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Resoluciones Judiciales sobre Derecho Concursal, Societario y Mercantil.




Art. 84 LC. Créditos contra la masa. Costas procesales. Derechos del Procurador derivados de la solicitud y declaración del concurso. Legitimación. Criterios para su cuantificación.

1.Sentencia A.P. Madrid (s. 28ª) de 16 de julio de 2010.


Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 16 de julio de 2010 (D. ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ).

El Tribunal considera necesario hacer dos precisiones previas:

1ª) en ningún caso, el concurso puede ser fuente de un injustificado enriquecimiento por parte de los profesionales que intervienen en el mismo con grave quebranto de las posibilidades de cobro de los acreedores; y

2ª) el objeto del incidente origen de estas actuaciones se limita a la cuantificación del importe de las costas, derivadas de la solicitud y declaración del concurso, que el Procurador demandante, en su caso, tiene derecho a cobrar con el carácter de crédito contra la masa y no a la determinación de los derechos arancelarios que aquél pueda tener frente a su poderdante.

Por razones de orden sistemático el Tribunal considera que debe analizar en primer lugar la alegada falta de legitimación activa, tanto como motivo del recurso de apelación formulado por la AEAT como de su oposición al recurso formulado por la parte demandante, en tanto que su acogimiento conduciría directamente a la desestimación del recurso formulado por el demandante, a la estimación del interpuesto por la AEAT y, en definitiva, a la íntegra desestimación de la demanda.

El artículo 84.2.2º de la Ley Concursal atribuye la consideración de créditos contra la masa, entre otros, a las costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y declaración de concurso y los de publicación de las resoluciones judiciales previstas en la Ley Concursal.

El concepto legal de costas y gastos procesales o judiciales nos lo suministra el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual son gastos procesales todos aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia del proceso, en nuestro caso, del concurso, y costas la parte de aquellos gastos que se refieren a los conceptos enumerados en dicho precepto y, entre otros, los honorarios de la defensa y representación técnica cuando sean preceptivas.

Los derechos y suplidos del Procurador demandante, representante del acreedor instante del concurso de la entidad deudora, devengados por la solicitud y declaración de concurso, tienen la consideración de crédito contra la masa en concepto de costas aun cuando no haya existido condena a ninguna de las partes intervinientes en el concurso por así venir impuesto por el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal y no tanto por el artículo 20.1 del mismo texto legal, citado en la fundamentación jurídica del auto de declaración de concurso. Este último precepto contempla el contenido de la resolución sobre la solicitud de concurso necesario en caso de oposición con la correspondientes consecuencias en costas según sea o no declarado el concurso. Sin embargo, el concurso de FORUM se declaró sin oposición de la concursada en aplicación del artículo 18 de la Ley Concursal, aunque en el supuesto de declararse el concurso, con oposición o sin ella, las consecuencias en materia de costas son las mismas.

La titularidad del crédito por los honorarios de la defensa o por los derechos arancelarios corresponden al letrado y al Procurador, en tanto no hayan sido satisfechos por la parte que los contrató, y así se deduce del propio artículo 241.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer que los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas. En el caso de concurso el pago de tales derechos y honorarios debe hacerse con cargo a la masa por lo que nada impide a dichos profesionales, como titulares del crédito, promover el correspondiente incidente al amparo del artículo 154 de la Ley Concursal para exigir el reconocimiento y el pago de sus créditos contra la masa.

Por otra parte, no es aplicable al supuesto de autos la doctrina del Tribunal Supremo sobre la legitimación para instar la tasación derivada de una condena en costas que se reconoce a la parte y no a los profesionales (sentencia de 28 de junio de 2005 y las que en ella se citan) al ser la parte la titular del derecho a las costas, pues en el caso de autos no existe condena en costas, siendo ésta la que genera a favor de la parte vencedora un crédito frente a los obligados al pago de las costas procesales (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2004 y de 21 de mayo de 2007 ).

En consecuencia, debe rechazarse la alegada falta de legitimación activa invocada por la AEAT, al margen de que ésta forma parte de la administración concursal y como tal, dado que no consta su oposición, ha reconocido que el Procurador demandante es titular de un crédito contra la masa, sin cuantificar, en la relación de dichos créditos acompañada a la lista de acreedores, por lo que no puede ahora negar la titularidad del crédito que es en lo que funda el recurrente la falta de legitimación del actor.

Rechazada la falta de legitimación del demandante deben ahora analizarse los motivos del recurso de apelación formulado por la parte actora.

(...) En el segundo de los motivos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en sus artículos 117 y 9.3 y de los artículos 242.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En realidad, bajo esta batería de preceptos, lo que se denuncia es la falta de aplicación automática del arancel aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1/2006, de 13 de enero y la moderación que se efectúa en la sentencia de los derechos del Procurador con fundamento, según el recurrente, en la equidad con infracción, además, del artículo 3.2 del Código Civil, de modo que la aplicación que del arancel hace la sentencia para fijar los derechos del Procurador con resultado diferente al que determina el propio arancel constituye una decisión arbitraria y no fundada en Derecho. Dicho lo anterior, no parece afortunada la cita de los artículos 224.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y menos aún del artículo 117 de la Constitución, bastando, quizás, para fundar el motivo haber denunciado la infracción del Real Decreto que aprueba el arancel de derechos de los Procuradores y el artículo 3.2 del Código Civil.

La atenta lectura de la resolución recurrida pone de manifiesto que la falta de lo que el recurrente denomina aplicación automática del arancel no viene determinada por razones de equidad para remediar la exorbitante cantidad que resultaría de la misma a favor del Procurador del acreedor instante del concurso, sino porque "la aplicación que hace del arancel el procurador demandante viola frontalmente lo establecido en una norma superior como es la Ley concursal, que en su artículo 84.2.2 de la Ley concursal solo atribuye la consideración de crédito contra la masa de los gastos que reclama el demandante a los gastos necesarios para la solicitud y declaración de concurso, distinguiéndolos así de los gastos y representación y defensa de la concursada durante todo el procedimiento y sus incidentes que sí se repercuten a la masa en su integridad".

En realidad, el demandante pretendía cobrar como crédito contra la masa una cantidad, calculada conforme al arancel, de 8.257.701,21 euros. Dicho importe corresponde a los derechos del Procurador instante del concurso por su intervención en las secciones primera a cuarta cuando solo tienen la consideración de crédito contra la masa, en lo que aquí interesa, las costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares y la publicación de las resoluciones judiciales previstas en la ley. En consecuencia, el juzgador rechaza la liquidación que efectúa el demandante, en primer lugar, porque se cuantifican los derechos del Procurador de modo que se incluyen los que pudieran corresponderle conforme al arancel por su intervención en las secciones primera a cuarta del concurso cuando sólo tienen la consideración de crédito contra la masa las costas y gastos antes señalados.

Tampoco puede atenderse a los derechos arancelarios devengados por su intervención en la sección 1ª, como ahora pretende el recurrente, que ascenderían a 5.161.063,26 euros, pues la sección 1ª comprende actuaciones que exceden de la declaración del concurso, integrando también la sección 1ª las relativas a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso (artículo 183 de la Ley Concursal ), sin que el arancel determine los derechos del Procurador instante del concurso necesario por su intervención en las concretas actuaciones que generan el crédito contra la masa, en nuestro caso, la solicitud y declaración del concurso, y sin que el arancel ofrezca pauta alguna para imputar la cantidad devengada por la sección 1ª entre las distintas actuaciones que integran la misma.

En consecuencia, la no aplicación automática del arancel no es una decisión arbitraria y no fundada en Derecho sino que era la única posible pues conforme al arancel no pueden cuantificarse automáticamente los derechos del Procurador del acreedor instante del concurso que tienen la consideración de crédito contra la masa.

El recurrente podría haber discutido y, desde luego, son discutibles, los criterios utilizados en la resolución recurrida para cuantificar su crédito contra la masa, en esencia, la aplicación del arancel sustituyendo el diferencial fijo del 0,27% (16,52 euros por cada 6.010,12 euros o fracción que exceda de 601.012,10 euros) por el 0,057% (tipo medio de los tipos marginales del arancel de los administradores concursales que oscilan entre el 0,20% y el 0,003%), de lo que resulta una suma de 2.142.900,88 euros, devengándose el 50% por la fase común (en realidad por la sección 1ª que no cabe identificar con la fase común), esto es 1.070.392,66 euros (en rigor 1.071.450,44 euros), calculando finalmente los derechos dividiendo esta cifra entre 25, al haberse prolongado aquélla durante 25 meses, estimando que el periodo relativo a la declaración del concurso era equivalente a un mes de los 25 que duró la fase común (si bien, en realidad, dicha fase se abre cuando se declara el concurso -artículo 21.2 de la Ley Concursal -).

Teniendo en cuenta que el arancel de los procuradores no permite determinar los derechos del Procurador instante del concurso que tienen la consideración de créditos contra la masa al comprender los derechos devengados por la sección 1ª actuaciones distintas de las que merecen dicha consideración, las argumentaciones del recurrente sobre la modulación del arancel y su no aplicación automática por razones de equidad carecen de relevancia para impugnar la sentencia apelada. En todo caso, la posibilidad de moderar el importe de los derechos de los procuradores por su intervención en un concurso ya ha sido admitida por este Tribunal en la sentencia de fecha 15 de marzo de 2010 (rollo 426/09 ) con relación al Procurador de la concursada, con la particularidad de que en dicho supuesto sí tienen la consideración de créditos contra la masa todas las costas y gastos judiciales ocasionados por la defensa y representación del concursado sin circunscribirlos a actuaciones concretas.

Por otro lado, la única referencia que se hace a la equidad en la sentencia apelada es con ocasión de la transcripción parcial de la sentencia de dicho Juzgado relativa a la determinación de los derechos del Procurador de la concursada en la que, a su vez, se cita un auto dictado por este Tribunal con fecha 29 de febrero de 2008 con ocasión de la determinación de la retribución de los administradores concursales designados en este concurso, en el que se aludía a la equidad como criterio a tener en cuenta para aplicar las normas, concretamente en relación a la fijación de las retribuciones variables previstas en el arancel de derechos de los administradores concursales, esto es, como elemento de ponderación en la aplicación de las normas, tal y como prevé y permite el artículo 3.2 del Código Civil, aludiendo a continuación el juzgador a la moderación, la proporcionalidad y a la adecuación de los gastos de justicia a la finalidad del proceso concursal como criterios que, de acuerdo con el artículo 3.1 del Código Civil, deben estar presentes a la hora de aplicar las normas que fijan las retribuciones de los profesionales que intervienen en los concursos, sin que, en modo alguno, se haga descansar la resolución de manera exclusiva en la equidad que es lo que prohíbe el artículo 3.2 del Código Civil.

También denuncia el apelante en el tercer motivo del recurso la infracción del artículo 6 del Código Civil por inaplicación del Real Decreto 1373/2003 y del artículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con apoyo en cuatro submotivos: a) que la sentencia no constata ni justifica la contradicción entre el Real Decreto 1373/2003 y la Ley Concursal; b) inexistencia de contradicción entre ambas normas; c) infracción de los artículos 242.4 y 394.3 de aplicación supletoria; y d) incoherencias intrínsecas en el razonamiento de la sentencia.

En realidad las cuestiones planteadas en este motivo de apelación ya están contestadas con los razonamientos contenidos en el fundamento anterior en el que se explica por qué no cabe la aplicación automática del arancel para la determinación de los derechos del Procurador instante del concurso necesario que tienen la consideración de crédito contra la masa, reiterando aquí que la sentencia sí razona tal circunstancia cuando indica: ". la aplicación que hace del arancel el procurador demandante viola frontalmente lo establecido en una norma superior como es la Ley concursal, que en su artículo 84.2.2 de la Ley concursal solo atribuye la consideración de crédito contra la masa de los gastos que reclama el demandante a los gastos necesarios para la solicitud y declaración de concurso, distinguiéndolos así de los gastos y representación y defensa de la concursada durante todo el procedimiento y sus incidentes que sí se repercuten a la masa en su integridad", añadiendo a continuación: ". En cuanto a la determinación de cuál deba ser el importe de esos gastos el demandante no lo especifica, pues minuta sobre la totalidad del procedimiento lo que podrá cobrar, en su caso a su cliente, pero nunca a la masa del concurso.", y tras determinar los derechos que corresponden al Procurador por su intervención en la sección 1ª, calcula la parte que, a juicio del juzgador, corresponden a la solicitud y declaración de concurso.

En todo caso, en la sentencia de este Tribunal de fecha 15 de marzo de 2010 con relación a la determinación de los derechos del Procurador de la concursada ya señalábamos que: "Necesariamente debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un supuesto excepcional en el que han de verse afectados miles de consumidores obligados a sufragar como acreedores de la concursada, siquiera indirectamente a través de la masa activa, los ingentes gastos de justicia entre los que se incluyen los derechos del procurador de aquella, por lo que ha de considerarse que en el presente caso una aplicación mecánica del arancel, aprobado por Real Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre y adaptado al procedimiento concursal por el Real Decreto 1/2006, de 13 de enero, no se acomoda al principio constitucional de protección a los consumidores que conforme a las previsiones del artículo 53.3 de la Carta Magna debe informar la práctica judicial, en relación con lo dispuesto en el artículo 51.1 ("Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces. los legítimos intereses económicos de los mismos"), plasmándose además tales exigencias en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en cuanto establece: "En desarrollo del art. 51.1 y 2 de la Constitución que, de acuerdo con el art. 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio informador del ordenamiento jurídico, esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado.

En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema económico diseñado en los arts. 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el art. 139".

En este sentido el Tribunal Constitucional, en su Sentencia del Pleno de 10 de febrero de 1992, indica".Este precepto enuncia un principio rector de la política social y económica, y no un derecho fundamental. Pero de ahí no se sigue que el legislador pueda contrariar el mandato de defender a los consumidores y usuarios, ni que este Tribunal no pueda contrastar las normas legales, o su interpretación y aplicación, con tales principios. Los cuales, al margen de su mayor o menor generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden inequívocamente de los arts. 9 y 53 CE (STC 19/1982, f. j. 6º ). Ahora bien, es también claro que, de conformidad con el valor superior del pluralismo político (art. 1.1 CE ), el margen que estos principios constitucionales dejan al legislador es muy amplio. Así ocurre con el art. 51.1 CE, que determina unos fines y unas acciones de gran latitud, que pueden ser realizados con fórmulas de distinto contenido y alcance. Pero, en cualquier caso, son normas que deben informar la legislación positiva y la práctica judicial (art. 53.3 CE ). según lo dispuesto en los arts. 51.1 y 53.3 CE, no pueden ser considerados como meras declaraciones de buenos propósitos, sino como normas jurídicas cuyos mandatos deben informar la actuación judicial y pueden ser alegados por las partes en todo tipo de procesos.".

Nos encontramos, pues, ante un supuesto excepcional y en el que el resultado de la aplicación mecánica del arancel produciría unos efectos perjudiciales para una multitud de consumidores, en abierta contradicción con principios constitucionales, lo que impide que el juzgador sometido al imperio de la Ley y destinado a administrar justicia pueda dar cobijo a resultados contrarios a normas jurídicas de rango superior promulgadas para proteger un interés general que la propia Constitución - artículo 51.1 - entiende digno de protección "mediante procedimientos eficaces", por lo que haciendo uso del principio de jerarquía normativa que enuncia el artículo 9.3 de la Constitución, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("...los Jueces y Tribunales aplicarán los Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales" -artículo 5 - "Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa" -art. 6 -), ha de entenderse correcta la no aplicación estricta del arancel en que se fundaba la reclamación del Procurador demandante.

Por ello no resulta extraño que el Juez entendiera que la aplicación automática del arancel en este concurso con gran pasivo, y con miles de consumidores afectados como acreedores de la concursada, conduce a un resultado desproporcionado que choca frontalmente con los criterios de moderación que impone la Ley concursal y por ello atienda a la interpretación de la norma reglamentaria, que no deja de aplicar sino que atempera a las circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil ("Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas"), acudiendo en definitiva para fijar la retribución que corresponde al Procurador a una escala objetiva, como es la que marca la retribución de los administradores concursales, lo que si bien no concuerda con la que correspondería de aplicar estrictamente su propio arancel no permite considerar tal decisión como arbitraria.".

Por las razones ya expuestas tampoco cabe apreciar infracción del artículo 242.4 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, además, se enmarcan en el ámbito de la tasación e imposición de costas, ni incoherencia intrínseca en el razonamiento de la sentencia, al menos, con consecuencias favorables para el demandante, sin que, en realidad, se plantee por el apelante cuestión distinta de la denunciada inaplicación del Real Decreto 1373/2003.

Por último, debe tenerse en cuenta, además, la reciente modificación del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, operada por el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, cuya disposición adicional única ha establecido, con carácter general, que la cuantía global por derechos devengados por un procurador en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros, salvo que el juez así lo autorice y justifique con el objeto de remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Esta norma, conforme se dispone en la misma, es de aplicación a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a su entrada en vigor (1 de abril de 2010), incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hubieran liquidado con el carácter de firme, como es el caso de autos.

Conforme a la citada limitación, los derechos del Procurador por todo el concurso no podrían exceder de 300.000 euros, correspondiendo a la sección 1ª el 50%, esto es, 150.000 euros, sin que tampoco pueda cuantificarse en este importe los derechos del Procurador con cargo a la masa al comprender la sección 1ª actuaciones distintas a la solicitud y declaración del concurso, incluida la publicación de los edictos, únicas actuaciones desarrolladas por el Procurador demandante que pueden generar un crédito contra la masa.

[Ver: Tirant On LineCENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia (TSJ, AP y JM)]
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