Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»






descargar 392.45 Kb.
títuloBoletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»
página9/13
fecha de publicación01.08.2015
tamaño392.45 Kb.
tipoBoletín
ley.exam-10.com > Documentos > Boletín
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

59. Sentencia 186/2012
De 29-10 (BOE núm. 286, de 28-11). Sala Primera. Recurso de amparo 6106/2009. Ponente: Magistrado D. Fernando Valdés Dal-Ré. Inadmite el recurso. DOCTRINA «PAROT».

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • RECURSO DE AMPARO




    • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.


II

Cuestión planteada
“El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de 26 de mayo de 2009 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso de súplica presentado contra la anterior providencia de 6 de mayo por la que se acordó fijar como fecha para el licenciamiento definitivo del recurrente el día 19 de febrero de 2016, en aplicación del criterio establecido por la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, según la cual, en caso de condenas acumuladas, la redención de penas por el trabajo ha de computarse sobre cada una de las penas impuestas que se cumplen sucesivamente por orden de gravedad y no sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo que pudiera haberse fijado en aplicación del art. 70.2 del Código penal de 1973”.

(…)

“El Ministerio Fiscal interesa con carácter principal la inadmisión del recurso de amparo ex arts. 44.1 a) y 50.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por considerar incumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial y, subsidiariamente, su desestimación por entender que las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el demandante”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC inadmite el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa (art. 44.1 a) LOTC).
“La exigencia de agotamiento de la vía judicial previa tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, esto es, sin dar oportunidad a los órganos judiciales de pronunciarse y, en definitiva, remediar la lesión que luego se invoca como fundamento del recurso de amparo. Así, el requisito de agotar la vía judicial no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser debilitada por una interpretación decididamente antiformalista del precepto que la contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulación de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta indispensable para preservar el ámbito que la Constitución reserva a la jurisdicción ordinaria (art. 117.3 CE) y al propio tiempo para no desnaturalizar la función jurisdiccional propia de este Tribunal como intérprete supremo de la Constitución (entre otras muchas, SSTC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 5; 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 71/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 128/2002, de 3 de junio, FJ 2; y 174/2011, de 7 de noviembre, FJ 2)” (F. J. 2).
En el caso concreto,
“El análisis de las actuaciones conduce a apreciar la concurrencia del óbice aducido por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, a la vista de lo declarado por el Pleno de este Tribunal en casos similares en las SSTC 58/2012, 60/2012 y 63/2012, todas ellas de 29 de marzo, así como en las más recientes SSTC 128/2012, de 18 de junio; 152/2012, de 16 de julio y 157/2012, de 17 de septiembre, lo que determina la inadmisión del presente recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC].

En el presente supuesto el recurrente en amparo impugna la providencia de 6 de mayo de 2009 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que se aprueba su licenciamiento definitivo para el día 19 de febrero de 2016, resolución que fue confirmada en súplica mediante el Auto de 26 de mayo siguiente de la misma Sala y Sección, igualmente impugnado en amparo. Ahora bien, el recurrente acude directamente ante este Tribunal sin haber intentado hacer uso del recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo previsto en el art. 988 de la Ley de enjuiciamiento criminal según el cual contra los Autos por los que se determina el límite máximo de cumplimiento en los casos de acumulación de condenas impuestas en distintos procesos pero que hubieran podido ser enjuiciados en un único proceso —art. 70.2 CP 1973— cabrá interponer recurso de casación por infracción de ley. Tal previsión resulta aplicable a los Autos que aprueban el licenciamiento definitivo en condenas acumuladas en cuanto lo resuelto en ellos incide en el límite concreto de pena privativa de libertad que ha de cumplir el penado. En tal sentido, aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no siempre fue unánime en cuanto a la recurribilidad en casación de los Autos de liquidación de condena, tal incertidumbre fue definitivamente despejada algo más de un año antes de dictarse las resoluciones impugnadas en amparo mediante el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2008, dictado precisamente al resolver un recurso de queja contra la denegación de la preparación de un recurso de casación contra el Auto desestimatorio del recurso de súplica deducido contra el Auto aprobatorio del licenciamiento definitivo del penado. En él, saliendo expresamente al paso de las incertidumbres precedentes, se deja sentado que el carácter complementario de los Autos de aprobación del licenciamiento definitivo respecto de los que fijan el límite máximo de cumplimiento de penas abona la recurribilidad en casación de los Autos de licenciamiento definitivo en cuanto concretan y fijan definitivamente el máximo de cumplimiento respecto de las penas impuestas, fijación de criterio jurisprudencial que no podía ser ignorada tanto tiempo después por la representación procesal y la defensa letrada del demandante de amparo.” (F. J. 3).
60. Sentencia 193/2012
De 29-10 (BOE núm. 286, de 28-11). Sala Primera. Recurso de amparo 6220/2011. Ponente: Magistrado D. Juan José González Rivas. Otorga el amparo.

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • DERECHOS A LA LIBERTAD (art. 17.1 CE) Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (art. 24.1 CE).




  • Doctrina constitucional sobre el cómputo como tiempo de cumplimiento de la pena de los períodos pasados en prisión preventiva, aunque durante los mismos hubiese permanecido también en calidad de penado por otra causa.




  • Prolongación ilegítima de la privación de libertad al no abonarse, para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, parte del tiempo de la prisión preventiva acordada en la misma causa, que vulnera ambos derechos fundamentales.



II

Cuestión planteada
“El objeto del presente recurso se centra en determinar si los Autos dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, por los que se denegaba el abono en la ejecutoria núm. 23-2010, para el cumplimiento de la pena impuesta, del periodo de prisión provisional sufrido desde el 19 de noviembre de 2007 al 16 de noviembre de 2008, simultáneo al tiempo en que el demandante se encontraba cumpliendo condena en virtud de la ejecutoria núm. 68-2007, han vulnerado, como sostiene el recurrente, su derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

El Ministerio Fiscal, como expusimos en los antecedentes, entiende que las resoluciones cuestionadas han desconocido la doctrina del Tribunal plasmada en la STC 57/2008, de 28 de abril, y reiterada en la STC 92/2012, de 7 de mayo, que obliga a computar como tiempo de cumplimiento de la pena los períodos que se hubieran pasado en prisión preventiva, aunque durante los mismos hubiera permanecido también en calidad de penado por otra causa, lo que implica que la resoluciones han vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17 CE) del demandante”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC recuerda su doctrina sobre el cómputo como tiempo de cumplimiento de la pena de los períodos pasados en prisión preventiva, aunque durante los mismos hubiese permanecido también en calidad de penado por otra causa.
“a) En la STC 57/2008 de 28 de abril, lo discutido por el recurrente era la negativa judicial a abonarle el tiempo de prisión provisional sufrido en una causa para el cumplimiento de la pena impuesta en la misma, pretensión que se apoyaba en el hecho de haber estado simultáneamente privado de libertad como penado en otra causa distinta. Se trataba allí de valorar la razonabilidad de la exclusión de un supuesto en la aplicación judicial de la norma; exclusión que este Tribunal consideró irrazonable, y por ello lesiva del art. 17.1 CE, atendido el enunciado normativo y su finalidad.

b) En la STC 92/2012 de 7 de mayo, FJ 5, “atendida la finalidad del precepto de cobertura invocado, no resulta irrazonable ni ajeno a su finalidad considerar que el supuesto que plantea el demandante no está incluido en la regla establecida por el legislador dado que la simultánea situación de prisión provisional acordada en dos causas penales no causa perjuicio material efectivo añadido, a quien se ve así privado de libertad, por el simple hecho de venir fundada en dos títulos jurídicos, pues el demandante, en su condición de preso preventivo en dos causas, lo está con un único régimen jurídico aunque procesalmente pesen sobre él dos órdenes cautelares de privación de libertad que en nada se afectan mutuamente.

c) En la STC 158/2012 de 17 de septiembre, hemos concretado la doctrina en el fundamento jurídico 4 al subrayar que “[e]l art. 58.1 del Código penal, en cualquiera de las redacciones anteriores a su reforma por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, contempla (tal y como los órganos judiciales han interpretado) la realidad de una sola causa penal en la que la privación cautelar de libertad ha sido seguida de una privación de libertad impuesta como sanción de la conducta investigada, imputada y finalmente atribuida. Sobre esa realidad —un hecho investigado, una privación cautelar decretada para posibilitar su investigación y enjuiciamiento y una pena privativa de libertad impuesta como pena por la comisión del hecho imputado— y no sobre otra, el legislador ha decidido que el efecto material de privación de libertad que la medida cautelar conlleva se tome en consideración una sola vez para reducir la duración de la pena privativa de libertad impuesta. Ese es el supuesto previsto en la norma y esa su finalidad” (F. J. 2).
En el caso concreto,
“el demandante de amparo ingresó en prisión provisional el 30 de mayo de 2006, por los hechos instruidos en el sumario núm. 1-2006, siendo finalmente condenado por Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de noviembre de 2008, que fue declarada firme el 27 de enero de 2010 y dio lugar a la ejecutoria núm. 23-2010. Desde el 19 de noviembre de 2007 al 16 de noviembre de 2008, el demandante se encontraba simultáneamente preso preventivo en el sumario núm. 1-2006, y cumpliendo la pena de un año de prisión, impuesta por Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Toledo en el procedimiento abreviado núm. 153-2006 —luego ejecutoria núm. 68-2007—.

El Secretario Judicial de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 16 de diciembre de 2010, practicó la liquidación de la condena y consideró abonables como preventiva del 30 de mayo de 2006 al 18 de noviembre de 2007 y del 17 de noviembre de 2008 al 8 de febrero de 2010, sin tomar en consideración a los efectos del abono para el cumplimiento de la condena el tiempo en que se superpuso la situación de preso preventivo en dicha causa y de penado en otra —esto es del 19 de noviembre de 2007 al 16 de noviembre de 2008—. Dicha liquidación fue aprobada por las resoluciones impugnadas, justificando inicialmente el pronunciamiento en la inexistencia de oposición a la liquidación y posteriormente en que la “Sentencia 57/08 del TC en ningún caso constituye jurisprudencia consolidada” (F. J. 3).
“El Ministerio Fiscal pone de manifiesto en sus alegaciones que este Tribunal se ha pronunciado ya en las SSTC 57/2008, de 28 de abril, y 92/2012, de 7 de mayo, sobre la cuestión planteada por el recurrente, destacando las exigencias que la Constitución impone al interpretar y aplicar el art. 58.1 del Código penal (CP), tanto en su versión original como en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, (precepto relativo al abono, para el cumplimiento de la pena, del tiempo de prisión preventiva a la que se ha estado previa y cautelarmente sometido).

El Ministerio Fiscal indica que la STC 57/2008, de 28 de abril (posteriormente reitera la STC 92/2012, de 7 de mayo, FJ 6), respecto del art. 58.1 CP, en la redacción anterior a la que le había dado la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre —cuyo razonamiento también es aplicable a la redacción nacida de dicha reforma—, subraya que dicho precepto contenía la previsión legal del abono en su totalidad del tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente en una causa para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la misma causa, careciendo de cobertura legal la exclusión para el referido abono del periodo de tiempo en el que simultáneamente a la situación de prisión provisional en dicha causa concurre la situación de penado por otra causa” (F. J. 4).

“Proyectando al caso ahora enjuiciado las consideraciones que ya se hicieron en la STC 19/1999, de 22 de enero, y en las posteriores citadas 57/2008 de 28 de abril, 92/2012 de 7 de mayo, y 158/2012 de 17 de septiembre, entre otras, hemos de reiterar que la situación de coincidencia entre la prisión provisional en una causa y la situación de penado en otra, por su frecuencia en la realidad, no es un supuesto que, lógicamente, pudiera haber pasado inadvertido al legislador, al regular el abono del tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente para el cumplimiento de la pena o pena impuestas en la misma causa (art. 58.1 CP), lo que desde la obligada pauta de la interpretación en el sentido de la mayor efectividad del derecho fundamental y de la correlativa interpretación restrictiva de sus límites, permite entender que el legislador no incluyó ninguna previsión respecto a dicha situación en el art. 58.1 CP, y, en concreto, el no abono del tiempo en el que simultáneamente han coincidido las situaciones de prisión provisional en una causa y de penado en otra, pero lo que no resulta constitucionalmente adecuada es una interpretación en virtud de la cual pueda llegarse a una consecuencia sobre el abono del tiempo de prisión provisional en una causa para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la misma, regulado en el art. 58.1 CP, basada en un dato ausente de éste, como sucede al analizar el contenido de las resoluciones judiciales recurridas y recuerda el fundamento jurídico 5 de la STC 19/1999” (F. J. 5).
“Los razonamientos precedentes conducen al otorgamiento del amparo, puesto que la decisión de no abonar al demandante para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta parte del tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente en la misma causa: del 19 de noviembre de 2007 al 16 de noviembre de 2008, por coincidir con su condición de penado en otra causa, supone un alargamiento ilegítimo de su situación de privación de libertad, que vulnera el art. 17.1 CE. Debe añadirse que redunda en dicha vulneración la argumentación seguida por las resoluciones impugnadas, que de un lado relativizan el valor vinculante de la doctrina de este Tribunal establecido en los arts. 5.1 y 7.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de otro no justifican su alcance, al ser tales resoluciones restrictivas de derechos, con insuficiente motivación y manifiesta vulneración de los arts. 24.1 y 120.3 CE” (F. J. 6).
La STC concluye otorgando el amparo, afirmando la nulidad de las resoluciones judiciales recurridas y retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su pronunciamiento a fin de que se dicte una nueva resolución de liquidación de condena respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

similar:

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconBoletín de doctrina constitucional penal número 29 enero de 2011...
«Boletín de Doctrina Constitucional Penal» contiene extractos de las Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el tercer...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconResumen: El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconRevista “Nueva Doctrina Penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, t. 1996/B, ps. 445-456

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconVisiones de la Doctrina, la Constitución, el Código del Proceso Penal...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconSentencia del Tribunal Constitucional (la doctrina Parot a la inversa)

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconEl Boletín Oficial del Estado publicó el 27 de septiembre de 2011,...
«Boletín Oficial del Estado» del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconDiscriminación por razón del sexo en el trabajo con motivo de embarazo...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconJuzgado. De lo penal n. 2 Toledo sentencia.: 00042/2014 juzgado de...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconBoletín número 690-01(3º) indicaciones

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25






© 2015
contactos
ley.exam-10.com