Elección de representantes de los consejos comunitarios y organizaciones de base de comunidades negras






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COMISION CONSULTIVA AFRODESCENDIENTE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LEY 70/1.993 Y DECRETO 3770/2.008

ESPACIO AUTONOMO


Medellín, febrero 6 de 2012

Doctor

GERMAN VARGAS LLERAS.

Ministro del Interior

Bogotá D.C.
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION Y SUBSIDIARIO DE APELACION CONTRA LA RESOLUCION 0121 DE ENERO 30 DE 2012 DE ESTE MINISTERIO.


Los suscritos HUMBERTO ALFONSO CÓRDOBA MONSALVE Y MARLENY PAZ DE VACCA, obrando en nombre y representación de la Comisión Consultiva Afrodescendiente de Antioquia en su Espacio Autónomo en nuestra condición de Coordinador y Secretaria Técnica respectivamente, impetramos ante su despacho, el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, contra la Resolución 0121 de Enero 30 de 2012 emanada de su despacho, con fundamento en la normatividad que a continuación esbozamos:
FUNDAMENTOS DE DERECHO


  1. La motivación jurídica de la resolución cuestionada es la sentencia del honorable consejo de estado del 5 de agosto del 2010, con ponencia del MAGISTRADO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA; y la Resolución cuestionada esta direccionada a llenar los vacios dejados con la declaratoria de nulidad del decreto 2248 de 1995.



El fallo del CONSEJO DE ESTADO no ataca el decreto 3770 del 2008, que reglamente el articulo 45 de la ley 70, que entre otra cosas es la norma que nos habilita y nos da la suficiente personería para actuar en la condición que lo hemos planteado en la parte introductoria. Además allí se estable el procedimiento para la elección de los Consultivos de Alto Nivel, decisión que al tenor, nace de la Comisiones Consultiva Departamentales y esta a su vez, tiene su origen en el elector primario que es la comunidad afrodescendiente en sus diferentes formas organizativas.

El Artìculo 4º. Del citado Decreto en su origen reza:


ARTÍCULO 4o. “ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE BASE DE COMUNIDADES NEGRAS,

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS, ANTE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE ALTO NIVEL. Los representantes designados por las organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y los Consejos Comunitarios ante las Comisiones Consultivas Departamentales y Distrital de Bogotá, designarán de entre sus miembros, los representantes de las mismas comunidades ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.

PARÁGRAFO. Las respectivas Secretarías Técnicas de las Comisiones Consultivas Departamentales y Distrital de Bogotá comunicarán a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia, la designación de los representantes de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel, para los efectos de su integración”.
Así las cosas, la resolución cuestionada es evidentemente ilegal, puesto que con una resolución no se puede llevar de tajo una disposición contenida en una norma superior, es decir una resolución no puede contrariar ni en su forma ni en su espíritu lo preceptuado en una norma expresada en un decreto; puesto que las normas de arriba hacia abajo en la PIRÁMIDE KELSENIANA van : los tratados y convenios ,( Convenio 169 de 1989 de la OIT) INTERNACIONALES SUSCRITOS POR COLOMBIA, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, las leyes de la Republica, los decretos emanados del ejecutivo nacional, las resoluciones de estos mismos ejecutivos, las ordenanzas y los acuerdos. Así las cosas es evidente que al elaborarse un listado excluyendo organizaciones debidamente inscritas como lo preceptúa el decreto 3770 del 2008 se viola el derecho fundamental a la igualdad y el debido proceso (artículos 13 y 29 de la Constitución Política).
En lo referente al Convenio 169 de 1989 de la OIT, se enuncia claramente:
Art. 6.-


  1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:



  1. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;




  1. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y,


c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.


  1. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.


Art. 7.-


  1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.




  1. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.




  1. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.




  1. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.


Art. 8.-


  1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.



  1. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.




  1. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.”


La Constitución Política de Colombia de 1991, expone en sus artículos 13 y 29:
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”

Además, señor ministro, en el censo 2005, el estado nos reconoce como minorías étnicas (afrocolombianos), respetando los principios constitucionales y de legalidad, y en la resolución que hoy nos atañe, nos excluye al 90% de los afrocolombianos; convocando única y exclusivamente algunos consejos comunitarios que se enuncian en la resolución, excluyendo a muchos que no tienen titularidad de sus territorios, pero si componentes culturales que los caracterizan, violándose el derecho de igualdad a participar en las decisiones que afecta nuestra etnia.

PRETENCIONES


  1. Solicitamos se revoque la resolución No. 0121 del 30 de enero del 2012.




  1. Se emita un acto administrativo que sea incluyente donde estén representadas todas las formas organizativas de las comunidades negras afro colombianos, raizales y palenqueras.

Por lo anteriormente expuesto, aunado a que la resolución cuestionada carece de recursos voluntaria o involuntariamente, por tratarse de un acto administrativo que incide en la estructura organizacional afro, es susceptible del recurso ordinario de reposición y subsidiario de apelación.
Del Señor Ministro con todo respeto.

Atentamente,


HUMBERTO CORDOBA MONSALVE MARLENY PAZ DE VACCA

Coordinador Comisión Consultiva de Antioquia E.A. Secretaria Técnica Comisión C.E.A

Cédula de ciudadanía nº 3487.816 de Girardota      Cèdula de ciudadanía 32.529.183 de Med.

                                                                           T P.139329 del Consejo Superior de la J.

Original firmado.

Direcciòn: Medellin, calle 51 Nº.51-31 Edificio Coltabaco. Torre 2.Of.16-06

Telef.251-5041- 318 667 66 03- 320610 68 43


Copia: Procuraduría Regional de Antioquia

Organización Internacional del Trabajo

Presidente del Senado y de la Cámara

Organización Internacional del Trabajo

Naciones Unidas Oficina para los Derechos Humanos

Organización de Estados Americanos

Corte Constitucional

Consejo de Estado

Medios de Comunicación



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