Regalías reforma nefasta para las regiones petroleras y mineras






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fecha de publicación11.06.2016
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REGALÍAS

REFORMA NEFASTA PARA LAS REGIONES PETROLERAS Y MINERAS

Hoy se debate en el país el proyecto de acto Legislativo con el que se pretende reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y cambiar radicalmente el régimen de regalías para la explotación minera y petrolera en Colombia.
Esta vez no se trata de una reforma común a la Ley de regalías como ocurrió en el 2002 para beneficiar a las multinacionales, sino se trata de una reforma constitucional para quitarle el manejo de las regalías a los municipios y departamentos y entregárselo al gobierno central, en abierta oposición al principio de descentralización contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política Nacional.
De materializarse este proyecto, se pondría en grave riesgo no solo la inversión social y el desarrollo económico de las regiones petroleras y mineras del país, sino que incluso se pondría en duda la existencia muchos municipios y departamentos, cuyos presupuestos dependen en gran medida de los recursos provenientes de las regalías del petróleo y el carbón.

El debate debería estar centrado no en quien maneja los recursos provenientes de las regalías, sino cuanto de la renta petrolera y minera le queda al Estado Colombiano como contraprestación por la explotación de sus recursos naturales no renovables, lo cual creo es supremamente bajo, en algunos casos irrisorio y requiere ser revisado. La participación del Estado Colombiano ha sido reducida de manera significativa en los últimos años, con el argumento de atraer la inversión extranjera al país y mientras las multinacionales se lucran con la benevolencia de los gobiernos de turno, el Pueblo colombiano deja de recibir importantes recursos para su desarrollo.

En el año 2002 se iniciaron una serie de reformas al sector minero y petrolero, con el fin de atraer inversión extranjera a nuestro país, dado que las compañías extranjeras se quejaban de las condiciones poco atractivas que se les ofrecía. En el caso del petróleo, se tomó la decisión de cambiar el porcentaje de regalías fijo del 20% por un sistema de regalía variable que hoy en promedio le significa una regalía del 11%, es decir, una reducción del 9% de las regalías, que fueron a parar a manos de las multinacionales, en detrimento de las regiones petroleras. Se otorgaron una serie de incentivos tributarios que en la actualidad se mantienen y se cambió de manera radical el contrato de explotación petrolera pasando del de asociación al de concesión donde el 100% de la producción es de la compañía explotadora, esquema utilizado en los inicios de la explotación petrolera en el país y que fue abolido en 1974.

Entonces el contrato petrolero colombiano paso de ser un contrato medianamente competitivo para convertirse en exageradamente generoso con las multinacionales. Antes de la reforma, el Estado colombiano se quedaba en promedio con el 75% de la renta petrolera, hoy a duras penas llegamos al 50%: sumando allí lo que tiene que ver con regalías, impuestos y participaciones.

El Gobierno no necesitaría quitarle a los municipios y departamentos productores los recursos que hoy reciben por concepto de regalías, sino hacer un ajuste directo al porcentaje de regalías petroleras y mineras, retomando para el caso del petróleo el 20% fijo y tomando esos nuevos ingresos para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Regalías, donde participan los municipios y departamentos no productores. Además, eliminar las grandes exenciones tributarias de las que gozan las transnacionales, que según el Senador Jorge Enrique Robledo, llegan a ser del orden de los 4 billones de pesos.

El Gobierno plantea como principios del nuevo proyecto la Equidad regional, social e intergeneracional. A este respecto debemos recordar que generalmente, las zonas de explotación minera y petrolera, se caracterizan por ser regiones marginadas del país, que no cuentan con infraestructura y donde la presencia del Estado ha sido casi nula. Las actividad petrolera y minera, genera una gran migración de población en busca de oportunidades de empleo y esto trae un crecimiento inusitado de la población, la aparición de cinturones de miseria; el déficit en servicios públicos, educación, salud y la aparición de problemas sociales como la prostitución, la mendicidad, la inseguridad, esto sin contar el impacto ambiental y cultural que esto tiene en el entorno. Por esto el artículo 360 de la Constitución Política, contempla que “Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones.” Dando así prioridad a estas entidades territoriales que en equidad deben recibir más recursos para mitigar estos impactos. No sería justo ni equitativo con estas regiones, que mientras ellas reciben los impactos de la explotación petrolera y minera, otras regiones que nada tienen que ver se queden con los recursos de las regalías.
La actual Ley de regalías contempla límites a la participación de los municipios y departamentos en el escenario de una posible bonanza petrolera o minera, mediante un escalonamiento en el que de incrementarse los ingresos por producción se reduce su participación porcentual y se fortalece la participación del Fondo Nacional de Regalías, el cual en últimas sería uno de los más beneficiados en el evento de hacerse realidad la bonanza.


Ahorrar para el futuro

No son muy convincentes los beneficios que le trajo al país, si los hubo, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP. Lo que se debe es buscar mecanismos que permita hacer que las entidades territoriales manejen de manera prudente los recursos de regalías y no generen con ello un desbalance macroeconómico. Los municipios y departamentos deben desarrollar proyectos de alto impacto regional, que les permita desarrollar su infraestructura y generar alternativas de ingreso a futuro que eliminen la dependencia de los recursos provenientes de las regalías y tener un desarrollo armónico con la explotación petrolera y minera.
¿Dónde están los corruptos?

De manera hábil el Gobierno nacional utiliza el argumento de la corrupción y los malos manejos de los recursos de las regalías, para ambientar ante la opinión pública nacional la necesidad de quitarle a las regiones petroleras y mineras el manejo de dichos recursos y transferirlo al control del Gobierno Central, como si allí se blindaran del flagelo de la corrupción. Para ver lo contradictorio de este argumento basta con ver las cifras de la Universidad Externado de Colombia, citadas por el zar anticorrupción Oscar Enrique Ortiz, en las que se revela que cada año se pierde por corrupción cerca de 4,0 billones de pesos del presupuesto nacional. Uno se preguntaría bueno y si hay tanta corrupción en el manejo de las regalías, ¿Cuántos alcaldes o gobernadores están condenados por este delito?

El Gobierno plantea que los Departamentos de Arauca, Casanare, Meta y la Guajira, además de recibir la mayor parte de las regalías son también los departamentos más corruptos en su manejo. Habría que preguntarse entonces durante los últimos 8 años, ¿Cúal es la filiación política de quienes han estado al frente de éstos departamentos y municipios tan corruptos? La respuesta: han sido del partido de gobierno, el “pulcro” Partido de la U.

Es necesario que todas las regiones petroleras y mineras del país, unan sus esfuerzos para rechazar el proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno y solicitar al Congreso de la república que vote negativamente esa iniciativa.

Finalmente, el país requiere con urgencia definir una Ley de Hidrocarburos que sea marco de referencia para la explotación petrolera en Colombia y que contemple entre otros temas como:

  • Reafirmación de la propiedad y control estatal en la explotación petrolera

  • Retornar al 20% de regalía fija en el caso de los hidrocarburos, tomando esos nuevos recursos para fortalecer el Fondo Nacional de Regalías.

  • Retornar a los contratos de Asociación, donde exista participación del Estado en la producción.

  • Definir una reserva estratégica de hidrocarburos que garantice el autoabastecimiento futuro.

  • Establecimiento de programas para la explotación racional de los hidrocarburos.

  • Exclusión de la actividad petrolera en páramos, parques naturales, reservas indígenas, campesinas o de comunidades afrodescendientes.

  • Compensación del impacto ambiental causado por la explotación petrolera.


HECTOR YESID VACA

Secretario de Educación e Investigación

USO Nacional.
Septiembre 06 de 2010.

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