Formular denuncia por un presunto delito de cohecho, en concurso ideal con delito de prevaricación, sin perjuicio de ulterior calificación






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AL INSTRUCTOR DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS QUE POR TURNO CORRESPONDA.

A LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION

DON CARLOS SOSA BÁEZ, mayor de edad, viudo, de profesión periodista, natural del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y vecino de este mismo término municipal, con domicilio a efectos de notificaciones y citaciones en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, número 24, 2º, provisto del D.N.I. número 43.643.263-G; ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la precitada Fiscalía Especial comparezco, y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
Que a medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido por el artículo 101, en relación con el artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa al Derecho de esta parte poner en conocimiento de esa Fiscalía Especial y del instructor designado al propio tiempo FORMULAR DENUNCIA por un presunto DELITO DE COHECHO, en concurso ideal con delito de prevaricación, sin perjuicio de ulterior calificación, contra EL EXCMO. SEÑOR DON JOSE MANUEL SORIA LOPEZ, Diputado por la circunscripción de Gran Canaria en el Parlamento Regional de Canarias, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y, en el momento de producirse los hechos objeto de esta denuncia, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, mayor de edad, casado, con domicilio a efectos de notificaciones y citaciones en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Calle Tomás Millar, número 38, de Las Palmas de Gran Canaria, en mérito a los siguientes fundamentos fácticos y argumentaciones de carácter legal:

H E C H O S

PRIMERO.- Que con carácter preliminar y como razón última y filosofía justificativa de la interposición de la presente denuncia ante esa Fiscalía Especial y el TSJC, quien suscribe desea dejar diáfanamente aclarado que la misma responde a la interpretación que la doctrina jurisprudencial ha efectuado sobre determinadas actitudes de autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, y/o por particulares en sus relaciones con aquéllos, -todas ellas tipificadas por el Código Penal como delitos de cohecho-, encarnada fundamentalmente, por todas, habida cuenta su meridiana claridad y contundente conclusión, por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de 11 de Marzo de 2.004, que subraya que el bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones sometidos al imperio de la ley, imagen que se ve seriamente afectada si tales funciones son retribuidas al margen –y además- de los presupuestos públicos.
Partiendo de tal doctrina jurisprudencial, apuntalada por otra infinidad de resoluciones, entre las que queremos destacar la Sentencia de fecha 29 de Abril de 1995, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recaída en el Recurso número 2597/1994, la Sentencia de Audiencia Provincial de Guipúzcoa, número 191/2004 (sección 1ª), de 23 de Diciembre, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 2 de Junio de 2000 o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 12 de Julio de 2004, considera esta parte que los hechos que a continuación pasaremos a relatar y las actitudes que ponemos en conocimiento de ese órgano del Ministerio Público y del TSJC se incardinan plenamente en las actuaciones conceptuadas como delitos de cohecho por los artículos 419 a 426 del vigente Código Penal, y sobre todo que, tras su conocimiento público y su reconocimiento expreso por el denunciado, han puesto en tela de juicio el impecable, pulcro y correcto funcionamiento de la Administración Pública, concretada en este supuesto en el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, por aquél presidido en el momento de los hechos que se van a relatar, generando en la opinión pública la idea de corrupción, quebrando el bien jurídico protegido por aquel conjunto de tipos delictivos que no es otro que la integridad de la administración pública, en cualquiera de sus modalidades, o dicho de otra forma, la confianza de los ciudadanos en la correcta administración de acuerdo con los principios del Estado de Derecho, la cual resulta ya lesionada con la recepción, promesa o exigencia de una dádiva o alguna otra ventaja. Solamente por tal quiebra de la probidad e imparcialidad que se le ha de presumir a una autoridad como el denunciado, debe ser admitida la presente denuncia, dando origen al correspondiente procedimiento penal, a fin de efectuar las correspondientes averiguaciones sobre los extremos narrados y la posible depuración de las responsabilidades legales a que los mismos pudieran dar lugar.


SEGUNDO.- Contextualizada debidamente la interposición de la presente denuncia, vamos a pasar, sin mayores dilaciones, a exponer los hechos que esta parte considera pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, cometidos por el denunciado, en tanto que Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria en el momento de producirse aquellos.
De esta suerte, y con carácter preliminar, debemos dejar especificado que el señor Soria López en las Elecciones Municipales, Insulares y Autonómicas celebradas en el mes de Mayo de 2003 concurrió como cabeza de la lista de la formación política Partido Popular tanto al Parlamento regional por la circunscripción de Gran Canaria, como a la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de esta isla, obteniendo resultados que le permitieron alcanzar tales actas.
Posteriormente, en las Elecciones Municipales, Insulares y Autonómicas de 2007, el señor Soria López volvió a concurrir en las listas de su partido político, el PP, al Cabildo de Gran Canaria y al Parlamento de Canarias, obteniendo nuevamente las correspondientes actas. Tras verse impedido de ser nuevamente designado presidente del Cabildo, como consecuencia de una moción de censura sustanciada el 9 julio de 2007, abandonó esa Corporación, renunciando a su acta como consejero electo.
A su vez, tras constituirse la Cámara legislativa autonómica, el denunciado fue designado vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, cargos que ocupa a día de hoy, según los decretos 207/2007 y 208/2007, de 13 de julio de 2007, publicados en el Boletín Oficial de Canarias el 14 de julio de 2007.
Todo ello significa que, a tenor de lo establecido por el artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 10.3 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, está protegido especialmente por su condición de diputado autonómico y alto cargo del Gobierno, por lo que las diligencias previas derivadas de la presente denuncia han de ser tramitadas por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ante la cual se presenta esta denuncia para la designación del Magistrado Instructor que por turno corresponda, por imperativo y expreso mandato de aquellos preceptos legales.
Pues bien, tras tal necesaria y pertinente aclaración, debemos efectuar una segunda precisión para enmarcar debidamente la presente denuncia y de esta manera, poder acreditar la comisión del delito de cohecho y, en concurso con éste, el de prevaricación, por parte del denunciado, manifestando que precisamente el Parlamento de Canarias del que él mismo forma parte como líder del grupo parlamentario popular durante toda la presente legislatura, mediante Ley de fecha 14 de Abril de 2003 (Ley 19/2003) aprobó las directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, que condicionaba la aprobación de nuevos proyectos turísticos en todo el Archipiélago, y que concluía un proceso iniciado el 12 de Enero de 2001, fecha en la que el Gobierno de Canarias de entonces promulgó el Decreto 4/2001, por el que se acordaba la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, suspendiendo posteriormente, como consecuencia del mismo, en fecha 28 de mayo del mismo año, mediante Decreto 126/2001, la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
La filosofía inspiradora de la norma autonómica anteriormente descrita -popularmente conocida como “moratoria turística”- era justamente impedir la masificación urbanística y la anarquía constructiva que había caracterizado el sector económico constituido por el binomio turismo/construcción, considerando que ya existían en todo el archipiélago canario las suficientes instalaciones turísticas, tanto construidas y en explotación, como previstas y/o autorizadas por las correspondientes licencias de obras y planes urbanísticos municipales, insulares o regionales, para el equilibrado y sostenible desarrollo económico de Canarias, por lo que con la promulgación de tal normativa lo que se pretendía, en esencia, era parar definitivamente y por el periodo de tiempo contemplado en la misma, el diseño, planificación y construcción de futuros y desordenados complejos turísticos, evitando dañar aún más uno de los principales activos de tal industria terciaria, que no es otro que el paisaje y el medio ambiente de nuestro territorio insular.
No obstante esa característica general de la norma referenciada, y como complemento de toda la saturada oferta alojativa ya existente y prevista, se contemplaba una sola excepción, contenida en los apartados 3 y 4 de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 19/2003, por la que se preveía la declaración de interés general para las autorizaciones previas de proyectos turísticos excepcionales, y que por la importancia que tienen para la mejor comprensión de la presente denuncia, pasamos a transcribir de manera textual:
excepcionalmente, durante el primer trienio y por razones de interés general, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, podrán otorgarse autorizaciones previas para proyectos turísticos que comporten una especial cualificación de la oferta canaria, integrados por equipamientos de ocio, deportivo o salud de características y dimensiones tales como para definir por sí solas el proyecto en su conjunto, y cuya capacidad alojativa esté ajustada a la capacidad de uso de dichas actividades e instalaciones. En ningún caso, la capacidad alojativa del conjunto de los proyectos podrá superar las 3.600 plazas por año, y deberán ubicarse en suelo clasificado como urbano o urbanizable con destino turístico”.
Asimismo, la referida norma autonómica dispone que el otorgamiento de autorizaciones previas para los posibles proyectos turísticos excepcionales “requerirá la previa declaración de interés general por el Parlamento de Canarias”, siguiendo un procedimiento que exige, entre otros, el siguiente trámite:
a) presentación de las iniciativas, a nivel de anteproyecto, ante el Cabildo insular respectivo, el cual, de considerarlas de interés para la isla y conformes con la ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular, solicitará del Gobierno de Canarias informe favorable a la declaración de interés general”.

Para aclarar la intrincada redacción de tales preceptos legales, la excepción reseñada puede resumirse en que todos aquellos promotores interesados en acogerse a ella deberían presentar ante el Cabildo Insular correspondiente (sólo los de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife) un anteproyecto de la iniciativa turística que considerasen que comportaba una especial cualificación de la oferta canaria, quien debería considerarla de interés para la isla y conforme con la ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular, solicitando del Gobierno de Canarias informe favorable a la declaración de interés general. Pero eso sí, tal excepción, además, es muy limitativa y restrictiva, toda vez que sólo está prevista durante un periodo de tres años, esto es, hasta el mes de Abril de 2006, no permitiéndose en ningún caso que la capacidad alojativa del conjunto de los proyectos presentados supere las 3.600 plazas por año.
La tramitación de tal informe del Gobierno de Canarias declarando de interés general las iniciativas empresariales objeto de excepcionalidades se produjo para el caso que nos ocupa en los últimos meses de la anterior legislatura autonómica, la VI, que concluyó en mayo de 2007 con la celebración de nuevas Elecciones Locales, Insulares y Autonómicas.
Ese informe salvó el trámite de aprobación parlamentaria a propuesta del Gobierno en el Pleno de la Cámara regional celebrado los días 28, 29 y 30 de marzo de 2007, donde se aprobó la “Declaración de interés general de los proyectos turísticos Anfi Tauro, Hotel Temático Familiar, Complejo de Apartamentos Turísticos en el sector de Abama y Gran Hotel y Villas”, como consta fehacientemente en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de la VI Legislatura de 16 de abril de 2007.
Tal acuerdo no estuvo exento de polémica en esa sesión parlamentaria ya que, ejerciendo el derecho parlamentario de veto, la mayoría de los diputados gomeros primero, y la de los lanzaroteños después, lograron postergar su aprobación aduciendo falta de seguridad jurídica y perjuicio al interés de la isla, respectivamente.
Finalmente se produjo la aprobación con los votos de la mayoría parlamentaria, esto es, Coalición Canaria y el Partido Popular.
Pero para llegar a ese momento de tramitación política, la iniciativa del Grupo Anfi del Mar también resultó envuelta en un escándalo político, judicial y mediático al detectarse en una investigación judicial denominada Caso Góndola, unas explícitas conversaciones telefónicas entre el presidente de ese grupo empresarial, don Santiago Santana Cazorla, el presidente del Gobierno de Canarias, a la sazón don Adán Martín Menis; su jefe de Gabinete, con rango de director general, don Salvador Iglesias Machado, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel Martínez.
En estas conversaciones se detectaba claramente el interés del señor Santana Cazorla por que sus proyectos para la urbanización Anfi Tauro no sufrieran obstáculos para su declaración de interés general por el Gobierno y su posterior ratificación en el Parlamento, todos ellos trámites posteriores a igual declaración por parte del Cabildo grancanario, imprescindible para llegar al momento que comentamos.
Se trataba, ciertamente, de un proyecto –el de Anfi Tauro- polémico y complejo, como veremos que apuntaban los primeros informes del Cabildo de Gran Canaria. Y había que sacarlos adelante a toda costa, primero utilizando todos los mecanismos legales e ilegales en aquella corporación insular, pagando dádiva a su presidente, y luego, cuando éste hubo hecho su trabajo, presionando de modo indecente, e incluso diríamos que delictivo, al presidente del Gobierno, a su director general de Gabinete y al consejero responsable de tramitar ante el Parlamento la definitiva declaración de interés general que finalmente se aprobó para satisfacción del empresario y del grupo empresarial que representa.
En esa definitiva votación parlamentaria se ausentó el diputado Manuel Fernández, del Partido Popular, que fuera mano derecha de Bjorn Lyng, su consejero delegado y el responsable de poner siempre en contacto a esa empresa con la clase política dirigente. El señor Fernández hizo un postrero gesto de honradez política, pero estamos seguros de que durante toda la tramitación de este expediente intervino decisivamente en más de una ocasión.
Es más, esta parte tiene constancia plena de que el señor Fernández conoció desde sus orígenes el famoso viaje del matrimonio Soria a Salzburgo y Noruega a invitación del fallecido señor Lyng. Más adelante abundaremos en estas circunstancias.
TERCERO.- Pues bien, tras las necesarias aclaraciones introductorias anteriores, vamos ya a centrarnos en los hechos que dan origen a la presente denuncia, y que esta parte entiende, al amparo de la luz arrojada sobre este tipo de comportamientos por la doctrina jurisprudencial referida en el primero de los hechos, que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

De esta suerte, al amparo de la normativa autonómica antes reseñada, uno de los mayores promotores turísticos del Archipiélago Canario, la ya mencionada entidad ANFI TAURO, S.A. integrada en el GRUPO ANFI, por medio de sus representantes legales, DON BJORN LYNG, recientemente fallecido, y DON SANTIAGO SANTANA CAZORLA, actuando en su calidad de presidente el primero y de vicepresidente y consejero delegado el segundo, solicitaron el 9 de mayo de 2005 ante el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, presidido por el ahora denunciado, la declaración de interés general del conjunto del proyecto denominado URBANIZACION ANFI TAURO, dando lugar a la apertura del Expediente Administrativo con número de referencia PL-E 05/2894 DOG, tal y como se advera con la copia simple de la referida solicitud que se acompaña a esta denuncia como documento número 1. Así, desde ese momento se produce una relación administrativa directa entre los Señores Lyng y Soria López, toda vez que de éste último dependía la resolución de una cuestión de gran calado económico y social en la que estaba interesado el primero de ellos. Así pues, es evidente que, al margen de otras consideraciones de carácter personal, a partir de ese preciso instante las relaciones entre ambas personas estaban trufadas por aquella solicitud, de suerte que deberían ser aún más pulcras, cuidadosas y asépticas que las existentes entre cualquier ciudadano del común, que no estuviera investido de la autoridad del Señor Soria López. Y entendemos que esta precisión es muy importante para el desenlace definitivo de la denuncia que formulamos, porque es la piedra angular de la ilicitud penal de las actividades realizadas por ambas personas inmediatamente después a la fecha indicada.
Dejando al margen, por el momento, la tramitación administrativa y la gran cantidad de irregularidades, defectos y anomalías del anteproyecto presentado por la mercantil ANFI TAURO, que obstaban a su aprobación, y que más adelante relataremos para darle una mayor claridad a esta denuncia, debemos centrarnos en el mes de Agosto de ese mismo año 2005, fecha en la cual el matrimonio compuesto por Don José Manuel Soria López y Doña María del Carmen Benítez López decide tomar sus merecidas vacaciones anuales, eligiendo para ello justamente el complejo denominado “Anfi del Mar”, propiedad del reseñado GRUPO ANFI, sito en la playa del barranco de La Verga, del término municipal de Mogán de Gran Canaria, desconociendo esta parte al momento actual si tal alojamiento, teniendo en cuenta otros antecedentes, fue con carácter gratuito, por invitación del Señor Lyng, o tuvo carácter remunerado por parte del matrimonio Soria/Benítez. Cuestión que se interesa que sea objeto de investigación mediante las diligencias que a tal efecto pudieran ordenarse por la Fiscalía o por el/la Magistrado/a Instructor/a.
Lo que sí es absolutamente cierto, puesto que está expresamente reconocido por el Señor Soria López en sesión plenaria del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 29 de Septiembre de 2005, tal y como expresamente acreditamos con la copia simple del acta de tal pleno ordinario, que se acompaña como documento número 2, es que entre los días 22 y 28 de Agosto de tal año, el referido empresario noruego Bjorn Lyng, que disfrutaba en régimen de renting de un jet privado del que disponía conforme al correspondiente contrato, invitó al señor Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Don José Manuel Soria López, y a su esposa, doña María del Carmen Benítez López, a viajar a la ciudad austriaca de Salzburgo para presenciar uno de los conciertos del prestigioso festival de música que cada verano tiene lugar en esa ciudad. Los señores Soria aceptaron la invitación de buen grado.
Así, al matrimonio Soria y al señor Lyng y su esposa, se les pudo ver en el concierto que esa semana ofreció en Salzburgo la Orquesta de las Naciones, dirigida para la ocasión por el maestro Justus Franz.
Posteriormente, los dos matrimonios
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