Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»






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de los menores introducida por la LO 7/2000, de 22-12,

de modificación del CP y de la LO 5/2000 en relación con

delitos de terrorismo) QUE RESTRINGE LAS POSIBILIDADES

DE MODIFICAR, SUSTITUIR O SUSPENDER LA

APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO

HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE SU

DURACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE COMISIÓN

DE DETERMINADOS DELITOS ESPECIALMENTE

GRAVES……………………………………………………………… 17
RECURSO DE AMPARO


  • Su carácter subsidiario; falta de agotamiento de la vía judicial previa,

al no haberse interpuesto el recurso de casación por infracción

de ley contra auto que aprueba licenciamiento definitivo

(STC 58/2012)………………………………………………………..... 9

  • Su carácter subsidiario; falta de agotamiento de la vía judicial

previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción

de ley…………………………………………………………………… 34

  • Falta de agotamiento de la vía judicial

previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción

de ley…………………………………………………………………… 37

  • Falta de agotamiento de la vía judicial

previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción

de ley…………………………………………………………………… 39

  • Requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso;

doctrina del TC sobre el modo en el que se debe dar cumplimiento

a la justificación de la especial trascendencia constitucional del

recurso; inadmisión del recurso por no contener una

justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional…… 42

  • Falta de agotamiento de la vía judicial

previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción

de ley…………………………………………………………………… 46

  • Falta de agotamiento de la vía judicial previa

al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley…… 59

  • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al haberse simultaneado

el recurso de amparo con un incidente de nulidad de actuaciones…… 66

  • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse

interpuesto recurso de casación por infracción de ley………………… 92

  • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse

interpuesto recurso de casación por unificación de doctrina vigente

en el ámbito penitenciario……………………………………………... 95
50. Sentencia 157/2012
De 17-9 (BOE núm. 250, de 17-10). Sala Segunda. Recurso de amparo 2363/2010. Ponente: Magistrado D. Francisco Pérez de los Cobos y Orihuel. Inadmite el recurso. DOCTRINA «PAROT».

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • RECURSO DE AMPARO




    • Falta de agotamiento de la vía judicial previa (art. 44.1 a) LOTC), al no haberse interpuesto el recurso de casación por infracción de ley previsto en el art. 988 LECrim. contra auto que aprueba licenciamiento definitivo (STC 58/2012).


II

Cuestión planteada
“El presente recurso de amparo se dirige contra el la providencia de la Sección Tercera de la Sala de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 23 de diciembre de 2009, así como contra el Auto de la misma Sección, de 2 de febrero de 2010, dictados en el expediente de refundición de condenas 3-1998, que, en aplicación de lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, fija la fecha de licenciamiento definitivo el día 16 de agosto de 2019.

En la demanda de amparo se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la legalidad (art. 25.1 y 2 CE), a la libertad (art. 17.1 CE) y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), con la argumentación que queda ampliamente expuesta en los antecedentes de esta resolución. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la inadmisión del recurso ex art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por falta de agotamiento de la vía judicial previa; subsidiariamente, interesa su desestimación”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC recuerda que
“entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión del carácter subsidiario del recurso de amparo, “el que previamente a acudir ante este Tribunal solicitando la protección de los derechos fundamentales pretendidamente vulnerados, se hayan agotado las posibilidades que el Ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. Este requerimiento viene expresamente dispuesto por el art. 44.1 a) LOTC al exigir que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial”.

En relación con el citado requisito de admisibilidad, hemos afirmado en la STC 174/2011, de 7 de noviembre, que “la exigencia de agotamiento de la vía judicial previa tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, ‘evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, esto es, sin dar oportunidad a los órganos judiciales de pronunciarse y, en definitiva, remediar la lesión que luego se invoca como fundamento del recurso de amparo (STC 8/1993, FJ 2), pues son ellos quienes tienen encomendada en nuestro sistema constitucional la tutela general de los derechos y libertades (STC 61/1983, FJ 2)’ [SSTC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 5; y 71/2000, de 13 de marzo, FJ 3].” En definitiva, “la exigencia de agotar la vía judicial previa no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser debilitada por una interpretación decididamente antiformalista del precepto que la contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulación de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta indispensable para preservar el ámbito que al Poder Judicial reserva la Constitución (art. 117.3 CE) y para no desnaturalizar tampoco la función jurisdiccional propia de este Tribunal como su intérprete supremo (art. 1 LOTC; SSTC 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2002, de 3 de junio, FJ 2; y 214/2002, de 11 de noviembre, FJ 3)” (F. J. 2).
En el caso concreto, con cita de la STC 58/2012, en el que se resolvió un caso idéntico, señala la STC que
“procede dictar Sentencia inadmitiendo el recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], al acudir directamente a este Tribunal sin haber hecho uso del recurso de casación ante el Tribunal Supremo previsto en el art. 988 de la Ley de enjuiciamiento criminal, según el cual contra los Autos por los que se determina el límite máximo de cumplimiento en los casos de acumulación de condenas impuestas en distintos procesos pero que hubieran podido ser enjuiciados en un único proceso —art. 70.2 del Código penal de 1973— cabrá interponer recurso de casación por infracción de ley. Tal como hemos afirmado en los citados pronunciamientos, “tal previsión resulta aplicable a los Autos que aprueban el licenciamiento definitivo en cuanto lo en ellos resuelto incide en el límite concreto de pena privativa de libertad que ha de cumplir el penado. En tal sentido, aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no siempre fue unánime en cuanto a la recurribilidad en casación de los Autos de liquidación de condena, tal incertidumbre fue definitivamente despejada al menos un año antes [casi dos años en el presente caso] de dictarse las resoluciones impugnadas mediante el Auto del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2008, dictado precisamente resolviendo un recurso de queja contra la denegación de la preparación de un recurso de casación contra el Auto desestimatorio del recurso de súplica deducido contra el Auto aprobatorio del licenciamiento definitivo del penado. En él, saliendo expresamente al paso de las incertidumbres precedentes, se deja sentado que el carácter complementario de los Autos de aprobación del licenciamiento definitivo respecto de los que fijan el límite máximo de cumplimiento de penas acumuladas, abona la recurribilidad en casación de los Autos de licenciamiento definitivo en cuanto concretan y fijan definitivamente el máximo de cumplimiento respecto de las penas que se acumulan” (SSTC 128/2012, FJ 3; 58/2012, FJ 3; 60/2012, FJ 3; 63/2012, FJ 3)” (F. J. 3).
51. Sentencia 158/2012
De 17-9 (BOE núm. 250, de 17-10). Sala Primera. Recurso de amparo 4660/2011. Ponente: Magistrado D. Manuel Aragón Reyes. Deniega el amparo.

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (art. 17.1 CE).




    • Desestimación de pretensión de doble abono del tiempo de prisión preventiva, que no vulnera el derecho fundamental (STC 92/2012).




      • El problema planteado a propósito del abono del tiempo de prisión preventiva previsto en el art. 58 CP ha sido ya analizado por el TC tanto en relación con la pretensión de exclusión para el cumplimiento de la pena del tiempo pasado en prisión provisional coincidente con la condición de penado en otra causa, la cual hemos declarado constitucionalmente ilegítima (STC 57/2008), como con la pretensión de abono múltiple o reiterado del mismo período de tiempo sufrido en situación de prisión provisional en varias causas, a las penas impuestas en todas y cada una de ellas, pretensión esta cuya desestimación por la jurisdicción ordinaria hemos considerado no lesiva del art. 17.2 CE (STC 92/2012).



II

Cuestión planteada
“El demandante, que viene cumpliendo sucesivamente diversos bloques de penas privativas de libertad acumuladas, a cada uno de los cuales se ha fijado judicialmente un límite máximo temporal de duración (tal y como establecen los arts. 75 y 76 del Código penal), considera que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado su derecho a la libertad (art. 17.1 CE) al no haber estimado su petición, apoyada en el art. 58.1 del Código penal, de que para el cumplimiento de todas las penas acumuladas que extingue se le abonara el período de tiempo que pasó en prisión provisional en la causa seguida ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León como sumario núm. 42-1987. Los órganos judiciales han desestimado su pretensión tras constatar que dicho período de tiempo ya le fue abonado al realizar la liquidación de las condenas acumuladas que había de cumplir.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del amparo, pues entiende que lo que el demandante pretende es que, en todas y cada una de las causas por las que cumple condena, se le descuente el período de prisión preventiva sufrido, es decir, que el abono de los periodos de prisión preventiva se haga tantas veces como causas en las que se hubiere acordado, pretensión que, a juicio del Fiscal, carece de cobertura legal, pues no tiene encaje en el precepto invocado (art. 58.1 del Código penal), difiere del supuesto resuelto por la STC 57/2008, de 28 de abril, y además ha sido expresamente rechazada por la STC 92/2012, de 7 de mayo, a cuya doctrina ha de estarse”
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
El supuesto planteado se refería al cumplimiento sucesivo, por orden de gravedad, de múltiples penas (art. 75 CP), que fueron impuestas al recurrente en distintos procesos que, en razón de su conexidad, habían sido acumulados por bloques después de dictada Sentencia (art. 988 LECrim.), habiéndose fijado un límite temporal máximo de cumplimiento efectivo a cada bloque de condenas (art. 76 CP). El recurrente, al que se le había descontado del tiempo de cumplimiento efectivo de condena la totalidad del tiempo de prisión preventiva, pretendía que se le abonara de nuevo el período de prisión provisional sufrido en una causa, alegando una coincidencia temporal con el tiempo de condena en otra causa, y asimismo pretendía que se le abonara dicho período en todas y cada una de las causas acumuladas por las que venía cumpliendo condena, pretensiones de doble abono del tiempo de prisión preventiva que habían sido rechazadas por los órganos judiciales.
“El art. 17.1 CE, tras proclamar el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad, dispone que “[n]adie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley”. Más concretamente, en relación con la ejecución de las penas privativas de libertad, este Tribunal tiene declarado que “no es excluible una lesión del art. 17.1 CE, si no se procede tal y como ordena el Código penal y la Ley de enjuiciamiento criminal”, pues el derecho reconocido en el art. 17.1 CE permite la privación de libertad sólo en los casos y en las formas previstos en la Ley. De modo que “[n]o ha de excluirse que lesione el derecho reconocido en el art. 17.1 CE la ejecución de una Sentencia penal con inobservancia de las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento criminal y del Código penal respecto al cumplimiento … de las distintas condenas de pérdida de libertad que pudieran reducir el tiempo de permanencia en prisión del condenado, en cuanto supongan un alargamiento ilegítimo de esa permanencia y, por ende, de la pérdida de libertad” (SSTC 130/1996, de 9 de julio, FJ 2; 57/2008, FJ 2 y 92/2012, FJ 4).

Lo expuesto no nos impide precisar, una vez más, que la interpretación y aplicación de la legalidad procesal y penal es una cuestión que corresponde resolver en exclusiva a los órganos judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional que les encomienda el art. 117.3 CE, de modo que no nos corresponde corregir o revisar las resoluciones impugnadas desde la perspectiva de la legalidad ordinaria. En todo caso, conviene reiterar que el enjuiciamiento de las resoluciones de la jurisdicción ordinaria, cuando a las mismas se imputa por los recurrentes la vulneración de un derecho fundamental, es atribución incuestionable de este Tribunal, para lo que inevitablemente debe entrar en juego la valoración de la interpretación de leyes ordinarias y de su aplicación al caso desde la óptica obligada de la definición constitucional del derecho de que se trate, en este caso la garantía constitucional del derecho a la libertad personal. En tal sentido, hemos precisado en las Sentencias antes citadas que, “dado el papel fundante de los derechos fundamentales, ex art. 10 CE, debe ser el derecho fundamental la clave lógica de la interpretación de la ley, y no la interpretación de ésta el elemento determinante del ámbito correspondiente al derecho fundamental. En otros términos, debe ser el derecho fundamental el prius lógico para la interpretación de la ley, y no la interpretación de ésta el elemento definitorio del derecho fundamental”. Así es como este Tribunal, al ejercer la función que constitucionalmente tiene atribuida, puede, y debe, enfrentarse a la interpretación de leyes por los órganos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto elemento que incide en la interpretación del contenido de un derecho fundamental.

En el caso presente el problema planteado se refiere de nuevo a la aplicación judicial del art. 58 del Código penal. Conviene destacar, por tanto, como recuerda el Ministerio Fiscal, que dicha norma ha sido ya analizada por este Tribunal tanto en relación con la pretensión de exclusión para el cumplimiento de la pena del tiempo pasado en prisión provisional coincidente con la condición de penado en otra causa, la cual hemos declarado constitucionalmente ilegítima (STC 57/2008), como con la pretensión de abono múltiple o reiterado del mismo período de tiempo sufrido en situación de prisión provisional en varias causas, a las penas impuestas en todas y cada una de ellas, pretensión esta cuya desestimación por la jurisdicción ordinaria hemos considerado no lesiva del art. 17.1 CE (STC 92/2012, FJ 5)” (FJ 2).
En el caso concreto,
“en relación con la pretensión de abono del tiempo de prisión provisional sufrido en la causa seguida ante la Audiencia Provincial de León como sumario núm. 42-1987 no resulta acreditado que concurra el supuesto que se aduce de la coincidencia temporal, que constituye el presupuesto para la aplicación del criterio establecido en nuestra STC 57/2008.

En cuanto a la pretensión de abono de dicho periodo de prisión preventiva en todas y cada una de las causas acumuladas por las que cumple condena el recurrente, ha de recordarse que en la reciente STC 92/2012, FJ 5, hemos considerado constitucionalmente legítima la decisión judicial de no abonar reiteradamente, sino una sola vez, el tiempo de privación cautelar de libertad simultáneamente decretado en varias causas. La norma que, en opinión del demandante, da cobertura a su solicitud es el art. 58.1 del Código penal, en la redacción anterior a su reforma por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que indicaba: “El tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación haya sido acordada o, en su defecto, de las que pudieran imponerse contra el reo en otras, siempre que hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso en prisión.” Tanto si se considera que es éste el precepto legal aplicable al caso, como si se entiende que lo es el de muy similar tenor que le sucedió en el tiempo como consecuencia de la Ley Orgánica 15/2003, la pretensión de amparo no puede ser estimada por las razones que ya fueron expuestas en la STC 92/2012, a cuyo razonamiento, en lo que sigue, debemos ahora remitirnos.

Pese a que el demandante de amparo cita en apoyo de su pretensión la doctrina fijada en la STC 57/2008, la concreta cuestión ahora analizada, es decir, la supuesta procedencia de abonar un mismo tiempo de privación de libertad, sufrido provisional y simultáneamente en varias causas, para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en cada una de ellas, hayan sido o no acumuladas, no fue abordada en aquel caso. En la STC 57/2008 lo discutido por el recurrente era la negativa judicial a abonarle el tiempo de prisión provisional sufrido en una causa para el cumplimiento de la pena impuesta en la misma, pretensión que se apoyaba en el hecho de haber estado simultáneamente privado de libertad como penado en otra causa distinta. Se trataba allí de valorar la razonabilidad de la exclusión de un supuesto en la aplicación judicial de la norma; exclusión que este Tribunal consideró irrazonable, y por ello lesiva del art. 17.1 CE, atendido el enunciado normativo y su finalidad.

No es esto lo que sucede en el presente caso. En el supuesto que nos ocupa el demandante de amparo pretende que le sea abonado el tiempo de prisión provisional sufrido en una causa (la seguida ante la Audiencia Provincial de León como sumario núm. 42-1987) tanto para el cumplimiento de la pena impuesta en la misma como para su abono en todas y cada una de las causas acumuladas por las que cumple condena. Pretensión de doble abono del tiempo de prisión preventiva que le fue denegada por los órganos judiciales en las resoluciones impugnadas en amparo, como ya se dijo. El contraste de la pretensión del demandante de amparo con la norma alegada (art. 58.1 del Código penal) y las resoluciones judiciales impugnadas, que denegaron el abono del tiempo de prisión preventiva en los términos solicitados por el demandante por las razones expuestas (que dicho período de tiempo ya le fue abonado al realizar la liquidación de las condenas acumuladas que cumple, por lo que no cabe abonar dos veces ese periodo) nos conduce a afirmar que la pretensión del demandante no puede ser acogida, toda vez que la fundamentación de las resoluciones impugnadas no vulnera su derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE), pues, como señalamos en la STC 92/2012, FJ 5, “atendida la finalidad del precepto de cobertura invocado, no resulta irrazonable ni ajeno a su finalidad considerar que el supuesto que plantea el demandante no está incluido en la regla establecida por el legislador dado que la simultánea situación de prisión provisional acordada en dos causas penales no causa perjuicio material efectivo añadido, a quien se ve así privado de libertad, por el simple hecho de venir fundada en dos títulos jurídicos, pues el demandante, en su condición de preso preventivo en dos causas, lo está con un único régimen jurídico aunque procesalmente pesen sobre él dos órdenes cautelares de privación de libertad que en nada se afectan mutuamente” (F. J. 3).
“El art. 58.1 del Código penal, en cualquiera de las redacciones anteriores a su reforma por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, contempla (tal y como los órganos judiciales han interpretado) la realidad de una sola causa penal en la que la privación cautelar de libertad ha sido seguida de una privación de libertad impuesta como sanción de la conducta investigada, imputada y finalmente atribuida. Sobre esa realidad —un hecho investigado, una privación cautelar decretada para posibilitar su investigación y enjuiciamiento y una pena privativa de libertad impuesta como pena por la comisión del hecho imputado— y no sobre otra, el legislador ha decidido que el efecto material de privación de libertad que la medida cautelar conlleva se tome en consideración una sola vez para reducir la duración de la pena privativa de libertad impuesta. Ese es el supuesto previsto en la norma y esa su finalidad.

Como también dijimos en la citada STC 92/2012, FJ 5, “así como un mismo tiempo material –la simultánea privación de libertad cautelar y sancionatoria coincidente– puede cumplir una doble función y puede provocar un doble efecto jurídico (cautelar y sancionatorio), lo que nos llevó en la STC 57/2008 a considerar irrazonable la decisión judicial de no incluir para el abono de la pena impuesta dicho tiempo de prisión provisional coincidente con el de penado en causa distinta, no ocurre lo mismo en el supuesto que sustenta la pretensión del demandante de amparo. Pues, en este caso, un mismo tiempo material —la simultánea privación cautelar de libertad acordada en dos causas penales, debido a una simple circunstancia procesal (haberse iniciado indebidamente dos procesos por separado pese a tratarse de delitos conexos ex art. 17.5 de la Ley de enjuiciamiento criminal)— no cumple esa doble y diferenciada función, sino sólo la función cautelar y, por ello, no puede pretenderse razonadamente que provoque un doble efecto de abono para el cumplimiento de ambas penas”.

Por ello si, como pretende el demandante de amparo, la previsión del art. 58.1 del Código penal se aplicara extensivamente para que el abono de los periodos de prisión preventiva sufridos se haga tantas veces como causas en las que se hubiere acordado, se estaría imponiendo su aplicación a supuestos distintos a los que contempla y justifica la norma. Así, los efectos de la aplicación normativa postulada se alejarían de su finalidad y generarían una suerte de fraude de ley, dado que una interpretación pretendidamente apoyada en el enunciado literal de la norma pero que desconoce su finalidad, provocaría un efecto no querido por ésta; pues si el mismo tiempo de privación cautelar de libertad se descuenta varias veces de la sanción prevista para varios hechos, no sólo es que no hay un perjuicio material que compensar o remediar, es que la rebaja en el cumplimiento de las penas impuestas dependería de una circunstancia procesal totalmente imprevisible y azarosa: el número de causas que se abran en la investigación de los hechos. De esta manera, de atenderse la pretensión del demandante de amparo, quedaría completamente desvirtuada la finalidad de la norma que, se insiste, está prevista para una sola causa y una sola condena (STC 92/2012, FJ 5).

En definitiva, no pueden considerarse irrazonables las resoluciones judiciales impugnadas en cuanto excluyen el abono del mismo tiempo de prisión provisional para el cumplimiento de una pena que pretende el recurrente en la causa seguida como sumario núm. 42-1987 ante la Audiencia Provincial de León, en razón de haberle sido ya abonado dicho periodo para el cumplimiento de otras condenas acumuladas por conexidad, conforme resulta del Auto de 22 de mayo de 2002 del Juzgado de lo Penal núm. 10 de Sevilla que aprueba la liquidación de condena de dichas penas acumuladas y tal como se razona en los Autos de la Audiencia Provincial de León y en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se recurren en amparo, ya que los órganos judiciales han tomado en consideración el tenor del enunciado del art. 58.1 del Código penal (redacción de la Ley Orgánica 15/2003), que se refiere al abono de períodos de prisión provisional sufridos en una sola causa, atendiendo al fundamento y la finalidad de la norma, que entienden dirigida a dar por cumplida parcial o totalmente la sanción privativa de libertad finalmente impuesta, con dicha anticipada privación cautelar de libertad. Por lo que, no siendo irrazonable la aplicación de la norma, no se aprecia vulneración del derecho a la libertad personal” (F. J. 4).
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