CÁmara de representantes






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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
17ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 964
8 DE MAYO DE 2014
Presentada por los representantes Báez Rivera, Perelló Borrás,

Vargas Ferrer, Vega Ramos, Natal Albelo
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Publica y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que realice una investigación en torno a la capacidad y la disposición del Gobierno de Puerto Rico para investigar y procesar, civil y criminalmente, a los responsables por los actos de corrupción en nuestro Gobierno y, en especial, la capacidad y disposición para recobrar el dinero y bienes ilegalmente transferidos como consecuencia de los actos de corrupción; así como estudiar la creación de un ente gubernamental independiente para rescatar los bienes del estado transferidos ilegalmente como consecuencia de los actos de corrupción, de actos de administración pública deficiente y dinero adeudado al Gobierno que la entidad gubernamental responsable del cobro de ese dinero no procese efectivamente dentro de un periodo de tiempo razonable.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Puerto Rico, el récord histórico refleja que han ocurrido actos de corrupción gubernamental que tuvieron como resultado transferencias de dinero y bienes, muebles e inmuebles del Estado y que al presente no consta evidencia de que los mismos hubieran sido recuperados. Más significativo es que existe una fuerte impresión de que el Gobierno no ha hecho gestiones efectivas para recuperar los mismos.
Independientemente de la pérdida económica significativa para Puerto Rico, el hecho de no activar los procedimientos investigativos y fijar responsabilidades con el fin de recuperar el dinero y bienes producto de dicha corrupción gubernamental, envía un mensaje de impunidad que impide se genere un ambiente de disuasión.
En el año 2010 se llevó a cabo un estudio comisionado por el Contralor de Puerto Rico sobre la corrupción en el gobierno del Estado Libre Asociado bajo el “Proyecto Sobre el Mal Uso de los Recursos del Gobierno”. El mismo fue encomendado al “Programa de Practica Intramural” de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras (Dra. Eileen V. Segarra Almestica, Catedrática del Departamento de Economía).
El estudio fue titulado “Factores que Inciden en el Mal Uso de los Recursos del Gobierno y la Corrupción en Puerto Rico” y, entre otras conclusiones, se dice que:
“Los aumentos cíclicos en actividad económica están asociados con aumento en las transacciones entre el gobierno y el sector privado, dando lugar a actividades corruptas. Los resultados presentados también indican que aumentos en las transferencias federales al gobierno se asocian con mayor corrupción. Es claro que la solución no puede ser reducir la actividad económica y las transferencias, sino fiscalizar más los procesos de contrataciones entre el sector público y el sector privado para romper la relación que actualmente existe entre la actividad económica y la corrupción. Es necesario que se fortalezcan los controles y mecanismos de fiscalización, a la vez que se cumplan rigurosamente las leyes. De igual modo, los resultados de las encuestas apuntan a la necesidad de aumentar la transparencia de los procesos y ser más riguroso en la aplicación de las leyes y penalidades.” Itálicas añadidas.
A tenor con lo indicado, debe ser de especial preocupación para los Cuerpos Legislativos que en las determinaciones de dicho estudio, al abordarse la “importancia de las instituciones como herramientas para reducir la corrupción”, se presentan nueve (9) instituciones en orden de importancia. De esta enumeración se cualifica como la más importante los “medios de comunicación” y como la novena, o menos importante, a la “Legislatura”. Además, identifican una relación entre la corrupción y el descenso en la participación electoral. Estos dos resultados, de por sí, magnifican la importancia de la investigación ordenada por esta Resolución.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al hablar sobre la corrupción gubernamental, ha dictaminado que “en derecho es claro que el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de velar por el uso y manejo apropiado de los fondos públicos. Se trata de una responsabilidad de arraigo constitucional, en virtud del mandato formulado en la Sec. 9 del Art. VI de nuestra ley fundamental de que ‘solo se dispondrá de los fondos públicos para fines públicos’. El referido mandato constitucional le impone al Estado el deber de velar porque la utilización de los dineros del pueblo este ligado siempre al bienestar general de todos los ciudadanos.” Véase, Costa Azul vs. Comisión, 170 DPR 847 (2007)
Otro factor preocupante es la aparente desatención de los entes gubernamentales para rescatar para el País los bienes públicos ilegalmente traspasados por razón de corrupción, así como los dineros y bienes adeudados al Estado, no ya por razón de corrupción, si no en el curso normal de los negocios legales. Esto último se refleja en las deudas contributivas y en los daños que sufre el estado como consecuencia de actos dolosos o contractuales.
La Cámara de Representantes estima necesario estudiar la posibilidad de crear un ente separado en la Rama Ejecutiva (“Task Force”), con una existencia fija, cuyo fin sea rescatar, de manera más eficiente, todos esos bienes. Puede organizarse ese instrumento y evitar un impacto negativo presupuestario, haciendo uso de los servicios de abogados y abogadas ya empleados por el Gobierno, dirigido por una Junta compuesta por Secretarios de Gobierno y apoyo técnico y clerical suplido parcialmente por otras instrumentalidades de gobierno.
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:



Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Seguridad Publica y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que realice una investigación en torno a la capacidad del Gobierno del Estado Libre Asociado del Puerto Rico para investigar y procesar civil y criminalmente los actos de corrupción ocurridos, en especial, la capacidad para recobrar el dinero y/o bienes muebles o inmuebles públicos ilegalmente transferidos y/o los privados obtenidos como consecuencia de los actos de corrupción.

Asimismo, Se ordena a la Comisión de Seguridad Publica y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, estudiar la posibilidad de crear un ente gubernamental independiente o una dependencia pública adscrita a otra entidad gubernamental, que posea toda la facultad legal necesaria para investigar, perseguir, rescatar y embargar el dinero y/o bienes muebles o inmuebles públicos ilegalmente transferidos y/o los bienes privados obtenidos como consecuencia de actos de corrupción, de actos administración pública deficiente, más los dineros adeudados al Gobierno, que la entidad gubernamental responsable del cobro de los mismos no hubiera procesado dentro de un periodo de tiempo razonable.

Sección 2.-La Comisión de Seguridad Publica y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción someterá a la Cámara de Representantes un informe contentivo de sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estima pertinente, incluyendo la legislación que deba adoptarse en relación al asunto encomendádole, dentro de un término de seis (6) meses luego de aprobada la presente.

Sección 3.-Esta Resolución comenzara a regir inmediatamente luego de su aprobación.

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