“nieto olga del valle c/ caja de seguros s. A. Ordinario recurso de casacióN (expte. N 03/09)






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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

CÓRDOBA
PROTOCOLO DE ……...……………………………….……...

TOMO........................................AÑO:............................... FOLIO …………...................................................................

SECRETARIA: Verónica Rapela




SENTENCIA NÚMERO: 101

En la ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes de junio de dos mil once, siendo las 11.15 hs., se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “NIETO OLGA DEL VALLE C/ CAJA DE SEGUROS S.A. - ORDINARIO - RECURSO DE CASACIÓN (EXPTE. N 03/09), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:-----------------------------------------------------------------------

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por el motivo del inc. 1°, art. 383, C.P.C.?.--------------------------------

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?.------------

Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin.------------------------------------------------------------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:----------------------

I. La demandada -mediante apoderado- deduce recurso de casación con cita al inc. 1º, art. 383, C.P.C. contra la sentencia nº 197 del 19 de diciembre de 2008 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de esta Ciudad, la que lo concedió mediante auto nº 194 del 21 de abril de 2009.---------------------------------------------------------------------------------

En aquella Sede el procedimiento se cumplió con la intervención de la contraria y del Señor Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales, quienes evacuaron el traslado en los términos del art. 386, C.P.C. (fs. 573/583 vta. y fs. 589/592, respectivamente).-----------------------------------------------------------------

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, dictado y firme el llamamiento de autos para definitiva, quedan las presentes en condiciones de ser resueltas.-----

II. Los reproches formulados pueden sintetizarse como sigue: a) violación al principio de congruencia: la impugnante funda este vicio en que la resolución ha impuesto una solución normativa no invocada por ninguna de las partes en el proceso y completamente reñida con los hechos discutidos.------------------------

Recuerda que la actora demandó el cobro de un beneficio por incapacidad total y permanente en su calidad de beneficiaria de un seguro de vida contratado por su marido con la demandada al tiempo de prestar servicios para la empresa Juan Minetti S.A. y que en ningún momento aludió al art. 50 de la Ley 24.240, al plazo trianual de prescripción o a la relación de consumo a la que supuestamente sería equiparable la relación asegurativa detentada y que la única mención a dicha ley lo fue en referencia al art. 37 al efecto de tener por no escritas las cláusulas de la póliza referidas a las formalidades para la denuncia de siniestro.---

Indica que, al contestar la demanda, planteó la calidad de asegurada que corresponde a la actora y, consecuentemente, esgrimió la defensa de prescripción en razón del plazo anual del art. 58 de la ley 17.418 y que no efectuó ninguna mención referida al art. 50, L.D.C. o a la relación de consumo, como tampoco el Fiscal, el juez de primera instancia, la actora al expresar agravios de apelación ni su parte al contestarlos.----------------------------------------------------------------------

Invocando el art. 332, C.P.C., sostiene que fue extraño e impensado que la Cámara hiciera suyos los argumentos del Fiscal de Cámaras emitidos en el dictamen; ésto es que si bien la actora reviste el carácter de asegurada, tratándose la relación asegurativa de una relación de consumo en los términos del art. 1, L.D.C., correspondía la aplicación del plazo de prescripción trianual del art. 50, con lo cual -entiende- se han introducido cuestiones que no fueron objeto de planteos de las partes ni de prueba.--------------------------------------------------------

Sostiene que la actora alegó ser beneficiaria, la demandada replicó que era asegurada y la Cámara, apartándose de los extremos de la litis, sentencia que es consumidora.---------------------------------------------------------------------------------

b) falta de fundamentación lógica y legal: 1. violación al principio de irretroactividad de la ley (art. 3, C.C.): al respecto aduce que la Cámara, para dilucidar si resulta aplicable el plazo previsto en la ley consumerista o el de la ley de seguros, procede a analizar el texto del art. 50 de la ley 24.140 pero no en su redacción original, sino en la versión modificada de la ley 26.361 las que si bien consagran el mismo plazo de prescripción (3 años), presentan diferencias sustanciales.-----------------------------------------------------------------------------------

Apunta que el siniestro objeto del reclamo se produjo en el año 2000 y fue denunciado en el año 2002, habiéndose demandado en junio de 2002 y contestado -y trabado la litis- en octubre de 2002; de ahí que la ley 26.361 -publicada el 7/4/2008- sea inaplicable al caso de acuerdo al art. 3, C.C..-----------

Considera evidente que la redacción original del art. 50 se refería sólo y exclusivamente a la instancia administrativa y requería en todo caso la previa excitación del órgano en cuestión para el conteo de los plazos, no deviniendo la misma interpretación a partir de la nueva redacción en la que se otorga a la norma una amplitud que no tenía hasta el año 2008.------------------------------------

2. inaplicabilidad de la ley 24.240 a los contratos de seguro: postula que la Cámara concluyó que la actora era asegurada en la relación jurídica, pero luego se plantea la necesidad de establecer si el contrato de seguros es una relación de consumo y, por ende, amparada por las disposiciones de la ley 24.240, con lo que la ha privado del derecho de defensa al plasmar en la resolución argumentos que dan lugar a una conclusión que nunca pudo discutir; ésto es la posibilidad de aplicar o no las disposiciones de la ley de defensa al consumidor a las relaciones asegurativas.----------------------------------------------------------------------------------

Indica, en función de las consideraciones que efectúa y que tengo presentes, que el objeto y la esencia del contrato de seguro que son totalmente distintos a la locación de servicios y que están establecidos en el art. 1 de la la ley de seguros, lo que evidencia su ajenidad a los supuestos previstos en el art. 1 de la ley 24.240 y, por ende, su inaplicabilidad.--------------------------------------------

Expone que si bien la aplicación de esta ley respecto a las relaciones asegurativas constituye un grave error de fundamentación legal, aún en el caso de que se decidiera lo contrario, la solución debería ser distinta desde que la versión original de la ley 24.240 sólo contemplaba la situación de prescripción para instancias administrativas.------------------------------------------------------------------

3. aplicación errónea e indebida de una ley general posterior desconociendo una ley especial vigente para la materia: se agravia no sólo de la incorrecta fundamentación legal realizada por la Cámara, sino que en el caso concreto, la aplicación de la ley 24.240 con las modificaciones de la ley 26.361 le genera un perjuicio puntual al extender a tres años el plazo de prescripción previsto por el art. 58, 1º párrafo de la ley 17.418.--------------------------------------

Al razonar como lo hace en el resolutorio en crisis -prosigue- el Tribunal aplica de manera errónea el derecho por cuanto una ley general posterior no puede imponerse por sobre una ley especial y estima que surge patente que la generalidad de la ley 24.240, aún con su posterioridad en el tiempo, no puede imponerse a la especificidad de la ley 17.418 y que sobre ésto no existe resquicio de duda una vez que se advierte la falta de incompatibilidad entre sus contenidos.

Expresa que la aplicación errónea de la normativa de orden público nacional por parte de la Cámara no tiene como fundamento un mero disenso de criterios jurídicos, sino que se ha tratado de una indebida y equivocada interpretación sistemática de las leyes vigentes.-----------------------------------------

4. aplicación indebida de la ley 24.240 por cuanto no existe duda que habilite el favor debilis: censura la aplicación del principio favor debilis por arbitraria y caprichosa, ya que -esgrime- “no existe duda de ningún tipo que pueda servir como disparador de la aplicación del consecuente del principio (aplicación de la ley más favorable al consumidor). De este modo, no habiendo duda, tampoco hay ley más favorable: sólo existe una ley aplicable, y es la específicamente dictada por el Congreso de la Nación para la relación jurídica en cuestión: la Ley 17.418” (fs. 569/569 vta.).----------------------------------------------

Pone de manifiesto que, primero el fiscal y luego la Cámara, después de haber establecido la situación jurídica de la actora (asegurada), se desviaron del razonamiento legal que hasta allí llevaban para introducir la cuestión relativa a la relación de consumo (no introducida por las partes), lo que comporta una arbitrariedad que descalifica el fallo en tanto no existía duda que justificara la búsqueda de otra legislación más beneficiosa.-------------------------------------------

III. De conformidad a la síntesis recién concretada, resulta cierto que la instancia impugnativa cuya suerte se decide en esta oportunidad se proyecta en doble perspectiva, acusando -por un lado- de incongruente lo resuelto, y -por el otro- denunciando la existencia de una falencia motivacional en la faz lógica y legal.-------------------------------------------------------------------------------------------

A los fines de observar cabalmente los principios de verificabilidad y racionalidad, estimo que resulta útil analizar por separado cada uno de esos dos segmentos del embate.----------------------------------------------------------------------

III.a. Con ese designio comienzo señalando que el primero de los deméritos invocados, reposa en una equivocada interpretación del principio de congruencia.----------------------------------------------------------------------------------

Recordemos que el vicio radicaría -conforme es postulado- en que, por no haber sido planteado por las partes ni resuelto en primera instancia, estaba vedado para la Cámara a quo decidir que correspondía la aplicación del plazo trianual de prescripción previsto por el art. 50 de la L.D.C..---------------------------

Esto obliga a un somero repaso de la sentencia puesta en jaque.-------------

Lo primero que analizó la Cámara fue -a los fines de la determinación del plazo de prescripción a aplicar- si la actora era asegurada o beneficiaria, concluyendo que investía el primer carácter.---------------------------------------------

Es así como sostuvo -en lo que es de interés- que: “Resulta de una claridad manifiesta, entonces, que el riesgo que solicita sea cubierto se presenta, justamente, en su propia persona y no en la de un eventual tercero que la haya favorecido o beneficiado con tal compensación. Por ello, en principio, sería aplicable el plazo de prescripción de un año previsto en la primera parte del art. 58 de la Ley de Seguros”.-------------------------------------------------------------------

A posteriori encaró el estudio referido a si la relación jurídica habida entre las partes era una relación de consumo y cuál sería su influencia en torno al plazo prescriptivo, estimando -en definitiva y por las razones que expuso- que se trataba de una relación consumerista y -por ende- que la acción prescribía a los tres años de acuerdo a lo establecido en la Ley de Defensa al Consumidor (art. 50).---------------------------------------------------------------------------------------------

Este que ha sido el axial del temperamento al que obedeció el acertamiento final de la excepción de prescripción y al que he referido sin pretensión alguna de exahustividad en cuanto a sus fundamentos, testimonia que la recalificación jurídica de la plataforma sometida a juzgamiento, y -concretamente- la decisión de rechazar la mentada defensa articulada por la demandada, no implica -en el caso, y en los términos de los agravios llevados en apelación- alteración o exceso en los límites de la materia susceptible de ser juzgada en aquella instancia.---------------------------------------------------------------

Explico.-------------------------------------------------------------------------------

En mi criterio no puede sostenerse seriamente que ha existido una violación por sustitución de los elementos de la pretensión o, puntualmente, de la defensa por otro distinto, desde que resulta manifiesta la correspondencia entre la materia en torno a la cual han debatido las partes en la etapa inicial del pleito y en la de apelación con el acto jurisdiccional.---------------------------------------------

De tal manera si algo no puede endilgársele al pronunciamiento, es que en el mismo se haya producido un trocamiento del thema decidendum provocando con ello la afectación al derecho de defensa en juicio del perdidoso.-----------------

Este análisis que me permite arribar a la conclusión negativa que postulo para la anormalidad que da pie a este ángulo impugnativo, se ve reforzado con otra razón independiente y que ostenta idéntico valor neutralizante.-----------------

Es cierto que la competencia funcional de las resoluciones de alzada se encuentra limitada por las peticiones esgrimidas en la expresión de agravios y su contestación (arg. art. 356, C.P.C.).-------------------------------------------------------

Tal cortapisa halla su fundamento en el respeto al principio de igualdad ante la ley, el que se guarda cabalmente cuando en el proceso se otorga a ambas partes la oportunidad legal de considerar y defender, con las garantías consiguientes, cada una de las razones o fundamentos que sostienen las respectivas pretensiones.--------------------------------------------------------------------

Pero es de aclarar, que el vicio se refiere al caso de que el fallo se haya apartado de los “capítulos de la litis”, esto es, al supuesto en que la parte dispositiva de la resolución no guarde congruencia extrínseca con las pretensiones deducidas.---------------------------------------------------------------------

En el caso que examino, la demandada planteó oportunamente excepción de prescripción en los términos del art. 58 de la Ley de Seguros (1 año) y, al haber sido acogida la misma por el juez de primera instancia, la parte actora llevó a la Alzada la resolución vinculada a la misma.-----------------------------------------

De tal modo, el encuadramiento legal que realizara el Tribunal a quo de la defensa de prescripción oportunamente interpuesta y sometida a juzgamiento vía apelación, así como la determinación, valoración y calificación de los hechos esgrimidos con demanda y contestación, responde al poder-deber de la Judicatura de formular la afirmación del derecho que se adecua al caso.-------------------------

Siendo así, no ha mediado incorporación de oficio de un nuevo capítulo de litis sino tan sólo se ha producido la subsunción de las circunstancias y hechos introducidos a la causa a la normativa sustancial que se entendía aplicable; actividad que en modo alguno implica afectación al derecho de defensa al cual responde el principio de congruencia, como erróneamente asume la impugnante.-

No puede preterirse que el principio “iura novit curia” autoriza el papel activo del tribunal en este sentido, siempre y cuando no se altere la causa de la pretensión.------------------------------------------------------------------------------------

Y esta última situación tampoco se ha configurado en autos, puesto que la impugnación de la actora estableció el objeto y causa de su pretensión, cual era se revisara la decisión de que la acción intentada había prescripto.-------------------

Aún cuando la parte interesada no haya reivindicado de manera específica la normativa que seleccionó la Cámara a quo para decidir el plazo de prescripción aplicable al caso, como apeló el capítulo vinculado a esa defensa, el órgano jurisdiccional era competente para efectuar -iura novit curia- la subsunción de los hechos a la norma que conceptuara pertinente.--------------------

Así las cosas, la Alzada ha actuado dentro del marco fáctico del capítulo litigioso que ingresó a su competencia y, respetados tales tópicos, tiene plena facultad en la formulación de la calificación jurídica que a su criterio se adecue a la solución de la controversia.--------------------------------------------------------------

III.b. Finalmente y en el eventual caso de que la censura entrañe la discrepancia de la recurrente con la aplicación o hermenéutica de la norma sustancial aplicada o con el mérito de los hechos, es de aditar que el ingreso en reflexiones de ese tipo importaría vulnerar la competencia de esta Sede extraordinaria por el motivo propuesto.---------------------------------------------------

En este sentido, la jurisprudencia de esta Sala ha dejado establecido que el recurso de casación fundado en presuntos vicios en las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento o la sentencia (inc. 1° del art. 383, C.P.C.), sólo admite como materia revisable los errores "in procedendo" o “in cogitando”, lo cual excluye la procedencia del recurso por el supuesto error en la interpretación de normas de carácter sustancial o valoración de la prueba y de las constancias de la causa.---------------------------------------------------------------------------------------

Esta son -precisamente- las nociones que guiarán la inspección de la restante irregularidad de la que se ha prevalido la casacionista y merced a ellas puedo, desde ya, anticipar una declaración en términos de inadmisiblidad.---------

IV. Dada la íntima conexión de los argumentos sustentadores de los diversos segmentos que informan el restante demérito, es decir, el de falta de fundamentación lógica y legal, cabe recordar que la regla cardinal a la que se subordina la validez de todo acto sentencial es la necesidad -insoslayable- de que el mismo cuente con una adecuada fundamentación lógica y legal (arg. arts. 155, Const. Pcial y 326 C.P.C.).-----------------------------------------------------------------

A su vez -y como indicara ex ante- debe tenerse presente que la casación por causal formal habilita exclusivamente la corrección de sendos errores (in cogitando o in procedendo) capaces de producir la ineficacia del pronunciamiento que se haya cumplido con violación de los principios de la lógica que gobiernan el pensamiento o de las formas y solemnidades establecidas para su dictado bajo pena de nulidad.-----------------------------------------------------

El vicio in iudicando in iure en cambio, cuando consiste en un eventual error en la interpretación de normas sustanciales sólo puede ser denunciado ante los jueces de mérito y no ante los de casación, fuera de los casos previstos por las causales de los incs. 3° y 4° del art. 383 del C.P.C., en los que el ordenamiento ritual asigna competencia en ejercicio de la función nomofiláctica y de unificación.-----------------------------------------------------------------------------------

Esto importa un deslinde de competencia desde que el juez de mérito es soberano respecto a la calificación jurídica de los hechos en que se basa la sentencia.--------------------------------------------------------------------------------------

Es decir: por el motivo de casación formal no es asequible el control sobre las conclusiones extraídas de la interpretación del derecho sustantivo; cometidos que superan los límites impuestos por la ley a la hipótesis involucrada que se reduce a la fiscalización de las formas y solemnidades consagradas para el dictado de la sentencia.----------------------------------------------------------------------

Signada -entonces- la tarea resolutiva por los postulados mencionados y en tanto en la impugnación se advierte acerca de la falencia motivacional del acto decisorio, es necesario inspeccionar si el razonamiento del órgano jurisdiccional se corresponde, a partir de la percepción y selección de los hechos formulados, las pruebas rendidas y las normas jurídicas, a la conclusión propuesta.--------------

Esto efectuado, naturalmente, dentro del marco que representan los términos en que se constituyó la relación jurídico procesal y los agravios que abrieron la competencia funcional de la Alzada.----------------------------------------

IV.a. Pues bien, encuentro indubitable que lo postulado por la recurrente, más allá del encomiable esfuerzo en asignar una apariencia de formalidad a su embate, se direcciona contra presuntos errores in iudicando poniendo de manifiesto su discrepancia con la meritación llevada a cabo y la aplicación e interpretación de normas de derecho sustancial.-----------------------------------------

En efecto: de la sola consulta del memorial impugnativo deviene evidente que las tachas cuestionan la ponderación crítica efectuada por el Tribunal de Mérito en base a lo dispuesto en la normativa de jaez sustancial en cuyo mérito resolvió la repulsa de la defensa sustancial de prescripción.---------------------------

En esos términos, ninguna falta de fundamentación legal por error en su aplicación se verifica ni tampoco falta de fundamentación lógica por transgresiones o inexactitudes en la formación del pensamiento sentencial.--------

Comienzo a justificar.---------------------------------------------------------------

IV.b. Advirtamos que este segundo tramo impugnativo se descompone en cuatro subcensuras:--------------------------------------------------------------------------

1) por la primera la sociedad impugnante invoca que el acto decisorio en crisis transgrede el principio de irretroactividad de la ley consagrado al art. 3, Cód. Civ., al analizar y aplicar el texto del art. 50 de la Ley de Defensa al Consumidor pero no en su redacción original (ley 24.240), sino en la versión modificada de la ley 26.361 las que, si bien consagran el mismo plazo de prescripción (3 años), presentan diferencias sustanciales.------------------------------

Tal planteamiento no puede recibirse por no ser real que haya habido una aplicación retroactiva de la ley y la sola lectura desapasionada de la sentencia da prueba elocuente de ello.--------------------------------------------------------------------

En efecto: tras determinar en función del plexo regulador de las relaciones de consumo que el caso quedaba alcanzado por la ley 24.240 (arts. 1, 2 y 42, C.N.), que el plazo allí previsto es de 3 años y -en efecto- transcribir la versión introducida por la ley 26.361 al art. 50, fue clara en sostener, con el sólido apoyo doctrinario que cita: “La interpretación del artículo, antes de su reforma, ha dado lugar a controversias, sobre todo con relación a su alcance material, esto es, qué acciones prescriben a los tres años. Hay dos posiciones enfrentadas. Para algunos la interpretación de la norma debía ser restrictiva (...); (...) Según otro enfoque, más amplio, el plazo de prescripción consagrado en la norma es aplicable a todas las acciones que surjan de una relación de consumo (...)”.-----------------------------

Lo cierto es que respetando el orden metodológico seguido por la Cámara de juicio, el contenido mismo de la argumentación y magüer la mención en alguno de los párrafos al texto modificado por la ley 26.361 (vgr. “Hacemos la salvedad establecida en el propio art. 50 modificado por la ley 26.361 en el sentido cuando otras leyes fijen plazos distintos, se estará al más favorable al consumidor”), si algo no puede sostenerse es que se haya provocado el vicio sobre el que se advierte y que -como tal- posea virtualidad anulatoria.--------------

Es que es de absoluta obviedad que el repaso a las posiciones autorales que se habían expedido por un criterio restringido o amplio (al que adhirió la Cámara) respecto a la interpretación del art. 50 “antes de la reforma de la ley 26.361”, destierra la configuración de un eventual yerro que resulte controlable, y pone al descubierto la verdadera entidad del fustigamiento que no es otro que la manifiesta discrepancia con la respuesta sustancial que le ha sido dado a la casacionista.----------------------------------------------------------------------------------

Tan es así que si se continúa con el escrutinio del acto sentencial se advertirá que la repulsa de la prescripción con fundamento en que no había transcurrido el plazo de 3 años, no obedece al texto de una norma que no se encontraba vigente (art. 50, ley 26.361) lo que revelaría una transgresión del ordenamiento positivo vigente, sino -antes bien- a la adhesión de la Cámara al criterio interpretativo amplio que propiciaba la doctrina en relación al art. 50, ley 24.240.-----------------------------------------------------------------------------------------

En esa línea afirmó “(...) Por nuestra parte, adherimos a la postura amplia, que es compatible con la finalidad tuitiva del consumidor consagrada en la Constitución Nacional. Por ello, la recta interpretación del art. 50 de la ley de defensa del consumidor, a la luz de la Constitución Nacional y la finalidad del legislador, nos lleva a entender que las acciones a que dicha disposición se refiere no sólo las explícitamente enunciadas en el texto de la ley 24.240, sino todas aquellas que nazcan del conjunto de los instrumentos legales que tutelan al consumidor a partir de la relación de consumo. Con la reforma de la ley 26.361, la nueva redacción del art. 50 no da lugar a dudas: cuando exista un plazo de prescripción previsto por una ley especial, debe aplicarse el más favorable al consumidor y/o usuario”.-------------------------------------------------------------------

Ergo, y como he analizado y justificado, la pretensa irregularidad es inexistente.------------------------------------------------------------------------------------

IV.c. Igualmente inadmisibles son los otros tres sub-gravámenes en los que se escinde el déficit de motivación esgrimido.--------------------------------------

Puntualmente me refiero a que la advertencia que efectúa la impugnante acerca de la inaplicabilidad de la ley 24.240 y su queja a la pretensa afectación de su derecho de defensa queda neutralizada no sólo ni tanto por el discurrir argumental que -a su turno- me permitió descalificar el vicio de incongruencia, sino que nuevamente queda transparentado que la deficiencia sobre la que se ha conjeturado en su interior encubre el desacuerdo con el desenlace al que se arribara tras un prudente análisis del tema en debate, en aras a renovar en esta instancia una actividad que escapa a la naturaleza intrínseca de la misma, por vincularse a la consistencia de la motivación y no a un defecto en la misma.-------

De hecho tanto este parcelamiento como aquéllos otros por los que imputa errónea aplicación del derecho por cuanto -en su decir y según su propio modo de ver- una ley general posterior no puede imponerse por sobre una ley especial y que no existe duda que habilite el “favor debilis”, lejos está de constituir una quiebra formal en el pensamiento sentencial y -por el contrario- se emparenta con un típico contenido sustantivo que prescinde -al menos como ha sido planteado- de las exigencias consubstanciales de este medio impugnativo extraordinario, lo que impide su recepción en justicia.-------------------------------------------------------

La sola circunstancia de no compartirse el sentido y alcance dado a la normativa fondal implicada, de ningún modo pone de manifiesto el quebrantamiento a alguna regla del pensamiento.---------------------------------------

Las censuras esgrimidas quedan debilitadas por el estudio del pronunciamiento en crisis, del cual surge el análisis efectuado a partir de la normativa de fondo regente en la materia, que -en orden al desarrollo argumental brindado- le permitió propiciar una conclusión jurídica disímil a la pretendida.----

Precisamente porque se refieren a consideraciones de circunstancias de hecho y de derecho sustantivo, todo lo cual desvincula del control de logicidad y excede la materia casatoria inherente a la causal a la que se acudió.-----------------

Ello pues, si bien se anuncia la configuración de un infracción formal, en rigor de verdad peca al tiempo de indicar argumentativamente y demostrar de manera precisa el modo en que los principios gobernantes del pensamiento han sido ignorados o quebrantados.------------------------------------------------------------

Obsérvese que la acusada motivación deficitaria en el aspecto legal y lógico sobre la que -en definitiva- reposa el libelo impugnativo deviene inaceptable ante el alocución fundante con que cuenta la sentencia, emparentándose -en cambio- los agravios casatorios con los propios del recurso ordinario que abren la competencia del Tribunal de Alzada, más no la de esta Sede, al encubrir con un viso formal a lo que en realidad tiene un típica esencia sustantiva desvinculada de las falencias contempladas y permitidas por el carril casatorio correspondiente.------------------------------------------------------------------

El planteo no acalla el cuestionamiento al criterio jurídico sustancial del que se ha valido el Tribunal de Mérito interviniente para solucionar la materia controvertida (rechazo de la excepción de prescripción) y, lo que es más importante, simboliza la tentativa final de obtener la variación de la solución acordada.--------------------------------------------------------------------------------------

La motivación del fallo -lógicamente correcta- reposa en la puntual explicitación de los argumentos que le permitieron sentar su premisa jurídica sustancial de conformidad a la plataforma fáctica delineada y, a partir de ella, las razones determinantes del rechazo de la postulación defensiva de la accionada, con lo que queda vacío de contenido el déficit formal imputado.---------------------

Justamente, lo esencial en el caso fue penetrar en la investigación que -según el Mérito- justificaba la aplicación de las prescripciones de naturaleza sustantiva a partir de los hechos expuestos por las partes en conflicto, razón por la cual los errores en el razonamiento sobre los que se previene en casación, no logran conturbar la motivación de la sentencia.-----------------------------------------

El tema es que aún siendo válido que las conclusiones logren o no consenso, como cualquier opinión en materia jurídica, de ello no se sigue como consecuencia directa su calificación de infundadas por estar en oposición con el criterio de la parte recurrente, ya que éste es tan subjetivo como el otro de modo que no constituyen una pauta segura frente a la cual todos los demás deben considerarse equivocados.------------------------------------------------------------------

Dejo expresado mi voto en este sentido.------------------------------------------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:-------------- Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Armando Segundo Andruet (h). Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.-----------------------------------------------------------------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:-----------------------------------------

Comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal del primer voto.-


Así voto.-------------------------------------------------------------------------------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H), DIJO.----------------------

A mérito de la respuesta dada al primer interrogante, propicio: 1) rechazar el recurso de casación interpuesto por el motivo del inc. 1º, art. 383, C.P.C., con costas a la recurrente que resulta vencida (art. 130 C.P.C.). 2) fijar el porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios profesionales del Dr. Carlos Gutiérrez por sus tareas de casación, en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del art. 36, ley 9459 (arg. arts. 36, 40 y 41 ib.) y no estimar los honorarios profesionales del letrado de la impugnante en esta oportunidad (arg. art. 26, misma ley).--------------------------------------------------------------------

Así me expido.-----------------------------------------------------------------------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:--------------

Adhiero a la solución a que arriba el Señor Vocal del primer voto.----------

Así voto.-------------------------------------------------------------------------------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:-----------------------------------------

Coincido con la respuesta proporcionada por el Sr. Vocal Dr. Armando Segundo Andruet (h), ya que el mismo expresa la solución correcta a la presente cuestión.---------------------------------------------------------------------------------------

Por ello, voto en idéntico sentido.-------------------------------------------------

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,------------

RESUELVE:---------------------------------------------------------------------------------

I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el motivo del inc. 1º, art. 383, C.P.C., con costas a la recurrente.-----------------------------------------------

II. Fijar el porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios profesionales del Dr. Carlos Gutiérrez en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del art. 36, ley 9459 y no estimar los honorarios profesionales del letrado de la impugnante.----------------------------------------------

Protocolícese e incorpórese copia.------------------------------------------------
Dr. Armando Segundo Andruet (h)

Presidente de la Sala Civil y Comercial T.S.J.

Dr. Carlos Francisco García Allocco Dr. Domingo Juan Sesin
Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia

“NIETO OLGA DEL VALLE C/ CAJA DE SEGUROS S.A. - ORDINARIO - RECURSO DE CASACIÓN (EXPTE. N 03/09)


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