Tribunal superior de justicia de andalucíA






descargar 91.92 Kb.
títuloTribunal superior de justicia de andalucíA
página2/3
fecha de publicación31.07.2015
tamaño91.92 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Documentos > Documentos
1   2   3

TERCERO Una vez entrado en el examen de la legalidad administrativa, y para concluir si ha existido o no vulneración de precepto constitucional susceptible de amparo por este Tribunal, debemos reconducir el planteamiento de la cuestión para su mejor tratamiento.

La recurrente mantiene que en la actuación previa a la imposición de la sanción la Administración tributaria ha conculcado el derecho a oponer medios de defensa pasiva, contemplado el art. 24 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , y, además, ha incurrido en la vulneración del artículo 25 del mismo Texto Legal porque ha vulnerado el principio de non bis in idem, tan sólo en el aspecto procedimental, no en el aspecto de doble imposición de una sanción.

La Sala considera que quizá resulte más lógico comenzar el estudio de los pronunciamientos con el segundo motivo invocado por la recurrente.

En efecto si ha existido un proceso administrativo de naturaleza tributaria dirigido a investigar y comprobar hechos cuando no debía actuar la Administración, aspecto procedimental del artículo 25 de la Constitución invocado, puede concluirse, sin necesidad de ulterior análisis, que las pruebas manejadas para imponer la sanción han sido ilícitamente obtenidas, y por tanto, la propia existencia de la vulneración del artículo 25 CE implica la merma de garantías contempladas en art. 24 CE . Independientemente de que también se haya podido afectar dicho precepto constitucional por la propia actuación de la Administración, en sí misma considerada, y sin referencia a la prohibición de doble proceso.

Por eso, comenzaremos nuestros pronunciamientos por el núcleo esencial del debate procesal, que es la existencia o no de la vulneración de la prohibición del doble cauce procesal para investigar una misma conducta.

CUARTO Debemos aproximarnos al estudio sobre la prohibición del doble procedimiento de investigación sobre unos mismos hechos desde los siguientes planos.

Plano Constitucional

Para el Tribunal Constitucional, Pleno, en su sentencia 7-7-2005, nº 188/2005 ( RTC 2005, 188) , rec. 2629/1996, BOE 186/2005 , de 5 agosto 2005, el principio “non bis in idem” tiene, en otras palabras, una doble dimensión:

”a) La material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto “en más de una ocasión por el mismo hecho con el mismo fundamento”, y que “tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada ( SSTC 154/1990, de 15 de octubre ( RTC 1990, 154) , FJ 3; 177/1999, de 11 de octubre ( RTC 1999, 177) , FJ 3; y ATC 329/1995, de 11 de diciembre ( RTC 1995, 329 AUTO) , FJ 2 ), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente” ( SSTC 2/2003, de 16 de enero ( RTC 2003, 2) , FJ 3 a); y 229/2003, de 18 de diciembre ( RTC 2003, 229) , FJ 3).

b) La procesal o formal, que proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera concreción “la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código penal un “ (SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3 c); y 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 3. SSTEDH de 29 de mayo de 2001 ( TEDH 2001, 352) , en el caso Franz Fischer contra Austria; y de 6 de junio de 2002 ( TEDH 2002, 35) , en el asunto Sallen contra Austria).”

Afirmando que aunque es cierto que este principio “ha venido siendo aplicado fundamentalmente para determinar una interdicción de duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos hechos”, esto no significa, no obstante, “que sólo incluya la incompatibilidad de sanciones penal y administrativa por un mismo hecho en procedimientos distintos correspondientes a órdenes jurídicos sancionadores diversos” ( STC 154/1990, de 15 de octubre ( RTC 1990, 154) , FJ 3 ).

Continuando con la cita del anterior sentencia tenemos que se dice: “ en que el ius puniendi aparece compartido en nuestro país entre los órganos judiciales penales y la Administración, el principio “non bis in idem” opera, tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal, para regir las relaciones entre el ordenamiento penal y el derecho administrativo sancionador, pero también internamente dentro de cada uno de estos ordenamientos en sí mismos considerados, proscribiendo, cuando exista una triple identidad de sujeto, hechos y fundamento, la duplicidad de penas y de procesos penales y la pluralidad de sanciones administrativas y de procedimientos sancionadores, respectivamente.

En este último orden de ideas, y desde la perspectiva del Derecho positivo, tanto el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como el art. 5.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto ( RCL 1993, 2402) , impiden que de nuevo se sancionen administrativamente hechos que ya hayan sido castigados en aplicación del ordenamiento jurídico administrativo, siempre que concurra la triple identidad referida. En efecto, el meritado precepto legal prevé que:

”No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento”; mientras que el art. 5.1 del indicado texto reglamentario dispone, por su parte, que:

”El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y fundamento”.”

Concluyendo el alto Tribunal, en esta sentencia que “ El principio “non bis in idem” despliega sus efectos tanto materiales como procesales cuando concurre una identidad de sujeto, hecho y fundamento, tal y como hemos venido afirmando en nuestra jurisprudencia y ha encontrado reflejo en el Derecho positivo, como lo demuestran los dos preceptos que acaba de trascribirse que aluden a la misma. En este orden de ideas, hemos indicado que “la triple identidad constituye el presupuesto de aplicación de la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem, sea éste sustantivo o procesal, y delimita el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE ( RCL 1978, 2836) , ya que éstos no impiden la concurrencia de cualesquiera sanciones y procedimientos sancionadores, ni siquiera si éstos tienen por objeto los mismos hechos, sino que estos derechos fundamentales consisten precisamente en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con el mismo fundamento” ( SSTC 2/2003, de 16 de enero ( RTC 2003, 2) , FJ 5; y 229/2003, de 18 de diciembre ( RTC 2003, 229) , FJ 3 ).”

Cita de doctrina constitucional que debe completarse con la sentencia Sala 1ª, de 12-3-2007, nº 48/2007 ( RTC 2007, 48) , rec. 312/2003, BOE 92/2007 , de 17 abril 2007, cuando afirma que:

”a) Desde la STC 2/1981, de 30 de enero ( RTC 1981, 2) , hemos afirmado que el principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal y sancionadora (art. 25.1 CE ( RCL 1978, 2836) ) a pesar de su falta de mención expresa en dicho precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones.

La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura, por tanto, como un derecho fundamental que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas, 154/1990, de 15 de octubre ( RTC 1990, 154) , FJ 3; 204/1996, de 16 de diciembre ( RTC 1996, 204) , FJ 2; 2/2003, de 16 de enero ( RTC 2003, 2) , FJ 3).

Esta garantía material, vinculada a los principios de tipicidad y legalidad, tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada, en cuanto que un exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, creando una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializando la imposición de una sanción no prevista legalmente (por todas, SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3; 180/2004, de 2 de noviembre ( RTC 2004, 180) , FJ 4; 188/2005, de 4 de julio ( RTC 2005, 188) , FJ 1; 334/2005, de 20 de diciembre ( RTC 2005, 334) , FJ 2 ).

b) Junto a esa dimensión material, ciertamente este principio tiene una dimensión procesal constitucionalmente relevante, de la que se deriva fundamentalmente la interdicción constitucional de un doble proceso penal con el mismo objeto, garantía que no se extiende a cualesquiera procedimientos sancionadores, “sino tan sólo a aquellos que, tanto en atención a las características del procedimiento -su grado de complejidad- como a las de la sanción que sea posible imponer en él -su naturaleza y magnitud- pueden equipararse a un proceso penal, a los efectos de entender que el sometido a un procedimiento sancionador de tales características se encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan gravosa como la de quien se halla sometido a un proceso penal”, de modo que cuando la sencillez del procedimiento administrativo sancionador y de la propia infracción administrativa, y la naturaleza y entidad de las sanciones impuestas impidan equiparar el expediente administrativo sancionador sustanciado a un proceso penal, no cabe apreciar la vulneración del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento sancionador (SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 8; 334/2005, de 20 de diciembre, FJ 2 ).”

Precisión constitucional sobre la concurrencia de la prohibición en el aspecto procesal, que nos obliga a identificar el proceso sancionador tributario como uno de aquellos de cierta complejidad y magnitud para hacer que pueda aplicarse el mismo esta limitación de doble proceso, contemplada en la doctrina constitucional.

Y ello porque la reacción punitiva del Estado contra una defraudación de carácter fiscal se hace por razones cuantitativas. Superada una determinada cuantía la defraudación se considera delito, y por debajo de la misma cuantía se considera sanción administrativa. Por tanto la esencia de la elevación del reproche social está en la cuantía defraudada y no en la menor complejidad del procedimiento administrativo de comprobación tributaria.

Por tanto las garantías del ciudadano no pueden variar radicalmente porque en la cuantía de lo defraudado estemos contemplando 120000 € ó 120001 €

Plano Jurisprudencial.

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre la prohibición constitucional del doble enjuiciamiento.

Son muchos los pronunciamientos pero citaremos tan sólo los más próximos al caso debatido.

Para la Sala 3ª, sec. 7ª, S 23-11-2006, rec. 681/2003 ( RJ 2006, 9145) “ ... sí incurre en infracción del derecho fundamental a la legalidad sancionadora por lo que procede su anulación. El recurrente aduce esa vulneración en el cuarto de los motivos de casación, invocando el artículo 25.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) . Derecho que incluye el respeto al principio “non bis in idem” -plasmado en el artículo 133 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) - así como a la certeza del tipo sancionador y que guarda relación también con el derecho a la tutela judicial efectiva, invocado igualmente en el mismo motivo.

Bajo esta perspectiva, debemos volver a lo que suscitaba ya en el primero de los motivos: la procedencia de que, siguiéndose un proceso penal por los mismos hechos, la RFEF hubiera suspendido la resolución del expediente disciplinario hasta que la Jurisdicción Penal se hubiera pronunciado sobre los hechos.

Sobre esta cuestión, hay que advertir que, si bien no se discutió la falsedad del pasaporte portugués, sí es cierto que el Sr. José Enrique adujo que no fue culpable de los hechos que se le imputaban en el procedimiento sancionador. En efecto, aun reconociendo que figuraba él como titular, atribuía, sin embargo, a terceros, en particular, a directivos del “Club Deportivo L.” en el que jugaba con anterioridad, la decisión de nacionalizarlo portugués y la realización de las gestiones correspondientes para la obtención del documento a las cuales se manifestaba ajeno. En estas circunstancias, entiende la Sala que el establecimiento de los hechos y la determinación de la culpabilidad, incidían directa y necesariamente sobre la actuación administrativa sancionadora porque, si el Tribunal penal excluyera la participación del recurrente en lo relacionado con la falsificación del pasaporte y considerara que no incurría en culpabilidad por su utilización, esas circunstancias adquirirían una relevancia decisiva en el expediente disciplinario.

Importa recordar ahora que el Tribunal Constitucional al explicar en qué consiste el principio non bis idem en su vertiente procesal (la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 ( RTC 2003, 2) se extiende sobre ella), nos dice que implica esta triple exigencia:

”a) El necesario control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos administrativos mediante el oportuno recurso.

b) La imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código penalo las leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos.

c) La necesidad de respetar la cosa juzgada.”

Asimismo, hay que convenir en que se da la identidad de sujeto y de hechos, y también de fundamento porque, procediendo la Jurisdicción Penal por delito de uso de documento oficial falso, la RFEF privó al recurrente de su licencia federativa por un año como consecuencia, precisamente, de haberlo utilizado para obtenerla. La consideración de esa conducta como una de las contrarias al buen orden deportivo constitutivas de infracción muy grave, según la amplísima fórmula del artículo 101 j) de los Estatutos federativos, no oculta la coincidencia sustancial en el reproche.

Es decir, se dan los presupuestos para que rija la prohibición de doble procedimiento administrativo y judicial que comporta el principio mencionado. En tanto la RFEF no lo tuvo en cuenta ni lo corrigió la Sentencia, esta incurre en la infracción apuntada por el motivo cuarto, lo que comporta su estimación sin que sea preciso proseguir con el examen de los restantes contenidos del recurso de casación. La circunstancia de que, con posterioridad al acuerdo sancionador, el Sr. José Enrique fuese condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz como autor de un delito de uso de documento falso con la atenuante de confesión no altera cuanto se ha dicho desde la perspectiva procesal del principio infringido.”

Lo importante de esta resolución del Tribunal Supremo es que acaba admitiendo la vulneración del derecho fundamental contemplado en el art. 25 , en el aspecto procedimental , porque la Administración sancionadora no paralizó su actuación estando ya conociendo, por los mismos hechos y frente al mismo sujeto, la Jurisdicción Penal.

Siendo , además , destacable que la Sentencia se dictara en un proceso tramitado conforme al procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales.

Por tanto podemos concluir, asumiendo como motivación de esta sentencia la cita jurisprudencial que se ha hecho, que es posible la vulneración del art. 25 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) si la Administración, obligada a suspender su actuación de naturaleza sancionadora, no lo hace mientras los hechos son investigados por la Jurisdicción Penal.

Más importante aún, a los efectos que más adelante se dirán, es que no se considere sanador de esta conducta viciada el hecho de que con posterioridad un órgano de la Jurisdicción Penal avale, de alguna forma, lo actuado indebidamente por la Administración. Pero sobre esto ya volveremos más adelante.

Igualmente es conveniente citar la resolución de la Sala 3ª, sec. 7ª, S de 22-9-2008, rec. 394/2006 ( RJ 2008, 7231) , para poder aplicar correctamente el principio constitucional a caso de autos. Esta Sentencia dice lo siguiente:

”QUINTO.- Efectivamente, el motivo no puede prosperar ya que la Sentencia no ha infringido el principio “non bis in idem” ni desconocido los efectos de la cosa juzgada.

La absolución penal no impide, en contra de lo que sostiene la recurrente, una ulterior sanción administrativa por los mismos hechos. Son varias las hipótesis que pueden darse en la relación que ha de establecerse entre los pronunciamientos penales y los administrativos sancionadores, tal como explicaba la Sentencia dictada en la instancia. Ahora bastará con señalar que, en este caso, no se llegó a establecer un relato de hechos probados lo que significa que ninguna vinculación tenía la Administración tributaria al respecto. A ella le correspondía establecer en el correspondiente expediente las conductas constitutivas de la infracción según el precepto aplicado sin ningún impedimento derivado de las Sentencias penales. Es más, aunque en ellas se hubiese llegado a la absolución porque los hechos considerados no fueran constitutivos de delito, eso no sería obstáculo para que, con la misma base fáctica, se entendiera que había infracción administrativa si es que encajaba en el tipo correspondiente.

En este sentido, hay que precisar que el invocado principio en ningún caso implica la prohibición de que, en casos como éste, prosiga el procedimiento administrativo sancionador una vez concluido el penal. Si repasamos la doctrina del Tribunal Constitucional sentada al respecto, recogida en las Sentencias 48/2007 ( RTC 2007, 48) , 188/2005 y en la 2/2003 ( RTC 2003, 2) , invocada por “Promociones J., S.L.”, lo comprobaremos.

En efecto, recuerda que ese principio integra el principio de legalidad en materia penal y sancionadora sentado en el artículo 25.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) y que da lugar a un derecho fundamental que, en su vertiente material, veda la imposición de una dualidad de sanciones, penales o administrativas, por el mismo hecho y fundamento. Su finalidad es la de evitar un castigo desproporcionado porque “el exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente”. Ahora bien, observa el Tribunal Constitucional que “la mera coexistencia de procedimientos sancionadores --administrativo y penal-- que no ocasiona una doble sanción no ha adquirido relevancia constitucional en el marco de este derecho”.

Advierte, asimismo, que desde la perspectiva formal o procesal el principio “se concreta en la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código penal si Alejandra a ni me pega dejar de quien en que “. Esto significa que, en estos casos, la Administración “no puede conocer, a efectos de su sanción, ni del hecho en su conjunto ni de fragmentos del mismo, y por ello ha de paralizar el procedimiento hasta que los órganos judiciales penales se pronuncien sobre la cuestión”.

No obstante, hemos de añadir que cuando ya se ha dado ese pronunciamiento y no se ha apreciado la existencia de delito, eso no impide que sean calificados como falta administrativa. En realidad, solamente habrá bis in idem cuando se produzca una duplicidad de sanciones y medie entre ellas la triple identidad de sujeto, hechos y fundamento. O, cuando, dándose la identidad de sujeto y fundamento, se castigue administrativamente una conducta que una decisión judicial penal firme, a la vista de las pruebas presentadas, no haya dado por probada. Por tanto, si el fallo es absolutorio, puede reabrirse el expediente sancionador respetando siempre los hechos probados en el proceso penal (Sentencia de 21 de diciembre de 2006 (casación 952/2005 ) ( RJ 2006, 9894) “

La cita de esta resolución es importante, no porque nos recuerde la doctrina sobre el principio constitucional que nos trae a este debate, sino porque trasluce lo que realmente está detrás del principio, la precedencia investigadora de la Jurisdicción Penal cuando un mismo hecho pueda ser delito o falta administrativa y sancionada en esta vía. Esta precedencia no lo es sólo por razón instrumental o procedimental, sino porque es la Jurisdicción Penal la que investigará con plenitud, de medios de investigación, pero también de garantías para el investigado, los hechos y, si concluye con la inexistencia de delito, estos hechos probados vincularán a la Administración para que pueda, lícitamente, continuar con su procedimiento sancionador.

Es decir, el principio de non bis in idem no sólo da precedencia temporal a la investigación penal sobre la administrativa, es que da preferencia probatoria a lo investigado en vía penal. De tal manera que vincula a la Administración sancionadora cuando recobra su protestad. Así parece deducirse de la interpretación que hace el Tribunal Supremo sobre la garantía consagrada en el artículo 25 CE ( RCL 1978, 2836) .

Doctrina Administrativa sobre el non bis in idem

Lógicamente también se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central sobre el juego de este principio constitucional en relación a la actuación de la Inspección de los Tributos.

Así el TEAC, su resolución de 29-4-2008, nº 2157/2005 ( JUR 2008, 237937) hace un análisis sobre el juego de non bis in idem , tal y como debe interpretarse en el ámbito más próximo a la cuestión ahora debatida, y que por ése motivo resulta oportuno citar extensamente. La resolución dice lo siguiente:

”TERCERO.- Respecto a la primera de las cuestiones controvertidas, debemos tener en cuenta el artículo 77.6 de la Ley 230/1963 ( RCL 1963, 2490) vigente en el momento en que se desarrollan las actuaciones respecto a la reclamante. Dicho artículo establecía que:

En los supuestos en que la Administración tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.

De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria continuará el expediente sancionador con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

Respecto al ejercicio 1995, la entidad reclamante sostiene que la remisión del tanto de culpa al Ministerio Fiscal únicamente debía afectar, como causa justificada de paralización del expediente y en virtud del principio “non bis in idem”, al eventual procedimiento sancionador que por el mismo concepto impositivo y periodo se pudiera instruir por parte de la Administración Tributaria. Por lo tanto, concluye que “el procedimiento de comprobación y liquidación tributaria no debió nunca suspenderse”.

La normativa vigente en el momento en que se inicia el procedimiento inspector (13 de febrero de 1997) determina una serie de consecuencias:

En primer lugar, el mencionado artículo 77.6 de la Ley 230/1963 que tiene su razón de ser en la aplicación del principio “non bis in idem”.

En segundo lugar, el artículo 66 del Real Decreto 939/1986 ( RCL 1986, 1537, 2513, 3058) , por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RGIT). El apartado 2 de este precepto señala, en sus párrafos tercero y cuarto, lo siguientet La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa practicando únicamente la Inspección las liquidaciones que procedan en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados (...)

Si la Autoridad Judicial no apreciase la existencia de delito, la Inspección continuará el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Para ello, la Inspección dictará las correspondientes liquidaciones que procedan, incluyendo la sanción correspondientes, o bien iniciará el expediente para la imposición de sanción por infracción simple”.

(...)

Puesto todo ello en concordancia con la aplicación del principio de “non bis in idem” que se recogía en el artículo 77.6 de la Ley 230/1963 , resulta que la remisión del tanto de culpa al Ministerio Fiscal debía suponer la suspensión de las actuaciones de comprobación y liquidación y, por tanto, reputarse causa justificativa de la interrupción de las mismas.

(...)

Finalmente, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre ( RCL 2003, 2945) , General Tributaria que especifica en su artículo 150.4 , incardinado en las normas que rigen las actuaciones y el procedimiento de Inspección, los efectos de que se haya pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, que son dos:

- Se considerará como un supuesto de interrupción justificada del cómputo del plazo de dichas actuaciones.

- Se considerará como causa que posibilita la ampliación del plazo general de duración de las actuaciones previsto en el apartado 1 del artículo 150 ./

(...)

Debemos citar en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1996 ( RJ 1996, 4973) en la que el Alto Tribunal afirma que “el orden prejudicial establecido en el artículo 66.2, párrafos 1º, 3º, 4º y 5º del RD 939/1986 exigía la paralización de la liquidación toda, y no sólo de su eventual contenido sancionador, posponiéndose necesariamente la liquidación del tributo a la respuesta judicial. Ese mismo sentido de paralización de la liquidación está implícito en los apartados 3 y 4 del RD 2631/1985”.

En el caso contemplado por la resolución citada se interpretan los preceptos alegados por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, y se concluye con la obligación de suspender las actuaciones inspectoras una vez que aparezca indicio delictivo y se traslade el conocimiento del mismo a la jurisdicción penal o al Ministerio Fiscal. Siendo este hecho suficiente para entender, a los efectos del procedimiento inspector, válidamente suspendidas las actuaciones inspectoras.

Y esto es muy importante para el debate presente. En efecto, si se estima válidamente suspendida, per se, la actuación inspectora cuando conoce de los hechos investigados la jurisdicción penal, o el Ministerio Fiscal, es porque la Administración tributaria, ope legis, ya no puede conocer de esos hechos. Por eso se entiende que la actuación inspectora está válidamente suspendida y no produce efectos negativos en el debate sobre la prescripción del derecho de la Hacienda Pública. En ningún precepto citado, ni tampoco en la exégesis que del mismo hace la resolución, se deduce que sólo se contempla válidamente suspendida la actuación inspectora cuando el Ministerio Fiscal o el juez ordenan a la Administración que paralice o suspenda sus actuaciones. Se dice justo lo contrario, desde que se pasa el conocimiento al ámbito penal, bien sea jurisdiccional o de Ministerio Fiscal, se encuentran válidamente, y legalmente, suspendidas las actuaciones inspectoras.

También es muy importante de la cita anterior el que se invoque una sentencia del Tribunal Supremo que habla de la paralización de todas las actuaciones de la Inspección, y no de parte de las mismas.

Por supuesto también se mantiene la tesis de que la Administración, una vez recobrado su capacidad de continuar con el ejercicio de su potestad, está vinculada a los hechos probados fijados en la jurisdicción penal.

Y es precisamente la actuación de la Inspección, a los efectos de este principio, la que analiza la resolución del TEAC, de 9-7- 2008, nº 2011/2005 ( JUR 2008, 326331) , cuando afirma lo siguiente:

”SEGUNDO.- Respecto de la primera cuestión que se plantea en el presente expediente y que se refiere a la concurrencia del procedimiento administrativo de comprobación e investigación de la situación tributaria del obligado con un proceso penal, el reclamante manifiesta que los actos administrativos se han dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y que las actuaciones deben declararse nulas en base al principio non bis in idem que implica la interdicción de la duplicidad de sanciones en el orden penal y el administrativo, así como la subordinación de las actuaciones administrativas al previo pronunciamiento judicial.

La Entidad reclamante se refiere en concreto en sus alegaciones a la querella que originó las Diligencias Previas ...

A este respecto, hay que referirse en primer lugar al artículo 66 del Real Decreto 939/1986 ( RCL 1986, 1537, 2513, 3058) que regula el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y según el cual:

”1. Cuando la Inspección de los Tributos aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal, pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.

2. Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el artículo 349 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , la Inspección hará constar en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su juicio de la posible responsabilidad penal. Si el presunto delito se hallase tipificado en el artículo 350 bis del Código Penal , la Inspección dictará, en su caso, los actos de liquidación que procedan, pero se abstendrá de iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones simples constituidas por los mismos hechos. La Inspección se limitará a hacer constar en diligencia tales hechos o circunstancias. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa practicando únicamente la Inspección las liquidaciones que procedan en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, incluyendo los intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practiquen las liquidaciones. Si la autoridad judicial no apreciase la existencia de delito, la Inspección continuará el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Para ello la Inspección dictará las liquidaciones que procedan, incluyendo la sanción correspondiente, o bien iniciará el expediente para la imposición de sanción por infracción simple.

(...)

4. La Inspección de los Tributos auxiliará a la autoridad judicial practicando cuantas diligencias ésta le encomiende.

5. Cuando el procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública se inicie sin haber intervenido la Inspección de los Tributos, una vez se presente la autoridad judicial para formar sumario cesarán las actuaciones que pudiera estar desarrollando la Inspección por los mismos hechos, poniendo a disposición de aquélla los documentos resultantes de lo actuado”.

En el acuerdo liquidatorio impugnado, sobre esta cuestión, expresamente se indica “que el presente expediente se desarrolla exclusivamente en el marco administrativo, independientemente de cualquier procedimiento penal. Al no tener relación con ningún procedimiento de ese tipo, no puede figurar ni figura en el expediente ningún procedimiento que refleje lo contrario”.

Respecto de las Diligencias Previas ..., cuya instrucción correspondía al juzgado núm. ... de ... se incorpora al expediente un informe emitido por el Inspector actuario Jefe de la URI, núm. ... relativo a las actuaciones que se están llevando a cabo cerca de D. A. En el mismo se indica que éste se emite como consecuencia de la petición de información realizado por el Titular del Juzgado de Instrucción núm. ... referida a las diligencias Previas ... para que “continúen con la investigación fiscal de los hechos y den cuenta a este juzgado del curso de la misma cada dos meses de forma detallada y concreta”. El informe se refiere a la situación tributaria de D. A, a las actuaciones que se realizan con éste y se refiere también a las 16 sociedades en las que el contribuyente tiene la mayoría del capital social y que están siendo objeto de comprobación. Asimismo consta Informe emitido por la Inspectora Actuaria, Jefe de la URI núm. ... relativo a las actuaciones realizadas cerca de la Entidad X, S.A. y otras. De la documentación que incorpora el presente expediente y que ha sido objeto de análisis por este Tribunal no se desprende, que se haya vulnerado lo dispuesto en el mencionado artículo 66, ni que estemos como señala el reclamante en un supuesto contenido en el apartado 5 del mismo, en el que la función inspectora se debe limitar a prestar auxilio al órgano judicial, ni que proceda el cese de las actuaciones inspectoras una vez conocida la actuación judicial. Por el contrario lo que consta es que, al margen de las actuaciones que estuviesen realizando los órganos judiciales, se estaban llevando a cabo actuaciones inspectoras que afectaban entre otras a la Sociedad reclamante, X, S.A., y que el Órgano Judicial se dirige al Órgano Inspector actuante para que periódicamente le informe del curso de las actuaciones inspectoras, por la trascendencia que éstas pudieran tener para el asunto que estuviera resolviendo, pero expresamente se le indica al órgano inspector que continúe con las mismas.

Deben en consecuencia con todo lo anterior, desestimarse las pretensiones de la entidad reclamante en este sentido, ya que ni el reclamante ha probado, ni de la documentación que obra en el expediente se puede desprender, que haya habido una duplicidad de actuaciones o una duplicidad de sanciones por unos mismos hechos.”

La Anterior resolución es importante en el caso de autos porque demuestra que, aunque se mantenga la competencia de la Administración tributaria para continuar con su labor de comprobación e investigación, se hace bajo el control directo de la autoridad judicial y con conocimiento por ella de todo lo que se está haciendo por la Administración .

Concluyendo con éste extenso fundamento podemos decir lo siguiente:

La prohibición del doble enjuiciamiento en el aspecto procesal implica la preeminencia temporal, procesal, procedimental, y de valor de los hechos comprobados, en favor de la jurisdicción penal sobre el ejercicio de la potestad administrativa.

La actuación de colaboración con la jurisdicción penal por parte de la Inspección de los tributos se hace en el marco de eso, colaboración, que implica someterse a las instrucciones que sobre la investigación, el alcance, y la orientación de la misma, haga, bien el Ministerio Fiscal bien el órgano judicial . Estándole vedada a la Administración la continuación del procedimiento de comprobación e investigación de forma autónoma e independiente. La utilización imperativa de los verbos por parte de los preceptos citados, tanto de la Ley General Tributaria como del Reglamento de la Inspección de los Tributos no debe llevar a duda alguna. Así se puede desprender también de la jurisprudencia y de la doctrina económico-administrativa citada al respecto.

Esta falta de independencia para seguir investigando todo lo relativo a la conducta potencialmente delictiva, puede transformarse en auxilio y colaboración cuando la investigación se haga bajo la dirección y control de la autoridad judicial.

De lo cual puede deducirse que la investigación y comprobación realizada al margen del control y autorización de la autoridad judicial, se ha hecho ilegalmente.

La afirmación anterior no se ve desnaturalizada por la creación de las unidades de auxilio citadas por el Abogado del Estado puesto que, en los propios preceptos que se citan, no aparecen funciones de investigación y comprobación autónomas por parte de estas unidades especiales, sino que se vincula su propia existencia y funcionamiento a ese sometimiento a la dirección y control del autoridad judicial.

Sólo la prueba obtenida en el marco de la investigación penal, tanto por la autoridad judicial, como por las unidades especiales de la administración tributaria que la auxilian, tiene el valor pleno que vincularía a la Administración, caso de comprobarse la inexistencia de delito, para continuar con su actuación, una vez recuperada la iniciativa procedimental.

Este valor pleno de la prueba obtenida en un proceso penal y que extiende sus efectos a la vía administrativa posterior, una vez recuperada la iniciativa procedimental para continuar el procedimiento, tiene su razón de ser en la garantía de la obtención del material probatorio hecho en el marco de una instrucción penal. Es el juez de instrucción el que garantiza la licitud del material probatorio obtenido, por eso esa prueba produce sus efectos en la vía administrativa una vez conclusas la actuación jurisdiccional penal.

Si el juez penal no avala la obtención del material probatorio dirigiendo los medios para la obtención del mismo, independientemente de otros resultados en vía penal, no podrá pretenderse que la Administración tributaria esté vinculada a una prueba obtenida en el tiempo de la instrucción penal, pero al margen de la misma.
1   2   3

similar:

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia de andalucia

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconSentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm....

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia de la

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia de la

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia de cataluñA

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconInstancia: superior tribunal de justicia de la provincia

Tribunal superior de justicia de andalucíA iconTribunal superior de justicia de la comunidad valenciana






© 2015
contactos
ley.exam-10.com