Santiago, seis de diciembre de dos mil trece






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Santiago, seis de diciembre de dos mil trece.

Oídos los intervinientes y teniendo presente:

1º Que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa O-1601-2011 dictó sentencia el 28 de diciembre de 2013 mediante la cual, resolviendo un petición de mera certeza concluyó que existe una unidad económica empresarial de las empresas recurrentes de nulidad Amec Chile Ingeniería y Construcción Ltda., Amec International Ingeniería y Construcción Limitada, Amec Cade Servicios de Ingeniería Limitada, Amec Cade Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Limitada, Amec Soth America o Agra Energy Services y Amec Americas Limited, y en consecuencia el sindicato de Empresa de Profesionales de CADE-IDEPE queda facultado para afiliar a cualquier trabajador que preste servicios actualmente o en el futuro para alguna de las empresas mencionadas y representar a cualquier trabajador afiliado a cualquiera de la antes mencionadas empresas.

2º Que en contra de la mencionada sentencia se han deducidos recursos de nulidad que se mencionan a continuación.

3º Que la demandada Amec Chile Ingeniería y Construcción Ltda., fundamenta su recurso de conformidad con lo señalado en el artículo 477 del Código del Trabajo, puesto que estima que la sentencia recurrida contiene una serie de errores de derecho que influyen en lo dispositivo del fallo y que le causan un agravio solamente reparable con la anulación de la sentencia mediante el recurso deducido.

Plantea que las normas infringidas por la sentencia son el artículo 507 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 3 del mismo cuerpo legal, artículo 3 del Código Civil, artículos 6, 7, 19 N° 16, 19 N° 19 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República; y artículos 456 y 459 N° 4; 212, 216, 220 N° 2 y 4; 303, 306, 315, 334, y 334 Bis B, del Código del Trabajo.

En forma subsidiaria a la causal de nulidad invocada, interpone el recurso por las causales señaladas en el artículo 478 letras b), y e) del Código del Trabajo. Pide se rechace la demanda en todas sus partes, todo ello en consideración con los argumentos planteados.

4º Que la primera causal de nulidad esgrimida como principal es la del artículo 477 del Código del Trabajo por haber sido dictada la sentencia con infracción de ley que influye en lo dispositivo del fallo. Ello por cuanto ha existido infracción del artículo 507 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3, 212, 216, 220 Nº 2 y 4, 303, 306, 315, 334 Y 334 Bis B del mismo Código, artículos 6, 7 y 19 N° 16,19 y 24 de la Constitución Política de la República, artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, y Artículo 3 del Código Civil.

La infracción al artículo 507 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 3 del mismo cuerpo legal, estima que se produce por cuanto la sentencia crea e inventa sanciones y/o consecuencias jurídicas no previstas en dicha norma para el ilícito laboral del subterfugio y lo da por configurado sin atención a la conducta típica establecida en la norma.

Señala que el Tribunal a quo resuelve que las empresas demandadas constituyen una "unidad económica que ha incurrido en subterfugios previstos en el inciso segundo del artículo 507 del Código del Trabajo" y que, en consecuencia, "el sindicato demandante queda facultado para: a) Afiliar a cualquier trabajador que preste servicios actualmente, o en el futuro, para alguna de las empresas demandadas; b) Representar a cualquier trabajador en calidad de afiliado o adherente que mantenga relación laboral vigente con cualquiera de las empresas demandadas, al momento de encontrarse su organización sindical en un proceso de negociación colectiva."

Conforme lo señala la sentencia recurrida, la norma del artículo 507 del Código del Trabajo que establece como ilícito laboral el establecimiento de razones sociales distintas que impliquen para los trabajadores disminución o pérdidas de derechos laborales individuales o colectivos, al constituir "un límite normativo objetivo para la descentralización productiva", contemplaría la posibilidad de declarar la existencia de una unidad económica empresarial; ello, por cierto, no obstante que los autores citados en la propia sentencia reconozcan la debilidad de nuestra legislación y la ausencia de norma expresa.

Entiende que lo anterior constituye una infracción manifiesta al tenor literal del artículo 507 precitado, en relación con el artículo 3 del mismo cuerpo legal, toda vez que la norma que sirve de sustento para la resolución dispone en forma expresa y excluyente una sanción y consecuencia diversa a la aplicada el tribunal para la ocurrencia del pretendido subterfugio, con una multa a beneficio fiscal y la responsabilidad del empleador directo en el pago de las obligaciones laborales.

Hace ver que el artículo 3 del Código del Trabajo, en sus incisos segundo y tercero señala que “Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Las infracciones a las normas que regulan las entidades a que se refiere este artículo se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 de este Código.".

A su vez, argumenta que, el artículo 507 del Código del Trabajo, en sus incisos segundo y siguientes, dispone que “El que utilice cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio y que tenga como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 150 unidades tributarias mensuales, aumentándose en media unidad tributarla mensual por cada trabajador afectado por la infracción, cuyo conocimiento corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo, con sujeción a las normas establecidas en el Título I de este Libro.

Plantea que de esta manera quedan comprendidos dentro del concepto de subterfugio, a que se refiere el inciso anterior, cualquier alteración realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos, en especial entre los primeros las gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los segundos el derecho a sindicalización o a negociar colectivamente. El empleador quedará obligado al pago de todas las prestaciones laborales que correspondieren a los trabajadores quienes podrán demandarlas, en juicio ordinario del trabajo, junto con la acción judicial que interpongan para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso segundo."

Entiende el recurrente que como se puede apreciar del tenor literal de las normas citadas, nuestro legislador ha tipificado como ilícito el subterfugio laboral, entendiéndose por tal cualquier alteración realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos; contemplando para su ocurrencia una sanción expresa y específica, cual es, una multa a beneficio fiscal (10 a 150 UTM, aumentada en media UTM por cada trabajador afectado por la infracción) y la responsabilidad directa del empleador efectivo respecto del PAGO de todas las obligaciones laborales que correspondieren a los trabajadores. En complemento a lo anterior, dispone que el pago de los derechos laborales a que queda obligado el empleador debe hacerse efectivo a través un juicio ordinario en el cual, además, se haga efectiva la multa correspondiente.

Plantea que el referido artículo, a diferencia de lo pretendido por el tribunal a quo, no establece como sanción -ni siquiera indirectamente- una recalificación del concepto de empresa que prescinda de la individualidad. Dicha disposición, tampoco establece como sanción o consecuencia jurídica para la ocurrencia de un subterfugio laboral, la pretendida figura y consecuencias de la "unidad económica empresarial" que el Juez A Quo concluye existiría en la especie; figura que, por lo demás, no tiene reconocimiento alguno en nuestra legislación laboral, según se desprende de la propia sentencia recurrida, en la cual el Tribunal, recurre a la cita de una serie de autores que bien tratan de materias ajenas a nuestra legislación por ser extranjeros, o bien, siendo nacionales, reconocen en forma expresa -según cita la propia sentencia- la debilidad de nuestra legislación y la ausencia de norma que resuelva la actual estructura societaria que en los últimos años se da en materia laboral.

Ante la constatación de la supuesta dirección o interés común de las demandadas, el Tribunal podría haber señalado que todas las empresas constituían una sola empresa para efectos laborales, sin embargo no lo hizo ni podía hacerlo. Ello, debido a que (a) el Sindicato demandante no solicitó en su demanda que las empresas demandadas fueran declaradas una sola empresa para efectos laborales; (b) el artículo 507 del Código del Trabajo no lo contempla de forma alguna; y (c) el texto del artículo 3 del mismo cuerpo legal lo impide expresamente al limitar el concepto de empresa a la existencia de una individualidad legal determinada.

A este respecto, se debe tener presente que lo establecido en el artículo 507 del Código del Trabajo para castigar el subterfugio laboral constituye una sanción de derecho estricto que, en virtud del principio de legalidad v las normas constitucionales sobre la materia, no puede ser eludida ni cambiada por el Tribunal. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de la República, el Tribunal no puede inventar sanciones, crear nuevas instituciones laborales y atribuirles consecuencias jurídicas no previstas en la ley.

Además, la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 507 del Código del Trabajo, al tener por configurado el ilícito laboral subterfugio sin establecer las conductas típicas que lo configuran (cuales son la alteración de la individualidad o patrimonio), las obligaciones laborales o previsionales eludidas, ni cuál sería la verdadera empresa o empleador y cuáles serían las ficticias.

A este respecto, se debe destacar que la existencia de empresas relacionadas no puede, ni en los hechos ni en el derecho, implicar en sí mismo un subterfugio laboral, como erradamente lo pretende la sentencia recurrida. En nuestro ordenamiento, no existe obligación legal de fusionar una o más empresas en caso de compra o adquisición por parte de otra - como sucede en la especie, según se evidencia de lo constatado por el propio sentenciador - y, por lo mismo, la mantención de sus individualidades legales y sus operaciones no constituye en sí mismo un ilícito laboral o subterfugio.

En tal orden de ideas, la sentencia recurrida al declarar que en la especie existiría un subterfugio laboral y que las empresas demandadas constituyen una "unidad económica empresarial", permitiendo al sindicato demandante afiliar a trabajadores actuales y futuros de todas las demandadas y facultarlo para negociar colectivamente con todas las demandadas, ha infringido manifiestamente el artículo 507 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 3 del mismo cuerpo legal y el principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República; toda vez que crea e inventa sanciones o consecuencias jurídicas diversas a aquellas expresamente contempladas en la norma para la ocurrencia del ilícito laboral del subterfugio; ello, además, sin establecer en forma concreta quién sería el empleador efectivo ni los elementos de la conducta típica regulada en el artículo 507 del Código del Trabajo.

El concepto de "unidad económica empresarial" establecido por la sentencia recurrida, no está previsto ni contemplado en la ley laboral, como tampoco se encuentran contempladas en la misma las consecuencias jurídicas que inventa el juez y la cuales se traducen en la creación de una suerte de "sindicato de unidad económica" y la posibilidad de una "negociación colectiva ínter unidad económica".

Con ello, la sentencia recurrida vulnera, además, el mandato constitucional contenido en el artículo 19 N° 19 que reconoce el "El derecho de sindicarse en ¡os casos y forma que señale la ley" -y no el juez- al crear de forma más que ingeniosa la afiliación sindical en supuestos ajenos y diversos a los contemplados en nuestra legislación. También hay infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, incurriendo en vulneración manifiesta del derecho de propiedad de las demandadas al privarles de los atributos y facultades inherentes al dominio con la creación artificial y extralegal de la figura "unidad económica empresarial".

Atendido a que la figura que establece la sentencia no se encuentra contemplada en norma legal alguna, no es de extrañar que el sentenciador de primer grado olvide incluir en la sentencia los nuevos capítulos del Código Laboral que regulen cómo, cuándo y de qué forma deberían negociar colectivamente las "unidades económicas", como asimismo, cómo se conformarían y qué derechos tendrían los sindicatos de "unidades económicas". Ello, evidencia la inconsistencia de la sentencia y la imposibilidad material y legal de que la misma subsista en el tiempo, toda vez que ésta es irreconciliable e impracticable con el ordenamiento jurídico existente.

Infracción al artículo 212 del Código del Trabajo sobre el derecho a sindicalización "conforme a la ley", artículo 216 del mismo Código sobre tipos de organizaciones sindicales reconocidas por ley, y a las normas sobre negociación colectiva a nivel de empresa (artículos 303, 306, 315, 334, y 334 Bis B, del Código del Trabajo).

Cuando la sentencia recurrida inventa y establece este concepto extralegal de "unidad económica" y lo vincula al sindicato demandante señalando que (i) éste puede afiliar empleados de cualquiera de las empresas que la sentencia determina que integran la "unidad económica" y (ii) que éste puede negociar colectivamente con esta "unidad económica" (que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio), está creando por la vía judicial una organización sindical no reconocida ni regulada por la ley, atribuyéndoles derechos, prerrogativas y obligaciones correlativas para esta unidad económica, que tampoco existe en derecho.

Al obrar de esta manera, la sentencia recurrida viola el artículo 212 del Código del Trabajo en cuanto éste dispone que el derecho a crear organizaciones sindicales debe "sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas". Es evidente que el "sindicato de unidad económica" no está reconocido por la ley, y ello se evidencia no sólo porque la ley no lo contempla, sino que, además, debido a quo la ley tampoco contempla la existencia de las unidades económicas pretendidas por la sentencia.

Consecuente con lo anterior, la sentencia vulnera y pretende modificar - en su intento de colegislador - el artículo 216 del mismo cuerpo legal, al crear un nuevo tipo de organización sindical, cual es, el "sindicato de unidad económica"; cuestión que se encuentra vedado constitucionalmente al juez.

Consistentemente con lo anterior, el artículo 334 Bis B del mismo cuerpo legal dispone que "5/ los empleadores a quienes se presentó el provecto de contrato colectivo, manifiestan su intención de negociar en forma conjunta, dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo anterior, deberán integrar una comisión negociadora común,..."

El tenor literal de los preceptos citados, revela lo ya dicho en los puntos anteriores en el sentido que la sentencia recurrida no sólo viola normas legales y constitucionales individuales sino que es un flagrante atentado al orden público jurídico laboral y al estado de derecho: de modo tal que su existencia es irreconciliable con el ordenamiento jurídico laboral existente hoy en día en nuestro país.
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