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PROVINCIA DE BUENOS AIRES



TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL


Causa Nº 55.290, caratulada “A., V. H. s/ recurso de casación”

REGISTRO 450/2013










Fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal, dictado en la causa nº 55.290, caratulada “A., V. H. s/ recurso de casación”, de fecha 30 de Julio de 2013, donde la Sala resolvió por mayoría que las pruebas de velocidad o de destreza con un vehículo automotor implican dolo eventual en la producción del resultado mortal y que la razón de ser de la notificación de la orden de allanamiento, radica en su función de garantía para que quién se encuentre en el domicilio registrado pueda conocer de modo preciso cual es la extensión de la autorización del funcionario delegado y la finalidad que persigue la medida.

Asimismo se entendió probado que el imputado conducía en momentos previos al hecho disputando una prueba ilegal de velocidad automotor, se puede opinar que este cuadro denota un “peligro concreto”, que configura la conducta acuñada en el artículo193 bis del Código Penal (introducida por la Ley 26362 B.O.16-04-2008), pero aún así, la situación debe ser evaluada al momento específico del hecho.

Por su parte, la minoría sostuvo que un querer prohibido, como sería afrontar conductas riesgosas para terceros en cualquiera de las versiones de la culpa, no deviene sin más en doloso sin que exista prueba alguna de esa mutación.
ACUERDO

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Conf. Acordada N° 1805 de la S.C.J.B.A.), a los 30 días del mes de julio del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Benjamín Ramón Sal Llargués, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de dictar sentencia en la presente Causa Nº 55.290, caratulada “A., V. H. s/ recurso de casación”.

Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el siguiente orden: CARRAL – SAL LLARGUÉS - VIOLINI.

ANTECEDENTES

I. El Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de San Martín, condenó a V. H. A. por considerarlo autor responsable del delito de Homicidio simple, a la pena de Ocho (8) años y Cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y costas (artículos 5, 12, 29 inciso tercero, 40, 41, 45, 79 del C.P.; y 210, 371, 373, 375, 530 y 531 del C.P.P.).

II. La defensa del inculpado interpuso recurso de casación contra la sentencia condenatoria (vid fs. 33/55).

Se agravia la parte por considerar, en primer lugar, que el tribunal, dictó un veredicto condenatorio basándose en un allanamiento y secuestro ilegales. Al amparo de lo previsto por el art. 207 del digesto de forma solicita se “declaren nulos el ingreso, el apoderamiento, y el acta que da cuenta de ellos; y –por aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado- se extienda la nulidad a los actos consecutivos dependientes” (cfr. fs. 59 vta.).

En segundo lugar, reclama por la inobservancia de lo reglado por los arts. 106 y 371 del Código Procesal Penal, por arbitrariedad en la motivación y valoración absurda de la prueba, identificando las afirmaciones donde encuentra que se ha concretado el agravio que se invoca. (fs 60/vta.)

Finalmente, se agravia “por la violación de los arts. 79 y 84 del C. Penal, debido a la errónea subsunción típica del hecho por el que resultó condenado, en la figura del Homicidio Simple, cuando debió serlo en la de Homicidio Culposo” (fs 62).

III. Con la radicación del recurso en la Sala, se notificó a las partes.

La Sra. Fiscal ante este Tribunal, Dra. Daniela Bersi, dictaminó que el recurso interpuesto por la defensa del acusado debía ser rechazado, frente a lo inatendible de la queja traída, toda vez que no se han configurado los agravios que denuncia la parte.

Inicialmente sostiene que el planteo nulificante recibió adecuada respuesta por parte del Tribunal “a quo”, reeditándose en esta ocasión los argumentos desplegados en el debate.

En punto al embate que se dirige con apoyo en la absurda valoración probatoria que se achaca al veredicto, la Sra. Fiscal dictamina que la parte recurrente no demuestra la arbitrariedad y absurdo que denuncia. La Fiscalía formula precisiones aludiendo a la prueba testifical recogida durante el debate y armonizada con el resto de las probanzas adunadas al proceso para concluir que el agravio no puede ser atendido. En idéntico sentido, se ha expedido ese Ministerio Público, respecto del agravio centrado en la errónea aplicación de la figura prevista por el art. 79 del plexo penal de fondo, sosteniendo en este caso que la conducta del imputado resulta en un todo compatible con el dolo eventual.

Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia definitiva, decidiendo plantear y votar las siguientes

CUESTIONES:

Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:

I. Preliminarmente corresponde ingresar en el tratamiento del primer agravio individualizado en los antecedentes. Tal como allí se adelantara, la defensa pretende la excusión probatoria de la prueba adquirida a partir del allanamiento y secuestro operados en el domicilio de la calle R. … de la localidad de B., P. de S. M..

Vale recordar que en el interior del citado domicilio se procedió a secuestrar el automotor marca F. modelo B. dominio …-…, propiedad de V. H. A.

La defensa esgrime como argumento central de su pretensión nulidicente que el ingreso al domicilio, registro y posterior secuestro fue efectuado por personal policial sin orden judicial ni consentimiento de sus moradores, no encontrándose tal diligencia entre los supuestos de excepción que eximen de recabar la orden pertinente.

Bien señala la Fiscalía ante esta instancia que el planteo reedita su similar oportunamente efectuado ante el Tribunal de la audiencia. Va de suyo que esta situación no obsta a su tratamiento en esta instancia.

En rigor, la defensa acota –a diferencia de su planteo originario- su planteo de nulidad, a partir de entender que el agravio emerge por el ingreso sin orden judicial y ello en consideración a que el tribunal de grado desechó la posibilidad de un consentimiento que dispensara, en el caso, la orden de allanamiento y secuestro.

En mi parecer, es preciso destacar que el planteo está orientado a partir de la infracción a una prohibición de adquisición probatoria, en este caso materializado en el hallazgo y secuestro del automotor, por lo que inicialmente se persigue la exclusión del resultado de tal diligencia.

Luego, a la exclusión probatoria pretendida, se añade igual pretensión, pero en este caso ya de prohibición de valoración, respecto de la prueba directamente derivada de la diligencia inicial que se tacha de ilegítima, con invocación en este caso de la posición que se conoce en doctrina como “Teoría del fruto del árbol venenoso”.

En consecuencia, el punto central de análisis debe recaer sobre la diligencia base atacada, la que de considerarse legítima, hace decaer consecuentemente todo observación y agravio sobre la extensión de sus efectos.

El Tribunal de la audiencia, ingresa en el tratamiento de este planteo, abocándose a este como cuestión preliminar, según así se lee en el veredicto. Realiza una descripción, amplia en detalle, sobre la versión que ofrecieran sobre el evento examinado todos aquellos que tuvieron participación en el mismo, tanto los funcionarios estatales como los titulares de la propiedad e incluso el testigo de actuación.

A su vez, la respuesta ofrecida en la instancia de grado, analiza la respuesta ofrecida desde la Fiscalía al planteo nulidicente, examinando para ello la documentación que instrumentara la solicitud de la orden de allanamiento, su expedición, el acta labrada con motivo de la diligencia, entre otras cuestiones.

Quedo claro así que el ingreso del personal policial al inmueble en cuestión fue a las 15:30 horas, según así documenta el acta y aparece incuestionado en este legajo.

Como antecedente documental se observa que la petición fundada de allanamiento de tal domicilio y detención del imputado ingresó al Juzgado de Garantías a las 14:30 de aquél día (fs. 38), siendo resuelto favorablemente por la Magistrada Garante (fs. 39) respecto del allanamiento y rechazando la orden de detención en virtud de la eximición de prisión en trámite ante esa sede. La orden propiamente dicha, aparece adjuntada en la siguiente foja.

La defensa apunta que el ingreso al domicilio aconteció sin la existencia de la orden y la fiscalía, informada de tal situación, convalidó este actuar y silenció tal proceder, obteniendo, varias horas después la concesión de lo peticionado, vale decir la orden respectiva. Se señala además que la Fiscalía agregó el acta, donde consta el procedimiento, inmediatamente después de la orden de allanamiento expedida, “cual si fueran dos piezas vinculadas entre sí, correspondientes al mismo acto” .(Fs. 43vta.)

El examen de la cuestión en estudio necesita partir en el análisis desde la inteligencia que la petición de allanamiento es indiscutiblemente anterior al ingreso a la finca, y nada permite sospechar respecto a que la autorización fundada para tal cometido, por parte de la Magistrada de Garantías, también se encuentra expedita con antelación a la diligencia.

Claro que bajo las circunstancias en que acontecieron los hechos, el ingreso no se produjo contando materialmente con la orden que expidiera el Juzgado interviniente, situación que encuentra explicación suficiente en la argumentación del tribunal de la audiencia que entiende que la fiscalía, conociendo la legitimación jurisdiccional para el ingreso, transmitió la orden al personal preventor que, dada las circunstancias que rodearon el evento (vale recordar la situación de distracción que llevó a uno de ellos hasta la localidad de Ituzaingo, sin resultado alguno, y el posicionamiento de un consigna en el domicilio sospechado) ingresó además con la anuencia de los titulares de la propiedad.

Si el punto es, entonces, el ingreso sin la orden judicial pero siendo que la resolución que la autoriza ya se encontraba expedida, la cuestión a examinar debe versar sobre cuál es el sentido de la presentación de la orden en el desarrollo de una diligencia de tales características.

En primer lugar, está claro que la provincia de Buenos Aires autoriza la ejecución de una diligencia de allanamiento a personal policial quien puede ser delegado por decisión del Ministerio Público Fiscal (art. 219 CPP).

Esta orden escrita debe ser exhibida, conforme así lo dispone el art. 223 del digesto de forma, a quien “…habite el lugar donde debe efectuarse….”. La razón de ser de la notificación de esta orden radica esencialmente en su función de garantía para que quién se encuentre en el domicilio registrado pueda conocer de modo preciso cual es la extensión de la autorización del funcionario delegado, la finalidad que persigue la medida y al mismo tiempo, al conocer el objeto de la diligencia, permite controlar y aventar riesgos de extensión indebida en su ejecución o, en su caso, posibilitar su posterior denuncia. (Cfr. artículo 219, 2do párrafo del CPP)

En conclusión, la exhibición de la orden de allanamiento durante su ejecución es un recaudo que debe cumplirse para asegurar la garantía de control de la legitimidad del procedimiento. (Cfr. Fleming, Abel, López Viñals, Pablo; Garantías del Imputado, Editorial Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 236)

Si el cometido de la exhibición material de la orden, como se anticipara, pasa por asegurar la garantía de contralor, esto se vio en el supuesto bajo examen claramente suplido por la actividad desplegada por el personal policial interviniente, donde se centró exclusivamente en el resguardo del objeto de ejecución de la diligencia, guardando estricto correlato con lo ordenado por la Sra. Jueza interviniente, esto es proceder al registro de la vivienda a efectos de secuestrar determinado rodado.

Ha puesto de resalto, el voto que lleva la voz en el acuerdo del Tribunal de grado, que el testigo del procedimiento resultó ser un vecino del lugar y allegado familiar al imputado, quien no notó que su tío (el padre del imputado) hiciera algún tipo de comentario sobre el procedimiento, lo que permite enlazar con lógica la afirmación del oficial D. respecto a la anuencia de los padres para el ingreso y el confronte entre la orden expedita y lo efectivamente secuestrado autoriza a tener por acreditada su correlación sin extensiones indebidas en su objeto. En consecuencia, no puede invocarse perjuicio alguno, y el procedimiento ha sido legalmente desarrollado.

Por lo expuesto, este primer agravio no progresa.

II. El Tribunal “a quo”, tuvo por probado que: “…el 16 de junio de 2008, siendo aproximadamente las 22:50 horas, en circunstancias en que M. E. C. se encontraba realizando un cruce peatonal en la Avda. P. P. en su intersección con la calle A., habiéndose detenido sobre la línea divisoria de ambas manos de circulación vehicular, fue violentamente embestido por un automotor F. B., dominio …-…, conducido por V. H. A., que circulaba a alta velocidad, disputando una carrera con otros vehículos que circulaban por la misma avenida en dirección hacia la av. T.. Este vehículo invadió en su carrera el carril contrario, sin dar oportunidad a la víctima para efectuar alguna acción tendiente a evitar ser embestido, cosa que ocurre cuando el auto circulaba a una velocidad entre los 80 y los 96 Km/h. Como consecuencia del impacto, M. C. fue despedido unos treinta metros hacia adelante y hacia la derecha, hasta caer junto a un poste ubicado en la vereda, con heridas de tal consideración que provocaron su inmediato deceso. Luego con este accionar, también está acreditado que el acusado ha puesto de manifiesto un desprecio absoluto por los bienes jurídicos que pudiere afectar y surgiendo con claridad que se ha representado la eventualidad de la producción de este tipo de resultado, no obstante lo cual continuó en su acción temeraria, conformándose en última instancia con las consecuencias previstas eventualmente” (fs.404/vta del ppal.).

Corresponde adentrarse en este tópico en los motivos de agravio denunciados por la asistencia técnica del encausado como absurdo en la valoración de la prueba y que se encuentran desarrollados a fs. 44 y siguientes del legajo recursivo.

En el apartado A) de este agravio, la Defensa embate contra la afirmación del tribunal que tuvo por acreditado que el automóvil conducido por el imputado A. circulaba disputando una carrera con otros vehículos.

Fundamenta su posición señalando inicialmente las referencias brindadas por los testigos L. y A., quienes se encontraban entre ciento cincuenta y doscientos metros más adelante del lugar del hecho, y señalan no haber visto otro automotor; la versión aportada por el matrimonio que tripulaba el F. U. que circulaba en el mismo sentido del imputado y se encontraba trasponiendo el cruce donde aconteciera el suceso examinado (testigos R. y L.). Sobre estos cuatro testimonios la defensa argumenta que sólo puede extraerse que “no existió una competencia entre varios autos, sino un solo automóvil circulando a velocidad excesiva” (fs. 44vta.). Señala luego, aquello que desde su enfoque define como contradicciones en relación a lo testimoniado por T., P. y B., testigos que desde diferentes lugares observaron lo acontecido. Las contradicciones señaladas se ciñen básicamente a la cantidad de autos que intervenían en la “picada”, la dirección que en hipótesis tomaron el resto de los automotores que competían con el conducido por A. y las posibilidades fácticas de haber emprendido ese camino, como vía de escape, por la calle A.. Luego de analizar las contradicciones que señala concluye en que los testigos que dicen haber visto más de un automóvil “han mentido” (fs. 46vta./47).

Ahora bien, la sólida argumentación de la defensa se enfrenta en este caso a un veredicto que, como así también lo reconoce la parte recurrente, recrea inicialmente las declaraciones testificales que se produjeron durante el curso de la audiencia de debate. A esa prolija presentación de la prueba disponible se suma luego un análisis que con parejo detalle va estructurando secuencialmente y a modo de recreación histórica todo lo acontecido que permite ser reconstruido desde el rendimiento de las pruebas disponibles para su valoración.

Vale recordar que el hecho que constituye la plataforma fáctica de imputación aconteció en la intersección de la A. P. P. (Ex T. d. F.) y la calle A.. En una de dichas esquinas, más precisamente la que se encuentra sobre la margen derecha de la avenida se encuentra, trasponiendo la calle A., una Estación de Servicio. En esa misma encrucijada recrea el veredicto, con apoyo de la planimetría y placas fotográficas, se ubica un semáforo que se encontraba en funcionamiento esa noche. Dicho esto, para una mejor inteligencia de la estimación efectuada por el veredicto, el tribunal va explicando cuales son los datos empíricos que tiene por probado, como los prueba y el razonamiento que permite por vía inferencial allegar a las conclusiones que dan cuenta de que existió una competencia de la que participaba Altamirano y al menos otros dos automóviles.

Así se señala el testimonio de la Sra. M. D. R., quien se desplazaba como acompañante en el F. U., quien percibió ruido de “motores” acentuando el plural, tal como así lo subraya el tribunal de la audiencia (fs. 405). Pero ese dato esencialmente se enlaza con lo testimoniado en la vista de causa por E. A. T., quien se desplazaba a pie por la A. P.. P., en dirección a T., quien -cuando se encontraba a una cuadra de A.- refirió “…siento los ruidos de las gomas arando de los coches que salen en el semáforo de la calle que es la primera desde ruta 8. Me doy vuelta y veo salir a los autos picando”. A su vez el testigo C. A. B., quien salía de cenar en la Estación de Servicio, también señaló que “Por el ruido de los motores y las características de los autos era una picada”, antes que ello también había adelantado que vio pasar a “los autos a gran velocidad”. En línea con esta versión, lo testimoniado por J. S. P., empleado de la Estación de Servicio, cumpliendo funciones como playero por las noches, se refirió a los “ruidos” señalando que “Escuchamos que venían coches corriendo a fuerte velocidad” (fs. 408), señalando luego “…iban los tres coches picando”.

Tenemos entonces que el veredicto encontró acreditado que se percibió esa noche ruidos de motores, dato coincidente en casi la totalidad de los testigos, aunque claro que aquellos que estaban a unos doscientos metros aproximadamente, más adelante, vale decir en dirección a T., hablan de ello en singular, y esto es razonable porque al que ven es al único automóvil que continuó por la A. P. P., el F. B. de A., tal como así lo explica el veredicto.

Asimismo, tres fuentes independientes (T., P. y B.) coinciden en el dato empírico de que se estaba desarrollando una competencia entre los conductores que se desplazaban a alta velocidad y cuyos motores despertaban curiosidad por sus ruidos. La percepción inicialmente auditiva fue complementada luego, en los tres casos, por la apreciación visual de lo que acontecía. Se suma a ello, la percepción auditiva de la Sra. R., quien por su posición dentro del F. U., se encontraba impedida de apreciar visualmente a otros automotores, máxime cuando éstos no prosiguieron por la avenida.

Se destaca de ese modo que varios son los objetos de prueba, independientes y convergentes en la recreación que permite salir airosa la conclusión del tribunal tras una verificación falsacionista en su ponderación: Esa noche A. conducía su rodado en una competencia con otros.

Se descarta así la posición de la defensa que arguye como principal embate que “no existió una carrera entre automóviles”.

Frente a algunas desavenencias entre los diversos testimonios recogidos, a las que se refiere la defensa técnica, hay dos situaciones que me parece imprescindible tener en claro.

La primera, que el veredicto explica y justifica sobradamente las razones por las cuales cada uno de los testigos se encontraba en el lugar esa noche. Así, es gráfico apuntar, que el testimonio de T. sobre quien carga la defensa porque en algunos aspectos no coincide con el resto de las versiones aportadas en debate, es la persona que toma contacto en los primeros momentos del hecho con el personal policial que se hallaba en cercanías del lugar, dato que fuera así confirmado por el personal preventor y surge además documentado en el acta de procedimiento. (fs. 1/2).

La segunda, que todas las versiones son coincidentes en los datos centrales que han servido a la valoración probatoria con suficiencia para corroborar la hipótesis acusatoria. Las diferencias que, en general, ha puesto de resalto la defensa son circunstancias mayormente periféricas y no tienen relevancia tal como para teñir de sospecha la congruencia que presentan los testimonios sobre el punto que estamos abordando.

La versión que tiene por probado que eran tres los automotores que intervenían en la competencia esa noche, surge de quienes estaban en la mejor posición geográfica. Son el playero P. y el cliente de la estación de servicio B., quienes tienen de frente el panorama de los acontecimientos, siendo que además el testimonio de A. R., pudo aportar a la reconstrucción datos que permitieron marcar el derrotero seguido por A. desde el local de “P. ..” y las picadas emprendidas en diversos lugares y en momentos previos, y en ellos intervenían también tres automotores.

De cualquier modo, también es importante destacar un dato que la defensa pasa por alto respecto del testimonio de T., a quien ese ministerio atribuye haber mentido –a mi modo de ver infundadamente- y es que desde la posición en que se encontraba en el momento de la colisión, según él mismo aclarara, su visión se vio obstaculizada por la presencia de la camioneta policial (cfr. Fs. 406vta.), por lo que también así como le impidió ver el momento de la embestida bien pudo haber impedido que apreciara al rodado competidor que desvió su camino desde la avenida hacia la izquierda tomando la arteria A. en contramano. Luego, los cálculos de posibilidad de giro en esas arterias, dada una velocidad hipotética de los vehículos “competidores”, como una ubicación relativa también incierta, impiden tener al juicio elaborado por la defensa como una inferencia científica con entidad para enervar las conclusiones a las que sobre el punto allegara el tribunal en su veredicto, esto es que existieron otros dos automóviles que aquella noche se trenzaron en competencia con el rodado conducido por A..

Por otra parte y ya ingresando en el examen del agravio por el que la defensa embate contra la valoración del veredicto respecto al cruce del peatón-víctima con aparente luz roja del semáforo. (fs. 48 del legajo recursivo).

La pieza recursiva destaca el párrafo pertinente del veredicto, y así refiere que se ha señalado “…más allá de cómo diera la luz del semáforo, en aquellas condiciones de tiempo y lugar (de noche, en una avenida bien iluminada y desierta de automovilistas), no es inusual que cualquier solitario peatón comience el cruce de la arteria, avanzando sobre la mano en la que nadie circula, para detenerse en límite de la siguiente, esperando el paso de un solitario vehículo que se observa circula en ese sentido”.

Este motivo de agravio se enlaza a su vez con la crítica a la actitud asumida por la víctima al quedarse parado en la mitad de la avenida que en definitiva tilda de “cuasi-suicida” (fs. 49vta.).

Ambos conceptos en definitiva hacen hincapié en los deberes de autoprotección infringidos por la víctima, según la versión postulada por el casacionista, su relevancia en la ocurrencia de los hechos y, por consecuencia, en la diversa adecuación típica que corresponde asignarles.

El planteo, que también fuera argumento troncal de defensa en la discusión final tras la producción probatoria en la audiencia de vista de causa, recibió, a mi modo de ver, adecuada respuesta en el veredicto (fs. 407vta. de los ppales.).

En efecto, allí se describe que bajo las circunstancias dadas en aquel momento, vale recordar: una arteria por la que circulaba un automotor a velocidad reglamentaria (el F. U. conducido por L.), un cruce de avenida bien iluminado, un peatón que comienza el cruce parcial de la arteria, sin otros vehículos próximos a la vista. El voto que lidera el veredicto en crisis señala que tanto el conductor del F. U., J. L. como el peatón M. C. tenían perfecta previsión de lo que uno y otro iban a hacer. En este sentido aclara, ”Principio de confianza que necesariamente rige en materia de tránsito y por el que de un lado, M. C. sabía que L. no iba a realizar ninguna maniobra que invadiera aquella línea divisoria de manos en la que él estaba parado, siendo que por el otro, hacía que L. supiera que lo que solamente había hecho el peatón era avanzar sobre la mano desierta, para quedarse allí aguardando su paso, para luego de ocurrido, recién terminar el cruce a pie de la avenida completa” (fs. 407vta.).

Este análisis que describe una correcta coadministración de riesgos en las circunstancias apuntadas, surge de considerar los testimonios de quienes circulaban a bordo del F. U., las características de esa encrucijada las que surgen tanto del acta de procedimiento (fs. 1/2) en cuanto a las que presentaba en esa noche en particular, como las que pueden percibirse de la planimetría de fs. 65/vta, integrada válidamente a juicio, el informe preliminar accidentológico de fs. 62/63, inspección ocular de fs. 113.

No hay aquí tampoco una autopuesta en peligro consentida en relación a un riesgo que ni siquiera era cognoscible para el peatón y que se desencadenó pocos segundos después.

Entiendo que en el caso sub-examen la situación de la que pretende valerse la defensa (peatón violando deberes de autoprotección) como factor que explique cuál es el riesgo que se ha concretado en el resultado lesivo no encuentra legitimación en las pruebas colectadas desde que: (i) La imprevista aparición del auto tripulado por A. en el escenario de los hechos alteró de manera decisiva esta coadministración de riesgos que explicaba el veredicto; (ii) La conducta del agente activo llevaba ínsita ya un peligro concreto para la seguridad común y prosiguió así para la integridad física de las personas que se encontraban en proximidad del lugar de los hechos.

Con base en lo expuesto también corresponde rechazar este agravio.

La crítica de la defensa prosigue en el campo de la motivación del veredicto en crisis. Bajo el título de “uso ilegítimo del procedimiento de abstracción” (fs. 52 del legajo recursivo) la asistencia técnica del acusado plantea que la fundamentación exhibida por el veredicto trasunta por caracterizar a un determinado grupo, signándolos por una serie de características negativas, tras lo cual solo basta en el razonamiento incluir a cualquiera en ese “grupo” para asignarle los peores prejuicios y consecuencias.

Esta lógica –continúa la crítica- deja de lado juzgar “…la acción en el momento y las circunstancias concretas en que sucedió…” y por consiguiente el sujeto es tildado de responsable de hechos y consecuencias que “si bien guardan una conexión externa más o menos próxima con su acción, no la guardan interna y subjetivamente, respondiendo a título doloso, -como en este caso- hasta por lo imprevisible y la culpa ajena (el peatón cruzó con el semáforo en rojo, amagó a cruzar, y regresó) (Cfr. Fs. 53/vta. del legajo recursivo).

El embate defensista construye su agravio desde una parcialidad del razonamiento del veredicto que se ha detenido en caracterizar, incluso con diversos ejemplos fácticos, la diferenciación entre un supuesto imprudente y otro de naturaleza dolosa. Si bien es cierto que hay algunas referencias expresas al grupo “corredores de picadas” en cuanto a determinadas características de esos corredores; no es menos cierto que esas referencias no han tenido relación con la exegesis normativa que se ha efectuado, principalmente porque aquello que la defensa pone en tela de juicio (aspecto doloso de la conducta atribuida) se construye no ya desde la subjetividad o sensaciones especiales que mueven a ese grupo, sino por el riesgo propio generado en la ocasión por el acusado, valorado en el momento del hecho, riesgo que fuera valorado como propio del delito doloso de homicidio, y cuya exigencia subjetiva no pasa más allá del conocimiento cierto de una probabilidad no remota de producción del resultado, sumado –en el análisis del veredicto- a algunas circunstancias que sobredimensionaron ese riesgo.

Por tanto, si bien la exposición de la defensa se apoya en reconocida doctrina; en criterios de lógica y epistemología jurídica, entiendo que no resultan de aplicación al caso desde que el veredicto no exhibe defectos de motivación; por el contrario, contiene la enunciación completa de todas las pruebas existentes como material disponible de valoración, detalladas con lógica descriptiva y en clave de objetividad, para luego efectuar una apreciación que da cuenta de las razones por las que se asigna carácter acusatorio a determinadas probanzas, qué es lo que prueban y cuál es el engarce lógico que lleva el razonamiento que une el hecho objeto de prueba con la hipótesis que se pretende corroborar y, que en este caso, ha inclinado la decisión hacia la propuesta desde las acusaciones.
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