Resumen: Bulliyng: Menor preadolescente. Acoso escolar reiterado en el tiempo. Actuación grupal. Pasividad del centro educativo: Dejación de sus funciones po parte de los responsables del centro y su dirección para evitarlo.






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títuloResumen: Bulliyng: Menor preadolescente. Acoso escolar reiterado en el tiempo. Actuación grupal. Pasividad del centro educativo: Dejación de sus funciones po parte de los responsables del centro y su dirección para evitarlo.
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Cuarto.—A la pretensión rectora de autos que ha sido estimada en la sentencia recurrida se ha opuesto la parte demandada, ahora apelante, que motiva su recurso, alegando que lo que se expone en la demanda, y se acepta en la sentencia apelada son meras afirmaciones subjetivas de los progenitores, sin prueba alguna. Criticándose la valoración judicial de la prueba practicada, por su errónea apreciación conjunta, y proponiéndose un nuevo análisis probatorio, con referencia a determinadas pruebas, que se examinan de distinto modo al de la sentencia apelada, con el resultado desestimatorío de la pretensión de la demanda. Se niega que el menor durante el tiempo que estuvo escolarizado en el centro: "Amor de Dios" fuese objeto de acoso, humillación, vejación o agresión física alguna, por parte de otros alumnos del centro, que haya podido ocasionarle trastornos psíquicos y de las que la demandada deba ser declarada responsable. Los profesores, atendiendo a las peticiones de la madre del menor trataron de comprobar la situación de acoso y hostigamiento que la misma denunciaba, sin que nadie pudiese percibir indicio o sintomatología alguna de ello. Por el contrario Ramón asistía con regularidad a clase, se mostraba participativo e integrado y su rendimiento escolar fue excelente, lo que no es propio de niños en tal situación en que se rechaza ir al centro escolar, presentar, indisciplina e infelicidad y aislamiento del grupo. Los escasos episodios en que estuvo implicado Ramón y otros compañeros de clase fueron correctamente abordados, siendo incidentes normales en la convivencia. Ningún integrante de la comunidad escolar pudo corroborar las manifestaciones de los padres e incluso a instancia de la CAM se ofreció a los padres realizar al alumno un test denominado "Tamai" para constatar si efectivamente existía acoso y hostigamiento, oponiéndose a ello los padres, evidenciando la búsqueda de futura contraprestación que ahora se constata, llegando a grabar las conversaciones de modo clandestino. Se alude así en la demanda a la insoportable situación del menor en el centro, de modo genérico sin prueba alguna. Además se señala que el menor padece un grave trastorno psicológico, sin prueba de ello. En cuanto a los incidentes que narran de! curso escolar 2.007-2.008 (2.º de Primaria), referidos a los cambios de humor o tics del menor, desaparición de útiles escolares y pinchazos, son manifestaciones subjetivas sin prueba alguna, asistiendo el menor a clase con regularidad, sin incidencia alguna y sin que la madre solicitase nunca entrevista con la tutora. En el curso siguiente, 2.008-2.009 (3.º de Primaria) que dura nueve meses, existió solo un incidente aislado durante el desarrollo de una excursión escolar, correctamente resuelta por los profesores, lo que sirvió de justificación a la madre para insistir en el presunto acoso que nadie constataba. En esa excursión el menor perdió un monedero con cinco euros y sus compañeros lo encontraron sin saber que era suyo y se lo gastaron, incluido Ramón a quien también invitaron. Conocidos los hechos a través de la psicóloga se efectuaron varias reuniones terapéuticas con el grupo completo por un lado y los implicados por otro para corregir los comportamientos tratar habilidades positivas y fomentar relaciones adecuadas, resolviéndose lo sucedido, devolviendo los objetos y pidiendo disculpas los causantes, aplicando como medida adicional quedarse sin recreo y sin excursión, como medidas disciplinarias oportunas y adecuadas a la edad de los menores. Pretendió por ello la madre de Ramón que se cambiase a los menores de aula, lo que no se hizo al ser perjudicial para el devenir del grupo, ofreciendo a la madre cambiara Ramón de clase, lo que rechazó. Respecto al curso de 4.º de Primaria que cursó el menor desde septiembre de 2.009 a febrero de 2.010 nunca los padres solicitaron entrevistarse con la tutora, Doña Milagros, conociendo al padre de Ramón a la tutora cuando irrumpió en medio de una reunión que la misma mantenía con la madre de otro alumno llamado Víctor, recriminando haber amenazado tal madre a su hijo. Se pretende de contrario justificar el acoso con la reprochable conducta de grabar las conversaciones con los profesores sin su conocimiento, tratándose de cuatro grabaciones manipuladas en su valoración y sacadas de contexto, comprobándose como la madre narra los hechos con ansiedad y nerviosismo, tratando sus interlocutoras de calmarle con educación y respeto, frente a la falta de educación de la misma acusándoles de "estigmatizar" a su hijo. Al insistir la madre en el acoso trataron de nuevo de comprobar tales hechos, sin resultado alguno, manifestando la madre que el menor cuando hablaba con ellos le mentía. No obstante la madre acudió a denunciar a las autoridades educativas, interviniendo el inspector de zona D. Cecilio, que incoó expediente recibiendo todo tipo de explicaciones, emitiendo resolución de 16-12-09 en que no se constataba si eran hechos aislados o continuados. Se ofreció a los padres efectuar el Test Autoevalutivo Multifactorial de Adaptación Infantil (Tamai), para constatar con elementos objetivos si el menor estaba sufriendo algún tipo de acoso escolar, en la reunión que tuvo la psicóloga con la madre el 11-12-09 negándose a autorizarlo. Se propuso también a los padres acudir al equipo de psicólogos del servicio de asistencia a al víctima del Ayuntamiento de Alcorcón, lo que tampoco aceptaron. Dado que los padres no querían que el menor volviese al centro escolar al pesar que su seguridad no estaba garantizada, es por lo que se ofreció la posibilidad de trasladar al menor de centro para que no perdiese el curso escolar. Además de grabar las conversaciones remitieron los padres en las vacaciones de navidad de 2.009, un burofax para que nadie hablase con el menor, volviendo la directora, profesores y psicóloga a la vuelta de vacaciones a entrevistarse con los alumnos para tratar de encontrar algún indicio del presunto acoso, sin resultado, trasladando la respuesta a la madre y levantando acta de la reunión. Al no existir la situación de acoso no procede tampoco indemnización alguna por ello. Así, salvo el informe pericial que se aporta, de parte, no hay ninguna otra asistencia médica prestada al alumno por un centro médico que avale el acoso. El informe médico de 12-1-2010, se impugna, siendo el menor quien refiere a su madre que está siendo acosado. En cuanto al informe de parte no incluye el test Tamai, más completo que el test Ave que se incorpora, cuantificando la contraparte la reclamación en 40.0000 euros sin elementos objetivos para ello, cuestionando las grabaciones obtenidas por la madre.
Quinto.—La Sala, después de examinar las alegaciones del recurso contenidas a los folios 474 a 519 de autos, y de la oposición al mismo, que obran a los folios 535 a 641, por ambas caras, entiende que no es de peor condición técnica el informe pericial basado en la realización del Test AVE (Acoso y Violencia Escolar), donde se incluye tanto violencia física (agresiones, intimidación y amenazas) como psicológica (hostigamiento, manipulación, bloqueo, exclusión social y coacción) e incorpora escalas clínicas que evalúan el daño psicológico consecuente (por ejemplo, en forma de somatizaciones, flashback, disminución de la autoestima, etc), que el que pudiera haberse realizado mediante el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI)4, que es una prueba autoaplicada de forma individual y/o colectiva para niños y adolescentes entre 8 y 18 años. Consta de 175 proposiciones a las que hay que responder afirmativa o negativamente, El TAMAI es una autoevaluación de la Inadaptación Personal, Social, Escolar, Familiar y de las Actitudes Educadoras de los Padres, comprendiendo diferentes factores en cada una de estas áreas. Incluye asimismo dos escalas auxiliares de "fiabilidad", o del estilo de realización de la prueba. En una investigación judicial como la planteada, son tan válidos y eficaces, ambos tipos de test, porque es sumamente importante la aplicación de un instrumento sencillo de diagnóstico que aporte datos suficientes sobre tas valoraciones, actitudes y comportamiento que los niños y adolescentes tienen respecto a sí mismos, a la relación social, al ámbito escolar y familiar, así como su apreciación sobre las actitudes educadoras parentales. Esto significa, que el dato más genérico sería un factor general de inadaptación, o bien, conocer el factor general de inadaptación de un área determinada, como puede ser el social, pero, dentro de ésta, también se pueden conocer otros factores complejos de que se compone, como pudieran ser los aspectos de descontrol y restricción en la relación social. Con los distintos resultados obtenidos, se logra considerar al niño y al adolescente desde una perspectiva funcional e integral. Este enfoque es un modo de valorar, educativamente, la adaptación. Pero no sólo la adaptación social o escolar, sino la propia adaptación personal. Por lo tanto, sin perjuicio de aceptar la valoración probatoria fáctica de la sentencia recurrida en el fundamento siguiente hemos de revocar en parte su cuantía, aproximándola al resultado obtenido en la SAP Madrid, sec. 10.ª, 18-12-2008, n° 737/2008, rec. 355/2008, donde se especifica que: "El acoso escolar también conocido como "bullying", según se define en la "Instrucción 10/05 de la Fiscalía del Estado sobre Tratamiento del Acoso Escolar" comprende un catálogo de conductas, en general permanentes o continuadas en el tiempo y desarrolladas por uno o más alumnos sobre otro, susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia e inferioridad idóneos para humillarle, envilecerle y quebrantar, en su caso, su resistencia física y moral".
Por su parte la SAP de Madrid 6/11/2010 de 15 de noviembre se define que: "El "bullying" es un fenómeno que ha sido objeto de observación en fechas relativamente recientes (finales de los años 70 y principios de los 80) fundamentalmente en países del norte de Europa, y puede ser definido como una conducta de persecución física y/o psicológica intencionada y reiterada o repetida por algún tiempo. Es así preciso que la parte actora acredite cumplidamente la situación de acoso mantenido, para determinar si la actuación del Centro Escolar y su profesorado fue o no negligente, pues para la apreciación del acoso escolar no es suficiente un incidente aislado, sino varios actuaciones mantenidas en el tiempo, esto es, una persistencia en la agresión, todo ello, presidido por la voluntad de causar un mal (daño o miedo) a la víctima y situaría en un plano de inferioridad respecto del agresor o de un grupo".
Es así esencial para justificar el acoso antes definido, que concurra una situación repetida o reiterada en el tiempo y en condiciones tales de gravedad que sea susceptible de llegar a generar ese daño o menoscabo en la integridad física y moral del menor, produciéndose además dentro del ámbito escolar y en el ámbito de vigilancia y control que todo centro educativo ha de prestar a sus alumnos, en tanto ejercen las facultades de guarda y custodia de los mismos, en sustitución de sus progenitores. Es por ello que se impone a tales guardadores la responsabilidad que establece el artículo 1.902 del CC EDL 1889/1, con un grado adicional de exigencia si cabe, que llega casi a convertirse en una responsabilidad objetiva.
Continúa así la SAP Madrid 737/08 EDJ2008/247765 referida con cita de la doctrina del Tribunal Supremo que recoge la sentencia de 10 de marzo de 1997 EDJ1997/1205, y que afirma que: "La nueva redacción del artículo 1903, establece según el general sentir de la doctrina y de la jurisprudencia de esta Sala, una responsabilidad prácticamente objetiva, en cuanto señala que las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior, responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad, durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias". Es decir, se soslaya prácticamente el elemento de culpabilidad.
Sexto.—La Sala comparte los razonamientos de la sentencia recurrida, en cuanto que la juez "a quo" ha construido una sólida y bien fundada resolución, partiendo de tales premisas en el presente caso, puesto que de la valoración en conjunto de las pruebas practicadas, se estima acreditada la pretensión ejercitada (art. 217 de la LEC) En primer lugar se ha de partir en estos supuestos de la dificultad que ofrece para los demandantes la justificación y acreditación de unos hechos reiterados en el tiempo, que se ocultan por su propia naturaleza, y dada la edad del menor y ámbito que se producen, ajeno a su vigilancia y control. Es por ello que ante sospechas de esta naturaleza, acreditado el daño, se invierte la carga de la prueba siendo esencial y fundamental la actuación activa del centro, sobre todo en las circunstancias y lugares que no son las propias del entorno de la misma clase, en que ese control es más directo y ofrece menor dificultad. Tal dificultad junto con la actitud que ha venido mostrando el centro conforme se ha acreditado, determina que parte de las pruebas de tener en consideración, sean las mismas grabaciones que de sus conversaciones con la directora, psicóloga y alguna profesora del centro efectuó la madre del menor, grabaciones no impugnadas ni contradichas por la parte demandada, salvo en su valoración. Comenzando por lo que de las mismas de desprende, resulta sin duda esa situación de acoso u hostigamiento al menor continuada y reiterada en el tiempo, pues si bien no lo es todos los días, sí de modo continuo como vienen a reconocer en las conversaciones tanto la directora como la psicóloga, sin que frente a ello quepa aducir que se trataba de tranquilizar a una madre, puesto que nada menos tranquilizador que confirmar unas sospechas de acoso continuado al menor, siendo la negativa tajante la que evitaría la angustia. Resulta además de la conversaciones que la responsable del centro y psicóloga aluden al año anterior en varias ocasiones y no a incidentes aislados del año anterior como época del mayor acoso, refiriéndose a medidas que tomaron y a su vigilancia por dicho acoso, manifestaciones que en el acto del juicio al prestar declaración como testigos, niegan fuese así, sin justificación, conforme se ha expuesto, aludiendo a estar sacadas de contexto, lo que no cabe apreciar. Llega incluso la misma psicóloga a cuestionarse la adecuada falta de adopción de medidas por parte del centro para con los acosadores, sin dudar que el acoso no es de un niño puntual sino del grupo, del que excluye incluso tras la actuación de su padre, a Salvador. De nuevo sin justificación, en el juicio se mantiene que, todas esas declaraciones lo fueron para tranquilizar a la madre, contradiciendo sus propias palabras la psicóloga y directora. Tampoco se aprecia que las conversaciones grabadas lo sean provocando que se reconozcan hechos inciertos, siendo las primeras grabaciones anteriores incluso a la fecha en que los padres denuncian y acuden a los servicios de atención y tratamiento, de modo que no consta siguiera que lo hiciesen asesorados por otros, expertos en la materia. En cuanto a los incidentes específicos, se reconocen en las mismas grabaciones y no se explican por las testigos de modo lógico en el acto del juicio. Así tras reconocerla directora incluso por escrito que los menores "habían cogido una cartera a un niño", mantiene ahora (al igual que la psicóloga), que quería decir que la habían encontrado por casualidad y que el dinero se los gastaron entre todos; explicación contraria no solo a lo que consta grabado y por escrito, sino además a sus propios actos, pues de tratarse un simple hallazgo no se entiende la causa de castigara los menores, con un semana sin recreo, obligara pedir perdón y dejarles sin la siguiente excursión. Al ser interrogadas en el acto del juicio sobre tal contradicción, niegan ahora el hecho que motivó el castigo aludiendo a un simple hallazgo de nuevo, sin poder explicar la causa del castigo. Es así conocida la doctrina de que nadie puede ir en contra de sus propios actos, que determina lo inadmisible del ejerció de un derecho y acción que se halle en contradicción con una conducta y forma de comportarse anterior, contradictoria e incompatible con dicho ejercicio. A ello cabe añadir que cuando en una determinada relación jurídica uno de los sujetos actúa de manera que produce en el otro la fundada confianza de que, por la significación de su conducta en el futuro se comportará coherentemente, la buena fe actúa como límite del derecho subjetivo (art. 7 del CC) y convierte e inadmisible la pretensión que resulte contradictoria con dicha forma de proceder (SSTS 12-7-90 EDJ1990/7534, 5-3-91 EDJ1991/2393, 12-4-93 EDJ1991/2393, 30-5-95 EDJ1995/2569). De nuevo incurre en contradicción la parte demandada al afirmar que nunca acudían los padres a los tutores para tratar así de evidenciar lo absurdo de su postura, cuando consta acreditado por el contrario, que se reunían asidua y directamente con la directora y psicóloga e incluso una vez con la profesora de 4° de Primaria, cuya conversación consta grabada, negando en cambio en el acto del juicio dicha profesora (como en la contestación a la demanda) haber mantenido tal reunión, pero no negando la grabación. La referida profesora Sra. Flora ha precisado además que respecto al incidente del patio en que se arremete a Ramón y se le amenaza con dejarle en como y hacerla la vida imposible como en el año anterior, ella lo aclaró en clase según lo que manifestaban los menores, porque ella no lo presenció y que los menores que también decían que Ramón pegaba. Tales amenazas e incidente se reconocen también por la psicóloga en las grabaciones y al igual que la directora las amenazas de la hermana mayor del menor acosador que acude a amenazar a Ramón delante de toda la clase, a quien dicen haber llamado la atención pese a entender lógico que acuda a defender a su hermano, sin explicar cuál era la agresión o amenaza de Ramón. Frente a tal situación y tras aludir a que se habían adoptado medidas, ello no se justifica, ni consta que se hablase con los padres de los menores implicados, ni siguiera cuando se les castiga puntualmente según aducen por el incidente de la cartera. Resulta más grave la actitud omisiva del centro cuando, puesto en su conocimiento directo la realidad de las denuncias que los padres de Ramón estaban efectuando, por parte de uno de los padres de los niños implicados en el acoso, no solo no hacen caso de tales afirmaciones sino que de nuevo, ni siquiera se comunica a los padres de los otros niños, los hechos tan graves de los que se acusa a su hijos, no ya solo por la madre de la supuesta víctima. En este sentido interrogadas en el acto del juicio la directora y psicóloga sobre las medidas adoptadas ante la carta y correos que el padre de Salvador le remite corroborando, no solo insultos o vejaciones, sino incluso la sustracción de múltiples objetos que él mismo recupera y devuelve a los padres del menor, se limitan a manifestar que como no había otros indicios y las profesoras no apreciaban el acoso, nada hicieron, ni lo creyeron- Ninguna alegación efectúa siquiera la parte demandada en su escrito de contestación ante tales hechos, que no niega. Dicho testigo ha comparecido además en el acto del juicio y de forma contundente rotunda, objetiva y sin interés alguno (y por el contrario con el perjuicio que le supone admitir tales hechos), corrobora íntegramente la versión de los hechos que por escrito ya dio al centro, destacando la actitud omisiva del centro todos estos años para con él mismo, no informándole siquiera de las denuncias que sobre su hijo se hacían. Además una vez pone en su conocimiento la gravedad y reiteración del acoso a que el menor Ramón ha sido sometido por su hijo junto con otros y solicita una entrevista con la dirección, la psicóloga y los demás padres, por parte del centro se lo deniegan, con la peregrina excusa de no ser posible al tener que pagarla cuota de la psicóloga que él no abona y que es un servicio incluido en el colegio. Preguntadas en el acto del juicio la psicóloga y directora sobre ello corroboran que fue así, entendiendo que ni con la confesión voluntaria de uno de los implicados tenían tampoco indicios suficientes del presunto acoso, por lo que ninguna medida específica, adoptaron, fuera de sus charlas grupales a los cuatro grupos, habituales. Por otra parte, no se ha traído como testigo a la profesora que tuvo al menor en 3.º de Primaria, Doña Noemi para desmentirla sustracción de la cartera, el baby y el monopatín, o que no fuese la misma quien remitiese directamente a los padres a la dirección y psicóloga por entender que en su curso había un hostigamiento en grupo, no explicando la parte demandada porqué y cuándo se inician tales reuniones, cuando efectivamente es habitual hablar primero con el tutor salvo hechos lógicamente más graves, fuera de los que habitualmente se trata en el curso y afectantes a más de un curso. Ni siquiera en las informaciones facilitadas por el colegio ante la sospecha de acoso al Inspector de educación, consta que se emitiese el informe por tal profesora, D.ª Noemi que además, conforme manifestaba los padres, fue la que se tomo interés y dijo a los padres que era una actuación en grupo debiendo hablar por ello directamente con la dirección, siendo el curso en que tiene lugar el único incidente, (la sustracción de la cartera), que se castiga a los menores. Fue a raíz de la intervención de esta Mora cuando los padres toman conocimiento de los hechos, no alegando nada al respecto la contraparte, que no explica porqué hablaban directamente con la dirección en 3.º y 4.º de Primaria, como consta en las grabaciones. Justifica además el testigo padre de Salvador, que es en ese curso cuando le robaron el monopatín y se le devolvió a Ramón, Por su parte el inspector D. Cecilio, confirma en el acto del juicio, que no pidió el informe que efectivamente le faltaba, si bien ante la sospecha de acoso y en prevención, se tomó la medida de traslado del menor, que es una medida par situaciones urgentes y graves y no habitual, no adoptándose por tanto de no existir indicio alguno, Precisa que aunque recomendó hacer el test Tamai y remitió a los padres a organismos públicos especializados, sus recomendaciones lo fueron a través del propio colegio, a quien se lo transmitió. En esta cuestión no consta acreditado que los padres se negasen a que hiciesen ese test a su hijo y sí en cambio que fueron a organismos oficiales que les remitieron a unos especialistas, que efectuaron test semejantes, como los mismos peritos especialistas que han intervenido en el juicio ha corroborado, de personalidad, adaptación y acoso específico, más completos que el test Tamai, limitado a medir la adaptación del menor. A los anteriores hechos acreditados no obsta la declaración de la profesora de 2.º de Primaría, (objeto de tacha como la profesora de 4.º de Primaria por ser dependientes del colegio), quien sin negar incidentes que no recuerda, no excluye ni desmiente su existencia, corroborando en cambio el padre de Salvador, que ya en esa época le agredían, aislaban, sustraían objetos y llamaban de modo despectivo. No se justifica en modo alguno que con tales indicios por parte de la entidad demanda y su integrantes, fuera de charlas grupales, no se adoptase medida alguna, con relación a los hechos fuera de proponer separar del grupo al menor hostigado, en lugar de separar a su hostigadores e incluso deshacer el grupo. No se entiende tampoco que de ser el presunto hallazgo de la cartera un hecho aislado, se pretenda aplicar una medida tan grave como trasladar a Ramón de clase como se ofreció. Tampoco se niega que se manchase y rompiese la chaqueta a Ramón como último incidente que narran los padres, limitándose sin negarlo a manifestarla directora, que fue algo nimio, como si se pasase un alfiler por la chaqueta, siendo el resultado del hecho, que sí existió, lo menos importante. Además de la actitud omisiva del centro, ha ratificado la directora y la psicóloga que no dieron explicaciones a los padres, ni a los de Ramón, ni al del menor Salvador, de las medidas que pensaban adoptar (que no adoptaron) y que les manifestaron, que adoptarían las que creyesen oportunas y que no se las explicarían. Reconoce además la directora haber recriminado al los padres acudir instancias ajenas al colegio, cuando admite la propio tiempo que ellos no adoptaban medidas, porque sus profesoras no apreciaban el acoso. El inspector que ha declarado admite que en el servicio de orientación al que inicialmente remitió a los padres, estaba personal del colegio siendo éste el motivo del rechazo de los padres, que no obstante acudieron a otras instancias oficiales, siendo lógico que tras el rechazo y omisión del colegio se pretenda acudir a instancias absolutamente desvinculadas del colegio, si bien, no obstante, oficiales. No sólo, no se agotaron en este caso por parte del colegio las medías de vigilancia y control que tenía a si disposición, sino que además, no adoptó ninguna adicional, como ratifican fuera de charlas grupales y ofrecer al niño acosado un cambio de clase, por un hecho que califican de aislado y que no fue tal. Tales comportamientos omisivos son claramente susceptibles en generar en el menor un daño moral obviamente resarcible constituyendo un hecho notorio y hasta máxima de experiencia la penosidad que deriva del acoso para el que lo sufre, en condiciones como las relatadas, por sus propios compañeros de modo reiterado, que le dejan en situación de clara indefensión, por parte además de quién asume la posición de garante de su seguridad psíquica y moral en sustitución de los padres, y dada, como señala la SAP Madrid citada de 18 de diciembre de 2008 EDJ2008/247765; "la preocupación que socialmente existe sobre el maltrato entre alumnos en los Colegios, que afecta a un número nada despreciable de escolares de violencia entre sus iguales, que como de todos es conocido tiene a veces consecuencias fatales para los menores, debiendo seguirse en los Colegios las directrices de la Conferencia de Utrecht de febrero de 1997, que ya ratificó como necesario y urgente, que en los centros educativos europeos se implementen y lleven cabo medidas de prevención de la violencia escolar. Y que, según los estudios científicos sobre el "bullying", los acosados se sienten avergonzados y su autoestima se destruye, generando en la víctima sentimientos de culpabilidad; se configura así una situación que, sin duda, puede encuadrarse en el concepto de daño moral que ha elaborado el Tribunal Supremo".
En torno a esta cuestión, resulta conveniente recoger la doctrina de Tribunal Supremo, expresada en la sentencia de TS Sala 1.ª de fecha 22-2-2001 EDJ2001/2025 que señaló lo siguiente; "del daño moral existe ya un campo de doctrina y jurisprudencia que lo integra por todas aquellas manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado -o persona allegada al mismo por vínculos afectivos o parentales-, por el acaecimiento de una conducta ilícita, y que por si naturaleza u ontología, no son traducibles en la esfera económica... y puede en esa línea entenderse como daño moral en sus integración negativa toda aquella detracción que sufre el perjudicado damnificado y que supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza, no cabe incluir, en los daños materiales porque éstos son aprehensibles por su propia caracterización y, por lo tanto, traducibles en su "quantum" económico, sin que sea preciso ejemplarizar el concepto; tampoco pueden entenderse dentro de la categoría de los daños corporales, porque éstos por su propio carácter, son perfectamente sensibles, y también, por una técnica de acoplamiento sociocultural, traducibles en lo económico..." También la sentencia de la AP Álava, sec. 1.º de 27-5-2005 EDJ2005/71759, dictada en un supuesto similar, entendía comprendidos en este concepto de dolor moral de la víctima de un acoso escolar; "toda la gama de sufrimientos y dolores físicos o psíquicos que haya padecido la victima a consecuencia del hecho ilícito...", considerando que "el problema del daño moral transitará hacia la realidad económica de la responsabilidad civil, por lo que habrá de ser, - en lo posible- objeto de la debida probanza, demostración o acreditamiento, por parte del perjudicado, aclarándose, ante la posible equivocidad derivada del anterior estudio, que si bien dentro del campo en que se subsume este daño moral, inicialmente, en la responsabilidad extracontractual, la carga de la prueba incumbe al dañador o causante del ilícito no se ha producido por un conducta responsable...".
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