Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»






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58. Sentencia 182/2012
De 17-10 (BOE núm. 274, de 14-11). Sala Primera. Recurso de amparo 3787/2011. Ponente: Magistrado D. Juan José González Rivas. Deniega el amparo.

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • DERECHOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL (art. 15 CE), A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (art. 24.1 CE), A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y A LA PRUEBA (art. 24.2 CE).




    • Doctrina constitucional sobre las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva en su proyección sobre las decisiones de archivo de procedimientos penales iniciados por una denuncia de torturas cometidas por funcionarios públicos.




      • En los procedimientos iniciados en virtud de una denuncia por torturas, no es posible determinar a priori y en abstracto la exigencia de practicar determinadas diligencias de instrucción, pues debe estarse al caso concreto para poder precisar si las diligencias de investigación son relevantes, circunstancia que no se producirá cuando al inicio de la investigación se verifique que la denuncia no es creíble, o bien cuando en un momento posterior, iniciada la investigación, decaigan las sospechas de existencia de las sevicias denunciadas, como consecuencia de la propia investigación realizada.

      • En tales casos no podrá reprocharse que la investigación finalizara a falta de pruebas suficientes, y la imposibilidad de establecer apriorísticamente la exigencia de diligencias de investigación, sin atender, o con desconexión, de las concretas circunstancias de cada caso, alcanza desde luego a la propia declaración de la denunciante y sobre este punto hemos denegado el amparo en este tipo de procedimientos, aun cuando la única diligencia que se practicó fue la obtención de los informes médico forenses y las resoluciones judiciales rechazaran la práctica de la declaración de la denunciante.

      • El juicio sobre la existencia de sospechas razonables de torturas debe efectuarse en el contexto propio de este tipo de denuncias y de la instrucción a la que dan lugar, reconociendo que se ha de atender así a la probable escasez del acervo probatorio existente en este tipo de delitos clandestinos que, por una parte, debe alentar la diligencia del instructor para la práctica efectiva de las medidas posibles de investigación y, por otra, abunda en la dificultad de la víctima del delito de aportar medios de prueba sobre su comisión.

      • A compensar tal dificultad responde la finalidad del principio de prueba como razón suficiente para que se inicie la actividad judicial de instrucción.

      • La tutela judicial del derecho a no sufrir torturas ni tratos inhumanos o degradantes puede exigir así que se inicie o avance en una investigación allí donde quizá en otro tipo de supuestos podría advertirse una base insuficiente.

      • Tanto en la jurisprudencia constitucional como en la dimanante del TEDH, los reconocimientos médicos efectuados desde que se produce la detención constituyen un elemento especialmente relevante para aportar una explicación plausible para dichas heridas y, en tal sentido, un examen médico, junto con el derecho de acceso a la asistencia letrada y el derecho a informar a un tercero de la detención, constituyen salvaguardas fundamentales ante el maltrato de las personas detenidas que pueden ser aplicadas desde el primer momento de la privación de libertad.

      • Hay que tener en cuenta que la desigualdad de armas inserta en la propia génesis de este tipo de delitos debe compensarse con la firmeza judicial frente a la posible resistencia o demora en la aportación de medios de prueba, con la especial atención a diligencias de prueba cuyo origen se sitúe al margen de las instituciones afectadas por la denuncia.




    • Investigación suficiente de una denuncia de tortura que se dice sufrida bajo custodia policial (STC 34/2008).


II

Cuestión planteada
“El objeto de este amparo consiste en determinar si las resoluciones impugnadas han vulnerado los derechos de la recurrente a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías y uso de los medios pertinentes de prueba para la defensa (art. 24.2 CE), al haber acordado el sobreseimiento y archivo provisional de unas diligencias penales incoadas por una denuncia de torturas, sin haberse practicado las diligencias que podrían haber sido relevantes para la adopción de una decisión de esas características.

En síntesis, las posiciones de las partes pueden concretarse en los siguientes puntos:

a) La parte demandante solicita el otorgamiento del recurso de amparo, al considerar vulnerado, por las resoluciones judiciales recurridas, el contenido constitucional de los arts. 15 y 24.1 y 2 CE, pues la recurrente considera vulnerados su derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), a un proceso con todas las garantías y al uso de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).

b) El Abogado del Estado solicita la denegación del recurso de amparo por la falta de credibilidad de la denuncia y la inexistencia de sospechas razonables de la comisión del delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes denunciado, indicando que las diligencias solicitadas son inútiles o inconducentes a la estimación de la pretensión formulada.

c) El Ministerio Fiscal, por el contrario, sostiene el otorgamiento del amparo solicitado en atención a la especial diligencia judicial en la investigación que exige la adecuada garantía del derecho a la integridad física y moral, y concretamente a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, reconocido en el art. 15 CE”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La recurrente cuestionaba la constitucionalidad de la decisión de sobreseimiento y archivo de las diligencias previas iniciadas en virtud de una denuncia por torturas, al denegar la práctica de determinadas diligencias de instrucción, sosteniendo las resoluciones judiciales impugnadas que no se habían aportado indicios suficientes del hecho denunciado, por lo que no se consideraba invadido el ámbito material del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE).

La STC subraya que el derecho a la integridad física y moral, conforme a la jurisprudencia del TEDH, en su vertiente procesal,
“impone al Estado una obligación positiva de protección, que abarca la exigencia de suficiencia y eficacia de la investigación criminal, vertiente que entronca con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que a este Tribunal le corresponde concretar el contenido de los derechos declarados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (CEDH) que, en principio, han de reconocer, como contenido mínimo de sus derechos fundamentales, los Estados signatarios del mismo y tal criterio lo ha subrayado la jurisprudencia de este Tribunal (por todas, las SSTC 36/1984, de 14 de marzo; 114/1984, de 29 de noviembre; 245/1991, de 16 de diciembre; 85/1994, de14 de marzo; 49/1999, de 5 de abril; y 91/2000, de 30 de marzo).

En esta línea afirma la STEDH de 15 noviembre 2011, M.P. y otros contra Bulgaria, § 109: “el Tribunal ha declarado que la obligación positiva del Estado en virtud de los artículos 3 y 8 para salvaguardar la integridad física del individuo puede extenderse a cuestiones relativas a la eficacia de una investigación criminal”. No obstante, también subraya el Tribunal que no existe ningún derecho a obtener el enjuiciamiento o condena de ninguna persona en particular (así, en el Auto de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de enero de 2007, acordando la inadmisión en el caso Szula c. Reino Unido).

Desde esta última perspectiva, la doctrina constitucional cuyo examen realizaremos a continuación perfila las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva en su proyección sobre las decisiones de archivo de procedimientos penales iniciados por una denuncia de torturas cometidas por funcionarios públicos y comprende la vertiente procesal del derecho reconocido en el art. 3 CEDH, en virtud del cual, nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, tal y como ha venido siendo concretada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” (F. J. 2).
Seguidamente, la STC hace una síntesis expositiva de los aspectos básicos de la doctrina del TC que van a sustentar la resolución denegatoria del recurso de amparo, con cita, entre otras, de la STC 34/2008.
“a) Hemos señalado que en estos casos “el derecho a la tutela judicial efectiva sólo se satisface si se produce una investigación de lo denunciado que sea a su vez suficiente y efectiva, pues la tutela que se solicita consiste inicialmente en que se indague sobre lo acaecido. Tales suficiencia y efectividad sólo pueden evaluarse con las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado, y desde la gravedad de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos que afectan al grado de esfuerzo judicial exigido por el art. 24.1 CE” (así, en la STC 63/2008, FJ 2).

b) Dicha conclusión no impone “la apertura de la instrucción en todo caso, ni impide la clausura temprana de la misma. Tampoco impone la realización de todas las diligencias de investigación posibles o propuestas. Tales obligaciones conducirían a instrucciones inútiles en perjuicio de los intereses de los imputados y de una racional gestión de los recursos de la Administración de Justicia” y hemos dicho que “resulta inútil, e incluso improcedente, cualquier medida investigadora que, ya sin poder alterar la convicción del Juez, prolongase indebidamente la causa, contrariando los propios derechos constitucionales que obligan a no alargar innecesariamente la fase sumarial en perjuicio de los querellados” (por todas, las SSTC 191/1989, de 16 de noviembre, FJ 3; 232/1998, de 1 de diciembre, FJ 3; 34/2008, FJ 6; 123/2008, FJ 2 y 63/2010, FJ 2).

c) El derecho a la tutela judicial efectiva no resulta vulnerado si el órgano judicial decide no abrir la investigación o clausurar la iniciada porque la denuncia se revele como “no demostrable” o “la sospecha como no razonable” y siempre que se constate la existencia de una “investigación eficaz (STC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 7).

d) Para valorar si inicialmente existe una sospecha razonable, y en tal caso, si la sospecha puede desaparecer o fortalecerse con la práctica de diligencias, en cuyo caso un cierre precipitado de la investigación devendría lesivo para el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), “debe atenderse a las circunstancias concretas de cada caso” como subrayan las SSTC 34/2008, FJ 7; 52/2008, FJ 2; 63/2008, FJ 2; 69/2008, FJ 2; 107/2008, FJ 2; 123/2008, FJ 2; 40/2010, FJ 2; 63/2010, FJ 2 y 132/2012, FJ 2.

e) En los procedimientos iniciados en virtud de una denuncia por torturas, no es posible determinar a priori y en abstracto la exigencia de practicar determinadas diligencias de instrucción, pues debe estarse al caso concreto para poder precisar si las diligencias de investigación son relevantes, circunstancia que no se producirá cuando al inicio de la investigación se verifique que la denuncia no es creíble, o bien cuando en un momento posterior, iniciada la investigación, decaigan las sospechas de existencia de las sevicias denunciadas, como consecuencia de la propia investigación realizada. En tales casos no podrá reprocharse que la investigación finalizara a falta de pruebas suficientes y la imposibilidad de establecer apriorísticamente la exigencia de diligencias de investigación, sin atender, o con desconexión, de las concretas circunstancias de cada caso, alcanza desde luego a la propia declaración de la denunciante y sobre este punto hemos denegado el amparo en este tipo de procedimientos, aun cuando la única diligencia que se practicó fue la obtención de los informes médico forenses y las resoluciones judiciales rechazaran la práctica de la declaración de la denunciante (SSTC 63/2008 y 123/2008).

En la STC 63/2008 incluso se produce la coincidencia en que el amparo se impetraba frente a una decisión de archivo dictada por el mismo Juzgado de Instrucción, y confirmada por la misma Sección de la Audiencia Provincial de Álava.

f) También la jurisprudencia de este Tribunal ha manifestado que el juicio sobre la existencia de sospechas razonables de torturas debe efectuarse “en el contexto propio de este tipo de denuncias y de la instrucción a la que dan lugar” (STC 34/2008, FJ 7), reconociendo que “se ha de atender así a la probable escasez del acervo probatorio existente en este tipo de delitos clandestinos que, por una parte, debe alentar la diligencia del instructor para la práctica efectiva de las medidas posibles de investigación y, por otra, abunda en la dificultad de la víctima del delito de aportar medios de prueba sobre su comisión. A compensar tal dificultad responde la finalidad del principio de prueba como razón suficiente para que se inicie la actividad judicial de instrucción. La tutela judicial del derecho a no sufrir torturas ni tratos inhumanos o degradantes puede exigir así que se inicie o avance en una investigación allí donde quizás en otro tipo de supuestos podría advertirse una base insuficiente.” (STC 224/2007, FJ 3)” (F. J. 3).
“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que las acusaciones de malos tratos deben estar apoyadas por elementos de prueba apropiados (STEDH de 22 de septiembre de 1993, Klaas c. Alemania) y para el establecimiento de los hechos, se sirve del criterio de la prueba “más allá de toda duda razonable”, pudiendo dicha prueba resultar de una serie de indicios o presunciones no refutadas, suficientemente graves, precisas y concordantes (SSTEDH de 18 enero de 1978, Irlanda c. Reino Unido y de 8 de noviembre de 2011, Halat c. Turquía).

En otras ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha utilizado como patrón de la exigencia de una investigación de malos tratos, bien que “las denuncias de malos tratos deben ir apoyadas de pruebas adecuadas” (STEDH de 10 mayo de 2011, Gladovic c. Croacia, § 48), bien que “un individuo afirme de manera defendible” su existencia (por todas, STEDH de 8 de marzo de 2011, Beristain Ukar c. España, § 28 y de 24 julio de 2012, B.S. c. España, § 40); o utiliza las locuciones “afirmación creíble” o “alegaciones serias de maltrato” (en STEDH 13 de julio de 2010, Parnov c. Moldavia, § 32 y § 33) o “cuando un individuo hace una declaración creíble” (en STEDH 10 de abril de 2008, Dzeladinov y otros c. Macedonia § 69); o bien a que exista una “sospecha razonable” (por todas, STEDH de 26 mayo de 2009, Naíf Demirci c. Turquía, § 23); o una “queja razonable” (STEDH de 11 abril de 2000, Sevtap Veznedaroglu c. Turquía, § 32); y en fin descartando la vulneración cuando “las quejas presentadas por el demandante no revelan apariencia alguna de violación” (en STEDH de 20 de septiembre de 2005, Frik c. Turquía § 36). En este último caso pese a la decisión de sobreseimiento de la denuncia sin practicar diligencia de investigación alguna.

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que “cuando las denuncias se hacen en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio, el Tribunal debe aplicar un control minucioso sobre todo” (STEDH de 10 mayo de 2011, Gladovic c. Croacia, § 49) y en la más reciente STEDH de 16 de octubre de 2012, Otamendi Egiguren c. España, el Tribunal subraya que cuando se afirma de manera defendible haber sufrido sevicias contrarias al artículo 3 del Convenio, ha de realizarse una investigación oficial efectiva” (F. J. 4).
“Examinados los rasgos esenciales de los criterios jurisprudenciales que subyacen en las denuncias por torturas y a fin de valorar su posible comisión, tanto en la jurisprudencia constitucional como en la dimanante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los reconocimientos médicos efectuados desde que se produce la detención constituyen un elemento especialmente relevante para aportar una explicación plausible para dichas heridas y, en tal sentido, “un examen médico, junto con el derecho de acceso a la asistencia letrada y el derecho a informar a un tercero de la detención, constituyen salvaguardas fundamentales ante el maltrato de las personas detenidas que pueden ser aplicadas desde el primer momento de la privación de libertad” (en SSTEDH de 18 de septiembre de 2008, Türkan c. Turquía y 13 de julio de 2010, Parnov c. Moldavia), añadiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “el pronto examen forense era crucial debido a que los signos de lesión podrían desaparecer en poco tiempo, dando como resultado la pérdida parcial o completa de pruebas antes de que se realizara el examen forense.” (STEDH de 17 abril 2012, Rizvanov c. Azerbaijan, § 47).

Tales elementos, como ha subrayado este Tribunal en la STC 123/2008, de 21 de febrero de 2008, FJ. 3: “constituyen indicios que obligan al Juez a perseverar en la investigación de todos aquellos datos reflejados en partes médicos emitidos durante el periodo de detención que puedan avalar la sospecha de la existencia de maltrato físico o psíquico. Pero no puede afirmarse sin más que la inexistencia de los mismos (o su debilidad para sustentar la condena) excluya la necesidad de investigar, pues puede existir otro tipo de datos que —desde la perspectiva del deber de profundizar en la investigación— genere un panorama sospechoso potencialmente conectado con la existencia de torturas o malos tratos, incluso aunque los mismos fueran claramente insuficientes para sustentar una condena penal por delito de torturas o malos tratos (por ejemplo, la existencia de irregularidades o la quiebra de ciertas garantías del detenido, como son las visitas y los informes del médico forense, orientadas a preservar su derecho a la integridad física y moral), pues de lo que se trata en este momento es de precisar la obligación del juez de investigar en estos casos. Obviamente la intensidad del deber de investigación estará en relación directa con la intensidad del panorama sospechoso y tal deber desaparecerá o se reforzará en función de los resultados que se vayan obteniendo.”

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la desigualdad de armas inserta en la propia génesis de este tipo de delitos, “debe compensarse con la firmeza judicial frente a la posible resistencia o demora en la aportación de medios de prueba, con la especial atención a diligencias de prueba cuyo origen se sitúe al margen de las instituciones afectadas por la denuncia” [en SSTC 34/2008, FJ 7 b); 52/2008, FJ 2; 63/2008 FJ 2; 69/2008, FJ 2; 123/2008, FJ 2; 63/2010, FJ 2; y 131/2012, FJ 2] y la valoración de las declaraciones del denunciante ante los médicos, la policía o los órganos judiciales debe tomar en consideración que el eventual “efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las posibilidades de autodeterminación del individuo no deja de producirse en el momento en el que físicamente cesa aquélla y se le pone a disposición judicial, sino que su virtualidad coactiva puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva” [en STC 7/2004, de 9 de febrero, FJ 8; y SSTC 34/2008, FJ 7 c); 63/2008 FJ 2; 69/2008, FJ 2; 123/2008, FJ 2; 63/2010, FJ 2; y 131/2012, FJ 2, que la reproducen]” (F. J. 5).
En el caso concreto,
“las resoluciones impugnadas acuerdan el archivo del procedimiento por falta de credibilidad sobrevenida de la denuncia al no resistir su contraste con los datos obrantes en los ocho informes médicos que se realizaron en el curso de la detención, abundando en las razones por las que además consideran que las diligencias interesadas no permitirían variar el juicio alcanzado. Dicha ausencia de credibilidad es respaldada por el Abogado del Estado, que pone el acento en el modo estereotipado o proforma de la denuncia y su falta de coherencia con los informes médicos recabados, descartando la utilidad de las diligencias propuestas.

Por su parte, la recurrente discrepa del juicio efectuado en las resoluciones judiciales recurridas, por considerar que los informes sobre los que se asienta no se acomodan a las exigencias del protocolo aprobado por el Ministerio de Justicia y las recomendaciones dadas por el Comité para la prevención de la Tortura, insistiendo en la exigencia de las diligencias de instrucción solicitadas. Su posición es compartida por el Ministerio Fiscal, quien afirma que no es posible negar la credibilidad de la denunciante sin oírla, añadiendo que la denegación de las diligencias solicitadas se argumenta en los Autos anticipando el resultado de su práctica” (F. J. 6).
“De los antecedentes obrantes en la causa, sustancialmente la denuncia y los informes médicos emitidos, no se puede concluir que exista una “sospecha razonable” o una “afirmación defendible” en los términos que reconoce la STEDH de 16 de octubre de 2012 (Otamendi Egiguren c. España), que convierta en inconstitucional el cierre anticipado de la instrucción. Por el contrario puede afirmarse que la investigación fue efectiva y suficiente, basándonos en los siguientes razonamientos:

a) El 18 de febrero de 2011, se presentó la denuncia, por hechos acontecidos dos meses antes, acordándose su traducción por resolución dictada cuatro días después. Dos días después de recibir la traducción se dictó Auto de iniciación del procedimiento penal y se acordó recabar los informes médicos que se realizaron en relación con la denunciante, librándose ese mismo día los oficios y exhortos a tal fin. Al cabo de otros dos días se recibieron en el Juzgado los informes de la Subdirección de Álava del Instituto Vasco de Medicina Legal y el 22 de marzo se recibió cumplimentado el exhorto por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, acordándose el archivo del procedimiento el 24 de marzo de 2011 —ulteriormente confirmado—, y denegando la práctica del resto de las diligencias solicitadas.

b) La demandante obtuvo del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vitoria, una respuesta rápida y su denuncia fue tramitada con una celeridad y diligencia razonable. En tal sentido, ha recordado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que “una respuesta rápida de las autoridades es esencial para preservar la confianza del público en el respeto del principio de legalidad y para evitar cualquier apariencia de complicidad o de tolerancia de los actos ilegales” (STEDH de 10 mayo 2012, R.I.P. y D.L.P. c. Rumania, § 57).

c) En el caso examinado, las decisiones de sobreseimiento y archivo provisional adoptadas por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vitoria y, posteriormente, ratificadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava no quebrantan las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva ya que ponen de manifiesto razones suficientes que justifican el cierre de la instrucción, al no pervivir las sospechas iniciales y dada la injustificada contradicción existente entre el relato de la denuncia y el contenido de los informes médicos, que abundan, de modo pormenorizado y razonable, en la improcedencia de desarrollar otros medios de indagación.

Así, se indica en el inicial Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vitoria de 24 de marzo de 2011 que el relato contenido en la denuncia no se compadece con los informes médicos “que en ningún caso describen situaciones de anomalía ya física ya psíquica imputables a una acción abusiva de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, y añade, lo cual es un dato en este caso decisivo, que “tampoco se pusieron de manifiesto ante el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional que le recibió declaración”, según figura en el fundamento jurídico segundo de dicho Auto, obrante en el folio 45 del testimonio de actuaciones remitidas a este Tribunal. Posteriormente, en el Auto de 11 de abril de 2011 desestimando el recurso de reforma se descarta la existencia de una situación de temor que pudiera lleva a la demandante a silenciar y ocultar ante el médico forense una situación de maltrato padecido y en este punto, insiste la Audiencia Provincial en el Auto de 24 de mayo de 2011, al indicar que los médicos forenses no constatan una situación de temor dado su carácter de expertos y no evidencian la existencia de limitaciones para desarrollar su actividad profesional.

d) A lo largo de las diligencias policiales se practican por los médicos forenses sucesivas exploraciones. La inicial a las cuatro horas de la detención, y las sucesivas que se reiteraron a las 20:00 horas del mismo día, y todas las mañanas y tardes en que estuvo detenida, practicándose la última exploración e informe el día 20 de diciembre de 2011 a las 10:30 horas. El examen forense refleja la situación física y psíquica de la demandante, documentando una realidad que de otro modo podría haberse perdido por el transcurso del tiempo, siendo su valor esencial, no solo porque los signos de las lesiones a menudo pueden desaparecer en poco tiempo y ciertas heridas pueden curar en semanas o incluso días (STEDH 17 de abril de 2012, Rizvanov c. Azerbaijan), sino porque constituyen un instrumento esencial para verificar la situación psíquica en la que se encontraba la demandante.

En efecto, los informes médicos fueron emitidos de oficio, los días 17 a 20 de diciembre, sin que conste que la demandante solicitara el reconocimiento médico forense y contienen la información suficiente que debe figurar conforme a la Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1997, que recoge las recomendaciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa y, en particular del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes del Consejo de Europa.

Así, todos los informes de seguimiento incorporan la tensión arterial que presentaba en el momento de la exploración, el procedimiento penal seguido contra la demandante, la fecha del informe y la fecha y hora del reconocimiento, así como la valoración del facultativo sobre su estado físico y psicológico, reflejando el primero de ellos, además, los informes sobre la edad, vecindad y antecedentes médicos de interés. En todos los informes, se contienen las manifestaciones efectuadas por la denunciante a los facultativos que la exploraron, siguiendo en tal sentido las recomendaciones efectuadas por las recomendaciones del Comité europeo para la prevención de la tortura, en el informe de 13 de abril de 2000 dirigido al Gobierno español tras la visita efectuada en noviembre y diciembre de 1998, consistente en la “inclusión de las declaraciones formuladas por la persona afectada, que pueden ser pertinentes para el examen médico, por ejemplo, descripción de su estado de salud y cualquier acusación de malos tratos”.

Siguiendo tales indicaciones consta respectivamente en los sucesivos informes emitidos entre los días 16 a 20 de diciembre a las 9:30 y a las 20:00 horas, respectivamente, que la demandante indicó: “que no ha sufrido maltrato ni violencia”, “refiere un trato correcto”, “que no ha sufrido maltrato físico ni psíquico”, “refiere trato correcto”, “respecto del trato recibido contesta que bien”, “no refiere malos tratos”, “refiere trato correcto”, y en el último de los emitidos consta que “que no ha sufrido maltrato físico ni psíquico”.

e) Finalmente, la parte recurrente declara ante el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y omite en su declaración cualquier referencia relativa al padecimiento de malos tratos o amenazas, por lo que tal actuación judicial resulta suficiente en contraste con otros casos en los que pese a denunciar explícitamente al órgano judicial los malos tratos, este órgano retrasa la puesta en conocimiento al órgano competente de la denuncia correspondiente, en coherencia con la invocada STEDH de 16 de octubre de 2012 (Otamendi Egiguren c. España). En el caso que examinamos consta en la exploración efectuada el día 18 de diciembre a las 20:00 horas que: “ha estado, después de la visita de la mañana, en una sala todo el día de pie y que ha recibido amenazas para que declarara, que le han dado a entender que si no colaboraba habría fuerza física y que su padre estaba mal y que si colaboraba lo vería”, manifestaciones genéricas e imprecisas, suficientemente indicativas de la ausencia de un contexto intimidatorio, ya que evidencian la espontaneidad de la declaración para dar cuenta de incomodidades o molestias padecidas cuando así lo consideró.

Por lo que cuando la parte recurrente afirma en los demás reconocimientos que no ha padecido maltrato físico y psíquico, hay que entender que su declaración es creíble.

En este punto procede subrayar que en las afirmaciones efectuadas en el escrito de denuncia, realizadas una vez transcurridos dos meses después de la detención y no ante la presencia judicial, de forma inmediata, se reconoce y consta en el apartado sexto de dicho escrito (folio 14 del testimonio de las actuaciones) que “el juez me preguntó si quería decir algo… y no denuncié ante el juez el trato y la presión sufridos en Comisaría”.

f) El Abogado del Estado manifiesta en sus alegaciones, el modo en que se encuentra redactada la denuncia, “con un tipo de argumentación que vale para cualquier caso y, por tanto para ninguno en concreto”, con la existencia de erratas en orden a la identificación de los órganos judiciales que dictan las resoluciones impugnadas, incluso la equivoca referencia al cuerpo de pertenencia de los agentes de la autoridad intervinientes en la detención.

Las anteriores consideraciones sustanciadas en el escrito de denuncia ahondan en la concurrencia de elementos razonables que permiten descartar, como hacen las resoluciones judiciales impugnadas, que ésta contenga afirmaciones defendibles por supuestos malos tratos y se aprecia que han sido suficientes los medios de prueba practicados por el órgano judicial instructor de la denuncia de malos tratos y anteriormente, con inmediatez, por el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, que recibió declaración a la denunciante.

g) Por último, no cabe reprochar a las resoluciones judiciales recurridas que acordaran el cierre precipitado de la instrucción, pues esta cuestión ya ha sido analizada en la STC 63/2008, FJ 4 —en la que se impugnaban análogas resoluciones de archivo dictadas y confirmadas, por el mismo Juzgado de Instrucción y Sección de la Audiencia Provincial—, con cita de las SSTC 34/2008, FJ 8, y 52/2008, FJ 5, en el sentido que “tampoco puede hacerse reproche constitucional alguno a que se acordara el sobreseimiento libre sin ulteriores diligencias de investigación, toda vez que, como también ha reiterado este Tribunal, resulta posible no proseguir con nuevas diligencias de investigación en aquellos casos en que o bien no persistan sospechas razonables sobre los hechos denunciados o bien incluso persistiendo ya se han agotado los medios razonables y eficaces de investigación”, circunstancias concurrentes en la cuestión planteada desde la perspectiva del cumplimiento de las garantías constitucionales previstas en el art. 24 CE y en el artículo 3 CEDH, asumiendo los razonamientos jurídicos de la STEDH de 16 de octubre de 2012 (Otamendi Egiguren c. España), posición también mantenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al descartar la existencia de vulneración, pese a haberse acordado el archivo sin practicar diligencia alguna, ni tan siquiera recibirse declaración de la denunciante, en los casos en que “las quejas presentadas por el demandante no revelan apariencia alguna de violación” (STEDH de 20 de septiembre de 2005, Frik c. Turquía, § 36) o cuando no son defendibles” (F. J. 7).
La STC concluye afirmando, pues, que las resoluciones judiciales impugnadas respetan las exigencias de motivación conforme a los arts. 24.1 y 120.3 CE en relación con el art. 15 CE, al haber adoptado los órganos intervinientes suficientes medidas de supervisión judicial con el fin de evitar abusos y velar por la integridad física y moral de la persona detenida.
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