De ser autor del delito de concierto para delinquir agravado. I. Hechos






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32.792

LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



Proceso n.º 32792

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Aprobado Acta Nr: 182

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011)
Finalizada la audiencia pública, la Sala de Casación Penal dicta sentencia dentro del juicio contra el ex Senador Luis Humberto Gómez Gallo, acusado de ser autor del delito de concierto para delinquir agravado.
I. Hechos
En auto de 10 de diciembre de 2007, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de los congresistas Luis Humberto Gómez Gallo y Gonzalo García Angarita, expuso como hechos, los siguientes1:
“De un lado, se asegura que en el año 2001 el senador LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO asistió a tres reuniones celebradas en el hotel “Tocarema” de Girardot (Cundinamarca), en la finca “Chiguagua” del municipio de San Luis (Tolima) y en el establecimiento “La Florida” de Ibagué (Tolima), en las que estuvieron presentes el jefe del bloque Tolima de las AUC alias “Elías” y Eduardo Restrepo Victoria alias “El Socio”, en la primera de las cuales propuso que se diera muerte a Pompilio Avendaño, para lo que ofreció la suma de trescientos millones de pesos que el entregó a alias “Elías” a fin de que cumpliera con ese cometido.
Por otra parte, se ha señalado que durante 2004 el senador GÓMEZ GALLO estuvo congregado con Restrepo Victoria en una residencia ubicada en proximidades de la vía variante de la ciudad de Ibagué, donde recibió del mismo una maleta con trescientos millones de pesos, advirtiéndose que aquél recibía pagos periódicos del narcotraficante, por estar en su “nómina”.
II. Identidad del procesado
Luis Humberto Gómez Gallo nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué (Tolima), hijo de Octavio Gómez Serna (fallecido) y Cielo Gallo Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.240.029 de Ibagué, casado, ingeniero industrial y ex Senador de la República.
III. Actuación Procesal



La Corte Suprema de Justicia, el diez de diciembre de 2007, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del entonces Senador Luis Humberto Gómez Gallo, como autor del delito previsto en el libro segundo, Título XII, capítulo primero, artículo 340, inciso segundo de la Ley 599 de 2000, con la modificación introducida por el artículo 8° de la Ley 733 de 20022.

La Mesa Directiva del Senado de la República a través de la resolución Nro. 164 de 20 de mayo de 2008, aceptó la renuncia presentada y procedió a comunicar a la Corte Suprema de Justicia esta determinación.
La Sala, el mismo día3, luego de recibir oficialmente los documentos referidos que acreditaban la desvinculación con la célula congresional, ordenó la ruptura de la unidad procesal y la remisión de las diligencias a la Dirección Nacional de Fiscalías, para que por su intermedio se procediera a designar un fiscal para lo pertinente.
En el auto de remisión por competencia la Sala expuso que la investigación seguida contra el doctor Gómez Gallo obedecía a su eventual participación como autor del punible de concierto para delinquir agravado y, con fundamento en lo previsto en el numeral 3° del artículo 235 de la Carta Política, estimó no ser la autoridad judicial competente para seguir conociendo de la actuación.
Bajo este criterio, fundado en el citado artículo de la Constitución Política y la interpretación imperante, el expediente fue remitido a la autoridad judicial competente y así el proceso siguió su curso ante el Fiscal Once de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho que avocó conocimiento el 10 de junio de 20084.

En el curso de la instrucción se evacuaron las pruebas requeridas por los sujetos procesales y el 20 de junio de 2008, por haberse recaudado la prueba necesaria para proceder a la calificación de la investigación, se declaró la clausura5, conforme a lo establecido en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000 y se dio paso a los traslados de rigor6.
La Fiscalía Once Delegada ante la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto de 2008 calificó el mérito del sumario y profirió a favor del ex Senador Luis Humberto Gómez Gallo resolución de preclusión de la investigación7.
A partir del proveído se surtieron las notificaciones a los sujetos procesales, hecho que fue la base para que la defensa del ex congresista le requiriera al Fiscal Delegado ante la Corte, se declarara desierto el recurso de apelación interpuesto8 y sustentado9 por el Delegado del Ministerio Público.
La respuesta negativa del instructor10, según la cual el recurso de apelación fue debidamente sustentado por el Ministerio Público, motivó la remisión del expediente a la Vicefiscalía General de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 600 de 2000 y la sentencia T-744 de la Corte Constitucional.
El 10 de octubre de 200811, encontrándose el expediente al despacho del Vicefiscal General de la Nación para decidir el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, advirtió la existencia de una irregularidad de carácter sustancial que podría afectar “la validez de la actuación”, razón por la cual, procedió a decretar la nulidad a partir de la notificación que por estado 112 del 19 de agosto de 2008, se hizo de la resolución que precluyó la investigación, dejando de esta forma sin efecto todas las demás notificaciones, las constancias secretariales que ordenaron aplicar artículo 194 de la Ley 600 de 2000, así como la resolución que concedió el recurso.
Como consecuencia de la nulidad, el Vicefiscal ordenó a la Secretaría Administrativa de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pusiera a correr nuevamente los términos a que se refiere el artículo 194 ibídem, enfatizándole que no debía repetir el trámite “notificatorio redundante”.
Contra esta decisión la defensa interpuso el recurso de reposición y el 17 de junio de esa anualidad, la Vicefiscalía confirmó la decisión recurrida12.
La secretaría administrativa en cumplimiento de lo dispuesto por el superior, dejó las constancias de rigor que habilitaron los términos para la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador Delegado, como recurrente, y de igual forma hizo lo propio para que en el plazo establecido en la ley, los no recurrentes presentaran sus consideraciones.

El 18 de septiembre de 2009, el Vicefiscal General de la Nación (E), conforme a lo dispuesto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en autos de 1° y 15 de septiembre de 2009, dispuso el envío de la actuación a esta Corporación para resolver sobre la competencia para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de calificación13.

Con fundamento en la interpretación del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento mediante auto de 1° de octubre de 200914 y manifestó que procedería a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de preclusión.

El 28 de octubre rechazó el recurso de reposición interpuesto por la defensa del ex Senador, resolvió desfavorablemente la nulidad impetrada por el Procurador Tercero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal,15 y posteriormente respondió la Sala a la impugnación16.
El 22 de enero del año 201017, la Corte Suprema de Justicia profirió acusación en contra del ex Senador Luis Humberto Gómez Gallo, decisión que al cobrar ejecutoria dio paso a la etapa de juicio.
La audiencia preparatoria se adelantó el 23 de marzo de 201018, en la que se respondió a la solicitud de nulidad impetrada por la defensa del ex Senador, y posteriormente la Sala, en audiencia, resolvió en forma desfavorable la reposición, el 6 de abril de 201019.
La vista pública se inició el 23 de noviembre del año anterior y avanzó en la práctica de pruebas ordenadas por la Corte, solicitadas por el Ministerio Público y la defensa, durante los días, 2420, 2521, 2622 y 2923 de noviembre; 624, 725, 926 y 1027 de diciembre de 2010; 17 de enero28; 1°29 ,430, 931, 1432 y 1733 de marzo de 2011, con las intervenciones de los sujetos procesales.
IV. Alegatos en Audiencia
1. Del Procurador
El Procurador Tercero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal afirmó en su intervención que a Luis Humberto Gómez Gallo se le acusó por el delito de concierto para delinquir agravado, por promover grupos al margen de la ley, concretamente relacionado con el bloque Tolima y, expone que para él, existían las pruebas suficientes al punto que el mismo Ministerio Público impugnó la preclusión de la investigación que se había dado a favor del ex congresista.
En cuanto a la acusación, asevera que la Corte lo que hizo fue corregir la serie de errores en que había incurrido la Fiscalía Delegada ante la Corte, errores en torno a la parte argumentativa de la prueba y en la adecuación típica del comportamiento.
El Delegado refiere que los cargos endilgados responden a las reuniones con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2001, unas en Cundinamarca y otras en el Tolima; un segundo señalamiento corresponde a la posible entrega de unos uniformes y botas, siendo respecto de esto el testigo Yimin Andrés Tapiero Aroca y, además, la presunta vinculación del ex Senador con el reconocido narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias “El Socio”.
Aclara que en su criterio, sí existieron vínculos, “pero que estos son coincidentes y son componentes, en el que existen intereses distintos”, afirmación que luego explica en que es precisamente en una reunión en la que estuvo tanto el comandante del bloque Tolima alias “Elías”, como el Senador Gómez Gallo e igualmente Eduardo Restrepo Victoria, razón por la cual estima que “coincidieron”. Pero este tema no fue desarrollado por el Delegado, quedando tan solo su confusa enunciación.
Estima el representante de la sociedad que con la inclusión de presuntos vínculos del acusado con el grupo paramilitar FOI, que operaba en el norte del Tolima, concretamente en los municipios de Mariquita y El Fresno, se estarían desconociendo los límites de la acusación.
El Ministerio Público acepta que el setenta y cinco por ciento del país fue permeado por los paramilitares pero que el bloque Tolima “no fue un bloque sino un frente”, dado el incipiente número de hombres.
Se refiere en forma concreta a las reuniones realizadas durante el año 2001, como la primera en el Hotel Tocarema, en la que estuvieron presentes el comandante del bloque Tolima “Elías”, el doctor Luis Humberto Gómez Gallo, César Mora alias “Tayson” y otro señor de nombre Jhon; la segunda ocurrió tres días después en la hacienda Chihuahua, en el municipio de San Luis, al sur del Tolima, y una tercera reunión dos meses después, en el establecimiento comercial “La Florida”, ubicado en Ibagué.
Afirma que cuando se acude al detalle de las reuniones, al análisis a través de la crítica del testimonio, las reglas de la experiencia y la lógica, aplicadas a lo aseverado por los testigos, la situación se torna difícil “ya que no es posible determinar si dicen la verdad, parte de la verdad o se amañan con la fábula”, por lo que es obligado concluir que de estas cuatro reuniones solamente pervive un testigo de cargo que es José Wilton Bedoya Rayo, alias “Moisés”.
Para arribar a la anterior afirmación explica lo relacionado con la publicación que en el semanario “7 Días” se hizo de una entrevista concedida por César Mora, alias “Tayson”, en la que se refiere con lujo de detalles a las tres reuniones: el texto contiene frases entrecomilladas cuando el entrevistado se refirió al objeto de las reuniones, quiénes eran los asistentes, los testigos y lo que afirmaba cada uno de ellos.
Refiere que “Tayson” en declaración rendida el 26 de octubre de 2007 no hace mención a las reuniones, para luego, días después, el 9 de noviembre de mismo año, aparecer publicada la entrevista en el medio de comunicación citado. Al ampliar su testimonio el declarante no corrobora lo afirmado por José Wilton Bedoya, y por el contrario, expone que eso se debe a la posible presión de los “Caresapos” en la cárcel Picaleña, para “embalar a políticos que estén comprometidos con la parapolítica”. Posteriormente, en la audiencia pública, se ratifica con una situación probatoria muy importante y es que niega en forma enfática haber concedido esa entrevista.
Estima que en la audiencia pública “Tayson” demostró ser un testigo coherente, que se mantuvo en lo ya dicho, actuación que lo sorprendió no sólo a él como sujeto procesal, “sino a todos los asistentes”, porque era muy importante escucharlo en aras de poder establecer si las reuniones efectivamente habían ocurrido.
Continúa en su relato acerca del testimonio del periodista Miguel Antonio Herrera Arciniegas y en concepto del Delegado, esta declaración “fue aún más sorprendente”, porque el comunicador no pudo reconocer físicamente a quien entrevistó Ante los vehementes cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon la entrevista, respondió que había omitido las directrices que impone el medio de comunicación, de corroborar la información.
Entonces el Procurador afirma sobre este hecho que: “uno esperaba una grabación” para comprobar la afirmación que la hiciera convincente y critica la postura del comunicador, quien por dar a conocer la noticia no cumplió con el protocolo, que era llamar y confirmar la información, hecho que le habría permitido establecer si se había llevado a cabo la entrevista.
Concluye que la exposición hecha por José Wilton Bedoya Rayo alias “Moisés” y César Mora, alias “Tayson”, sobre las tres reuniones quedaron grabadas únicamente en la memoria del periodista, porque expuso que acudió a sus apuntes, pero lo que le parece que no es claro es por qué razón entrecomilló lo que decía el uno y el otro, si los apuntes que obran en el proceso “son notas de referencia que si bien tienen que ver con esas reuniones, nos está dando a entender que no escribió textualmente lo que ellos pudieron haberle dicho, sino que los saca de estas referencias”. Por tanto, estima que se cae en el campo de las especulaciones, de la contingencia y no en el campo de la convicción, que era lo que buscaban el Ministerio Público y la Sala de Casación Penal.
El Ministerio Público, para mayor ilustración en la audiencia procede a leer los apuntes hechos por el periodista, que se hallan en el expediente y afirma que en ellos se pueden detectar las siguientes palabras y frases: “La Florida, San Luis, Chihuahua, Tocarema, seguimiento a Pompilio, Elías un problema personal” y llama la atención sobre lo afirmado por José Wilton Bedoya y allí escrito, que indica que lo que se trató fue el homicidio de Pompilio Avendaño a solicitud de Luis Humberto Gómez Gallo, por trescientos millones de pesos y que el “gatillero” iba a ser “Mono Changua”. Entonces concluye que de esta forma y con base en las notas, se trataba de un problema personal y no el interés de concertarse con el fin de obtener el apoyo para lograr una curul en el Congreso de la República.
En la acusación este tema se trató en forma coherente, porque allí se dijo por la Corte y el Ministerio Público que el escenario para el debate iba a ser el juicio, pero lamentablemente en cuanto a estas tres reuniones no fue posible esclarecerlas, porque “el periodista fue incoherente y “Tayson”, por el contrario, sí lo fue”, razón por la cual dice que no es posible afirmar sin caer en el campo de la probabilidad si las reuniones se llevaron a cabo.
En cuanto a la tercera reunión, que es donde se hilvanan los vínculos con Eduardo Restrepo Victoria, José Wilton Bedoya no pudo escuchar nada y además “Tayson” no lo respaldó. Ellos se tuvieron que retirar y las damas acompañantes se quedaron en los vehículos.
La conclusión a la que arriba respecto de las tres reuniones, es que no existe prueba que permita establecer que éstas efectivamente se realizaron, bajo las exigencias del artículo 232 de la Ley 600 de 2000.
Continúa su intervención en relación con el testimonio de Yimin Andrés Tapiero Aroca, alias “Zarco” o “Bracipartido”. Según su versión, Luis Humberto Gómez Gallo le entregó en el año 1998, 200 pares de botas y uniformes. Además, fueron allegados sus antecedentes penales así como las versiones de los miembros del bloque Tolima, según las cuales Tapiero Aroca no formó parte de ese grupo de autodefensas.
Por esa razón, el procesado tuvo que denunciarlo por el delito de falso testimonio, al que se allanó, aceptó haber pertenecido a la banda de malhechores llamada “Los Guarditas” y que se dedicaban a cometer delitos comunes; reconoció que formó parte del bloque Centauros y que de ahí había pasado al bloque Tolima.
También dice que la entrega de botas y uniformes, de quien por entonces era presidente del Senado, es algo que no puede ser tan claro y la conclusión que surge es la misma afirmación que hace de otros testigos, cuando sostiene que: “aquí en este proceso ocurre algo curioso, parece que hubiera un testigo único para cada hecho. José Wilton Bedoya, para las tres reuniones; Yimin Andrés Tapiero, sobre la entrega de botas y uniformes; el señor Guilombo, sobre los vínculos con Restrepo Victoria; por último aparece el FOI”.
En cuanto a las relaciones que pudo tener el ex Senador con Eduardo Restrepo Victoria, prueba requerida por el Ministerio Público, resulta que este testigo es mendaz pero no involucra a Luis Humberto Gómez Gallo.
Entonces, según el Ministerio Público, queda solamente Guilombo Arroyo y de él afirma que es un “testigo confuso, incoherente, inconsistente, que no responde sobre lo principal ni aporta la prueba”. Aduce que esa forma de declarar de una y otra manera no permiten determinar la verdad o al menos una aproximación a ella.
Son muchas las declaraciones de Guilombo Arroyo en este proceso. Él hace una sola acusación que es la entrega de un dinero al ex Congresista en la variante de Ibagué, en unas “casas bacanas” y que eso lo sabe porque él vio o percibió cuando una de las esposas de Restrepo Victoria estaba introduciendo el dinero en un maletín, o en una maleta, porque en eso también fue inconsistente y esa es la acusación fundamental.
Entonces, si se analizan las declaraciones anteriores rendidas ante la Fiscal Quinta Especializada, él hace ese relato e incluye que era una reunión donde se estaba celebrando un cumpleaños de la esposa de un señor Manuel Crespo, en la que le entregaron el dinero a Gómez Gallo.
Asevera que cuando se analiza el testimonio, especialmente al preguntarle por Manuel Crespo y responder que no se acordaba, para el Ministerio Público el no haberse referido a ese hecho tan importante, cuando se le facilitó refrescar la memoria, produce “curiosidad, porque uno se acuerda de las cosas cuando hay algo”.

Por esa razón genera su testimonio confusión, como la declaración de 8 de febrero de 2007, ante la Fiscalía Tercera Especializada de la Unidad Antiterrorismo, cuando se refiere a que esa plata se la entregaban cada mes a muchos políticos y que no sabía el sueldo fijo.

Con base en la lectura, el Procurador hace énfasis en que Guilombo “presenció cada mes” lo relatado en la declaración; se pregunta ¿qué presenció cada mes? ¿la entrega de dinero? ¿o que Gastelbondo entregaba dinero?; entonces se cuestiona ¿qué de novedad tenía que le entregaran dineros al ex Senador, si hacía parte de la nómina y periódicamente le estaban entregando dineros y eso ya lo sabía Gastelbondo? ¿o qué es lo que presencia? ¿lo que no presenció fue el acoso para que le pagara su mensualidad? Concluye, “es confusa la declaración”.
El Procurador Delegado procede a analizar otro escenario y es la aparición en el juzgamiento del testigo Díaz Carvajal, quien se aleja del bloque Tolima y se refiere a las relaciones entre el Senador y el empresario Francisco Javier Sandoval, en el municipio de Fresno, pero que hasta ahora lo vinculan con el FOI, sin que antes se supiera nada.
Llama la atención el Procurador sobre dos cosas: una, que del contexto probatorio se desvanecen los vínculos con el bloque Tolima, y dos, queda con una fragilidad “impresionante” la acusación con Guilombo Arroyo y lo mismo que los vínculos del FOI, referidos por el único testigo, que además culpa al procesado Gómez Gallo de la condena que contra él pesa, lo que le resta equilibrio e imparcialidad a su declaración.
Finalmente se refiere a la afectación que puede derivarse de haber sido Gonzalo García Angarita la fórmula a la Cámara del ex Senador Gómez Gallo y condenado por el delito de concierto para delinquir, y estima que esto “ya es más serio por existir un fallo”. Afirma que García Angarita fue condenado por sus vínculos con el bloque Tolima, pero cuando fue alcalde del municipio de Valle de San Juan entre 2001 a 2003 y posteriormente fue fórmula a la Cámara de Gómez Gallo.
Considera que con las pruebas que se allegaron al proceso, en principio, el ex parlamentario no manifestó que iba a aspirar al Senado ni quién iba a ser su fórmula a la Cámara y en el periódico así se decía. La aspiración finalmente la concreta Gómez Gallo el 23 de diciembre de 2005 y la fórmula a la Cámara el 6 de enero de 2006, como así fue expuesto a través de un medio de comunicación.
En criterio de la Procuraduría, hacer extensiva la situación de Gonzalo García Angarita, como se enuncia en la acusación, con lo que se ha demostrado en el proceso, “es exagerado, no es objetivo” y con esto no se tendría la suficiente prueba para hacer una imputación sólida para solicitar sentencia condenatoria y requiere de la Corte se profiera sentencia absolutoria a favor el ex Senador Luis Humberto Gómez Gallo.
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