En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de






descargar 60.99 Kb.
títuloEn la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de
página1/3
fecha de publicación18.06.2016
tamaño60.99 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Documentos > Documentos
  1   2   3
En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, como Presidente, y los Dres. Sebastián Diego Argibay y Armando Lionel Suárez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Agustín Pedro Rímini Olmedo y Graciela del Valle Neirot de Jarma, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 182/189 del Expte. Nº 16.895 - Año 2009 - caratulado: "Maldonado José c/ Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil". Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar y en segundo y tercer lugar, los Dres. Sebastián Diego Argibay y Armando Lionel Suárez respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Agustín Pedro Rímini Olmedo y Graciela del Valle Neirot de Jarma.
El Sr. Vocal, Dr. Eduardo José Ramón Llugdar dijo:
Y Vistos: Para resolver el recurso de casación deducido por la demandada a fs. 190/197, con ampliación de fundamentos a fs. 218/219.
Y Considerando:
I) Que impugna la recurrente la sentencia emanada de la Excma. Cámara Civil y Comercial de Primera Nominación de fecha 30 de diciembre de 2008 (fs. 182/189), que resuelve: I- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación impetrado por la actora modificando sólo el rubro daño psicológico, y condenando a la demandada al pago de la suma reclamada por tal concepto de Pesos Doscientos cincuenta mil ($250.000,00), según las modalidades establecidas en la sentencia impugnada respecto de los demás rubros resarcitorios que son confirmados. II- Rechazar el recurso de apelación impetrado por la parte demandada.III- Imponer las costas en esta instancia a la vencida según lo expresado en los considerandos de la presente.
II) Que para resolver de ese modo, el A quo se plantea, en primer término, si el Estado es responsable extracontractualmente por los daños causados por sus funcionarios. Al respecto, estima que la necesidad del ejercicio de un deber del Estado, no implica que quien lo ha sufrido deba soportar el daño que esta actuación le ha causado, cuando excede el límite de lo razonable, atento que la necesidad de administrar justicia no puede justificar los yerros de los funcionarios encargados de cumplir aquella tarea, por ello interpreta que argüir la licitud del proceder del Poder Judicial no obstaculiza el derecho indemnizatorio, pues la antijuricidad no es un presupuesto ineludible de la responsabilidad estatal. Adhiere a la opinión de Kemelmajer de Carlucci, Parellada y Matilde Zavala de Gonzalez, referida a que el único presupuesto específico de la responsabilidad estatal por detención provisoria, es que la sentencia o resolución recaída en la causa sea concluyente respecto de la inocencia del imputado. Así, afirma que del sumario criminal (fs. 236) surge que el Dr. Mema, defensor en ese entonces del actor, solicitó al Juez la práctica de la prueba de ADN con manchas encontradas en las prendas de la víctima el 2 de julio de 2002, y otras medidas de prueba, que indudablemente hubiesen sido útiles para determinar si el Sr. Maldonado había sido el autor del delito por el cual se hallaba detenido. Sostiene que esta prueba de medular importancia para el esclarecimiento inmediato de la autoría del crimen, fue inicialmente ordenada por el Juez Chanan, pero luego revocada a fs. 258 del citado expediente, detalle que no puede soslayarse al juzgar como erróneo el procedimiento adoptado por el Juez de instrucción que tuvo directa incidencia en el prolongado lapso de tiempo en que estuvo privado de libertad el Sr. Maldonado.Asevera que ello ha generado un perjuicio o sacrificio grave y anormal en la persona del actor que justifica el derecho al resarcimiento, por lo que rechaza el primer agravio ensayado por el recurrente sobre este aspecto. En cuanto a la queja delineada respecto de los daños experimentados por el accionante durante su detención en el penal de varones de esta ciudad, afirma que resultan relevantes las pericias psiquiátricas practicadas en autos que no han sido impugnadas por la demandada y que dan cuenta de la severidad de los mismos (fs. 108/113).
Asimismo, considera que los montos condenados para los tratamientos psicológico y farmacológico, no resultan exagerados en razón de las severas consecuencias psíquicas derivadas de la calidad de vida que tuvo el actor durante su cautiverio. Manifiesta que tampoco resultan exorbitantes los otros rubros incluidos en la sentencia apelada para resarcir a quien tiene su vida limitada a su auto reclusión que le impide reinsertarse socialmente. Señala que los informes presentados por los licenciados Tolosa y Díaz, con una marcada coincidencia y congruencia en sus resultados, dan cuenta de los daños generados por la vejación sexual y psicológica que refieren los test realizados. Al respecto, destaca que tratándose de una persona de escasos recursos culturales -peón de campo- resulta inverosímil que haya podido disfrazar sintomatologías para enmascarar una situación diversa a la constatada por dos expertos en la materia. Asevera que las consecuencias de los apremios padecidos están a la vista y no pueden ser ignorados. Expresa que el certificado médico expedido por el Dr. Rivas Jordán, cuyo reconocimiento obra a fs. 84, da cuenta de la lateralización global de la pirámide nasal izquierda y signos de perforación de la membrana timpánica del oído derecho. Pone de relieve que la seguridad de las cárceles, prescripta en el art. 18 C.N.está dirigida a proteger a las presos de la venganza privada, con una adecuada política de seguridad que debe implementar el Estado, la que en este caso estuvo ausente si a la vista de funcionarios públicos encargados del establecimiento carcelario se cometían semejantes atrocidades con un interno. En relación a los montos indemnizatorios, objeto de agravio de la actora, estima que han sido establecidos dentro del margen de discrecionalidad que impone al juez la obligación de obrar con prudencia y equidad, justipreciando lo reclamado conforme las pruebas aportadas y la circunstancias de la causa; salvo el fijado para resarcir el daño psicológico. Ello así, en tanto considera que es el de mayor magnitud y el que ha sido generador de la incapacidad sobreviniente del actor absoluta y permanente del 100%, fijándolo en la suma reclamada de $250.000,00.
III) Que el casacionista estima que la decisión impugnada ha sido fundada erróneamente, sin reparar en el espíritu de la norma legal y en tanto ha evaluado la prueba con subjetividad y atemporalmente, apartándose del sentido común y de los hechos. Afirma que, de ese modo, incurre en un error palmario y fundamental de interpretación que la torna absurda, vicio que habilita su revisión casatoria. Se agravia por considerar que la sentencia recurrida de ninguna manera se expresa sobre la existencia del error judicial que daría origen al resarcimiento a favor del actor. Señala que, por el contrario, los camaristas se limitan a analizar la actuación del juez que instruyó la causa, tal como si fueran una alzada con competencia para cuestionar las decisiones adoptadas por el mismo en uso de sus facultades constitucionales. Sostiene que admitir este tipo de injerencias jurisdiccionales implicaría destruir el principio de los jueces naturales y el de la división de las competencias, los que integran la defensa en juicio.Pone de relieve que las decisiones que adoptó en su momento el juez de instrucción ya fueron analizadas y revisadas por el Tribunal competente para ello, es decir, la Cámara de Juicio Oral que intervino en la causa originaria, y previamente por la Cámara de Apelaciones, tribunal que confirmó tanto el auto de procesamiento como la prisión preventiva dictada. Manifiesta que de los fundamentos de la sentencia se desprende que la única decisión que se le cuestiona al juez del crimen es no haberse producido la prueba de ADN en su momento y, de ese sólo hecho, se deriva la responsabilidad resarcitoria del Estado. Destaca que el fallo no dice si el imputado recurrió o no tal decisión y, en su caso, cual fue el resultado del recurso interpuesto, extremo que considera de vital importancia, pues si aquél nada hizo al respecto no parece prudente, lógico ni mucho menos legal que hoy las cuestione un tribunal sin competencia para entender en la cuestión. Advierte que, en principio, solo cabe responsabilizar al Estado por error judicial en la medida en que el acto que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que posee la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Entiende que, lo contrario, importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme no previsto ni admitido por la ley.
A continuación analiza la existencia de la causa de las lesiones que tiene en cuenta el A quo para sancionar civilmente al demandado. Al respecto, enfatiza que no hay en todo el proceso ni una sola prueba que haga suponer que el Sr. Maldonado sufrió abusos o vejámenes de ninguna índole durante su detención, y mucho menos que fueran como resultado de malos tratos proferidos por personal dependiente del Estado provincial.Asimismo, advierte que la actora ofreció prueba pericial para probar al menos la existencia de las lesiones, pero jamás la produjo, por lo que no se comprende como es que el A quo llega a tal conclusión. En cuanto a la condena por Gastos Asistenciales de $50.000,00, expresa que de la sola lectura del fallo en l a parte pertinente, surge que fue fijada sin los debidos comprobantes que la sustenten. También cuestiona que no se analice en forma detallada los gastos que componen este rubro, pues ello coloca a su parte en un total estado de indefensión. Expresa que debido a tal omisión, efectúa su critica partiendo de la descripción que de estos gastos hace el actor en su demanda. En ese orden, y referido a los "Gastos de Transporte hospital. Asiste. de 3ro", aduce que no se explica, ni mucho menos se acredita, a cuál hospital asiste el actor, ni cuáles son las razones para ello, ni la distancia que existe entre su domicilio ni el nosocomio, ni cuál es el medio de transporte utilizado, ni por qué debe un tercero realizar estos traslados. Afirma que tampoco acredita el actor este gasto con los comprobantes correspondientes.
Respecto al sub item "medicamentos", tampoco explica el demandante cuáles son los que debe ingerir durante toda su vida, ni las causas, ni qué médico le recetó los mismos, ni acompaña los comprobantes de pago. Sostiene que en el caso no corresponde aplicar el principio según el cual los gastos farmacéuticos no están sujetos a exigencias probatorias fuertes pues dichos medicamentos estarían siendo suministrados desde que el actor sufrió el daño físico, que por otra parte tampoco determina cuándo fue, y seguiría esta situación durante toda su vida, por lo que no resulta lógico que no se detallen los mismos, ni se acompañen las respectivas facturas o, al menos, las recetas e indicaciones médicas para su ingesta, desde que estos gastos nada tienen de excepcionales ni de urgentes.Cuestiona también por su falta de acreditación, las erogaciones por tratamientos psicológico y psiquiátrico, pues no se indica quiénes son los profesionales que lo asisten, ni sobre la cantidad de sesiones necesarias, ni se adjuntan los comprobantes de los costos, tampoco cuándo se iniciaron. Pasando al rubro incapacidad sobreviniente, asevera que no hay elementos médicos que la hayan establecido en forma total y definitiva y que, incluso del informe pericial surge la posibilidad de recuperación del trauma que supuestamente le impide desenvolverse laboralmente en la actualidad. Igualmente critica el monto fijado en concepto de daño psicológico, por carecer el fallo de fundamentos suficientes y por la falta de prueba que sustente dicho reclamo. Reitera que no existen denuncias penales de las vejaciones que habría sufrido Maldonado durante su detención, o al menos no han sido ni mencionadas en autos, por lo que admitirlas como generadoras de un trauma psicológico resarcible sería violar los principios de la prueba en materia civil y de la relación de causa a efecto que debe estar presente de modo indispensable cuando se intenta determinar la responsabilidad civil de una persona. Concluye que el fallo atacado no se hizo cargo de los agravios esgrimidos por su parte y que como único fundamento los Vocales manifiestan que los montos condenados "no resultan exagerados", o que "no parecen exorbitantes", expresiones sin contenido jurídico ni de razonamiento lógico y mucho menos originado en el análisis de las pruebas. En el escrito por el cual amplía fundamentos (fs.218/219) alega que las sentencias dictadas en ambas instancias han violado la doctrina legal establecida por este Superior Tribunal respecto a la tasa de interés. Manifiesta que ello es así, pues aplican la tasa pasiva promedio del BCRA con más el 0,5 mensual, desde la fecha de procesamiento del actor, 30-10-02, hasta el 17-06-04, y desde el 6-01-02 con más el 2% nominal mensual, siendo que el criterio sentado para las causas civiles es el de aplicar únicamente la tasa mencionada.Además, señala que dicha fórmula es de aplicación imposible debido a la superposición de fechas, ya que el primero de los períodos referenciados se encuentra comprendido íntegramente en el que nace el 6-01-02 hasta la fecha del efectivo pago de la deuda, lo cual implica que se aplicarán dos tasas acumulativas, siendo ello injusto y violatorio del derecho de propiedad de su parte.
IV) Que a fs. 209/215 la contraria contesta el traslado corrido a su parte. Advierte que la casación planteada no es más que un intento para que este Tribunal revise la causa como si fuera una tercera instancia, ante resoluciones adversas debidamente motivadas y fundadas conforme a derecho. Estima que el recurso no cumple con las exigencias del art. 298 del C. P. C. y C. en tanto no denuncia cuál ha sido la norma o doctrina legal violado o falsa o erróneamente aplicada, por lo que debe ser declarado inadmisible conforme lo dispuesto por el art. 292 . Sostiene que su parte interpuso la demanda basada en la responsabilidad del Estado por el evidente "error judicial" cometido por los funcionarios policiales y judiciales en la etapa penal instructoria. Destaca que tal error, probado ante el tribunal oral, fue reconocido expresamente por el propio Fiscal de Cámara en su alegato (fs. 698/698 vta. y del expte. criminal agregado por cuerda floja) quien refiere a las graves deficiencias policiales y judiciales que se advierten en la instrucción de la causa. Manifiesta que en el caso se trata de responsabilizar al Estado provincial por la injusta detención y privación de la libertad por más de dos años sufrida por el Sr. Maldonado. Pone de relieve la solidez de los argumentos esgrimidos por la Cámara, como la valoración pormenorizada de los elementos probatorios que obran en el expediente. Asimismo, señala que es indiscutible que la persona sometida a prisión preventiva y luego absuelta, sufre un daño que debe ser indemnizado.
V) Que a fs.228/229 obra el dictamen del Fiscal General del Ministerio Público quien entiende que para que exista error judicial tiene que haber una decisión posterior que deje sin efecto y declare la ilegitimidad del acto lesivo. Destaca que no es el caso de autos, ya que la presión preventiva dispuesta por la instrucción fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Manifiesta que tampoco existe en el sub examine responsabilidad del Estado por su actividad judicial regular en tanto no se encuentra acreditada la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido por el actor. Por ello, considera que el recurso de casación resulta procedente, debiéndose en consecuencia rechazar la demanda promovida en los presentes.
  1   2   3

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la Ciudad de Santiago del Estero, a los diecinueve días del mes...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre,...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de Córdoba, a los diez días de abril del año dos mil...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre,...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la Ciudad de Mendoza a seis días del mes de setiembre del año...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la Ciudad de Corrientes, a los veintitres (23) días del mes de...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de Mar del Plata, a los 24 días del mes de Septiembre...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de agosto de dos...

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de diciembre dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de iconEn la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de Marzo...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com