Boletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013 presentación este nuevo número del «Boletín de Doctrina Constitucional Penal»






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65. Sentencia 217/2012
De 26-11 (BOE núm. 313, de 29-12). Sala Primera. Recurso de amparo 1595/2009. Ponente: Magistrada Dña. Adela Asua Batarrita. Inadmite el recurso. DOCTRINA «PAROT».

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • RECURSO DE AMPARO




    • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.


II

Cuestión planteada
“En la demanda se dirige el presente recurso de amparo contra el Auto de 9 de enero de 2009, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso de súplica presentado contra la anterior providencia de 9 de diciembre de 2008 por la que se desestimó la petición de puesta en libertad del recurrente, que se había fundamentado en la supuesta extinción de su condena. El Tribunal sentenciador consideró que dicha cuestión había quedado definitivamente resuelta en sendas resoluciones dictadas un año antes (providencia de 28 de diciembre de 2007, ratificada en súplica por Auto de 28 de enero de 2008) que acordaron fijar como fecha para el licenciamiento definitivo del recurrente el día 8 de julio de 2014, en aplicación del criterio establecido por la STS 197/2006, de 28 de febrero, según el cual, en caso de condenas acumuladas, la redención de penas por el trabajo ha de computarse sobre cada una de las penas impuestas que se cumplen sucesivamente por orden de gravedad y no sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo que pudiera haberse fijado en aplicación del art. 70.2 del Código penal (CP) de 1973”.

(…)

“El Ministerio Fiscal interesa con carácter principal la inadmisión del recurso de amparo ex arts. 44.1 a) y 50.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por considerar incumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial y, subsidiariamente, su desestimación por entender que las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el demandante”.
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC inadmite el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa (art. 44.1 a) LOTC).
“La exigencia de agotamiento de la vía judicial previa tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, esto es, sin dar oportunidad a los órganos judiciales de pronunciarse y, en definitiva, remediar la lesión que luego se invoca como fundamento del recurso de amparo. Así, el requisito de agotar la vía judicial no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser debilitada por una interpretación decididamente antiformalista del precepto que la contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulación de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta indispensable para preservar el ámbito que la Constitución reserva a la jurisdicción ordinaria (art. 117.3 CE) y al propio tiempo para no desnaturalizar la función jurisdiccional propia de este Tribunal como intérprete supremo de la Constitución (entre otras muchas, SSTC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 5; 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 71/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 128/2002, de 3 de junio, FJ 2; y 174/2011, de 7 de noviembre, FJ 2)” (F. J. 3).
En el caso concreto,
“el recurrente en amparo impugna la providencia de 9 de diciembre de 2008 y el Auto de 9 de enero siguiente, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ratifican la aprobación de su licenciamiento definitivo para el día 8 de julio de 2014. Ahora bien, el recurrente acude directamente ante este Tribunal sin haber intentado hacer uso del recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo previsto en el art. 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual contra los Autos por los que se determina el límite máximo de cumplimiento en los casos de acumulación de condenas impuestas en distintos procesos pero que hubieran podido ser enjuiciados en un único proceso –art. 70.2 CP 1973– cabrá interponer recurso de casación por infracción de ley. Tal previsión resulta aplicable a los Autos que aprueban el licenciamiento definitivo en condenas acumuladas en cuanto lo resuelto en ellos incide en el límite concreto de pena privativa de libertad que ha de cumplir el penado. En tal sentido, aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no siempre fue unánime en cuanto a la recurribilidad en casación de los Autos de liquidación de condena, tal incertidumbre fue definitivamente despejada algo más de seis meses antes de dictarse las resoluciones impugnadas en amparo mediante el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2008, dictado precisamente al resolver un recurso de queja contra la denegación de la preparación de un recurso de casación contra el Auto desestimatorio del recurso de súplica deducido contra el Auto aprobatorio del licenciamiento definitivo del penado. En él, saliendo expresamente al paso de las incertidumbres precedentes, se deja sentado que el carácter complementario de los Autos de aprobación del licenciamiento definitivo, respecto de los que fijan el límite máximo de cumplimiento de penas, abona la recurribilidad en casación de los Autos de licenciamiento definitivo en cuanto concretan y fijan definitivamente el máximo de cumplimiento respecto de las penas impuestas, fijación de criterio jurisprudencial que, meses después de haber sido acordado, no podía ser ignorada por la representación procesal y la defensa letrada del demandante de amparo” (F. J. 3).
66. Sentencia 221/2012
De 26-11 (BOE núm. 313, de 29-12). Sala Primera. Recurso de amparo 143/2012. Ponente: Magistrado D. Juan José González Rivas. Inadmite el recurso.

I

Derechos fundamentales a los que se refiere principalmente la Sentencia y doctrina aplicada


  • RECURSO DE AMPARO




    • Falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, vigente en al ámbito penitenciario.




      • La especial naturaleza del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que su interposición no resulte siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo únicamente exigible, a los efectos de la subsidiariedad del amparo, cuando no quepa duda respecto de su procedencia, correspondiendo a quien pretende hacer valer su no interposición como motivo de inadmisibilidad acreditar la posibilidad de recurrir a esta extraordinaria vía en el supuesto concreto.


II

Cuestión planteada
“El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de 27 de diciembre de 2011 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso de apelación presentado contra el Auto dictado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el expediente de peticiones y quejas núm. 614-2009 con fecha 15 de marzo de 2011 que desestimó su petición de que se abonara a la causa que se hallaba extinguiendo (en la ejecutoria 7-2008 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) la prisión preventiva sufrida entre el día 10 de octubre de 2003 y el día 4 de octubre de 2004 en las diligencias previas núm. 221-2004 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 (dimanantes de las diligencias previas núm. 808-2003 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Móstoles). En la demanda de amparo se denuncia, con la argumentación que ha quedado expuesta en los antecedentes de esta resolución, la vulneración del derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE)”
III

Fundamentos jurídicos

(Resumen y transcripción de algunos fragmentos)
La STC aprecia la falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, señalando que
“el análisis de las actuaciones conduce a apreciar la concurrencia del óbice aducido por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, al no haberse interpuesto el recurso extraordinario de casación para unificación de doctrina, que en el ámbito penitenciario fue introducido por la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial. Esta Ley Orgánica 5/2003 modificó la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone en su apartado séptimo lo siguiente: «Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el Letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de enjuiciamiento criminal para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada» (F. J. 3).


“La exigibilidad de la interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina como requisito para el agotamiento de la vía judicial previa, ha sido examinada por la doctrina de este Tribunal (por todas, SSTC 183/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 2/2009, de 12 de enero, FJ 2) que ha subrayado como la especial naturaleza de dicho recurso, condicionado legalmente a la concurrencia de rígidos requisitos de admisión sobre identidad y contradicción, determina que su interposición no resulte siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo únicamente exigible, a los efectos de la subsidiariedad del amparo, cuando no quepa duda respecto de su procedencia. Y es igualmente cierto, conforme a esa misma doctrina, que corresponde a quien pretende hacer valer su no interposición como motivo de inadmisibilidad acreditar la posibilidad de recurrir a esta extraordinaria vía en el supuesto concreto (así, en SSTC 153/2004, de 20 de septiembre, FJ 2; 192/2006, de 19 de junio, FJ 2; 227/2006, de 17 de julio, FJ 2; y 17/2007, de 12 de febrero, FJ 2)” (F. J. 4).
Y en el caso concreto,
“el Ministerio Fiscal cumple con la carga de poner de manifiesto la viabilidad de la casación para la unificación de doctrina contra el Auto de la Audiencia Nacional, al alegar correctamente, a juicio de este Tribunal, la existencia de un supuesto idéntico y contradictorio que se planteaba en la STS 1021/2005, de 20 de septiembre, donde concurría la misma situación de abono de prisión preventiva por hechos delictivos cometidos con posterioridad al cumplimiento de la medida cautelar, pero anteriores a la notificación de la sentencia absolutoria, considerando dicha STS 1021/2005, de 20 de septiembre, FJ 2, que debía permitirse el abono de prisión preventiva en este caso, lo cual revela la identidad de hecho y de Derecho existente entre el caso examinado en esta vía de amparo y el resuelto por esta última Sentencia.

Se constata, en consecuencia, la ausencia del requisito insubsanable de la falta de agotamiento de la vía judicial previa y el incumplimiento del artículo 44.1.a) LOTC. A mayor abundamiento, en la propia demanda de amparo se cita también la STS 951/2008, de 18 de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se reproduce la misma doctrina en un supuesto idéntico en el sentido en que, tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, es procedente el abono de la prisión preventiva por hechos cometidos en el espacio temporal intermedio entre la prisión preventiva sufrida y la Sentencia absolutoria dictada en la causa correspondiente a dicha prisión.

Finalmente, cabe indicar que ninguna mención errónea se recogía en el Auto impugnado que determinara al recurrente a acudir directamente al amparo constitucional, puesto que en dicha resolución se expresaba que «no cabe recurso ordinario alguno» contra la resolución, siendo así que el recurso para unificación de doctrina es un recurso extraordinario.

Los razonamientos expuestos conducen a inadmitir el recurso de amparo por aplicación de lo dispuesto en el art. 44.1.a) LOTC” (F. J. 5).


(El próximo Boletín – núm. 36 – está previsto que aparezca en mayo de 2013)

 El texto íntegro de todas estas Sentencias del Tribunal Constitucional se puede encontrar tanto en la Web del BOE (www.boe.es), como en la del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es).

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