Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»






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56. Sentencia 178/2012
De 15-10 (BOE núm. 274, de 14-11). Sala Segunda. Recurso de amparo 7963/2010. Ponente: Magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez. Inadmite el recurso.

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • RECURSO DE AMPARO




    • Requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC).




      • La carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo es algo distinto a razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental.




    • Doctrina del TC sobre el modo en el que se debe dar cumplimiento a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso.




      • A la parte recurrente le es exigible un «esfuerzo argumental» que ponga en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el art. 50.1 b) LOTC, precepto este último, según el cual, la especial trascendencia del recurso se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.




    • Inadmisión del recurso por no contener una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional (arts. 49 y 50.1 b) LOTC).


II

Cuestión planteada
“El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 13 de mayo de 2010 que, revocando la absolución acordada en primera instancia, condenó al recurrente como autor de un delito contra la ordenación del territorio, y contra el Auto de 7 de julio de 2010, que desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto.

En la demanda de amparo se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), con la argumentación que queda ampliamente expuesta en los antecedentes de esta resolución. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la inadmisión del recurso, por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional [arts. 49 y 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]; subsidiariamente, aboga por su desestimación. El Letrado de la Junta de Andalucía propone también la desestimación de la demanda”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC se refiere al modo en el que se debe dar cumplimiento a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso, recordando que es una carga procesal de la parte y que el TC ha ido clarificando cómo debe hacerse efectiva.
“a) A este respecto, no sobra recordar, en primer lugar, que en la STC 155/2009, de 25 de junio —en la que identificamos, sin ánimo exhaustivo, determinados supuestos propiciadores de la apreciación de la “especial trascendencia constitucional”, avanzando en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC—, hemos acotado (FJ 2) el perfil abierto tanto de ese concepto como de los tres criterios que la propia Ley ofrece para su caracterización (“su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”), facilitando a los recurrentes en amparo el cumplimiento de la carga justificativa que les impone el art. 49.1 LOTC (STC 143/2011, FJ 2).

b) En segundo lugar, procede enfatizar que, como recuerda la citada STC 69/2011, FJ 3, la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo es algo distinto a razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental (AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2; y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ único) y que, por consiguiente, es necesario que “en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental —que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo— y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional” (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2). En otras palabras, “por situarse en planos diferentes el razonamiento sobre la existencia de la lesión del derecho fundamental y la argumentación relativa a la trascendencia constitucional del recurso de amparo tendente a su restablecimiento y preservación, uno y otra son necesarios, de modo que la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental no puede suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo” (ATC 252/2009, de 19 de octubre, FJ 1).

Conforme a lo dicho, procedería la inadmisión de la demanda cuando “la recurrente en amparo no trasciende en su razonamiento la mera justificación de la existencia de la lesión subjetiva denunciada, sin justificar en modo alguno la proyección objetiva del amparo solicitado, que traduzca en el plano formal (art. 49.1 LOTC) la exigencia material de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo establecida por el art. 50.1 b) LOTC como requisito de procedibilidad de la demanda” (ATC 264/2009, de 16 de noviembre, FJ único). En coherencia con lo anterior, cabe advertir que a la parte recurrente le es exigible un “esfuerzo argumental” (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el art. 50.1 b) LOTC, precepto este último, según el cual, la especial trascendencia del recurso se apreciará atendiendo a “su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”. Sin embargo, no bastará para dar por cumplimentada la carga justificativa, con una simple o abstracta mención en la demanda de la especial trascendencia constitucional, “huérfana de la más mínima argumentación”, que no permita advertir “por qué el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en atención a su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución o para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales” que se aleguen en la demanda (ATC 187/2010, de 29 de noviembre, FJ único).

c) Una última consideración se muestra relevante para el análisis que ahora nos atañe. Teniendo en cuenta la centralidad que como pauta orientativa posee la STC 155/2009, este Tribunal ha tomado en consideración la fecha de la interposición de la demanda en relación con la fecha de la publicación, el 28 de julio de 2009, de la STC 155/2009, de 25 de junio, atenuando el rigor en la valoración del cumplimiento de la carga justificativa de la especial trascendencia constitucional en las demandas interpuestas con anterioridad a esa fecha (AATC 4/2010 y 5/2010, ambas de 14 de enero; 69/2011, FJ 3; 143/2011, FJ 2). Ahora bien, ese criterio flexible no puede desvirtuar el requisito, ni puede suponer tampoco una excepción del deber de cumplimiento de la carga justificativa en los supuestos en los que se produce aquel tipo de relación temporal entre la fecha de interposición de la demanda y la de publicación, el 28 de julio de 2009, de la STC 155/2009, de 25 de junio. Por el contrario, determina únicamente —como señaláramos en la STC 69/2011, FJ 3— la modulación del rigor en la valoración de los términos en los que se produjo su cumplimiento en las demandas interpuestas con anterioridad a aquella fecha (STC 143/2011, FJ 2)” (F. J. 3).
En el caso concreto, la STC concluye afirmando que la demanda de amparo no contiene una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional conforme exige el art. 49.1 LOTC.
“En la demanda, junto a la exposición de los antecedentes de hecho, de las vulneraciones de derechos fundamentales que se entienden cometidas y del concreto amparo solicitado, se introduce un apartado específico en los fundamentos jurídicos, referido a la “trascendencia constitucional del recurso”. En él se argumenta que “la trascendencia constitucional de este recurso, aprecia de la propia lectura de los hechos que han dado motivo a plantear el amparo” (sic.), añadiéndose que “de la simple lectura de los hechos segundo y tercero, corroborados sus contenidos por los documentos acompañados, se aprecia la vulneración del principio acusatorio; este principio tiene especial trascendencia constitucional, pues tiene su base en el derecho a la tutela judicial, en el derecho a ser informado de la acusación y en el derecho a un proceso con todas las garantías”; y se concluye el citado apartado afirmando que “en definitiva, del examen de los párrafos anteriores se infiere la especial trascendencia constitucional, pues ha quedado afectada la aplicación de los artículos de la C.E. infringidos, así como el contenido y alcance de los derechos fundamentales expresados que han sido vulnerados”.

De modo semejante al enjuiciamiento efectuado en la STC 69/2011, de 16 de mayo, al resolver un supuesto muy similar, en el presente caso se evidencia que el recurrente identifica la especial trascendencia constitucional de su recurso con la lesión misma de los derechos fundamentales, al considerar justificación bastante de aquélla la alegada afección sobre “el contenido y alcance de los derechos fundamentales”; por lo demás, tampoco esa implícita alusión al tenor literal del art. 50.1 b) LOTC puede satisfacer la carga procesal, pues se halla huérfana de toda argumentación adicional que, por ejemplo apelando a las circunstancias descritas en la STC 155/2009, desvinculara los razonamientos del demandante de los que pretenden sostener la vulneración de derechos fundamentales. En definitiva, y sirviéndonos de conclusiones expuestas en la citada STC 69/2011, “esas alegaciones que identifican especial trascendencia constitucional con lesión del derecho fundamental y que, de forma abstracta, se refieren a la relevancia para la eficacia general de la Constitución sin realizar argumentación específica al respecto, no satisfacen, conforme a la doctrina constitucional que antes se ha expuesto, la carga de justificación que la LOTC requiere, toda vez que no permiten comprobar por qué el contenido del recurso merece una decisión de fondo, más allá del interés propio de la reparación de la eventual lesión de derechos fundamentales en ese caso concreto” (FJ 4). Por lo demás, a ello debe añadirse que la demanda de amparo fue presentada en el Registro de este Tribunal el 5 de noviembre de 2010, más de un año después de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la STC 155/2009, de 25 de junio, por lo que no puede verse beneficiada de una modulación a la baja en punto al rigor exigible en la carga de justificar la especial trascendencia constitucional” (F. J. 4).
57. Sentencia 179/2012
De 15-10 (BOE núm. 274, de 14-11). Sala Primera. Recurso de amparo 8742/2010. Ponente: Magistrado D. Fernando Valdés Dal-Ré. Inadmite el recurso. DOCTRINA «PAROT».

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • RECURSO DE AMPARO




    • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.


II

Cuestión planteada
“El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de 15 de octubre de 2010 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso de súplica presentado contra el anterior Auto de 16 de julio por el que se acordó fijar como fecha para el licenciamiento definitivo del recurrente el día 30 de julio de 2014, en aplicación del criterio establecido por la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 197/2006, de 28 de febrero, según la cual, en caso de condenas acumuladas, la redención de penas por el trabajo ha de computarse sobre cada una de las penas impuestas que se cumplen sucesivamente por orden de gravedad y no sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo que pudiera haberse fijado.

(…)

“El Ministerio Fiscal interesa con carácter principal la inadmisión del recurso de amparo ex arts. 44.1 a) y 50.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por considerar incumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial y subsidiariamente su desestimación, por entender que las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el recurrente”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC inadmite el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa (art. 44.1 a) LOTC).
“La exigencia de agotamiento de la vía judicial previa tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, esto es, sin dar oportunidad a los órganos judiciales de pronunciarse y, en definitiva, remediar la lesión que luego se invoca como fundamento del recurso de amparo. Así, el requisito de agotar la vía judicial no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser debilitada por una interpretación decididamente antiformalista del precepto que la contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulación de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta indispensable para preservar el ámbito que la Constitución reserva a la jurisdicción ordinaria (art. 117.3 CE) y al propio tiempo para no desnaturalizar la función jurisdiccional propia de este Tribunal como intérprete supremo de la Constitución (entre otras muchas, SSTC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 5; 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 71/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 128/2002, de 3 de junio, FJ 2; y 174/2011, de 7 de noviembre, FJ 2)” (F. J. 2).
En el caso concreto,
“el análisis de las actuaciones conduce a apreciar la concurrencia del óbice aducido por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, a la vista de lo declarado por el Pleno de este Tribunal en casos similares en las SSTC 58/2012, 60/2012 y 63/2012, todas ellas de 29 de marzo, así como en las más recientes SSTC 152/2012, de 16 de julio y 128/2012, de 18 de junio, lo que determina la inadmisión del presente recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC].

En el presente supuesto el recurrente en amparo impugna el Auto de 16 de julio de 2010 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el que se aprueba su licenciamiento definitivo para el día 30 de julio de 2014, resolución que fue confirmada en súplica mediante el Auto de 15 de octubre siguiente de la misma Sala y Sección, igualmente impugnado en amparo. Ahora bien, el recurrente acude directamente ante este Tribunal sin haber intentado hacer uso del recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo previsto en el art. 988 de la Ley de enjuiciamiento criminal, según el cual contra los Autos por los que se determina el límite máximo de cumplimiento en los casos de acumulación de condenas impuestas en distintos procesos pero que hubieran podido ser enjuiciados en un único proceso —art. 70.2 del Código penal de 1973— cabrá interponer recurso de casación por infracción de ley. Tal previsión resulta aplicable a los Autos que aprueban el licenciamiento definitivo en condenas acumuladas en cuanto lo resuelto en ellos incide en el límite concreto de pena privativa de libertad que ha de cumplir el penado. En tal sentido, aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no siempre fue unánime en cuanto a la recurribilidad en casación de los Autos de liquidación de condena, tal incertidumbre fue definitivamente despejada más de dos años antes de dictarse las resoluciones impugnadas en amparo mediante el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2008, dictado precisamente al resolver un recurso de queja contra la denegación de la preparación de un recurso de casación contra el Auto desestimatorio del recurso de súplica deducido contra el Auto aprobatorio del licenciamiento definitivo del penado. En él, saliendo expresamente al paso de las incertidumbres precedentes, se deja sentado que el carácter complementario de los Autos de aprobación del licenciamiento definitivo respecto de los que fijan el límite máximo de cumplimiento de penas abona la recurribilidad en casación de los Autos de licenciamiento definitivo en cuanto concretan y fijan definitivamente el máximo de cumplimiento respecto de las penas impuestas, fijación de criterio jurisprudencial que no podía ser ignorada tanto tiempo después por la representación procesal y la defensa letrada del demandante de amparo (SSTC 58/2012, FJ 3; 60/2012, FJ 3; 63/2012, FJ 3; 128/2012, FJ 3 y 152/2012, FJ 3)” (F. J. 3).
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