República de Colombia Página de Segunda instancia-Sistema acusatorio Nº 41003






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República de Colombia

Página de
Segunda instancia-Sistema acusatorio Nº 41003

JORGE GIRALDO RAMÍREZ

Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Aprobado acta N° 148.

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil trece (2013).



EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

El recurso de apelación procede contra el auto que decreta y/o niega pruebas.
La Sala debe precisar que estudiará de fondo ambas solicitudes de la defensa –la que impugna la aceptación de pruebas pedidas por la Fiscalía, y aquella que controvierte la negativa a practicar algunas de las solicitadas por el defensor- pues, a partir de la decisión hito plasmada en providencia del 13 de junio de 2012, con el radicado 36562, luego de examen profundo de las diferentes aristas interesantes al tema, ha concluido que el nuevo sistema adversarial inserto en la Ley 906 de 2004, se desarrolla de mejor manera cuando también sobre la admisión probatoria del funcionario judicial, se faculta la interposición del recurso de apelación.
Esa decisión hito, ha de resaltarse, construyó una línea sólida reiterada en decisiones del 26 de septiembre de 2012, radicado 39848, y del 17 de octubre de 2012, radicado 39747.
La Corte, entonces, mantiene su postura respecto de lo que en las decisiones reseñadas se plasma, y por ello, debe advertir que es lo allí consignado el criterio actualmente vigente, vale decir, que también las decisiones que admiten la prueba para ingresar en el juicio, pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación, siempre que en la oportunidad debida la contraparte haya presentado oposición frente a la solicitud probatoria, y no lo que se señaló en el radicado 39516, del 20 de marzo de 2013, la cual se revisa.


  1. DE LA IMPUGNACIÓN RESPECTO A LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA ADMITIDAS POR EL TRIBUNAL


En un comienzo, debe la Sala partir por señalar cómo se ha llegado a una farragosa e innecesaria discusión probatoria a partir del desconocimiento que la defensa tiene de tópicos sustanciales que hacen parte de la esencia misma del sistema acusatorio, en particular, el principio de inmediación de la prueba, por contraposición al de permanencia, propio del sistema mixto o inquisitivo establecido en la Ley 600 de 2000.
Por virtud de ello, contraría la esencia misma del sistema acusatorio que el impugnante se oponga a la admisión de documentos o testimonios de acreditación de los mismos, arguyendo que estos ya fueron introducidos en fase procesal anterior o que se utilizaron por la Fiscalía y la Policía Judicial, ora para orientar la investigación, ya en procura de cubrir el objeto de audiencias preliminares.
Debería conocer el apelante, quien en su calidad de juez tuvo oportunidad de asumir diligencias propias de la sistemática adversarial establecida en la Ley 906 de 2004, que en este tipo de procedimiento prueba es única y exclusivamente la que se practica en curso de la audiencia de juicio oral, con las excepciones contempladas en la normatividad citada –prueba de referencia y anticipada.
Con ocasión de ello, no importa cómo, para qué o en cuántas ocasiones anteriores la Fiscalía, o la misma defensa, haya utilizado un determinado documento o evidencia o, en fin, elemento material probatorio, ello no lo legitima ni convierte su contenido suasorio en factor a considerar por el juez, de forma automática, al momento de definir la existencia del delito y responsabilidad del procesado.
Lo acopiado por la Fiscalía o por la Policía Judicial en curso de la investigación preliminar o con posterioridad a la formulación de imputación, tiene un efecto limitado a esos estadios procesales o al objeto de las diligencias preliminares, que en nada irradia la naturaleza y finalidad específicas del juicio.
Como lo que se busca con la audiencia de juicio oral es definir la responsabilidad del acusado en el delito endilgado, a ese cometido sólo se puede llegar con las pruebas practicadas allí o las evidencias ingresadas legalmente durante su diligenciamiento, sin que nada importe qué elementos de juicio fueron presentados en otras audiencias o para qué se recopilaron los mismos.
De esta manera, si el texto del escrito supuestamente injurioso fue presentado durante la querella por quien se dijo afectada, o si el mismo sustentó la formulación de imputación o la acusación, ello no faculta para que se diga incorporada la prueba al juicio o se advierta ese un hecho probado, pues, caros imperativos de inmediación, confrontación y contradicción obligan que el documento, en cuanto representa el delito mismo, sea ingresado al juicio durante el momento procesal determinado por la ley para el efecto.
Si, en tratándose de la Fiscalía, ese elemento de juicio no fue previamente descubierto a la defensa, pero además, no se pidió como prueba para introducir en el juicio y, efectivamente no se introdujo en la audiencia respectiva, simplemente ha de estimarse inexistente para efectos de fundar en él la decisión de condena o absolución, por mucho que en diligenciamientos anteriores haya sido presentado y no controvertido.
Ello ocurre, sobra anotar, con todos y cada uno de los documentos o evidencias que las partes quieran hacer valer para soportar su particular teoría del caso en el juicio.
Sirva, lo anotado, de orientación para definir en primer lugar la controversia que plantea el defensor respecto de los elementos de juicio aceptados como prueba a practicar o introducir en el juicio por la Fiscalía, como quiera que en su base la crítica del defensor se sustenta en que presuntamente la mayor parte de esos elementos suasorios ya fueron introducidos o utilizados por el ente instructor.
Como ya se anotó, el principio de inmediación obliga a que las pruebas pertinentes se introduzcan o practiquen directamente en el juicio oral, sin que nada importe cómo o por qué se utilizaron antes en la tarea investigativa o las audiencias preliminares.
En tal virtud, la única forma de oponerse a la solicitud probatoria de la parte es demostrando que se trata de prueba ilícita, ilegal, impertinente, inconducente o inútil, pero nunca a través del expediente de decirla repetitiva porque ya fue analizada o utilizada.
Así las cosas, como el impugnante se opone a que se practique la mayor parte de lo pedido por la Fiscalía en atención a significarlo repetitivo, conforme los argumentos antes reseñados, la Sala habrá de negar la impugnación.

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