Informe sobre el tratamiento judicial de casos de trata de personas en la argentina






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INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO JUDICIAL DE CASOS DE TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA1
INDICE

I. Introducción
En el presente trabajo se analizarán brevemente algunas características de los casos de Trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina, que ingresan al sistema de justicia. El estudio se efectuó a partir del análisis de cuarenta y siete expedientes judiciales en diversas jurisdicciones del país. Concretamente, fueron relevados expedientes judiciales que tramitaron durante el periodo 2000-2006 en la ciudad de Buenos Aires,2 provincias de Buenos Aires,3 Córdoba, Misiones,4 Tucumán,5 Jujuy,6 Entre Ríos7 y Chubut.8
El abordaje de este trabajo es esencialmente cualitativo. Se propone describir el modo en que un conjunto de casos ha sido considerado por las distintas instancias judiciales en diversas jurisdicciones del país. En este sentido, cabe advertir que el análisis de casos judicializados de Trata que se desarrollará a continuación se basa exclusivamente en los cuarenta y siete expedientes relevados, los cuales componen una muestra aleatoria a partir de la cual no es posible construir dato estadístico alguno ni extrapolar sus conclusiones a la totalidad de casos que ingresan al sistema judicial en la Argentina.
Conceptualmente, este trabajo se sustenta en la definición de Trata establecida en el artículo 3º del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente de mujeres y niños (en adelante “Protocolo de Palermo”)9:
Por “trata de personas” se entenderá la captación, el trasporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”
Tal como surge de la propia definición, la Trata de personas es un proceso complejo compuesto por varias etapas en las que pueden intervenir uno o más actores (tratantes) que realizan las distintas actividades típicas que definen a la Trata: la captación, el reclutamiento de la víctima en el lugar de origen, el transporte entre lugar de origen y lugar de destino y la acogida o recepción en el lugar de destino donde, en la mayoría de los casos, se produce la instancia de explotación. Conforme a los resultados de una investigación reciente desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en las redes de Trata dentro de la Argentina sus propios actores reconocen tres tipos de tratantes.10
En primer lugar, se encuentran los regentes de los prostíbulos encargados de la administración financiera y funcional de los locales donde se produce la explotación, quienes se comportan como propietarios del local aún cuando materialmente no lo sean. Como consecuencia de la legislación existente y el conocimiento que los operadores judiciales y policiales tienen de la dinámica de funcionamiento de los procesos de Trata, los regentes de los prostíbulos constituyen el tipo de tratante más visible y vulnerable a la persecución penal.
En segundo término se encuentran los proxenetas, aquellos individuos que tienen mujeres de su propiedad a las que explotan sexualmente y que no cuentan con establecimientos propios. Este tipo de tratante se caracteriza por “alquilar” sus mujeres a los regentes de los prostíbulos, por una cantidad determinada de dinero y por un plazo específico de tiempo.11
Por último, están los reclutadores cuya función esencial es captar a las mujeres para su posterior explotación. Los reclutadores pueden trabajar de manera independiente a cambio de una comisión de dinero por cada mujer captada para otro tratante o hacerlo en relación de dependencia para el regente de un prostíbulo.
Con el fin de proporcionar una primera aproximación al tratamiento judicial de los casos de Trata, se analizaran las características generales observadas de las investigaciones judiciales a partir de los expedientes judiciales relevados. Seguidamente se señalarán las dificultades observadas en la investigación judicial de estos casos y, por último, se formularan algunas recomendaciones.
II. Características generales sobre las investigaciones judiciales de casos de trata de personas en la Argentina.
a. El ingreso de las causas al sistema judicial
El ingreso de los casos de Trata al sistema judicial se da a partir de las denuncias efectuadas por las propias víctimas o por terceros, tal como puede observarse en los ejemplos que se reseñan más adelante. Jueces y fiscales tienen la posibilidad de iniciar una investigación de oficio, es decir, sin necesidad de que medie denuncia alguna. Sin embargo, tan sólo dos de las cuarenta y siete causas relevadas, iniciaron su trámite a partir de medidas de investigación ordenadas por un juez. Ello ocurrió en dos casos iniciados ante la justicia de menores en el Departamento Judicial de Necochea.
La denuncia contiene un primer relato de los hechos sobre el caso de Trata. En ocasiones constituye una narración detallada de como se produjo el reclutamiento, transporte y acogida o recepción de la víctima en los que se identifica a los distintos individuos que intervinieron en el proceso. En otros casos son relatos desordenados que suelen centrarse en la etapa de acogida o recepción donde se produjo la explotación sexual, con escasa información sobre las otras etapas del proceso de Trata.
Cuando el trámite de una causa comienza como consecuencia de la presentación de una víctima, en general se está frente a una mujer que ha logrado escapar por sus propios medios o con la ayuda de algún cliente o familiar del lugar donde era explotada y que ha tomado la decisión de hacer la denuncia. Suelen ser mujeres que se encontraban en una situación de cautiverio en un prostíbulo habilitado por el municipio como cabaret, whiskeria, café-concert, bar o pool, donde el regente del local o sus empleados ejercían distintos mecanismos de coerción con el propósito de restringir su libertad, evitar que escaparan y garantizar la situación de explotación.
En un caso de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, la investigación comenzó luego de que cuatro jóvenes jujeñas lograran escapar de un prostíbulo en el centro de la ciudad. Al lugar habían llegado engañadas con la promesa de que iban a ser empleadas para trabajo doméstico. El escape se produjo por la noche, aprovechando la distracción de los empleados de seguridad, en momentos en que la puerta del local se encontraba abierta para el acceso del público.12 Algo similar ocurrió en un prostíbulo de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, en el cual tres mujeres paraguayas -que se encontraban privadas de su libertad y eran explotadas- aprovecharon un instante de distracción de un empleado de seguridad para escapar corriendo hacía una comisaría, mientras caminaban a efectuar una compra a un local de comidas.13
De los casos cuyo trámite se ha iniciado a partir de la presentación de personas distintas a la víctima se han detectado, en primer lugar, numerosas denuncias efectuadas por familiares. Ello ocurrió en una causa radicada ante la fiscalía de Las Varillas, provincia de Córdoba, donde la investigación comenzó como consecuencia de la denuncia efectuada ante la comisaría por la hermana de una mujer que había logrado escapar de un prostíbulo con la ayuda de un cliente, tras más de tres años de cautiverio.14 En otro caso de Córdoba, en trámite ante la fiscalía de Carlos Paz, una mujer que había viajado a esa ciudad a trabajar como niñera, logró enviar a su esposo un mensaje de texto con un celular en el cual le pedía ayuda dado que había sido engañada y se encontraba en un prostíbulo en el cual era explotada sexualmente. El marido inmediatamente se comunicó telefónicamente con el Área de la Mujer y el Menor de la Comisaría de Carlos Paz y efectuó la denuncia correspondiente que derivó en un operativo en el que se allanaron simultáneamente todos los prostíbulos ubicados en Carlos Paz y las localidades aledañas.15
También se han detectado casos en los que las denuncias fueron efectuadas por vecinos de los prostíbulos en los que se encontraban las mujeres víctimas de trata. En un caso de la localidad de Arroyito, provincia de Córdoba, en el que se encontraron dos menores de edad provenientes de la provincia de Santa Fe, la investigación se inició por actuaciones policiales efectuadas como consecuencia de numerosos llamados telefónicos anónimos de vecinos en los que manifestaban su enojo por una whiskeria llamada “Escabio”, ubicada en el paraje La Curva.16
Otra característica de las denuncias que puede mencionarse es el hecho de que la mayoría fueron efectuadas por las víctimas o terceros ante dependencias policiales. Como excepción puede mencionarse la presentación realizada el 11 de junio de 2004 por un reconocido periodista de un programa televisivo ante el Fiscal General Subrogante en la ciudad de Córdoba, en la cual se denunció que en la whiskeria “Sikeiros” de la ciudad de Alcira Gigena, se encontraba una menor de edad proveniente de la provincia de Misiones que era obligada a prostituirse.
Las denuncias presentadas por medios periodísticos tampoco constituyen una excepción. En un caso de San Miguel, provincia de Buenos Aires el equipo de un programa televisivo de investigación realizó una cámara oculta al regente de un prostíbulo. Simularon ser reclutadores de mujeres rusas. Las filmaciones fueron presentadas a la justicia federal y de este modo comenzó la investigación judicial.
Los ejemplos señalados demuestran que el inicio de las investigaciones en los casos de Trata se da de múltiples formas, no existiendo patrones únicos de denuncia. La única característica común a todos los casos que ha sido verificada es el hecho de que la judicialización de los casos, se da a partir de las denuncias de víctimas o terceros y no como consecuencia de investigaciones iniciadas de oficio por jueces o fiscales.17
b. Los tipos penales utilizados
El Protocolo de Palermo establece expresamente la obligación del Estado argentino de tipificar, perseguir y sancionar la Trata de personas, interna e internacional. En el Congreso de la Nación se encuentran en discusión distintos proyectos legislativos. El proyecto de tipificación de la trata presentado por la Senadora Vilma Ibarra logró, en Diciembre de 2006, la media sanción de la Cámara de Senadores. Al respecto cabe mencionar que el tipo penal propuesto exige que se pruebe –para los casos de mujeres adultas- que la Trata se realizó mediante amenaza, engaño, uso de la fuerza, coacción, fraude o por concesión o recepción de pagos o beneficios a terceros. Ello resulta con frecuencia difícil de probar en la práctica y hace que el proceso se apoye fundamentalmente sobre los testimonios de las víctimas, lo que dificulta más aún su ya frágil situación de inseguridad. Si a ello le sumamos la ausencia en el proyecto de toda referencia a programas de reinserción y medidas de seguimiento posteriores al retorno, veremos un escenario en el cual será difícil lograr que las víctimas declaren en procesos contra los tratantes, por lo que es posible que el número de condenas no aumente sustancialmente con la aprobación de una norma como la propuesta.
En todo caso, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la ratificación de la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional, la Argentina se encuentra en mora de adoptar una legislación penal acorde con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
Frente a la falta de una norma especifica que penalice la Trata de personas, en los casos de Trata con fines de explotación sexual que ingresan al sistema de justicia los jueces se ven obligados a recurrir a otras figuras penales que no responden, en ningún caso, de manera integral al fenómeno de la Trata.
Las causas relevadas demuestran que los casos de Trata generalmente son caratulados como facilitación y promoción de la prostitución de menores o mayores de edad, reducción a la servidumbre y privación ilegítima de la libertad.
La promoción y facilitación de la prostitución ajena de menores de edad se encuentra reconocida como delito en el artículo 125 bis del Código Penal. Las penas dependen de la edad de la víctima. Si son menores de 18 años la norma prevé una pena de 4 a 10 años de prisión. Si fueran menores de 13 años la pena es de 6 a 15 años. Según la norma, cualquiera sea la edad de la víctima, la pena será de 10 a 15 años cuando se recurra al engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción.
Por su parte, el artículo 126 del Código Penal penaliza la conducta de aquel que “...con animo de lucro o para satisfacer deseos ajenos” promueva o facilite la prostitución de mayores de 18 años cuando medie engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. En estos casos las penas serán de 4 a 10 años de reclusión o prisión.
Ambas figuras penales se ocupan de la explotación propiamente dicha pero no atienden a las actividades de reclutamiento, transporte y acogida o recepción de las víctimas en los procesos de Trata.
Lo mismo ocurre con los delitos contra la libertad, especialmente el artículo 140 del Código Penal que prevé la pena de 3 a 15 años a quien reduzca una persona a la servidumbre o situación análoga y a quien la reciba en esas condiciones para mantenerla así. El Código contiene también un artículo, el 142 bis, que reprime con prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Sería el caso de los secuestros no extorsivos, por ejemplo, el caso del secuestro de Marita Verón. A pesar de que llegan al conocimiento de la OIM numerosos casos de secuestros a manos de redes de trata, llama la atención que no se encontró la utilización de este artículo en ninguna de las causas relevadas.
El Código Penal también contiene disposiciones que se ocupan de aquellos que promueven la entrada o salida del país de otras personas para que ejerzan la prostitución. El artículo 127 bis dispone una pena de reclusión o prisión de 4 a 10 años cuando se trata de menores de 18 años y de 6 a 15 años cuando se trata de menores de 13 años. La pena se ve agravada de 10 a 15 años cuando media engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Por su parte, el artículo 127 ter se refiere a la promoción o facilitación la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años siempre que medie engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción.
Los artículos 127 bis y ter se ocupan exclusivamente de la Trata internacional en tanto estas normas resultan aplicables a aquellos casos en que los distintos tipos de tratantes (regentes de prostíbulos, proxenetas o reclutadores) “promueven o facilitan” el ingreso o salida de mayores o menores del país para que ejerzan la prostitución. Aquí quedarían fuera los casos de Trata interna, es decir, quienes trasladan a mujeres y niñas de una provincia a otra con el mismo fin.
Las figuras penales mencionadas no contemplan algunas de las situaciones contenidas en la definición de trata del Protocolo de Palermo como el fraude, la concesión o recepción de pagos o beneficios a quien deba otorgar el consentimiento de una persona sobre otra en función de una relación de autoridad. También se encuentra ausente de la legislación argentina el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, nota común en todos los casos analizados.
Aún cuando en las causas estudiadas se han detectado todas las figuras reseñadas en los párrafos precedentes (menos el secuestro no extorsivo), la mayoría se encuentra caratulada como promoción y facilitación de la prostitución de menores (artículo 125 bis) y mayores de edad (artículo 126).
Frente a las figuras penales previstas por la legislación, son los regentes de los prostíbulos y las personas que para ellos trabajan quienes resultan más vulnerables a la persecución penal. Ello se debe, en gran medida, al hecho de que la explotación sexual en los establecimientos constituye el eslabón más visible dentro de los procesos de Trata. En este sentido, no resulta un dato menor el hecho de que en los casos analizados únicamente se han encontrado imputados penalmente los regentes de los prostíbulos, algunos de sus empleados y mujeres que por propia voluntad o bajo coacción actuaban como reclutadoras. No se ha detectado un sólo caso en el que un reclutador independiente o un proxeneta se encuentren, al menos imputados, en el marco de un caso judicial izado de Trata.
Ello muestra la necesidad de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales tipificando la Trata como delito conforme lo exige el Protocolo de Palermo.
c. La investigación judicial. La producción de pruebas.
Al inicio de las investigaciones, la producción de pruebas en el marco de la causa depende, en gran medida, de la hipótesis delictiva planteada y de las figuras penales aplicadas provisoriamente, a partir de la denuncia efectuada por la víctima o un tercero. En tanto las denuncias mayoritariamente se refieren a hechos que se subsumen dentro de los delitos previstos por los artículos 125 bis y 126 del Código Penal, las diligencias probatorias tienden a intentar demostrar que, en el lugar señalado como espacio de explotación, se promovía o facilitaba la prostitución de menores de edad o de mujeres mayores de 18 años, en contra de su voluntad.
Dado que en la mayoría de los casos se identifica un prostíbulo donde una o más mujeres son explotadas sexualmente, tarde o temprano el juez que interviene en la causa ordena el allanamiento del local. Aunque no constituye la regla, se han detectado algunos allanamientos de varios locales coordinados de manera simultánea. Incluso se ha encontrado un caso en que los allanamientos fueron coordinados para realizarse de manera simultánea en jurisdicciones provinciales diferentes.18
Previo al allanamiento del prostíbulo, suelen efectuarse tareas de inteligencia tendientes a verificar su ubicación, obtener información sobre la identidad de quienes lo administran, establecer quienes son las mujeres explotadas e indagar sobre el funcionamiento general del local. De hecho, en los casos en que no se cuenta con buena información previa, se pierden oportunidades preciosas para el desarrollo de los allanamientos.19 Quienes realizan las tareas de inteligencia suelen ser integrantes de las fuerzas de seguridad que trabajan encubiertos. Comienzan efectuando averiguaciones con los vecinos del lugar para luego ingresar al prostíbulo, simulando ser clientes. Una vez obtenida la información requerida por el juez, quienes efectuaron las tareas de inteligencia realizan un informe que es agregado al expediente junto con un croquis y fotografías del local. El juez puede solicitar tareas de inteligencia adicionales, otras diligencias probatorias u ordenar el allanamiento del local.
Los allanamientos son efectuados por fuerzas de seguridad con presencia de los funcionarios judiciales o fiscales que intervienen en la causa. En estos procedimientos suele recurrirse al apoyo de las fuerzas policiales locales. Sin embargo, se han verificado casos de Trata radicados ante la justicia provincial en los cuales los allanamientos se efectuaron con el apoyo de fuerzas federales como la Prefectura o la Gendarmería Nacional. Tales resoluciones fueron tomadas como recaudo por los jueces a cargo de las causas, ante la sospecha de que en el caso podrían estar involucrados integrantes de la policía local.
En el allanamiento, que suele llevarse adelante dentro del horario de funcionamiento del prostíbulo, se procede a la identificación inmediata de las mujeres que se encuentran en el lugar así como de los clientes y de las personas encargadas de su administración.20 Posteriormente se procede al secuestro de todos los elementos de prueba que se encuentren en el local.
Ha sido posible constatar que los objetos secuestrados en los allanamientos a prostíbulos suelen ser siempre los mismos: documentos de identidad de las mujeres explotadas en el local,21 tarjetas migratorias, autorizaciones efectuadas por los padres a sus hijas ante escribano o jueces de paz para viajar solas o acompañadas por el país, comprobantes de giros postales efectuados por los regentes de los prostíbulos a otros regentes, reclutadores, proxenetas o mujeres, pasajes de ómnibus, denuncias policiales de extravío de documentos pertenecientes a las mujeres, agendas telefónicas, cuadernos en los que se registran las copas, pases y salidas de las mujeres, preservativos, artículos varios de las mujeres y armas si las hubiere.
Tras el allanamiento inmediatamente se les toma declaración testimonial a las mujeres, clientes y empleados identificados dentro del prostíbulo. Las declaraciones son tomadas por la policía y posteriormente por el juez o, directamente, por este último sin intervención policial.22
Salvo casos excepcionales, no se han encontrado declaraciones de los clientes que aporten información importante para demostrar la existencia de un caso de Trata. Lo más común es que ni siquiera asuman que se encontraban en el lugar para pagar por tener relaciones sexuales con una mujer. La versión suele ser siempre la misma, estaban en el local tomando unas copas o bailando con las mujeres que allí se encontraban.
Los regentes de los prostíbulos y algunos de sus empleados son quienes suelen resultar imputados, procesados, detenidos y eventualmente condenados en el marco de la causa. Tal como ocurre en la mayoría de los delitos, al ser citados a prestar declaración indagatoria,23 es común que las personas imputadas se nieguen a declarar.24 En unos pocos casos, en los cuales los imputados se vieron acorralados por las demás pruebas producidas en el marco de la causa, accedieron a declarar ante el juez y proporcionar su propia versión de los hechos. En el marco de una estrategia de defensa resulta evidente que en tales declaraciones no revelarán un solo dato que los incrimine como responsables penales dentro de los procesos de Trata, tal como ha podido constatarse en los expedientes analizados.
En las declaraciones indagatorias prestadas por los regentes de los prostíbulos y/o sus empleados surgieron ciertos argumentos que se reiteraron en más de una oportunidad. Cuando en los prostíbulos se encuentran menores de edad, los imputados justifican su presencia con el argumento de que les mintieron sobre la edad real que tenían con el apoyo de documentos falsos. En los casos en que se encuentran víctimas de Trata que llegaron al local bajo engaño con la promesa de un trabajo que no resultó ser cierto, es común que los imputados sostengan que las mujeres sabían bien a que iban y que, ahora, mienten por despecho o alguna otra razón.
Las declaraciones testimoniales de las mujeres pueden o no aportar información relevante para probar la existencia de uno o más casos de Trata dentro del local allanado. En ocasiones, algunas de las mujeres confirman la denuncia que dio origen al procedimiento. En otros casos las mujeres, muchas veces por miedo, amenazas y/o por vergüenza, niegan la presencia de menores de edad o de mujeres en contra de su voluntad. Se han dado casos donde una mujer escapa de un local y denuncia una situación de Trata que posteriormente, tras el allanamiento del local, es negada rotundamente por las mujeres encontradas en el prostíbulo.
Se han dado casos donde el contenido de las declaraciones prestadas por las mujeres encontradas en los prostíbulos se repite de manera sistemática en todas ellas, casi de manera textual. Ello hace suponer la posibilidad de que los regentes de los prostíbulos o sus empleados hubieran preparado a las mujeres para relatar una misma historia si algún día se producía un allanamiento y tenían que brindar explicaciones ante la policía o un juez.
El estudio de los casos demuestra que la obtención de información relevante de las mujeres encontradas en los prostíbulos depende, en gran medida, del modo en que la declaración es tomada por el funcionario que interviene en la causa. Las preguntas formuladas en el marco de una declaración pueden variar mucho de un caso a otro. En un extremo están aquellos funcionarios con escaso o nulo conocimiento sobre los procesos de Trata y su dinámica de funcionamiento, que se limitan a preguntar a las mujeres si estaban en el prostíbulo en contra de su voluntad o si en el vieron menores de edad. En el otro extremo están aquellos con amplio conocimiento del modo en que se desarrollan los procesos de Trata, de los actores primarios y secundarios que en ellos intervienen y de los estándares internacionales que regulan la materia. Este tipo de operadores toma las declaraciones a partir de cuestionarios de mayor complejidad que están elaborados teniendo en cuenta las distintas etapas y actores que constituyen los procesos de Trata.
Que en un caso determinado una mujer responda que se encontraba voluntariamente en el prostíbulo poco sirve para decidir si se está frente a un caso de Trata. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos no se les proporciona a las mujeres garantías suficientes de que no recibirán represalia alguna de los tratantes si revelan cual era su situación real en el prostíbulo. Por ello poco sirve centrar la declaración testimonial en la existencia o no de consentimiento. Una adecuada estrategia exige indagar sobre la totalidad del proceso que atravesó la mujer y formular preguntas concretas sobre cada una de las etapas que definen a la Trata: como y por quien fueron contactadas en el lugar de origen, cual fue el ofrecimiento concreto, quien abonó los gastos de viaje al lugar de destino, como se efectuó el traslado, por quien fueron acompañadas, etc.
Por otra parte, cabe señalar que ha sido posible observar cierto prejuicio en la manera de preguntar de los funcionarios que toman las declaraciones testimoniales. Es común encontrarse con preguntas tales como “que hacías vestida de esa manera en ese lugar” o el recurso a preguntas innecesarias y/o humillantes en las que se pide a cada víctima que explique en detalle como eran los pases (relaciones sexuales) con un cliente. También se ha constatado que son muy pocos los casos en los que se toman recaudos específicos en las entrevistas con víctimas menores de edad.
La denuncia, los informes de inteligencia iniciales, las actas de allanamiento y secuestro junto con las declaraciones testimoniales de mujeres y clientes constituyen el núcleo central de pruebas en los casos de Trata. Sin embargo, hasta el momento en que la causa es elevada a juicio oral puede ocurrir que se ordene la producción de pruebas adicionales en el marco de la investigación judicial.
Entre las pruebas adicionales cuya producción se ha podido constatar se encuentran la citación a declarar de nuevos testigos que el juez o el fiscal consideren de relevancia o de algunos de los que ya prestaron declaración a los fines de formular aclaraciones o profundizar alguna cuestión en particular. Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, constituyen una acumulación de testimonios poco útiles que nada aportan al fin de probar la responsabilidad penal de los imputados.
En algunos casos se han encontrado pedidos de información a organismos públicos o privados. Por ejemplo, en una causa relativa a un prostíbulo de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, radicada ante el Departamento Judicial de San Martín se solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior a fin de que proporcione un detalle de las entradas y salidas del país efectuadas por los regentes de un prostíbulo, que viajaban regularmente a Paraguay a captar mujeres.25
A pesar de que las declaraciones testimoniales de las víctimas y de otros testigos aportan, en algunos casos, información relevante y con datos concretos que permiten la identificación de reclutadores, proxenetas, regentes de otros prostíbulos, policías y/o funcionarios políticos involucrados en los procesos de Trata, son muy pocos aquellos en los cuales se los investiga en profundidad, a partir de la adopción de medidas concretas tales como tareas de inteligencia criminal tendientes a verificar la información que surge de las declaraciones agregadas al expediente. Las investigaciones judiciales tienden a centrarse en el regente y todos aquellos individuos que operaban bajo su dependencia en el ámbito del prostíbulo. Se han encontrado causas en las cuales se procesó y enjuició a reclutadores que trabajaban en relación de dependencia para un prostíbulo específico pero, como ya ha sido señalado, no hay un solo caso en el que un reclutador independiente o un proxeneta se encuentren siquiera investigados en el marco de un proceso judicial.
Se han encontrado muy pocos casos en los que se asume la complejidad del delito y se ordenan medidas probatorias generalmente vinculadas a la investigación de formas de criminalidad organizada. Medidas de este tipo son las escuchas telefónicas o la realización de cámaras ocultas. Ello ocurrió en el caso de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde se intervinieron los teléfonos de los regentes de los prostíbulos y se efectuaron escuchas y filmaciones durante casi un año hasta el momento en que se allanaron siete prostíbulos, dos de los cuales se encontraban en el norte de la provincia de Santa Cruz.26 En una causa judicial de la provincia de Córdoba en la cual el regente del prostíbulo se encontraba prófugo con pedido de captura se ordenó, con el propósito de ubicarlo y proceder a su detención, la intervención de la línea telefónica de uno de sus hijos quien continuaba con el manejo del negocio.27
En tanto resulta claro que los delitos que se aplican en los casos de Trata son de competencia local, se han detectado pocos conflictos de competencia con la justicia federal. La excepción está constituida por dos casos. Uno de la ciudad de Salto en la provincia de Buenos Aires, que se originó a partir de una investigación del juez federal de Junín sobre tráfico de estupefacientes y otras formas de criminalidad organizada (falsificación de moneda nacional y extranjera, piratería del asfalto) donde lo relativo a la Trata de personas terminó pasando a la justicia provincial.28 El otro caso es de San Miguel, también de la provincia de Buenos Aires, que se inició a partir de una denuncia efectuada ante la justicia federal de San Martín y, al igual que el anterior, terminó pasando a la justicia local.29
El problema de que en los casos de Trata intervenga la justicia local está en que una investigación que debería realizarse sobre distintas provincias, se ve fracturada por una cuestión de jurisdicción. Tal situación puede observarse en un caso de Trata donde mujeres reclutadas en Paraguay eran trasladadas a las provincias de Córdoba y Buenos Aires. La causa se inicia en esta última como consecuencia de una denuncia presentada ante la justicia de San Martín por una mujer que logra escapar de un prostíbulo de José C. Paz. En el desarrollo posterior de la investigación surge que, otros de los destinos de las mujeres captadas en Paraguay, eran un prostíbulo de Villa Quilino en la provincia de Córdoba y otro ubicado en la provincia de Catamarca, ambos propiedad de la misma familia que regenteaba el local de José C. Paz. Como los casos de Trata de cada provincia deben ser perseguidos por la justicia local, los operadores judiciales de San Martín no podían avanzar por si solos en la investigación de las prolongaciones de la red en Córdoba y Catamarca debiendo requerir colaboración a la justicia de las otras provincias involucradas.
d. El desenlace de las investigaciones.
En el desenlace de los casos de Trata y en la eventual intervención de los tribunales de alzada en las instancias de apelación, no se han encontrado características o patrones propios que los diferencien de procesos penales que involucren a otros delitos. De los casos relevados, son muy pocos los que han llegado a sentencia de primera instancia. A titulo ilustrativo se citan seis casos, en cinco de los cuales se dictó sentencia de primera instancia y en uno de ellos se dictó el sobreseimiento del imputado.
El 4 de diciembre de 2000 el regente de un prostíbulo de Villa Quilino, provincia de Córdoba, en el que se encontró una menor de edad de nacionalidad paraguaya que presuntamente tenía dieciséis años fue absuelto por el delito de facilitación y promoción de la prostitución de menores y se le impuso una multa de doce mil quinientos pesos por violación de la ley de profilaxis. La absolución se produjo como consecuencia de que nunca llegó a probarse la edad real de la joven encontrada en el local.30 Esto último, es algo común en los casos de Trata. En ocasiones, las mujeres menores circulan con documentos falsos, documentación perteneciente a otra persona (sustitución de identidad) o denuncias de extravío de documentos, en las que consta que son mayores de edad. Un caso judicial de Necochea, provincia de Buenos Aires, demuestra que aún careciendo del acta de nacimiento existen medios alternativos para determinar la edad de una persona. Por ejemplo, pericias médicas en las que se estudie la estructura ósea de la persona para determinar su edad.

El 23 de octubre de 2003 es sobreseído y se ordena la libertad del regente de un prostíbulo de Salsipuedes, provincia de Córdoba en el que se liberó a una mujer de diecinueve años de edad que había sido llevada engañada desde la ciudad de Encarnación, en la República de Paraguay. El fiscal a cargo de la investigación entendió que en el caso no había pruebas suficientes que acreditaran la comisión de delitos. En el caso, las otras mujeres encontradas en el local negaron la existencia de situaciones de Trata.31
El 21 de febrero de 2006 un Tribunal Oral en lo Criminal de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se condenó a la pena de siete años de prisión al regente de un prostíbulo de Avellaneda por los delitos de promoción de la prostitución agravado por mediar engaño en grado de tentativa y facilitación de la prostitución de menores.32
El 21 de septiembre de 2006 la Cámara del Crimen de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, condenó al regente de un prostíbulo de la localidad de Inriville a la pena de catorce años de prisión al ser considerado responsable de tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y reducción a la servidumbre, facilitación y promoción de la prostitución... El caso de Inriville, es uno de los más impactantes de los que se tenga registro, por los niveles de violencia ejercidos sobre una joven cordobesa de diecinueve años que fuera salvajemente torturada y encadenada en una cueva, sin alimentos ni agua.33
El 21 de diciembre de 2006 la Cámara del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó al regente34 de numerosos prostíbulos de esa ciudad, en los que se encontraron decenas de mujeres de nacionalidad paraguaya, a la pena de cinco años de prisión por el delito de promoción y facilitación de la prostitución de mujeres mayores de edad, junto con una multa de treinta mil pesos por violación de la ley de profilaxis.35 Las otras personas involucradas en el caso, otro regente y un reclutador de nacionalidad paraguaya que trabajaba en el ámbito de los prostíbulos, recibieron únicamente multas por violación de la ley de profilaxis.
Bajo la estricta aclaración de que las siguientes cifras no resultan extrapolables, en modo alguno a la totalidad de casos judicializados entre el 2000 y el 2005, que tramitan en el país, cabe señalar que de las cuarenta y siete causas relevadas, treinta y siete se encontraban en proceso de investigación. En las diez restantes se dictó sentencia de primera instancia, cinco de las cuales tenían sentencia firme.36
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