República de Colombia Página de Segunda instancia-Sistema acusatorio Nº 41003






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El no impugnante
El Fiscal, en cuanto no impugnante, manifiesta que la defensa no cumplió con la carga procesal de argumentar debidamente su disenso con la decisión denegatoria de pruebas o con aquella que las admitió para la Fiscalía. Sobre el particular, esto adujo:


  1. DE LAS PRUEBAS ACEPTADAS A LA FISCALÍA




  1. Testimonio de urbano Rincón


No entiende el Fiscal por qué el defensor se opone a que sea citado, si el abogado apenas declarará sobre lo por él percibido, dado que estuvo presente (a pesar de lo sostenido en contrario por el impugnante) en la audiencia que motivó el oficio supuestamente injurioso y puede dar fe de lo ocurrido allí.


  1. Testimonio de Jaime Motta Vargas (testigo de acreditación adscrito a la Policía Judicial)


Significa el Fiscal que en lo concerniente a la introducción de la prueba que constata la condición de aforado del acusado, ello no es repetitivo, en tanto, la demostración de los hechos debe operar durante el juicio, no importa si en ocasiones anteriores se utilizó ese medio suasorio.
Añade que con el investigador también será introducido el escrito presuntamente injurioso, sin que tenga ningún efecto que la querellante hubiese presentado copia durante la querella, como quiera que, además, se pretende demostrar que ese oficio sí fue efectivamente enviado a la Defensoría Pública.


  1. De los cassettes contentivos de lo ocurrido en la audiencia previa al envío del oficio presuntamente injurioso


Asevera el no impugnante que ese elemento de juicio no comporta el carácter de indefinido propuesto por la defensa, habida cuenta que lo pretendido demostrar es que durante la diligencia el acusado no llamó la atención en forma directa a la querellante, contrario a lo consignado por el procesado en el oficio supuestamente injurioso.


  1. DE LAS PRUEBAS NEGADAS A LA DEFENSA


Acerca de lo argumentado por la defensa para controvertir los argumentos con los que el Tribunal negó algunas de las pruebas por ella pedidas, el Fiscal manifiesta que no puede atenderse la solicitud de revocatoria de lo dispuesto por el A quo, dado que jamás se redondeó alguna argumentación, ni se concretó la razón por la cual sí son pertinentes esos elementos de juicio inadmitidos, esto es, para qué deben ser introducidos en el juicio oral.
Agrega el no impugnante que ya respecto de la prueba de polígrafo existe pronunciamiento de la Corte respecto de su ilegalidad.
En consonancia con lo resumido, solicita el Fiscal que no se atienda el pedido de la defensa.
DE LA DECISIÓN
Cuestión Previa
La Sala debe precisar que estudiará de fondo ambas solicitudes de la defensa –la que impugna la aceptación de pruebas pedidas por la Fiscalía, y aquella que controvierte la negativa a practicar algunas de las solicitadas por el defensor- pues, a partir de la decisión hito plasmada en providencia del 13 de junio de 2012, con el radicado 36562, luego de examen profundo de las diferentes aristas interesantes al tema, ha concluido que el nuevo sistema adversarial inserto en la Ley 906 de 2004, se desarrolla de mejor manera cuando también sobre la admisión probatoria del funcionario judicial, se faculta la interposición del recurso de apelación.
Esa decisión hito, ha de resaltarse, construyó una línea sólida reiterada en decisiones del 26 de septiembre de 2012, radicado 39848, y del 17 de octubre de 2012, radicado 39747.

La Corte, entonces, mantiene su postura respecto de lo que en las decisiones reseñadas se plasma, y por ello, debe advertir que es lo allí consignado el criterio actualmente vigente, vale decir, que también las decisiones que admiten la prueba para ingresar en el juicio, pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación, siempre que en la oportunidad debida la contraparte haya presentado oposición frente a la solicitud probatoria, y no lo que se señaló en el radicado 39516, del 20 de marzo de 2013, la cual se revisa.


  1. DE LA IMPUGNACIÓN RESPECTO A LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA ADMITIDAS POR EL TRIBUNAL


En un comienzo, debe la Sala partir por señalar cómo se ha llegado a una farragosa e innecesaria discusión probatoria a partir del desconocimiento que la defensa tiene de tópicos sustanciales que hacen parte de la esencia misma del sistema acusatorio, en particular, el principio de inmediación de la prueba, por contraposición al de permanencia, propio del sistema mixto o inquisitivo establecido en la Ley 600 de 2000.
Por virtud de ello, contraría la esencia misma del sistema acusatorio que el impugnante se oponga a la admisión de documentos o testimonios de acreditación de los mismos, arguyendo que estos ya fueron introducidos en fase procesal anterior o que se utilizaron por la Fiscalía y la Policía Judicial, ora para orientar la investigación, ya en procura de cubrir el objeto de audiencias preliminares.
Debería conocer el apelante, quien en su calidad de juez tuvo oportunidad de asumir diligencias propias de la sistemática adversarial establecida en la Ley 906 de 2004, que en este tipo de procedimiento prueba es única y exclusivamente la que se practica en curso de la audiencia de juicio oral, con las excepciones contempladas en la normatividad citada –prueba de referencia y anticipada.
Con ocasión de ello, no importa cómo, para qué o en cuántas ocasiones anteriores la Fiscalía, o la misma defensa, haya utilizado un determinado documento o evidencia o, en fin, elemento material probatorio, ello no lo legitima ni convierte su contenido suasorio en factor a considerar por el juez, de forma automática, al momento de definir la existencia del delito y responsabilidad del procesado.
Lo acopiado por la Fiscalía o por la Policía Judicial en curso de la investigación preliminar o con posterioridad a la formulación de imputación, tiene un efecto limitado a esos estadios procesales o al objeto de las diligencias preliminares, que en nada irradia la naturaleza y finalidad específicas del juicio.
Como lo que se busca con la audiencia de juicio oral es definir la responsabilidad del acusado en el delito endilgado, a ese cometido sólo se puede llegar con las pruebas practicadas allí o las evidencias ingresadas legalmente durante su diligenciamiento, sin que nada importe qué elementos de juicio fueron presentados en otras audiencias o para qué se recopilaron los mismos.
De esta manera, si el texto del escrito supuestamente injurioso fue presentado durante la querella por quien se dijo afectada, o si el mismo sustentó la formulación de imputación o la acusación, ello no faculta para que se diga incorporada la prueba al juicio o se advierta ese un hecho probado, pues, caros imperativos de inmediación, confrontación y contradicción obligan que el documento, en cuanto representa el delito mismo, sea ingresado al juicio durante el momento procesal determinado por la ley para el efecto.
Si, en tratándose de la Fiscalía, ese elemento de juicio no fue previamente descubierto a la defensa, pero además, no se pidió como prueba para introducir en el juicio y, efectivamente no se introdujo en la audiencia respectiva, simplemente ha de estimarse inexistente para efectos de fundar en él la decisión de condena o absolución, por mucho que en diligenciamientos anteriores haya sido presentado y no controvertido.
Ello ocurre, sobra anotar, con todos y cada uno de los documentos o evidencias que las partes quieran hacer valer para soportar su particular teoría del caso en el juicio.
Sirva, lo anotado, de orientación para definir en primer lugar la controversia que plantea el defensor respecto de los elementos de juicio aceptados como prueba a practicar o introducir en el juicio por la Fiscalía, como quiera que en su base la crítica del defensor se sustenta en que presuntamente la mayor parte de esos elementos suasorios ya fueron introducidos o utilizados por el ente instructor.
Como ya se anotó, el principio de inmediación obliga a que las pruebas pertinentes se introduzcan o practiquen directamente en el juicio oral, sin que nada importe cómo o por qué se utilizaron antes en la tarea investigativa o las audiencias preliminares.
En tal virtud, la única forma de oponerse a la solicitud probatoria de la parte es demostrando que se trata de prueba ilícita, ilegal, impertinente, inconducente o inútil, pero nunca a través del expediente de decirla repetitiva porque ya fue analizada o utilizada.
Así las cosas, como el impugnante se opone a que se practique la mayor parte de lo pedido por la Fiscalía en atención a significarlo repetitivo, conforme los argumentos antes reseñados, la Sala habrá de negar la impugnación.
Ahora, para especificar los casos ajenos a ese argumento general, en lo que toca con la declaración del abogado Urbano Hernández Rincón, el defensor ataca su práctica aduciendo que no estuvo en el lugar de los hechos.
En contrario, el Fiscal afirma que su testigo sí presenció directamente lo ocurrido en la audiencia que sirvió de antecedente al escrito presuntamente injurioso.
Será, así, el Fiscal, quien se encargue de verificar ese hecho en curso del diligenciamiento de la prueba, so pena de que se desvirtúe el carácter de testigo directo entregado al declarante en mención.
A su vez, el recurrente dice que se opone al testimonio de William Rojas Ramírez y Martha Libia Lizcano, por estimarlo sospechoso, en cuanto, han sido denunciados disciplinariamente los atestantes.
Desde luego que esos factores morales o éticos no dicen relación con la admisión o no del testimonio, sino con la credibilidad del testigo, asunto que compete al juez de conocimiento al momento de evaluar las pruebas practicadas para demostrar los hechos y la responsabilidad del procesado.
De otro lado, la Sala ha verificado que al momento de dársele la palabra, en la audiencia preparatoria, para pronunciarse respecto de la prueba solicitada por la Fiscalía, el defensor se mostró de acuerdo con la introducción de los cassettes que contienen lo ocurrido en la audiencia pública en la cual intervino como espectadora la afectada y que dio lugar a la emisión del oficio presuntamente injurioso.
Por tan potísima razón, carece de interés el defensor para impugnar la decisión del Tribunal que aceptó el reseñado como medio de prueba a introducir en la audiencia de juicio oral.
Por lo demás, la argumentación del recurrente se ofrece bastante contradictoria, en tanto, comenzó por oponerse a la práctica de la prueba aduciendo que correspondía a una negación indefinida de imposible demostración, para después afirmar que no encuentra inconformidad con el medio suasorio.
Sirva lo anotado para desestimar la impugnación en lo que a este elemento de prueba corresponde, aunque no obsta referir, de consuno con lo sostenido por el no impugnante, que si lo buscado establecer con el registro de la audiencia, es que allí el acusado no llamó directamente la atención a la querellante por su comportamiento –como supuestamente lo expresa en el escrito estimado injurioso por ella-, no se trata de una negación indefinida o prueba imposible, como quiera que basta registrar todo lo sucedido en ese específico diligenciamiento, para advertir si ello ocurrió o no.
En suma, la Corte advierte que las pruebas aceptadas a la Fiscalía por el Tribunal, dejando de lado ilicitudes o ilegalidades jamás planteadas, se ofrecen pertinentes, en tanto, dicen relación directa con lo ocurrido en la audiencia donde, al decir del acusado, la afectada ejecutó comportamientos que condujeron a la emisión del oficio presuntamente injurioso –para el efecto se cita a los sujetos procesales que intervinieron en ese acto y a quienes pudieron presenciarlo directamente, a más de introducirse los cassettes que en audio registraron el diligenciamiento de la audiencia-.
O se remiten al acto injurioso mismo, pretendido determinar en su materialidad con la declaración de la ofendida y la presentación del oficio que lo contiene (se citan los correspondientes testigos de acreditación), y en sus efectos con la demostración de que fue efectivamente enviado y recibido en la Defensoría Pública.
O, por último, buscan establecer la identidad concreta y fuero del acusado, en consonancia con lo cual se allegan tarjetas decadactilares y copias de nombramientos, posesión y hoja de vida, asuntos que bien pudieron ser objeto de estipulación.
Acorde con lo planteado en precedencia, carece de sustento legal la solicitud de inadmisión de la defensa, razón por la cual se confirmará la decisión del Tribunal, en lo que al específico aspecto de aceptar varias de las pruebas solicitadas por la Fiscalía corresponde.
DE LA INADMISIÓN DE ALGUNOS MEDIOS DE PRUEBA PEDIDOS POR LA DEFENSA
El hecho que determinado elemento de conocimiento sirva para orientar la investigación o decantar la misma, no significa que por ello se legitime ipso facto para introducirse en el juicio como prueba pertinente, conducente, lícita y útil.
Si la Fiscalía o la Policía Judicial, como lo propone el recurrente, en su tarea inicial se valen de variados mecanismos de pesquisa o averiguación, dígase el polígrafo, ello no convierte a ese mecanismo en apto para introducirlo en juicio, en tanto, la presentación allí del medio suasorio obedece a estrictas reglas y finalidades que no operan en esas labores de investigación u orientación.
Como el juicio tiene un objeto específico, conforme los hechos y conducta punible atribuidos al acusado, la prueba que allí se practique, a más de lícita y legal, debe ser pertinente, conducente y útil, acorde con lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley 906 de 2004.
Esos, precisamente, son los factores que deben aducirse por las partes en la audiencia preparatoria cuando de presentar una prueba en el juicio oral se trata, y a ellos necesariamente ha de referirse el juzgado o tribunal para su admisión o inadmisión.
Consecuente con lo anotado, no es posible aceptar la tesis de la defensa en procura de habilitar las pruebas negadas por el A quo, sólo porque esos medios fueron utilizados para orientar la investigación o en el cometido de cubrir el objeto propio de audiencias preliminares.
Al efecto, independientemente de que, como en efecto sucedió, la Corte ya haya desestimado la posibilidad de valerse del polígrafo como prueba factible de introducir en juicio oral1, es lo cierto que para obtener lo contrario el defensor no puede aducir que ese elemento suasorio se acostumbra utilizar en calidad de factor de orientación de la investigación.
Era menester, para la buena fortuna de su propuesta, que el defensor señalase las razones concretas y puntuales que facultan estimar medio de prueba válido el polígrafo –humano o técnico, que para el caso sus efectos son los mismos-; y, más importante aún, que determinase cuál es su pertinencia, en tanto, el Tribunal al momento de inadmitir el medio suasorio expresamente advirtió que el defensor nunca estableció qué era lo pretendido con la prueba.
Tiene razón el Fiscal cuando, en su argumento de no impugnante, señala que jamás el defensor precisó por qué o para qué debía acudirse al polígrafo en cuestión.
Ello es suficiente para desestimar la impugnación en lo que a ese medio concreto respecta.
Igual determinación tomará la Sala en lo que toca con cada una de las pruebas que dice el defensor deben practicarse sólo porque en la investigación sirvieron de orientación para la Fiscalía o la policía Judicial.
Para el objeto concreto de la definición probatoria, ningún efecto produce que en su tarea investigativa la Fiscalía o la Policía Judicial utilizaran documentos, se valieran de informes periciales o allegaran entrevistas, dado que ello por sí mismo no advierte de la pertinencia o utilidad del medio, si se trata de hacerlo valer en juicio para demostrar o controvertir la responsabilidad del acusado.
De esta manera, la pertinencia, entendida como el medio para demostrar lo referente al delito, a la responsabilidad del procesado y a las circunstancias accesorias vinculadas a ello, no depende de que la Fiscalía haya allegado en la investigación el elemento, informe, documento o entrevista, sino de que en el caso concreto, para el juicio oral, pueda demostrarse la vinculación con tales factores.
Precisamente es este aspecto central el que se echa de menos en la argumentación del impugnante, quien se limita a significar indirectamente vinculados con lo ocurrido unos determinados medios suasorios denegados por la primera instancia, pero bien poco hace por abordarlos individualmente y significar cómo o por qué ocurre ello.
No es posible, sobre el particular, asumir que en el delito endilgado al procesado –supuestas injurias contenidas en oficio enviado por éste a la Defensoría del Pueblo quejándose por el comportamiento de una defensora pública en una de sus audiencias, en la que intervino como simple espectadora- tengan pertinencia todos esos actos pre procesales o procesales que derivan de la querella, en particular, lo ocurrido en la audiencia de conciliación –que por lo fallida ningún efecto probatorio puede comportar en lo que al interior de la misma sucedió o se aceptó-, los mecanismos utilizados por el hoy acusado para obtener que la querellante desistiese de la acción penal o la poca fortuna judicial que tuvo la querella instaurada después por el Doctor JORGE GIRALDO RAMÍREZ en contra de la afectada.
Todas esas corresponden a actuaciones de parte o judiciales posteriores a la querella, que en nada inciden respecto a los hechos que materializan el supuesto delito de injuria o los antecedentes del mismo.
En consecuencia, dado que el impugnante nunca señaló específicamente la pertinencia de las pruebas –asiste la razón al fiscal no impugnante cuando relaciona que el defensor dio rodeos sobre muchos tópicos pero nunca precisó respecto de cada medio su objeto o finalidad específicos-, ni mucho menos, la Corte advierte que ellas efectivamente sirvan para demostrar o controvertir el objeto del proceso en el asunto concreto, se confirmará la decisión del Tribunal, en lo que atiende a negar algunas pruebas a la defensa.
Aquí, cabe precisar que a la Fiscalía se le permitió introducir, a través del correspondiente investigador judicial, la carpeta de la suerte que corrió la querella instaurada por el acusado en contra de la ofendida, pero no como prueba directa que comporte una finalidad específica frente al objeto del proceso, sino apenas a título de mecanismo para refrescar memoria o impugnar credibilidad, sólo si el procesado acepta declarar en el juicio oral.
No son necesarias mayores disquisiciones para advertir que se confirmará en su integridad la decisión objeto de impugnación por la defensa, esto es, la manifestación del Tribunal acerca de la solicitud de pruebas de la Fiscalía y la defensa, resumida en los acápites uno y dos, al inicio de este proveído.

En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,

R E S U E L V E

1º. CONFIRMAR la decisión impugnada.
2º. ADVERTIR a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Esta decisión se notificará en estrados.
Devuélvanse las diligencias al Tribunal de origen.
Cúmplase.


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO A. CASTRO CABALLERO


MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ


LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria

1 Amplio estudio sobre el polígrafo y su inadmisión como medio de prueba, se encuentra en la sentencia con radicado 26470, del 1 de agosto de 2008
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