Competencia originaria






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7. Firme el decreto de autos (fs.1575) la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

8. La casación ha sido deducida en tiempo oportuno, razón por la cual deviene pertinente analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales que hacen a su procedencia formal y sustancial, pues la concesión de un recurso por el Inferior no inhabilita al tribunal de alzada para controlar la concurrencia de los presupuestos procesales atinentes a su admisibilidad formal aún mediando conformidad de los justiciables1.

En tal sentido, cuadra señalar que el recurso ha sido interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras Civil y Comercial, en contra de una sentencia que resuelve rechazar el recurso de apelación por entender, entre otras consideraciones, que la vía escogida no se presenta como idónea para satisfacer el interés de las partes y de la justicia en asuntos como el aquí discutido (cfr. fs. 1478vta.).

9. Legitimación del Ministerio Público.

9.a) A los fines de la consideración de la legitimación del señor Fiscal de Cámaras para interponer el remedio que deduce, estimamos conveniente efectuar un relevamiento de las principales circunstancias de la causa en lo que sean pertinentes.

A fs. 101/116 un grupo de vecinos de Barrio Juniors de esta ciudad deducen acción que denominan de amparo ambiental solicitando se ordene el cese de toda actividad relacionada con espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares en el Club Atlético General Paz Juniors. Dirigen su demanda en contra del referido club y de la Municipalidad de Córdoba.

A solicitud de los actores (fs. 1296) por proveído de fs. 1297 se da intervención al Ministerio Público, el que la hace efectiva mediante Dictamen n° 130 emitido por la señora Fiscal Civil de Primera Nominación (fs. 1298/1304vta.).

El Tribunal de primera instancia rechaza por Sentencia número Ciento siete del año dos mil nueve (fs. 1317/1337vta.) la acción de amparo impetrada.

Notificada la misma (fs. 1338/1340), transcurre el plazo previsto por el art. 15 de la Ley n° 4915 sin que los actores deduzcan apelación. A fs. 1343 comparecen y manifiestan que con el retiro del expediente tomaron conocimiento del decreto que ordena incorporar las cédulas de notificación de la sentencia, diligenciadas por la Municipalidad de Córdoba, y de la existencia de la cédula agregada a fs. 1413 a ellos dirigida, declarando bajo juramento no haberla recibido en el domicilio constituido -ni en ningún otro . Solicitan revocación por contrario imperio del decreto aludido y subsidiariamente reponen y apelan.

Rechazado el recurso de reposición y concedida la apelación (fs. 1348) las actuaciones son elevadas a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Tribunal que mediante proveído de fs. 1380 declara mal concedido el recurso por falta de impugnabilidad objetiva y ordena que bajen las actuaciones al juzgado de origen.

Ínterin se dio trámite a la presentación de los actores relatada en los párrafos precedentes, la señora Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Primera Nominación dedujo a fs. 1349/1357 apelación en contra de la sentencia de primera instancia; recurso que fue rechazado por la misma Cámara de Apelaciones en Sentencia número Doscientos cincuenta y tres de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve (fs. 1477/1481).

A fs. 1482/1492 el señor Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales deduce el Recurso de Casación que motiva el dictado de la presente resolución.

Del relato efectuado precedentemente surgen con suficiente claridad las dos siguientes conclusiones: a. El Ministerio Público no interpuso originariamente la acción de amparo sino que intervino en la misma una vez producida la prueba y antes del dictado de la sentencia de primera instancia.

b. Los presuntos afectados interpusieron la acción dejando transcurrir el plazo legal establecido en el proceso por ellos elegido (amparo) para la deducción del recurso pertinente ante el pronunciamiento adverso de primera instancia; quedando a partir de entonces marginados de la tramitación de la causa.

9.b) En ese marco, es dable recordar que este Tribunal ha delimitado con claridad el rol que cabe asignar al Ministerio Público local en la tramitación de procesos en los que se alegue la existencia de derechos de incidencia colectiva2.

En efecto, se ha sostenido ya que la Constitución de la Provincia establece que el Ministerio Público está a cargo del Fiscal General y de los fiscales que de él dependan, a quienes instruye sobre el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las leyes (art. 171, Const. Pcial.).

El art. 172 de dicho cuerpo normativo le fija las siguientes funciones: “...1) Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas; 2) Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social; 3) Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares; 4) Dirigir la Policía Judicial”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, n° 7826, y sus modificatorias establecen las funciones de dicho Órgano (arts. 1 y 9), reglamentando las atribuciones que genéricamente confiere la Ley Suprema local.

El art. 3 de la referida normativa dispone que las funciones a su cargo deben ser ejercidas conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, puntualizando que todo ello debe efectuarse “con arreglo a las leyes”.

A la luz de tales preceptos pueden extraerse dos conclusiones categóricas.

En primer lugar que la razón que determina la institución del Ministerio Público se encuentra en el interés público que se halle involucrado en el proceso.

El presupuesto ontológico de la intervención del Ministerio Público, la justificación de su accionar, consiste, pues, en la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Siendo ello así, la no participación de tal órgano en un proceso en el que se encuentre comprometido el orden público no puede ser subsanada por preclusión o consentimiento del particular.

En segundo lugar, no basta con que se configure el presupuesto ontológico que justifica la intervención del Ministerio Público sino que resulta indispensable además que tal intervención esté habilitada expresamente por ley.

Esto es, que como presupuesto procesal deviene necesario que la legitimación al Ministerio Público se encuentre concretamente atribuida por una disposición normativa vigente.

9.c) Intervención del Ministerio Público Fiscal en los procesos en los que se encuentre involucrado el Derecho al Ambiente.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo...".

El artículo 43, por su parte, habilita a la acción de amparo como vía idónea para obtener su protección al disponer que "Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización...".

En ejercicio de la atribución reconocida en el tercer párrafo del artículo 41 antes citado, en cuanto prescribe que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, el Gobierno federal sancionó la Ley General del Ambiente (n° 25.675), otorgando a sus disposiciones carácter operativo y de orden público; y luego de definir al daño ambiental como "...toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos..." (art. 27) reconoce a "...toda persona..." la posibilidad de "...solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo..." (art. 30).

De la correlación de normas efectuada precedentemente surge entonces con claridad que el Ministerio Público Fiscal resulta parte y debe dársele intervención en esta clase de procesos, cuando en cumplimiento de las prescripciones legales que regulan su actuación, así lo solicita.

Sobre el particular, adviértase que la intervención del Ministerio Fiscal cuando se encuentra vinculada esta categoría de derechos de incidencia colectiva –denominados “de tercera generación”- es la constante, desde que así lo contempla actualmente -en el orden nacional- la ley del Ministerio Público (Ley n° 24.946) que en su art. 41, inc. "a" establece la intervención del órgano en todas las causas en que el interés público lo requiera de acuerdo al art. 120 de la Constitución Nacional; en particular para prevenir o evitar daños en el patrimonio social, la salud, el medio ambiente y el consumidor y así surge de la interpretación armónica de lo normado en los arts. 120 y 42 de la Constitución Nacional.

La postura aquí sentada condice con el criterio amplio de interpretación en materia de apertura del proceso al Ministerio Público, en la medida que por él se busque hacer cesar las actividades generadoras de daño ambiental, pauta consagrada en el art. 32 de la Ley General del Ambiente en cuanto sostiene que "...El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie...".

9.d) Ahora bien, una consideración especial merece el sentido y alcance de la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Más precisamente se estima conveniente puntualizar el carácter de la intervención de este órgano en los procesos que procuran la cesación de actividades generadoras de daño ambiental.

En este orden de ideas no resulta ocioso remarcar que el Ministerio Público no interviene en nombre propio ejerciendo la acción de otro, sino que su participación en el litigio lo es en virtud del ejercicio de una legitimación que le es propia y que tiene un fin distinto al perseguido por el "...afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a esos fines...".

En otras palabras, la intervención del Ministerio Público no es a los fines que represente al particular damnificado, ni que actúe en el nombre de una asociación de consumidores, sino que interviene por un interés actual, colectivo y relevante, en defensa del orden público y de la ley, resguardando la regularidad del proceso en el que se encuentra en juego un derecho de incidencia colectiva y garantizando la fiel observancia de los derechos expresamente consagrados en la propia Constitución Nacional.

9.e) Admitida su intervención en calidad de parte, no se advierten razones para limitar derechos que en tal carácter le asisten en el proceso, en mérito de lo cual, queda claro pues que el Ministerio Público se encuentra legitimado para interponer el recurso de marras, en la medida que el presente proceso se oriente a obtener la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo, aspecto sobre el que volveremos infra.

10. Sentencia definitiva.

Como ha sido expuesto precedentemente, el recurso de casación ha sido articulado en contra de una sentencia que rechazó el recurso de apelación por considerar que la vía escogida -acción de amparo- no se presenta como idónea para satisfacer el interés de las partes ya que es evidente que por más razonable que aparezca la petición que ellos realizan, resulta indispensable para dictar una condena en contra de la institución, una actividad probatoria sino más contundente, por lo menos con posibilidad de contradicción y debate como ocurriría en un proceso de conocimiento.

En esas condiciones, el pronunciamiento carece, prima facie del requisito de impugnabilidad objetiva, en la medida que el decisorio que por vía casatoria se pretende cuestionar no constituye sentencia definitiva ni sería equiparable a tal.

En ese sentido, resulta oportuno traer a colación la doctrina jurisprudencial elaborada por este Tribunal Superior en materia de amparo: “La interpretación armónica de los artículos 13 y 15 de la Ley 4915, suministra la base normativa que permite conceptuar como sentencia definitiva a la resolución judicial que declara la existencia o inexistencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional. El artículo 15 citado tiene por objeto delimitar cuáles son las resoluciones recurribles en apelación, pero no implica la exclusión automática de los recursos extraordinarios locales...”3.

A la luz de tales conceptos es menester considerar que el pronunciamiento atacado en casación, no posee la naturaleza, la función, ni el efecto exigido por la ley para habilitar la competencia extraordinaria de este Tribunal, desde que no pone fin al litigio, ni impide continuarlo, ni prejuzga sobre las pretensiones fundamentales de las partes de acuerdo al derecho objetivo.

Ello en tanto, tal como ha quedado manifiesto del relato de los antecedentes de la causa, la resolución que se pretende recurrir versa sobre la idoneidad de la vía procesal utilizada por los accionantes y no sobre el fondo del asunto que a través de ella se pretendía poner en consideración de la jurisdicción.

En efecto, en principio, y como regla, las resoluciones en materia de idoneidad de la vía de amparo no constituyen sentencias definitivas salvo cuando median hipótesis excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos. Es criterio inveteradamente sostenido por este Tribunal que sólo en forma excepcional, se considera procedente la revisión por la vía casatoria de un pronunciamiento jurisdiccional que no revista el carácter de definitivo en la medida que el mismo ocasione o sea susceptible de ocasionar al impugnante un gravamen irreparable o de dificultosa o imposible reparación ulterior4.

Planteada en esos términos la cuestión, cabe interrogarse si en el caso se configuran circunstancias de excepción que permitan salvar el obstáculo del carácter no definitivo de la resolución a los efectos de entrar a considerar las cuestiones planteadas, anticipando en esta instancia que el análisis arroja respuesta afirmativa.

Ello así por cuanto, el daño irreparable en el caso deviene de la circunstancia de encontrarnos frente a una multiplicidad de actores, por una parte, y numerosos posibles damnificados no actores, a cuyo especial interés en la resolución del pleito por la probable afectación de las condiciones ambientales del lugar de su residencia y el de sus familias, se añade la particularidad de que la instrumentación de la vía procesal propugnada por la Cámara interviniente, además de producir una importante demora en la ya de por sí aletargada resolución de la causa, traería consigo el excesivo desgaste jurisdiccional que implicaría requerir a cada uno de ellos que transite una vía judicial individual que tenga idéntico objeto y pueda llegar también a idéntico resultado.

En mérito de ello, y verificándose circunstancias que permiten vislumbrar que aun sin revestir el carácter de sentencia definitiva, la misma es susceptible de ocasionar a la parte un gravamen de muy difícil reparación ulterior, deviene procedente encuadrar el caso en la hipótesis de excepción referida precedentemente e ingresar en el análisis respecto al fondo del recurso deducido.
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