Competencia originaria






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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA


SECRETARÍA ELECTORAL Y DE

COMPETENCIA ORIGINARIA


PROTOCOLO DE SENTENCIAS

TOMO ……UNO ………… AÑO 2013 …………………

FOLIO …………...................................................................

SECRETARIA ………….……………………………………….



SENTENCIA NÚMERO: ONCE.-

En la ciudad de Córdoba, a DIECISIETE días del mes de OCTUBRE

del año dos mil trece, siendo las DOCE horas, se reúnen en acuerdo público los señores vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Carlos F. García Allocco, María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet (h)  y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "FERNÁNDEZ MARÍA ISABEL Y OTROS C/CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIORS Y OTRO - AMPARO - RECURSO DE CASACIÓN" (expte. letra "F", n° 06, iniciado el 16 de junio de 2010), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:-----------------------------------------

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H) Y M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

1. A fs. 1482/1492 el señor Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales interpone recurso de casación en contra de la Sentencia número Doscientos cincuenta y tres de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad de Córdoba, por la cual se resolvió: "Rechazar el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia 107 de fecha uno de Abril de dos mil nueve (01.IV.09) y en consecuencia confirmar la misma en todo cuanto decide. Sin costas, atento el ejercicio de la impugnación por parte del Ministerio Público, y la naturaleza de lo decidido (...)" (fs. 1477/1481).

Inicia el escrito recursivo fundamentando el interés para recurrir y su legitimación para hacerlo. En tal sentido, considera que de conformidad con los arts. 354 del C.P.C. y C. y 172 de la Constitución Provincial, en correlación con los arts. 1, 9 inc. 1° y 33 inc. 1° de la Ley n° 7826, el Ministerio Público se encuentra legitimado atento encontrarse de por medio intereses colectivos de los vecinos del Barrio General Paz Juniors, como así también, de los mismos asistentes a los mega eventos realizados en la sede del club demandado.

Agrega que la legitimación invocada se condice con los arts. 120 de la C.N. y 172 de la Const. Pcial., en cuanto las facultades del Ministerio Público Fiscal, en correlación con los arts. 25 incs. a, b, c y d de la Ley n° 24.946 y 1, 9 y 33 de la Ley n° 7826 que otorga la titularidad de la acción para actuar en defensa del interés público y de los derechos de las personas, y para procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.

En este sentido postula que, si bien los amparistas aparecen como titulares de un derecho patrimonial individual, esta situación jurídica es el soporte necesario para que la colectividad de personas y familias que se nuclean en el Barrio General Paz Juniors puedan acceder a beneficios que hacen a las condiciones de vida y, por ende, a la dignidad de sus habitantes (art. 41 de la C.N.).

Añade que no puede ponerse en dudas que existen innumerables situaciones, generadas a partir de hechos individuales, que tienen incuestionable proyección social y hacen a la dignidad de las personas, de las comunidades y de la sociedad en general. De tal modo  continúa- se trata de una situación que partiendo de derechos individuales, tiene connotaciones de universalidad, bajo el fundamento de que pese a que pueden diferenciarse en cada uno de sus titulares, reconocen una causa común, similar y análoga en todos ellos y conducen a la tutela de la salud comunitaria.

Asimismo, manifiesta que el Ministerio Público se encuentra legitimado, en función de lo dispuesto por el art. 43 de la C.N. en cuanto tutela en forma expresa, en su párrafo segundo, la situación respecto de los derechos colectivos o difusos, y el orden público vigente en dicha materia habilita el ejercicio de la acción civil por parte de la Fiscalía de Cámaras. Por otro lado, aclara que la legitimación del Ministerio Público no lo es en sustitución de las personas concretas, sino como órgano de tutela social.

A los fines de fundamentar la procedencia formal del recurso de casación interpuesto, señala que el decisorio recurrido se trata de una sentencia definitiva en los términos del art. 384 C.P.C. y C., en cuanto pone fin al proceso y causa un agravio irreparable.

Por su parte, y en relación a la procedencia sustancial del remedio recursivo, sostiene que la resolución atacada deviene contradictoria con los principios de la lógica, al grado tal que, la fundamentación que deriva de las argumentaciones se torna de un formalismo que deja de lado la realidad fáctica, equivocando la subsunción legal.

En tal sentido, señala que el a quo entiende que la carencia de elementos técnicos que acrediten el daño que ocasionarían los espectáculos no ha podido ser rebatido por la embestida de la Fiscalía y que, por otra parte, en autos no se ha suscitado una cuestión estrictamente ambiental, sino una agresión a los derechos de propiedad, posesión o convivencia pacífica perpetrada por la institución demandada.

Manifiesta que tal apreciación se alza contra la realidad que surge de las propias actuaciones del expediente administrativo, agudamente criticado por el tribunal sentenciante cuando señala que llama la atención el desprecio y la escasa importancia que le asigna el Municipio de la ciudad a la situación de los habitantes del barrio, la ausencia de respuestas y de soluciones hacia los vecinos y la virtual emboscada que tiende el Club Atlético General Paz Juniors a sus vecinos que, después de consolidarse como una institución social y deportiva, pasa de un día para otro a dar lugar y auspiciar que en sus instalaciones se realicen actividades nocturnas.

Indica que la Cámara admite, contrariamente a lo afirmado por el inferior, que hay suficientes elementos de prueba sobre la realización de los mega eventos que nuclean miles de personas sin que se haya obtenido oportunamente la habilitación municipal.

Aduce que no cabe ninguna duda que la cuestión planteada por los amparistas excede en mucho una mera cuestión de vecindad, tal como lo interpreta la sentencia cuestionada. En efecto, no se trata de que las actividades que realiza el club denunciado se limitan a causar molestias a los vecinos que puedan exceder la normal tolerancia, configurando la hipótesis estricta del art. 2618 del C.C., por el contrario, la actividad desarrollada es expresamente reconocida por el a quo al analizar el expediente administrativo y calificar como desaprensiva la actuación de la Municipalidad.

Reseña que la pretensión de realizar mega espectáculos requiere un trámite especial con la intervención del Centro de Investigación y Transferencia Acústica, de la Dirección de Obras Privadas, Habilitación de Negocios, de Planeamiento Urbano, de Protección Humana, de Tránsito y por supuesto de la Dirección de Espectáculos Públicos. Además, la propia reglamentación Municipal agrega que cuando la actividad propuesta, por su magnitud o características, pueda generar molestias al ámbito vecinal, se solicitará, además, informe de impacto ambiental a la Subdirección de Prevención y Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección General de Ambiente.

De manera que la propia Municipalidad reconoce que este tipo de actividad excede en mucho el límite del art. 2618 del C.C. y se introduce en materia ambiental.

Sostiene que la problemática ambiental excede el marco de las restricciones y límites al dominio, ya que el ambiente es un bien más vasto y menos inmóvil que la vecindad.

Advierte que el municipio, mediante Resolución n° 156 del cuatro de julio de dos mil ocho, reconoce que la entidad autorizada tiene una capacidad máxima de cuatro mil seiscientas personas, lo que permite calificarlo como mega evento, y al respecto señala que la ausencia del Estudio de Impacto Ambiental surge palmaria.

Razona que la propia Ordenanza n° 10.840/05, que establece los requisitos para la habilitación de este tipo de locales donde se desarrollan espectáculos públicos, es decir mega espectáculos, requiere del informe de impacto ambiental elaborado por la Subdirección de Prevención y Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sustentables. De donde surge que, la autorización de marras contiene una falencia central y fundante, que impide la habilitación del club para el desarrollo de los mega eventos y otorga razón a los agravios de los amparistas.

Arguye que la solución de la Cámara queda acotada en un ámbito que ni siquiera tiene en cuenta las propias exigencias de la reglamentación municipal, por lo que no se comprende de qué manera la aplicación de la norma civil suple las exigencias establecidas en las ordenanzas del municipio.

Relata que la falta de motivación adecuada y la consiguiente fundamentación aparente del resolutorio cuestionado trae aparejado una violación de los principios de la sana crítica racional que se introduce en el inc. 1 del art. 383 del C.P.C. y C.

Considera que la pretensión del juez, respecto de la carencia de prueba por parte de los vecinos en orden a las molestias y la normal tolerancia, constituye una afirmación que no respeta la propia reglamentación municipal y, lo que es más grave, deja de lado un principio liminar del derecho ambiental, cual es el de la prevención del daño.

En efecto, sostiene que pretender que el trámite especial que regla la Ordenanza Municipal, con intervención del Centro de Investigación y Transferencia Acústica, como así también de Protección Humana, no requiera el Estudio de Impacto Ambiental que exige la Ley n° 25.675 como responsabilidad del Municipio, y trasladarle dicha exigencia a los vecinos, constituye un verdadero desatino.

Señala que en autos, el Estudio de Impacto Ambiental luce por su ausencia y su carencia es directamente imputable al ente municipal que no ha respetado ni su propia reglamentación. Remarca que en materia ambiental, el principio de prevención hace de aquél estudio una pieza relevante e indispensable para cualquier habilitación administrativa. En consecuencia, tratándose de una cuestión ambiental, la omisión de considerar este aspecto, tanto por el juez de primera instancia como por el a quo, implica el desconocimiento de un elemento relevante que invalida toda la fundamentación del decisorio que se impugna.

Argumenta que el tipo de evento que se cuestiona, nada tiene que ver con el problema vecinal planteado en el art. 2618 del C.C., sino que tiene una resonancia general que, desde el punto de vista acústico, afecta a los vecinos del barrio, pero que, desde la perspectiva de su realización, interesa también a la seguridad de todos los intervinientes. Se trata de mega eventos de impacto ambiental por las múltiples connotaciones que conlleva a la calidad de vida de los vecinos, a la seguridad de los participantes y al tránsito aledaño.

Sostiene que la sentencia cuestionada, si bien adhiere a la tesis de una cuestión de vecindad, también admite situaciones que exceden la misma, en una argumentación contradictoria y, lo que es más grave, dejando de lado la correcta subsunción legal y, consecuentemente, violando el principio de congruencia.

Desde esta perspectiva, afirma que el decisorio resulta afectado en el iter lógico, atento a que el encadenamiento normal entre antecedentes y consecuentes en toda la resolución judicial requiere que las conclusiones asertivas se extraigan de las pruebas de la causa y produzcan un enlace entre los conocimientos probatorios adquiridos y la conclusión a la que se arribe.

De lo contrario, la aparente fundamentación de la sentencia viola el principio de congruencia, afectando su fundamentación y, especialmente, el resolutorio se torna arbitrario al no constituir una derivación razonada del derecho y de la prueba colectada en autos.

Entiende que la lectura del fallo es palmariamente equivocada, es decir, incurre en una incorrecta reconstrucción de los hechos que conlleva a una equivocada conclusión de la causa, y termina, pese a reconocer los hechos, negando el amparo ambiental y remitiendo a una vía procesal no idónea.

Agrega que el marco fáctico de los mega eventos que lleva a cabo la entidad demandada se introduce de lleno en lo que podemos caracterizar como derechos de incidencia colectiva, afectando las condiciones de vida, la seguridad y la dignidad de las personas qua habitan el Barrio General Paz Juniors.

Desde esta perspectiva, destaca que no existe un perjuicio exclusivamente individual, sino que aquel es compartido por todo un grupo social, sin perjuicio que puedan existir afectados particulares, quienes han sufrido un perjuicio directo en sus personas o patrimonios.

Considera que la Cámara no puede admitir la consolidación de una actividad administrativa que nace con posterioridad a la presente acción de amparo y que se va construyendo mediante autorizaciones provisorias, para llegar a la habilitación definitiva a impulso de intereses que no respetaron los reclamos de los amparistas.

En tal inteligencia, asegura que la pretensión de enmarcar la cuestión con estrictez en el art. 2618 del C.C. dejando de lado el derecho constitucional amparado en el art. 41 de la C.N., no se condice con la realidad, viola el principio de congruencia y deja sin motivación al acto sentencial al incurrir en fundamentación aparente, lo cual habilita el recurso casatorio, de conformidad con el art. 383 inc. 1 del C.P.C. y C.

2. A fs. 1493 y 1506 se corre traslado a las accionadas. El Club Atlético General Paz Juniors lo evacua a fs. 1498/1505vta., solicitando se mantenga la resolución recurrida, mientras que la Municipalidad de Córdoba hace lo propio a fs. 1507/1511vta., instando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

3. Mediante Auto número Doscientos cuatro, de fecha tres de mayo de dos mil diez, la Cámara a quo dispuso la concesión del recurso de casación (fs. 1517/1519vta.).

4. Elevados los autos ante esta Sede (fs. 1524), se dio intervención al Sr. Fiscal General de la Provincia (fs. 1526), quien se notificó del recurso interpuesto (fs. 1571).

5. A fs. 1540/1566 se presenta espontáneamente la Dra. Alicia Morales Lamberti, solicitando ser tenida como Amicus Curiae. En tal sentido, luego de repasar el cumplimiento de los requisitos formales que habilitan la procedencia del instituto en cuestión, expone su opinión fundada sobre el objeto del litigio, desarrollando argumentos, perspectivas y conocimientos especializados del régimen sustantivo y procesal ambiental que estima son relevantes para la resolución de la cuestión planteada en autos.

Mediante decreto de fecha diecisiete de junio de dos mil diez (fs. 1567), se tiene presente lo manifestado.

6. A fs. 1626/1632vta. la señora Fiscal Adjunta del Ministerio Público se notifica del decreto de autos obrante a fs.1572 y ratifica en todos sus términos el remedio casatorio deducido por el señor Fiscal de Cámaras. Asimismo solicita se consideren los argumentos expresados por la Dra. Alicia Morales Lamberti en el escrito presentado como Amigo del Tribunal (Dictamen n° E - 197 de fecha 10/03/2011).
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