Por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones”






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República de Colombia

Ministerio del Interior



PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N°__________ de 2014

Por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones”
El Congreso de Colombia,
DECRETA
ARTÍCULO 1. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así:

ARTICULO 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar o postular a las personas que hayan intervenido en su designación o postulación, ni a personas vinculadas con estas por los mismos lazos de parentesco señaladas en este mismo artículo.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera y la regla del inciso segundo no aplica para los nombramientos o postulaciones de los servidores públicos que hayan sido elegidos popularmente.
La elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas o a cualquier otro organismo colegiado deberá estar precedida de una convocatoria pública, en la que se fijen requisitos objetivos y se realice un proceso de selección que garantice los principios de transparencia y publicidad. Ningún servidor público elegido por corporaciones públicas u organismos colegiados podrá ser reelegido.
ARTÍCULO 2. Deróguense los incisos 5 y 6 del artículo 127 de la Constitución.

ARTÍCULO 3. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:

ARTÍCULO 134: Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la respectiva Corporación, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad, o contra la administración pública que se hayan cometido con dolo. En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.
Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos de lesa humanidad y dolosos contra la administración pública. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación Pública.
No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad o contra la administración pública, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.
Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido a una Corporación Pública, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.
Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período.
Parágrafo Transitorio. El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del acto legislativo 01 de 2009, con excepción de las relacionadas con delitos contra la administración pública que se aplicarán para las iniciadas a partir de la vigencia del presente acto legislativo.
ARTÍCULO 4. Adiciónese un numeral adicional al artículo 135 de la Constitución Política, el cual quedará así:

10. Convocar a audiencias públicas en la forma y periodicidad con que lo señale el reglamento dedicadas a la formulación de preguntas orales, concretas y sucintas, a los Ministros del Despacho y ejercer en las mismas audiencias un control de resultados sobre la administración pública para lo cual podrán solicitar informes especiales al Contralor General de la República sobre la marcha de cualquier entidad pública o la prestación de un servicio público.
ARTÍCULO 5. Deróguese el parágrafo transitorio del artículo 152 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 6. El artículo 171 de la Constitución Política quedará así:

ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por ochenta y nueve miembros elegidos en circunscripción nacional. Se elegirá además un senador por cada uno de los departamentos con menos de 500.000 habitantes, de acuerdo con el último censo poblacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.
También formará parte del senado de la República el ciudadano que haya ocupado el segundo lugar en la elección presidencial.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.
Los ciudadanos solo podrán votar en una de las circunscripciones.
La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

ARTÍCULO 7. El artículo 174 de la Constitución Política quedará así:

ARTICULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros del tribunal de aforados de que trata este artículo; aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Habrá un tribunal de aforados encargado de investigar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
El Tribunal será competente para investigar y sancionar a los aforados por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal.
Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.
El tribunal tendrá siete (7) miembros, elegidos por el Congreso en pleno, para un período de ocho años. Su organización y funcionamiento deberá garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con una segunda instancia.
Sus miembros estarán sometidos, al régimen de responsabilidades que determine la ley.
ARTÍCULO 8. El numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política quedará así:

3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces. Investigar y sancionar a los miembros del Tribunal de aforados por causas disciplinarias, fiscales o penales, en éste último caso se aplicarán las reglas del artículo 175. Las causas disciplinarias contra los miembros del Tribunal de aforados se regirán por el procedimiento establecido por el reglamento, el cual garantizará los principios de objetividad entre la investigación y la decisión y el de doble instancia.
ARTÍCULO 9. El artículo 181 de la Constitución Política quedará así:
ARTICULO 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto la prevista en el 1 del artículo 180 de la Constitución.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.
ARTÍCULO 10. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así:
ARTÍCULO 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia.
No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Aforados, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcaldes.
ARTÍCULO 11. El artículo 204 de la Constitución Política quedará así:

ARTÍCULO 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.
ARTÍCULO 12. El Artículo 231 de la Constitución Política quedará así:

ARTÍCULO 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación mediante el voto afirmativo de las tres quintas (3/5) partes de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas mediante convocatoria pública adelantada por la respectiva corporación.
En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de adecuado equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la rama judicial y de la academia. La ley o, en su defecto el reglamento interno de cada una de estas corporaciones, tomará las previsiones necesarias para dar cumplimiento a este criterio de integración.
ARTÍCULO 13. El artículo 232 de la Constitución Política quedará así:

ARTICULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante veinte años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

5. No haber desempeñado en propiedad el cargo de Magistrado en alguna de estas corporaciones.
PARAGRAFO. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial.
ARTÍCULO 14. El artículo 233 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de setenta años.
Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, los miembros del Sistema Nacional de Administración Judicial y del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación , el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil, no podrán ser elegidos a cargos de elección popular durante el período de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro.
Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, no podrán ser elegidos en otra Corporación Judicial, ni aspirar a los cargos de Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación, durante el período de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro; si hubieren renunciado antes del vencimiento del período para el cual fueron elegidos, la inhabilidad será de un año, a partir de la fecha de aceptación de su renuncia.
ARTÍCULO 15. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:

ARTÍCULO 254. El Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará integrado por tres niveles de administración: la sala de gobierno judicial, la Junta ejecutiva y el Director ejecutivo.
La Sala de Gobierno Judicial, integrada por: los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; Un delegado de los magistrados de tribunal y de los jueces y Un delegado de los empleados judiciales, actuarán además con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

La Junta Ejecutiva de Administración Judicial, integrada por sendos delegados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Los miembros de esta Junta serán funcionarios de libre nombramiento y remoción de la respectiva Corte, deberán contar con los mismos requisitos del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.
El reglamento de cada Corporación determinará los casos en que el Presidente puede ser relevado de ciertas funciones jurisdiccionales, con el fin de que pueda atender las competencias de la Sala de Gobierno Judicial.
ARTÍCULO 16. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 255. Corresponde a la Sala de Gobierno Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Diseñar y fijar las políticas en materia judicial de la rama y elaborar su Plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de desarrollo

2. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y señalar los casos en los que los despachos judiciales tengan competencia nacional;

3. crear, ubicar y redistribuir los despachos judiciales; Se podrán crear en forma transitoria, en cualquiera especialidad o nivel de la jurisdicción, despachos de descongestión que sólo ejercerán las funciones que expresamente se precisen en su acto de creación En ejercicio de esta atribución, la Sala de Gobierno no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones

4. revisar, reasignar o fijar competencias de los mismos en cualquiera de los niveles de la jurisdicción

5. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.

6. Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial con efectos procesales.

7. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial para un periodo de cuatro años

8. Darse su propio reglamento.

9. Las demás que le atribuya la ley.

La Junta Ejecutiva de Administración judicial deberá definir y aprobar las estrategias y directrices administrativas, con base en las políticas fijadas por la Sala de Gobierno, dirigidas a garantizar la eficacia de la administración de justicia y el acceso de los ciudadanos al servicio. En tal virtud le corresponde adoptar un plan estratégico de la rama, aprobar el proyecto de presupuesto, fijar las políticas en materia de contratación, establecer las bases de los concursos para la carrera judicial, aprobar los estados financieros, establecer mecanismos de evaluación a la gestión y rendimiento del Director Ejecutivo y los despachos judiciales y adoptar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
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