El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel Jiménez de Parga, Presidente, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don






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STC 54/2004, de 15 de abril de 2004


            El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel Jiménez de Parga, Presidente, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo y don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

            En el recurso de amparo núm. 988/98, promovido por Sílex Media Limitada y Compañía, sociedad en comandita, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco García Crespo y asistida por la Letrada doña Amparo González Molinuevo, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 5 de febrero de 1998, por la que se declara haber lugar al recurso de casación núm. 1436/94 promovido contra la Sentencia de 18 de marzo de 1994 de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, desestimatoria del recurso de apelación (rollo núm. 300/93) interpuesto contra la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Madrid, de fecha 3 de marzo de 1992, en autos de protección del derecho al honor núm. 676/91. Han intervenido, además del Ministerio Fiscal, don Enrique Múgica Herzog, representado por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y asistido por el Letrado don David Múgica Díaz. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

            1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 6 de marzo de 1998 y registrado en este Tribunal el día 7 siguiente, el Procurador de los Tribunales don Francisco García Crespo, en nombre y representación de Sílex Media Limitada y Compañía, sociedad en comandita, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia a la que se hace referencia en el encabezamiento, alegando vulneración del derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE].

            2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:

            a) El diario "Claro", editado por la mercantil recurrente, publicó el 9 de mayo de 1991 un artículo en el que se daba cuenta de una acusación vertida contra don Enrique Múgica Herzog, según la cual éste se vería implicado en un caso de corrupción y tráfico de influencias. En la portada del diario aparecía el siguiente titular, en grandes caracteres: "Múgica [foto del Sr. Múgica] ¿Untado con 45 millones?". Debajo del titular, en caracteres más reducidos, se decía: "¿y 10 para su amante?". Encima del titular podía leerse: "Un juez de Valencia envía el caso al Supremo".
La noticia propiamente dicha se iniciaba ya en la portada con el siguiente texto:

 "Valencia.- Un agente judicial ha acusado ante un juez a Enrique Múgica. Según el agente, el ex ministro y 'su querida' iban a repartirse 55 millones por apoyar la concesión de una lotería instantánea en Valencia. El juez envió el pasado lunes el caso al Tribunal Supremo".

            El artículo continuaba en la página 6 del diario. En dicha página aparecía, en grandes caracteres el siguiente titular: "Múgica y su querida se iban a repartir 55 millones".

            Precedía a este titular, como rótulo, la frase "Acusación contra el ministro". Bajo el titular se escribía: "Por apoyar la concesión de una lotería en Valencia - Un juez envía el caso al Supremo".

            El artículo continuaba con la siguiente entrada, en negrita: "Valencia.- El ex ministro de Justicia Enrique Múgica y 'su querida' se iban a repartir 55 millones de pesetas por apoyar la concesión de una lotería instantánea en Valencia. Un traficante de drogas lo ha contado así al titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valencia, Eloy Velasco Núñez. El pasado lunes, el juez ordenó que el caso pase al Tribunal Supremo".

            El cuerpo del artículo era del siguiente tenor:

"Rafael Segarra Timoneda, agente judicial encarcelado por tráfico de drogas, relató los hechos al juez el 15 de julio de 1989. Según Segarra, el entonces Ministro de Justicia y dirigente del PSOE Enrique Múgica iba a recibir 45 millones de pesetas y 'su querida' María Doval 10 millones por apoyar la concesión de una lotería instantánea ante la Consellería de Hacienda de la Comunidad Valenciana, administrada también por socialistas. El dinero lo ofrecía una empresa que no ha sido aún identificada. En el reparto iba a entrar también la dueña de una casa de masajes de Valencia.

La declaración consta en el sumario abierto por presunta mafia policial en un caso de drogas donde presuntamente existe una conexión entre delincuentes y cargos judiciales.

Segarra escribió desde la prisión a Múgica, diciéndole quién era y pidiéndole que mediara por él. Habían salido juntos a la sala de fiestas de Valencia 'La Belle Epoque'. 'Yo iba con mi chavala y él con su querida', dice Segarra en el sumario.

El juez ha ordenado ahora que el caso pase al Supremo para que 'actúe en consecuencia'. Al ser Múgica diputado, el Supremo es el único órgano judicial competente para investigar el caso.

María Doval ha reconocido a CLARO que 'durante los tres años que el ministro estuvo separado de su mujer' mantuvo con él 'una relación amistosa'.

'Conocía a su hermano y a sus hijos. Fue una relación que en ningún momento se ocultó. La conocía toda mi familia, así como mi actual marido, aunque a Enrique hace ya casi dos años que no le veo'.

El juego lo controla en la Comunidad Valenciana una Comisión Técnica que depende de la Secretaría General de la Consellería de Hacienda. En 1988 se planteó poner en marcha la lotería instantánea, pero el proyecto se paralizó debido a que ya había gran cantidad de juegos".

            Firmaba el artículo M. Carneiro.

            b) El Sr. Múgica Herzog interpuso demanda de protección del derecho al honor contra la empresa ahora recurrente, la periodista autora del artículo y el director del diario, solicitando que se les condenara solidariamente al pago de 200 millones de pesetas en concepto de indemnización, y a la difusión de la Sentencia que en su día recayese. La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Madrid (autos núm. 676/91) y desestimada por Sentencia de 3 de marzo de 1992. Para el Juzgado, el artículo periodístico se limitaba a dar a la luz determinados datos obrantes en un sumario (el núm. 2/90, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valencia), ofreciéndolos de manera objetiva y sin el añadido de juicios de valor ni expresiones, en su conjunto, peyorativas o vejatorias. Además, se referían todos ellos a una persona de relevancia pública notoria y afectaban a asuntos de carácter igualmente público. Debía prevalecer, por tanto, el derecho del diario a comunicar información frente al derecho al honor del actor civil.

            c) El Sr. Múgica Herzog interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección Decimocuarta dictó Sentencia desestimatoria de 18 de marzo de 1994 (rollo núm. 300/92). La Sección hizo suyos los razonamientos del Juzgado, señalando que el texto periodístico, valorado en su conjunto y no por expresiones aisladas, no actuó con ánimo de injuriar o menoscabar el honor personal del apelante, sino con ánimo de dar a luz un hecho que creía noticiable, y que al existir un sumario abierto sobre tales hechos, existía al menos "un contraste razonable de la noticia".

            d) El Sr. Múgica Herzog interpuso finalmente recurso de casación ante el Tribunal Supremo (recurso núm. 1436/94), por infracción del art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. La Sala de lo Civil dictó Sentencia estimatoria de 5 de febrero de 1998 al apreciar la existencia de una intromisión ilegítima en el honor del actor. En opinión de la Sala, la información ofrecida por el diario no se había obtenido rectamente: procedía de un sumario, con violación de su secreto; por tanto, "no se puede hablar de una información veraz desde el instante mismo en que se ha quebrantado el secreto genérico sumarial para obtener los datos que constituyen el núcleo de la referida información, que, por otra parte, ... no servirá nunca para formar una opinión libre y que redunde en beneficio del ente social, pero sí para conseguir un mayor beneficio comercial" (FJ 1). Rechaza la Sala, de otro lado, que el artículo enjuiciado pueda encuadrarse en la categoría del denominado "reportaje neutral", pues el diario ofreció la información anticipando graves conclusiones. A mayor abundamiento, los titulares de la noticia crearon una situación "fuera de contexto", pues "el contenido del reportaje no fundamenta el titular, más o menos escandaloso" (ibid.).

            El Tribunal Supremo condena, en definitiva, a los demandados civiles al pago de una suma de 50 millones de pesetas y a la difusión de la parte dispositiva de la Sentencia en los mismos términos en que se publicó la noticia enjuiciada.

            3. La entidad recurrente alega en la demanda de amparo que la Sentencia impugnada vulnera el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE] al realizar una ponderación de los derechos en conflicto que no se ajusta a los criterios establecidos en la Jurisprudencia constitucional. Se invoca en primer lugar la posición preferente del derecho a la información, para señalar que la noticia objeto de litigio fue difundida por una periodista profesional en el ejercicio de su derecho a informar, recogiendo las declaraciones de dos personas, una de ellas en un procedimiento judicial. Se añade que el Tribunal Supremo desvincula el titular periodístico del conjunto de la información, en contra del criterio sentado por la doctrina de este Tribunal, según el cual la valoración de la veracidad de la información debe realizarse de un examen del conjunto de la noticia dada (STC 178/1993), y en este caso el titular en cuestión estaba amparado por la libertad de información puesto que resumía el contenido de la noticia. La frase contenida en el titular: "Acusación contra el ex ministro: 'Múgica y su querida se iban a repartir 55 millones'", está relacionada con la transcripción de las declaraciones del Sr. Segarra realizadas en el seno de una investigación judicial y que aquél reiteró en diferentes medios de comunicación.

            Alega la demandante de amparo que la información publicada está protegida constitucionalmente porque tiene relevancia pública y es veraz. Lo primero por la trascendencia de los temas sobre los que versaron las denuncias, que tenían un interés general para la sociedad, y por la relevancia pública del Sr. Múgica, que ostentó varios cargos públicos. Lo segundo, porque el informador empleó una adecuada diligencia en la comprobación de los hechos difundidos. En este punto se señala que las declaraciones del Sr. Segarra no sólo proceden de las que vertió ante el Juez de Instrucción de Valencia, sino que son también fruto de la conversación que la periodista mantuvo con aquél. Asimismo, consta en las actuaciones la transcripción de las declaraciones realizadas por el Sr. Segarra en la prisión de Valencia el 15 de julio de 1989, cuyo testimonio se remitió al Tribunal Supremo por providencia dictada en el sumario 2/90. El hecho de que se obtuviera una copia de estas declaraciones sumariales no implicaría que fueran obtenidas mediante una "revelación indebida", ya que no consta cómo llegaron a manos de la periodista. Por otra parte, tampoco consta en las actuaciones la declaración del secreto decretado en el sumario 2/90, como ya reconoció la Sentencia de instancia. De acuerdo con la Jurisprudencia constitucional (STC 13/1985) no se habría quebrantado el secreto del sumario al reproducir parte de las declaraciones y dar cuenta de la actuación judicial. Se alega asimismo que se intentó el contacto con el Sr. Múgica, que rehusó cualquier explicación.

            Finalmente, se aduce que sería aplicable al presente caso la doctrina del "reportaje neutral" porque la información publicada se basa en las declaraciones realizadas por terceras personas, cuya credibilidad se asienta en el hecho de ser una información también vertida en un sumario y que dio lugar a las diligencias judiciales. De todo ello se desprendería que no hubo intromisión ilegítima en el honor del Sr. Múgica, al haber actuado dentro de los límites de la libertad de información consagrada en el art. 20.1 d) CE, por lo que se solicita que se otorgue el amparo y se declare la nulidad de la Sentencia impugnada, interesando asimismo la suspensión de su ejecución.

            4. Mediante providencia de 16 de septiembre de 1998 la Sección Cuarta, de conformidad con lo previsto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].

            En su escrito de alegaciones la entidad recurrente reiteró los argumentos expuestos en la demanda para justificar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo, ya que en estos supuestos de amparo le corresponde al Tribunal enjuiciar si el órgano judicial realizó una ponderación constitucionalmente correcta de los derechos constitucionales en conflicto. Por su parte, el Ministerio Fiscal interesó la admisión a trámite del recurso, al apreciar que la demanda no carecía de contenido constitucional por cuanto prima facie resultan inadecuadamente ponderados por parte del Tribunal Supremo los derechos en conflicto.

            5. Por providencia de 23 de noviembre de 1998 la Sección Cuarta acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigió atenta comunicación a los órganos judiciales para que remitieran certificación adverada de las actuaciones y emplazaran a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la demandante de amparo, a fin de que en el término de diez días pudieran comparecer en este proceso y formular las alegaciones pertinentes.

            6. Por providencia de la misma fecha, y a la vista de lo alegado en la demanda de amparo, la Sección Cuarta del Tribunal acordó formar la oportuna pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el art.56 LOTC, y otorgar un plazo de tres días a la parte recurrente, al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para que alegasen lo que estimasen pertinente sobre la suspensión solicitada.

            Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la Sala Segunda del Tribunal dictó Auto de 25 de enero de 1999 por el que acordó la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada en lo que respecta a la difusión de la parte dispositiva de la misma, y denegar la  suspensión de la ejecución en lo que respecta al pago de la indemnización.

            7. Por escrito registrado el 12 de febrero de 1999, el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación de don Enrique Múgica Herzog, se personó en el proceso de amparo, solicitando que se entendieran con él las actuaciones sucesivas.

            8. Mediante providencia de 4 de marzo de 1999, la Sección Tercera acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación de don Enrique Múgica Herzog, y dar vista de las actuaciones recibidas, por un plazo común de veinte días, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones pertinentes.

            9. En su escrito de alegaciones registrado en este Tribunal el 9 de abril de 1999, la entidad demandante de amparo da por reproducidas las contenidas en la demanda y en el escrito presentado en el trámite del art. 50.3 LOTC. Insiste la recurrente en la indebida ponderación de derechos realizada por el Tribunal Supremo en la Sentencia impugnada, que acogiéndose al origen de la información (las declaraciones de un inculpado en un procedimiento penal) valora inadecuadamente el artículo publicado, trasladando la hipotética colisión de derechos del contenido de lo publicado a las fuentes de información, sin que por otra parte se acredite en el proceso a quo el acceso ilegítimo a las diligencias sumariales.

            Se reitera la trascendencia pública del hecho difundido y la relevancia pública de su protagonista así como el interés general de la información por tratarse de unas actuaciones de contenido penal, dándose además la circunstancia de que el Juzgado instructor dio curso de las actuaciones al Tribunal Supremo. Por otra parte, se alega que la resolución impugnada realiza una indebida aplicación de la doctrina constitucional (STC 13/1985) sobre el quebrantamiento del genérico secreto sumarial (art. 301 LECrim) para negar que la información publicada esté protegida por el art. 20.1 d) CE, trasladando normas del procedimiento penal para limitar un derecho prevalente. Y ello al margen de que en el mismo reportaje no se dice que se haya tenido acceso al sumario sino al contenido de unas declaraciones que, además, se transcribieron de manera neutral en el reportaje.

            La recurrente aduce que el Tribunal Supremo habría dado un vuelco al objeto del proceso, que como se declaró en instancia no era otro que el examen de la publicación periodística y no el origen de la información publicada.

            Finalmente, se reitera el carácter veraz de la información publicada, habida cuenta de la diligencia empleada por la periodista en la comprobación de los hechos relatados: las declaraciones del Sr. Segarra ante el Juzgado, en las que formuló acusaciones contra el Sr. Múgica, y la deducción de testimonio por parte del órgano judicial al Tribunal Supremo. La ausencia de una acusación formal, invocada por el Tribunal Supremo para desvirtuar el hecho de las declaraciones que motivaron la información, no sería motivo para afirmar la existencia de una intromisión ilegítima en el honor del demandante en instancia.

            10. En las alegaciones presentadas el 12 de abril de 1999 por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación de don Enrique Múgica Herzog, se invoca la Jurisprudencia constitucional en materia de libertad de información y honor, haciendo especial hincapié en la STC 13/1985, para señalar que no es aplicable a este caso, como pretende la demandante de amparo, puesto que en aquel supuesto la información se cubrió antes de la existencia misma del sumario. La información publicada por la entidad recurrente no se habría obtenido pues rectamente, al extraerse de un sumario al que no tiene acceso el informador, y por ello no estaría constitucionalmente protegida. Se añade que las declaraciones del Sr. Segarra a la periodista fueron posteriores a la publicación de la noticia y por ello no se tuvieron en cuenta por los Tribunales de instancia y apelación. Tampoco quedó acreditado que el Director del periódico llamara al Sr. Múgica.

            Se afirma que la información publicada no fue veraz porque no se cumplió el deber de diligencia sobre un hecho que finalmente resultó falso, y se difundió con base en las declaraciones de un narcotraficante. No puede entenderse que la conversación de la periodista con el Sr. Segarra fuera propiamente una verificación porque se realizó con posterioridad a la publicación de la noticia, y no se contrastó con otras fuentes. Esta falta de diligencia sería especialmente grave puesto que la noticia en este caso suponía un descrédito para la persona objeto de la información.

            Finalmente, se niega el carácter de reportaje neutral de la información publicada, el pretendido interés público de la información contenida en la noticia  referida a la vida privada del Sr. Múgica, y se afirma que el carácter de personaje público no priva del derecho al honor.

            Con base en las argumentaciones vertidas, se solicita que se deniegue el amparo solicitado.

            11. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 19 de abril de 1999 interesando el otorgamiento del amparo y la nulidad de la Sentencia impugnada. A su juicio, el Tribunal Supremo no realizó una adecuada ponderación entre la libertad de información y el derecho al honor al negar la veracidad de la información publicada por entender que no había sido obtenida rectamente pues se violó el secreto del sumario. Ello implicaría la aplicación extensiva del concepto de secreto sumarial, estableciendo una atípica e ilegítima "materia reservada" en contra de lo declarado en la STC 13/1985.

            La ponderación efectuada por la Sala tampoco respetaría la "regla de la proporcionalidad de los sacrificios" al no explicar suficientemente la exclusión de los datos sumariales a la libre información, privándoles de valor cara a fundamentar la veracidad de la noticia. Se desconocería la posición prevalente de la libertad de información frente al derecho al honor, a pesar de tratarse de una materia de interés general y relevancia pública, como admite la propia Sentencia.

            Finalmente, alega el Fiscal que la información de autos reúne las notas exigidas por este Tribunal para ser considerada un "reportaje neutral", cuyos criterios de veracidad son de aplicación a este caso.

            Se considera por tanto que la Sentencia impugnada vulneró el derecho a la libertad de información de la demandante y por ello el recurso de amparo debe prosperar.

            12. Por providencia de 5 de junio de 2002 se acordó avocar al Pleno de este Tribunal el presente recurso de amparo.

            13. Por providencia de 13 de abril de 2004,[TC1]

se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año.

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