Tribunal superior de justicia de andalucíA






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QUINTO Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a la conclusión de que ha existido una vulneración del principio del non bis in idem en el aspecto procedimental. Anulando en consecuencia un acuerdo sancionador que se ha basado, exclusivamente, en los datos obtenidos cuando la Administración Tributaria no podía legalmente investigar y comprobar hechos.

Y no ha podido investigarlos porque no consta en el expediente que el juez de instrucción dirigiera esa investigación y comprobación de hechos, autorizara puntualmente cada una de las actuaciones de la Inspección, garantizara los derechos de los investigados, que no lo olvidemos porque es esencial, hasta ese momento podían ser incriminados por delito fiscal y no por sanción. O , en su caso, aunque esto sería dudoso incluso una vez producido la vulneración del derecho, avalara a posteriori lo actuado sin su consentimiento.

El auto del Juzgado de instrucción de 25 de mayo de 2007 , donde permite a la Administración continuar con las actuaciones, se produce en fecha muy posterior, casi un año, desde el comienzo del procedimiento para la obtención de los datos por parte de la Administración. Según se desprende de la relación de hechos que hace la recurrente, no contradicha por prueba alguna en este proceso, desde el 17 de julio de 2006 la Inspección actúa de forma autónoma e independiente de la instrucción penal investigando la conducta, en primer lugar, de una sociedad, y después, de la recurrente. No es hasta el 6 de mayo de 2007 cuando la Administración comunica al juez que se están realizando actuaciones inspectoras que deben ser paralizadas. Comunicación y petición de paralización totalmente inútil, si no confusa y que puede inducir a confusión, puesto que la paralización se produce por razón de la Ley y vincula a la Administración tributaria sin necesidad de mediador judicial que así lo imponga. Y esa paralización se debió producir, ope legis, incluso antes , en época coetánea a la inclusión de los recurrentes en el plan de carga de inspección.

La conclusión será que lo actuado por la Administración sin cobertura legal, puesto que tenía la obligación de paralizar su actuación, no puede ser válido a los efectos de imponer la sanción. La sanción, de haber operado la normalidad legal en este caso, tendría que haber sido impuesta en base a los hechos probados por la instrucción penal, en el ámbito de la actuación preferente y prioritaria de dicha Jurisdicción.

Al no haber sido así, conculcándose el artículo 25 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) en relación con el artículo 180 de la Ley General Tributaria ( RCL 1963, 2490) , la sanción se ha Impuesto con vulneración de un derecho fundamental y, por tanto, debe anularse.

No pudiendo esta Sala hacer otros pronunciamientos anulatorios, más allá de la anulación de esta sanción, que es el acto recurrido.

SEXTO El recurso, por tanto, debe ser parcialmente estimado, sin que, a pesar de todo, se aprecien méritos suficientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ( RCL 1998, 1741) , para considerar procedente un pronunciamiento especial sobre las costas de esta instancia.

Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad de juzgar que nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución

FALLAMOS

PRIMERO Estimar parcialmente recurso anulando la sanción impuesta, identificada en el antecedente de hecho primero de esta Sentencia, y desestimando el resto de las pretensiones.

SEGUNDO No hacer expresa declaración sobre el pago de las costas causadas en el presente recurso.

Notifíquese la presente sentencia a las partes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, Dª MARÍA TERESA GÓMEZ PASTOR y D. PABLO VARGAS CABRERA .

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-
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