa en materia de «seguridad nacional»; se institucionalizaba por ello el COSENA y se creaba un Tribunal de Control Político para desinvestir o destituir hasta autoridades partidarias. En cuanto a la soberanía y a los partidos, se eliminaba el doble voto simultáneo y se imponía la presentación de candidatos presidenciales únicos dentro de los lemas, se alteraba la representación proporcional integral (confiriendo la mayoría absoluta al partido ganador) y se restringía el funcionamiento y la formación de partidos políticos-Es razonable pensar que los pronunciamientos partidarios jugaron entonces un papel de relevancia. Unidad y Reforma, el sector de Jorge Batlle, la 315, el de Manuel Flores Mora, y algunos disidentes del reeleccionismo pachequista como Raumar Jude se definieron clara y rápidamente contra el proyecto constitucional. Lo mismo hicieron los Movimientos Nacional de Rocha y Por la Patria, del Partido Nacional, así como los sectores herreristas de Jorge Silveira Zabala y Luis Alberto Lacalle. El «Sí» al proyecto militar contó a su vez con la adhesión -desde su puesto de embajador en Washington-de Jorge Pacheco Areco, de algunos herreristas y de sectores orientados por Alberto Gallinal. La Unión Radical Cristiana dejó a sus adherentes en libertad, aunque sus principales dirigentes -como Humberto Ciganda—militaron en favor del «No». En medio de la proscripción, el exilio y la prisión, la izquierda profundizó su oposición radical al régimen y algunos de sus militantes ofrecieron «charlas» en parroquias y centros sociales. Muchos dirigentes de los partidos tradicionales -Jorge Batlle y Carlos Julio Pereyra, entre otros- recorrieron el país en campaña contra la nueva constitución y lograron remover lealtades que así demostraban estar vivas.

El 30 de noviembre de 1980100 -hasta el día y el mes iban en favor de la tradición política- los uruguayos concurrieron masiva, pacífica y silenciosamente a votar en medio de sospechas de derrota y de fraude. Sufragaron más del 85% de los habilitados, haciéndolo en contra del proyecto militar 885.824 ciudadanos (57,9%), y a favor 643.858 (42%). La relación de 3 a 2 en contra del proyecto autoritario, si bien no suponía numéricamente un desequilibrio aplastante, cobraba sin embargo una enorme trascendencia política, que sorprendió tanto al gobierno como a sus opositores.

El plebiscito de 1980 fue entonces la segunda gran encrucijada de la dictadura. Destinado por las Fuerzas Armadas a ser el punto culminante de su empeño fundacional a través de la legitimación que aportaría el voto popular, la derrota del 30 de noviembre se convirtió, cual victoria de la oposición, en el momento más decisivo del comienzo de la transición democrática.

Aunque muchos uruguayos no hubieran tomado conciencia de tamaña peculiaridad, seguramente el Uruguay sorprendió con todo este proceso a la opinión mundial. ¿Cómo explicarse que en un momento de fuerte -aunque, como vimos, asimétrico— empuje económico, con todos los medios de comunicación a su arbitrio, tras el «exitoso» ejemplo chileno de 1977 y 1980, los militares uruguayos perdieran su primer examen electoral? ¿Triunfo -otra vez- de la política sobre toda otra dimensión de la convivencia? El peso de la tradición liberal e incluso antimilitarista, la influencia de la breve y velada convocatoria por el «No», el descontento generado por las políticas económicas y sociales aplicadas, contribuyen sin duda a la explicación. Pero también los militares, desde la perspectiva de su continuismo, tal vez erraron los caminos: la permanente autoidentificación como conductores de una etapa transitoria de la que finalmente diera cuenta la voluntad popular; la convicción de un «deber cumplido» que les hizo presentir, sin oficio electoral, una victoria arrolladora; la muy escasa confrontación —que tal vez pudo ser diálogo— con la sociedad civil y sus intereses, que les hubiera permitido aprovechar sus debilidades y vacilaciones...; y en la última hora, en medio de sospechas de derrota, la incapacidad para el golpe de timón, fruto de la dureza que toda estructura de matriz militar arrastra consigo.

Por los resultados inmediatos, puede afirmarse que las Fuerzas Armadas uruguayas fueron más eficaces en las faenas comisariales que en las fundacionales, aunque también es cierto que nunca abandonaron completamente el primer oficio por el segundo. Tal vez ello hable de las dificultades que todo proyecto -«ensayo», en este caso- enfrenta en el Uruguay para ser implementado.

Una visión de los resultados más mediatos habilita incluso a intentar otra línea interpretativa que echa raíces en una más larga duración. Puede especularse que el autoritarismo no «llegó» al Uruguay en los años 1968-1973 y que la posterior dictadura militar reforzó e institucionalizó tendencias que en esa dirección ya poseía la sociedad uruguaya. Una lectura de la historia del país bajo esta perspectiva haría concluir que el resultado del plebiscito del 80 demostró la primacía de las tendencias no autoritarias (que por comodidad podríamos llamar «liberales»). Pero ello no autoriza, de manera alguna, a caminar sobre el supuesto de la «muerte del autoritarismo», tan reforzado durante aquella década y seguramente diseminado en la convivencia de los uruguayos.

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