Recurso Num.: 33/2011 rec. Ordinario(c/a)






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fecha de publicación09.06.2016
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Recurso Num.: 33/2011 REC.ORDINARIO(c/a)
Ponente Excmo. Sr. D.: Nicolás Maurandi Guillén
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián


TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: SÉPTIMA
A U T O

Excmos. Sres.:
Presidente:



D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
Magistrados:
D. Nicolás Maurandi Guillén

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Dª. Celsa Pico Lorenzo

D. José Díaz Delgado

D. Vicente Conde Martín de Hijas




En la Villa de Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil trece.


HECHOS

PRIMERO.- Las presentes actuaciones tienen su origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "JUSTICIA I PAU DE BARCELONA" frente a la «decisión del Presidente del Gobierno español --o, en su caso, del Gobierno español--, por la que se adhirió, aprobó o votó favorablemente el nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)».

SEGUNDO.- La providencia de 16 de mayo de 2011 acordó lo siguiente:
"Dada cuenta; se concede a las partes un plazo de DIEZ DÍAS para que hagan alegaciones sobre la posible inadmisión del presente recurso contencioso-administrativo por falta de jurisdicción (artículos 5.2 y 51.1.a) de la Ley jurisdiccional), al dirigirse el recurso contra una actuación que pudiese no ser susceptible de control jurisdiccional en este orden contencioso-administrativo".

TERCERO.- La representación procesal de "JUSTICIA Y PAU DE BARCELONA" ha presentado un escrito de alegaciones en el que, después de razonar lo que ha considerado lo que ha considerado conveniente para la defensa de su posición procesal, ha terminado pidiendo a esta Sala que "dicte auto por el que declare la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer el objeto del presente recurso".

CUARTO.- El MINISTERIO FISCAL ha solicitado en su escrito de alegaciones que "procede dictar Auto por el que se declare la falta de jurisdicción para el conocimiento de la materia, procediendo al archivo del recurso".

Y el ABOGADO DEL ESTADO, por su parte, en el "Suplico" de su escrito de alegaciones solicita "la inadmisión del recurso, por falta de jurisdicción o, en su caso, por no estar legitimada la entidad recurrente".

QUINTO.- Se señaló para votación y decisión del presente incidente la audiencia de 22 de mayo de 2013.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén, Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Lo que ha de decidirse en el actual incidente es si puede considerarse comprendida dentro del ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la impugnación que la entidad "JUSTICIA I PAU DE BARCELONA" dirige frente a la «decisión del Presidente del Gobierno español --o, en su caso, del Gobierno español--, por la que se adhirió, aprobó o votó favorablemente el nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)».
Los argumentos que dicha entidad desarrolla para justificar la admisibilidad de esa impugnación ante esta jurisdicción contencioso-administrativa, en el trámite de alegaciones que le ha sido concedido, se pueden resumir en lo que continúa.
Hay una primera alegación que señala que el fundamento sustantivo de la impugnación es que el Gobierno español, a través de esa actuación suya que pretende combatirse (consistente en la decisión de adherirse, aprobar o votar favorablemente el nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ha violado lo establecido en el artículo 94.1 de la Constitución; y habría incurrido en tal violación porque con esa manera de proceder ha evitado de forma fraudulenta el control de las Cortes Generales que exige dicho precepto constitucional.
Tras esa inicial exposición de cuál es el fundamento sustantivo de la impugnación, son las restantes alegaciones (segunda, tercera y cuarta) las que directamente exponen o explican las razones que, en el criterio de la entidad recurrente, imponen declarar admisible dicha impugnación ante este orden jurisdiccional.

Y estas razones, expuestas aquí en sus líneas esenciales, consisten en lo siguiente:
1.- El punto de partida es la posibilidad del control jurisdiccional de los elementos reglados de los actos del Gobierno que establece el artículo 2.a) de la Ley reguladora de esta jurisdicción (LJCA); así como la afirmación de que la actuación que pretende combatirse no ofrece duda de que constituye un acto del Gobierno aunque se haya producido dentro de una organización internacional.
2.- Los elementos reglados susceptibles de control jurisdiccional cuyo incumplimiento aquí se denuncian son los dos siguientes.

Por un lado, los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte al que España se adhirió en 1982, preceptos que son vinculantes para el Gobierno español porque dicho tratado forma parte del ordenamiento interno español de conformidad con lo establecido en el artículo 96.1 CE.

Y, por otro, el mandato del artículo 94 de la Constitución (CE), en lo que establece sobre la necesidad de la previa autorización de las Cortes Generales para que el Estado pueda obligarse en tratados de carácter político y en tratados o convenios de carácter militar.
3.- La razón del incumplimiento de los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte sería que el concepto estratégico de la OTAN, aprobado por sus Estados miembros en la cumbre de Lisboa de 2010, significa definir una actuación de la OTAN que va más allá de los límites funcionales y territoriales establecidos en esos dos artículos del tratado.

Y la razón del incumplimiento del artículo 94 CE sería que el Estado español asume unos compromisos internacionales no comprendidos en el Tratado del Atlántico Norte y para los que las Cortes Generales no han otorgado su autorización previa.

SEGUNDO.- Para decidir si corresponde o no al ámbito de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa esa impugnación que la entidad "JUSTICIA Y PAU DE BARCELONA" pretende realizar en su actual recurso contencioso-administrativo, resulta obligado recordar, como hacen el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, la distinción que, en orden a su control, suele hacerse doctrinal y jurisprudencialmente dentro del amplio complejo de funciones atribuidas al Gobierno por el artículo 97 de la Constitución.
Entre esas diferenciadas funciones del Gobierno se suelen diferenciar estos dos grupos: (I) las correspondientes a la superior dirección política, que no son suceptibles de impugnación jurisdiccional por encarnar la materia propia del control parlamentario que se regula en los artículos 108 y siguientes de la Constitución, y (II) y las que se exteriorizan en actos materialmente administrativos o en el ejercicio de la potestad reglamentaria, estas sí sujetas al control jurisdiccional, según establece el artículo 106.1 CE, y también expresamente incluidas dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa que define el artículo 1 de la LJCA.
Dentro de esos actos del Gobierno que exteriorizan esa superior dirección política, se suelen incluir los que dicho órgano constitucional desarrolla en sus relaciones con los otros poderes del Estado y los que realiza en el marco de las relaciones internacionales; y la explicación ofrecida para residenciar su control en el Parlamento, y no en los órganos jurisdiccionales, es que, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la habilitación para esa función de superior dirección política se recibe directamente del cuerpo electoral a través de las Cámaras.

TERCERO.- Esa actuación que en el actual proceso jurisdiccional contencioso-administrativo pretende impugnarse, constituida por la aprobación o adhesión del Gobierno español al nuevo concepto estratégico de la OTAN definido en la cumbre de Lisboa celebrada en noviembre de 2010, resulta encuadrable dentro de esas funciones de superior dirección política, realizadas en el marco de las relaciones internacionales, que antes se han mencionado como exentas del control jurisdiccional y sometidas al control parlamentario.
No es convincente el argumento esgrimido de que con la decisión aquí cuestionada el Gobierno español, sin observar el requisito de la previa autorización de las Cortes Generales (artículo 94 CE), ha alterado el compromiso que el Estado español asumió mediante su adhesión al Tratado del Atlántico Norte.

Y no lo es porque, no habiendo sido modificado dicho tratado, permanece inalterado el estatuto de derechos y obligaciones que en virtud de la adhesión al mismo surgió para el Estado español.
Lo que la parte recurrente parece cuestionar en su impugnación es otra cosa: que la actuación seguida por la OTAN con posterioridad a la adhesión de España hace aconsejable que las Cortes Generales se pronuncien sobre la conveniencia de que nuestro país permanezca como miembro de dicha organización.

Mas esto es algo que corresponde exclusivamente promover a los miembros de las Cámaras en el ejercicio de la autonomía que es inherente a la función parlamentaria y resulta ajeno a la función jurisdiccional.

CUARTO.- Procede, pues, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.2 de la LJCA, inadmitir, por la falta de jurisdicción para su conocimiento de este orden contencioso-administrativo, el actual recurso interpuesto por "JUSTICIA I PAU DE BARCELONA".
Y no son de apreciar circunstancias para hacer un especial pronunciamiento sobre costas (artículo 139 LJCA, en la redacción vigente cuando se inició el actual proceso).

LA SALA ACUERDA:
1.- La inadmisión, por falta de jurisdicción, del recurso contencioso-administrativo número 33/2011 interpuesto por la entidad "JUSTICIA I PAU DE BARCELONA" frente a la «decisión del Presidente del Gobierno español --o, en su caso, del Gobierno español--, por la que se adhirió, aprobó o votó favorablemente el nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)».
2.- No hacer pronunciamiento sobre costas procesales.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados



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