Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»






descargar 392.45 Kb.
títuloBoletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»
página4/13
fecha de publicación01.08.2015
tamaño392.45 Kb.
tipoBoletín
ley.exam-10.com > Documentos > Boletín
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

52. Sentencia 160/2012
De 20-9 (BOE núm. 250, de 17-10). PLENO. Cuestión de inconstitucionalidad 6021/2001. Ponente: Magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez. JURISDICCIÓN DE MENORES. Desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el apartado 2 c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, introducida por la LO 7/2000, de 22-12, de modificación del CP y de la LO 5/2000 en relación con delitos de terrorismo.

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • PRINCIPIO DE ORIENTACIÓN RESOCIALIZADORA DE LA PENA (art. 25.2 CE).




    • Contenido del art. 25.2 CE.




      • Desde el ATC 486/1985 este TC ha venido afirmando que el art. 25.2 CE no contiene un derecho fundamental, sino un mandato constitucional dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, que como tal puede servir de parámetro de constitucionalidad de las leyes.

      • Dicho precepto no establece que la reeducación y la reinserción social sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad.

      • La suspensión condicional de la pena – trasunto en el Derecho penal de adultos de la figura de la suspensión del fallo recogida en el art. 40 LORPM – constituye una de las instituciones que tienden a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art. 25.2 CE, para cuya aplicación deben ponderarse distintos factores, tales como las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad.




    • Características de la jurisdicción de menores respecto del sistema penal de adultos.




      • Dada su naturaleza aflictiva y sancionatoria, las medidas previstas en la LORRPM se insertan en la órbita de aplicación del art. 25.2 CE, debiendo por tanto estar orientadas, por mandato constitucional, hacia la reeducación y reinserción social de los menores infractores.

      • De hecho, una de las particulares características del sistema penal de menores, que lo diferencia del de adultos, radica precisamente en la prioridad que el legislador ha otorgado al cometido de resocialización y reinserción social frente a otras finalidades que pueda conllevar la aplicación de sus medidas, las cuales fundamentalmente no puede ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas a la efectiva reinserción y el superior interés del meno.

      • Como especial característica de esta jurisdicción, las medidas a imponer no tienen la consideración de penas retributivas de conductas ilícitas, sino de medidas correctoras, aun cuando restrictivas de los derechos fundamentales del menor.

      • El cometido esencial del sistema penal, que engloba también la legislación penal de menores, radica en la protección de los bienes jurídicos más importantes del ciudadano y la sociedad.




    • Doctrina sobre los fines legítimos de la pena.




      • El legislador penal ha de atender no sólo al fin esencial y directo de protección al que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que puede perseguir con la pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus funciones o fines inmediatos: a las diversas formas en que la conminación abstracta de la pena y su aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma – intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento, resocialización, etc. – y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general y de prevención especial.




    • La reinserción como una de las funciones de las penas privativas de libertad.




      • La reinserción social es una de esas finalidades, a las que, según mandato constitucional, deben estar orientadas las penas y medidas privativas de libertad, pero no es el único cometido con que las penas operan en aras a satisfacer el fin de protección de bienes jurídicos, ni debe ser esa la interpretación que haya de hacerse del precepto constitucional.

      • La finalidad de reinserción social se proyecta esencialmente sobre la fase de ejecución, en la que se materializa la afección al derecho a la libertad de quien resulta penalmente sancionado, pero ha de armonizarse con otros fines legítimos de la pena, que adquieren mayor protagonismo en otros momentos de intervención del ius puniendi.

      • En particular, la finalidad de prevención general, tanto en su vertiente de disuasión de potenciales delincuentes mediante la amenaza de pena, como de reafirmación de la confianza de los ciudadanos en el respeto de las normas penales, constituye igualmente un mecanismo irrenunciable para el cometido de protección de bienes jurídicos.




    • La legislación penal de menores no está legitimada exclusivamente en la reinserción social, como finalidad única y excluyente de las sanciones privativas de libertad.




      • Resultando irrenunciable para el cometido final de protección de bienes jurídicos esenciales la finalidad de prevención general de la pena, no puede rechazarse que dicha función haya de ser también predicable de las medidas previstas en la legislación penal de menores, entendiendo que las mismas se legitiman también por sus posibles efectos de conminación a los menores infractores y de reafirmación de la vigencia de las normas penales en la ciudadanía.

      • Una de las más relevantes particularidades de la LORRPM es el mayor protagonismo que ostenta la función de reinserción social, pero de ello, ni cabe concluir que el legislador haya prescindido de otros fines necesarios de la pena, ni debe derivarse que exista un mandato constitucional de que la legislación penal de menores deba legitimarse exclusivamente en atención a tal finalidad.

      • Resulta razonable concluir que la restricción de parámetros de prevención especial – cuya particular relevancia en la legislación penal de menores se justifica precisamente en su menor culpabilidad – ofrecerá mayor legitimidad cuanto más se aproxime a la edad del menor infractor a la que demarca la frontera con la mayoría de edad penal, ámbito éste en el que la prevención general ostentará mayor protagonismo en el diseño político-criminal del sistema penal.

      • El apartado 2 c) de la disposición adicional cuarta introducida por la LO 7/2000 no es contrario al art. 25.2 CE, puesto que, de una parte, no impide totalmente atender a necesidades de reinserción social y, de otra, la limitación que sí establece se halla restringida a supuestos delictivos de especial gravedad cometidos por infractores con edad superior a 16 años, en los que el fin de protección de bienes jurídicos puede precisar una mayor atención a funciones legítimas de prevención general.




  • PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA LEY (art. 14 CE).




    • Significado.




      • El principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezcan y posea una justificación objetiva y razonable para ello.

      • Lo que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados.


II

Cuestión planteada
“El Juzgado Central de Menores cuestiona la constitucionalidad del apartado 2 c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM), introducida por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, por posible vulneración de los artículos 14 y 25.2 CE. El Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado interesan la desestimación íntegra de la cuestión.
El texto completo del precepto cuestionado es el siguiente:
“Disposición adicional cuarta. Aplicación a los delitos previstos en los artículos 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y aquellos otros sancionados en el Código Penal con pena de prisión igual o superior a quince años.



2. A los imputados en la comisión de los delitos mencionados en el apartado anterior, menores de dieciocho años, se les aplicarán las disposiciones de la presente Ley Orgánica, con las siguientes especialidades:



c) Cuando alguno de los hechos cometidos sea de los previstos en esta disposición adicional y el responsable del delito fuera mayor de dieciséis años, el Juez impondrá una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años, complementada, en su caso, por otra medida de libertad vigilada, hasta un máximo de cinco años, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de la regla 5ª del artículo 9 de esta Ley Orgánica. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 14, 40 y 51.1 de esta Ley Orgánica, cuando haya transcurrido, al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.”
“Con carácter preliminar al análisis de fondo de la cuestión, es preciso efectuar una serie de consideraciones.
a) En primer lugar, debe delimitarse el concreto alcance de la cuestión planteada por el órgano judicial. Como se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes, la duda de constitucionalidad no se proyecta sobre todo el apartado 2 c), sino únicamente sobre su último inciso, que restringe las posibilidades de modificar, sustituir o suspender la aplicación de la medida de internamiento hasta el cumplimiento de la mitad de su duración en los supuestos de comisión de los delitos de homicidio, asesinato, violación, delitos contra la libertad sexual agravados, delitos de terrorismo y otros delitos con pena superior a quince años de prisión. Además, el planteamiento de inconstitucionalidad es concretado por el órgano judicial respecto de la restricción sobre la suspensión de la ejecución del fallo (recogida en el art. 40 LORPM), sin cuestionar la referida a la modificación y sustitución de la medida de internamiento, que también se establecía en el art. 9.5 LORPM durante el primer año de cumplimiento de la medida para hechos de especial gravedad.
b) De otra parte, es preciso también analizar si la modificación legal sufrida por el precepto con posterioridad al planteamiento de la cuestión puede dar lugar a la desaparición sobrevenida del objeto de este procedimiento. La Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, deroga la disposición adicional cuarta introducida por la Ley Orgánica 7/2000, incorporando su contenido en distintos preceptos de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Así, concretamente, el contenido del apartado 2 c) de dicha disposición adicional —objeto de la presente cuestión— pasa a formar parte del apartado 2 b) del artículo 10 LORPM, en los siguientes términos:
“Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:



b) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgánica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.”
Como recuerda la STC 131/2010, de 2 de diciembre, FJ 2, a diferencia de lo que sucede en los recursos de inconstitucionalidad, en los que, como regla general y salvo que se trate de una controversia competencial, la derogación de la norma legal impugnada supone la pérdida de objeto del proceso (por todas, SSTC 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2, y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 3), en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modificación, resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo (SSTC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 3, y 37/2002, de 14 de febrero, FJ 3, entre otras muchas). La aplicación de la anterior doctrina conduce a descartar la pérdida de objeto en el presente caso, pues la introducción de la Ley Orgánica 8/2006 sólo ha supuesto una reubicación sistemática de la norma cuestionada, sin que, en lo relativo a las circunstancias fácticas del procedimiento de menores que ha dado lugar a la presente cuestión, haya supuesto una modificación en su contenido, siendo por tanto plenamente aplicable al mismo.
c) Sentado lo anterior, conviene también poner de manifiesto con carácter previo —por lo que de relevante tiene para el alcance de nuestro enjuiciamiento—, que el control de la ley penal que este Tribunal tiene asignado debe venir presidido, en todo caso, por el reconocimiento de la competencia exclusiva del legislador para el diseño de la política criminal, correspondiéndole un amplio margen de libertad, dentro de los límites de la Constitución, para la configuración tanto de los bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, como del tipo y la cuantía de las sanciones penales, o la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 9; 163/1999, de 20 de julio, FJ 23; 127/2009, de 26 de mayo, FJ 8; 203/2009, de 27 de octubre, FJ 5; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7). El juicio de constitucionalidad que nos atañe no se ocupa, en consecuencia, de cuestiones referidas a la eficacia, conveniencia o acierto técnico de la norma, sino únicamente a enjuiciar si se han respetado los límites externos que a la intervención legislativa imponen los principios constitucionales invocados por el órgano cuestionante (en igual sentido, SSTC 45/2009, de 19 de febrero, FJ 3 y 151/2009, de 25 de junio, FJ 4). Por tal razón, una hipotética solución desestimatoria ante una norma penal cuestionada no afirma nada más ni nada menos que su sujeción a la Constitución, sin implicar, por lo tanto, en absoluto, ningún otro tipo de valoración positiva en torno a la misma (STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 6)”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

similar:

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconBoletín de doctrina constitucional penal número 29 enero de 2011...
«Boletín de Doctrina Constitucional Penal» contiene extractos de las Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el tercer...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconResumen: El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconRevista “Nueva Doctrina Penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, t. 1996/B, ps. 445-456

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconVisiones de la Doctrina, la Constitución, el Código del Proceso Penal...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconSentencia del Tribunal Constitucional (la doctrina Parot a la inversa)

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconEl Boletín Oficial del Estado publicó el 27 de septiembre de 2011,...
«Boletín Oficial del Estado» del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconDiscriminación por razón del sexo en el trabajo con motivo de embarazo...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconJuzgado. De lo penal n. 2 Toledo sentencia.: 00042/2014 juzgado de...

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconBoletín número 690-01(3º) indicaciones

Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal» iconBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25






© 2015
contactos
ley.exam-10.com