La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república






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fecha de publicación17.03.2016
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CAS. Nº 116-2013 LIMA. Prescripción adquisitiva de dominio.
SUMILLA.- Para valorar un proceso fenecido al interior de otro proceso judicial en trámite, se debe tener en cuenta el último fallo emitido en el mismo, por ser el que puso fi n al proceso; hacer lo contrario implica afectación a la motivación de las resoluciones judiciales, por una inadecuada valoración. Lima, veintisiete de enero de dos mil catorce.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.

vista la causa número ciento dieciséis – dos mil trece; en audiencia pública de la fecha, y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:
MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación, interpuesto por Javier Marco Antonio Grisolle Aguirre de folios mil ochenta y cinco a mil ciento nueve, contra la sentencia de vista (resolución número veinte – II) de fecha veinte de setiembre de dos mil doce, de folios mil sesenta y cuatro a mil sesenta y ocho, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte

Superior de Justicia de Lima que, revoca la sentencia apelada (resolución número treinta y cuatro) de fecha diecinueve de agosto de dos mil once, de folios novecientos ocho a novecientos diecinueve, que declara fundada la demanda; y reformándola

declararon infundada la misma.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
Esta Sala mediante resolución de fecha quince de abril de dos mil trece, de folios sesenta y seis a sesenta y ocho del cuadernillo de casación, declaró procedente el recurso de casación por infracción normativa de derecho material y procesal, se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 123 del Código Procesal Civil, señalando que la Sala Superior ha determinado que la razón por la cual la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta por la madre de los recurrentes y éstos en calidad de litisconsortes se declaró infundada, lo fue bajo los supuestos de que los “causantes tenían la calidad de arrendatarios del bien sub litis”, por lo que nunca ejercieron el animus domini, pues siempre ejercieron la posesión del inmueble en calidad de arrendatarios y en consecuencia el derecho que se transfi rió a los recurrentes era solo la extensión del derecho de uso en calidad de arrendatarios; sin embargo, tal afirmación no se realiza en virtud de un análisis propio y efectuada la luz de los hechos presentados en el presente proceso, sino que se arriba a dicha conclusión (errada por cierto) en atención a lo que se dice que se habría resuelto en el proceso anterior. Esta afirmación importa un desconocimiento del carácter de cosa

juzgada de la sentencia pues en la misma expresamente señala no que los actores nunca ejercieron la posesión con “animus domini”, sino porque la posesión como propietarios a la fecha de la interposición de la demanda no abarca el plazo legalmente establecido (diez años); asimismo en dicha sentencia se estableció que el plazo a partir del cual los padres del recurrente ejercieron el “animus domini” respecto del inmueble, esto es del año mil novecientos noventa y uno, por lo que en el presente caso, la fecha de inicio para el cómputo en la demanda, debe considerarse desde el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno; por tanto, la Sala no solo ha omitido hacer mención a tales puntos, incurriendo en un vicio de motivación, pues su plazo posesorio solicitado debía sumarse a la posesión ejercida por la Sociedad conyugal conformada por Héctor Grisolle Tirado y Luisa Rene Aguirre Quiñónez de Grisolle iniciada el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno, toda vez que contábamos con una sentencia con la calidad de cosa juzgada que reconocía el “animus domini” de la referida sociedad conyugal; ii) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, indica que estando a lo precedentemente sostenido, la resolución de vista contiene una motivación aparente, al no respetar la sentencia con calidad de cosa juzgada, la cual reconoció y determinó la existencia del “animus domini” desde el año mil novecientos noventa y uno a favor de la sociedad conyugal conformada por los padres de los recurrentes; y, iii) Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, refiriendo que la existencia de un proceso anterior sobre prescripción adquisitiva de dominio no conlleva que la posesión haya perdido el carácter de pacífica, pues en dicha oportunidad los recurrentes en calidad de litisconsortes solicitaron la prescripción del inmueble conjuntamente con su madre, sin embargo, ello no se enmarca dentro del supuesto hecho que la jurisprudencia de manera unánime ha establecido como causal de la pérdida de posesión pacífica, el mismo que se configura cuando el poseedor es emplazado y/o intimidado con una acción que desconozca su posesión como propietario y se le requiera la desocupación del bien, lo cual en el presente caso no ha ocurrido y por tanto la posesión nunca ha perdido la calidad de pacífica; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Respecto a la causal denunciada por infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3.
Segundo.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de infracción de normas de derecho material y procesal relacionadas a lo que constituiría contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Teniendo

en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396 del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por las otras causales contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia deberá resolver el conflicto según su naturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente el recurso de casación debe comenzar por el análisis de la alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.
Tercero.- En esa medida, respecto a los errores in procedendo, la recurrente alega que la sentencia de vista ha incurrido en la infracción normativa del artículo 123 del Código Procesal Civil referido a la autoridad de cosa juzgada que adquiere una resolución; lo que en suma resultaría atentatorio al debido proceso.
Cuarto.- El debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, página diecisiete). Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas como el de cosa juzgada y de la competencia predeterminada por

Ley, así como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) entre otros.
Quinto.- Bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del procedimiento.
Sexto.- Sobre el caso que nos atañe corresponde efectuar previamente un resumen de la controversia de su propósito. En ese sentido se aprecia que mediante la demanda de folios cuatrocientos ochenta y siete a quinientos siete, subsanado a folios quinientos veintinueve a quinientos treinta y uno Héctor Eduardo Grisolle Aguirre y Javier Marco Antonio Grisolle Aguirre, interponen demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio, contra María Mávila Marín de Vásquez y Ernesto Vásquez Zelada; a fi n que se les declare propietarios del inmueble constituido por el departamento número veintitrés del Edificio Río de la Plata, ubicado en la calle Río de la Plata número doscientos cincuenta, Distrito de San Isidro, Departamento de Lima. Amparando su pretensión en que: a) Vienen poseyendo el inmueble materia de demanda desde el dieciséis de octubre de dos mil ocho, fecha del fallecimiento de su señora madre y anterior poseedora del departamento indicado como propietaria, Luisa Rene Aguirre Quiñones de Grisolle, habiendo entrado en posesión del inmueble en ejercicio del derecho de posesión del que fueron declarados sus únicos y universales herederos según Testamento de fecha ocho de febrero de dos mil siete, otorgado ante el Notario de Lima, doctor Carlos Augusto Sotomayor Bernos, sumando a su plazo posesorio el de su madre; que el tiempo de posesión como propietarios de sus padres, Héctor Agustín Grisolle Tirado y Luisa Rene Aguirre Quiñones de Grisolle es desde el año de mil novecientos ochenta y ocho que se evidencia el animus domini sobre el inmueble, el que continuó ejerciendo su señora madre hasta el fallecimiento de su padre ocurrido el día veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco; desde esa fecha la madre de los actores continuó ejerciendo la posesión del citado departamento con el mismo animus domini que se observaba como parte de la mencionada sociedad conyugal, esto es, como propietaria y de manera continua, pacífi ca y pública, la que ejerció hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el dieciséis de octubre de dos mil ocho, por lo que sumados los plazos posesorios de sus padres, como sociedad conyugal, a los de su madre como cónyuge supérstite, se completa en exceso el plazo de diez años que señala el artículo 950 del Código Civil para adquirir por prescripción el inmueble; b) La sucesión a favor de su madre, del derecho de posesión que correspondía a su padre, como parte de la sociedad conyugal, se halla plenamente acreditado con el acta de declaratoria de herederos de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, protocolizado ante Notario Público, doctor Jorge Orihuela Iberico e inscrito en la Ficha número 99011 del Registro de Declaratoria de Herederos de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; c) Como únicos herederos de su madre, vienen ejerciendo la posesión del inmueble materia de Litis, de manera continua, pacífica y pública, desde el dieciséis de octubre de dos mil ocho, fecha de su fallecimiento, tal como se acredita con su partida de defunción y del testamento de fecha ocho de febrero de dos mil siete, otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos, cuya ampliación corre inscrita en la Partida número 11982956 del Registro de Testamentos de la Ofi cina Registral de Lima; y, d) Indican también que el ejercicio de la posesión lo acreditan además con el contrato de arrendamiento que como arrendadores han celebrado con la fi rma Patovet Sociedad Anónima Cerrada, desde octubre de dos mil ocho, fecha de fallecimiento de su madre; siendo que de la suma de los plazo posesorios de sus padres, más el plazo posesorio transcurrido a favor de su madre, más el plazo posesorio transcurrido a su favor, resulta una posesión continua de más de diecisiete años; que conforme aparece del Asiento C 004 de la Partida Electrónica número 49060899 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, los demandados aparecen con derecho inscrito sobre el inmueble en mérito a la Escritura Pública de compra de fecha siete de abril de dos mil nueve, extendida ante el Notario Jorge Velarde Sussoni. Corrido el traslado de la demanda, Ernesto Vásquez Zelada y su cónyuge María Mávila Marín de Vásquez, contestan la demanda de folios seiscientos cuarenta y cinco a seiscientos setenta y uno de manera extemporánea, habiendo sido declarados rebeldes mediante la resolución número diez, de fecha veintidós de diciembre de dos mil nueve, a folio seiscientos setenta y dos. El Juez de primera instancia expide la sentencia (resolución número treinta y cuatro) de fecha diecinueve de agosto de dos mil once, de folios novecientos ocho a novecientos diecinueve declarando fundada la demandada; estableciendo que: a) En cuanto a la posesión continua, los demandantes señalan que vienen poseyendo el inmueble materia de litis desde el dieciséis de noviembre de dos mil ocho, fecha de fallecimiento de su señora madre Luisa René Aguirre Quiñones de Grisolle, siendo que sus padres estuvieron en posesión del mismo inmueble, con animus domini desde el año de mil novecientos ochenta y ocho, habiendo fallecido su señor padre Héctor Agustín Grisolle Tirado con fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, continuando con el ejercicio de la posesión su señora madre hasta el dieciséis de octubre de dos mil ocho, en que falleció, por lo que sumados estos plazos posesorios se completa con exceso el plazo de los diez años, resultando una posesión continua de más de diecisiete años; b) Los emplazados señalan que la posesión no fue continua por cuanto existe relación de dependencia a través del contrato de arrendamiento celebrado con el primer propietario el cual nunca fue resuelto; asimismo al haberse interpuesto proceso judicial, demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio desde el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete hasta terminando el proceso en la Corte Suprema de Justicia en el año dos mil seis, se interrumpió la posesión; también señalan que los demandantes no vienen poseyendo desde el diecisiete de octubre de dos mil ocho, por cuanto tienen un lugar de residencia y domicilio distinto al

inmueble materia de proceso; además que por la propia declaración de ambos demandantes en la demanda, han celebrado contratos simulados de arrendamiento; c) En cuanto a que existe relación de dependencia a través del contrato de arrendamiento celebrado con el primer propietario el cual nunca fue resuelto, debe tenerse en cuenta que para acceder a la propiedad a través de la usucapión se requiere de la posesión como propietario, esto es poseer para sí y no para otro, lo que ocurre cuando se posee en condición de arrendatario, en ese sentido si bien tal como aparece de la sentencia emitida en el Expediente número 27933-1997, seguido ante el Quinto Juzgado Civil por Luisa René Aguirre Quiñones de Grisolle y otros contra Luis Salazar Alejas y otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio, de folios mil doscientos treinta y siete a mil doscientos cuarenta de dichos autos, se señala en el cuarto considerando que ...tal como los demandantes han manifestado en su escrito de demanda, la ocupación del bien la iniciaron los cónyuges Luisa René Quiñones de Grisolle y Héctor Agustín Grisolle Tirado, en condición de arrendatarios, la misma que ha continuado en forma ininterrumpida hasta la actualidad, por parte de la codemandada Luisa René Quiñones viuda de Grisolle”, concluyendo en el sétimo considerando que se existe un título temporal de posesión que no otorga las calidades de propietario a los ocupantes, esto en referencia al contrato de arrendamiento, sin embargo debe también mencionarse que en la sentencia de vista que corre de folios mil trescientos veinticinco a mil trescientos veintiséis de dichos autos, en el segundo considerando se señala que “...si bien se ha acreditado el pago del Impuesto Predial del inmueble materia de proceso (...), obligación tributaria cuyo sujeto pasivo es el propietario del predio afecto, (. . .)sin embargo ,el pago del tributo en referencia recién lo iniciaron los demandantes en el año de mil novecientos noventa y uno, de lo que se concluye que es a partir de dicha fecha que se evidencia el “animus domini” de los actores”; concluyendo en el tercer considerando que en consecuencia la posesión anterior al año mil novecientos noventa y uno resulta irrelevante para dicho proceso, pues no se ha acreditado que haya sido ejercida como propietario; d) De lo expuesto precedentemente se desprende que si bien es cierto que los causantes de los demandantes tomaron posesión del inmueble materia de autos en virtud de un contrato de arrendamiento, también lo es que la Sala Superior advirtió “animus domini” en ellos desde el año mil novecientos noventa y uno, entendiéndose al “animus domini” como la intención de propiedad, es decir que la posesión que se ejerce es a título de propietario; e) Tal como ya se ha señalado los demandantes han efectuado el pago del impuesto predial, lo cual implica actuar como propietarios, pero como también ya se ha señalado precedentemente no basta este actuar como propietario, sino que el mismo debe hacerse patente, ostensible, público, conocible por el propietario, en este sentido conforme aparece del expediente acompañado número 27933-1997, seguido ante el Quinto Juzgado Civil, los actores adjuntan con su demanda, copias certificadas de los auto avalúos por el predio sub litis hasta el año de mil novecientos noventa y siete, los mismos que corren de folios doscientos setenta y cuatro a trescientos cuatro, lo que fue notifi cada con copias de los mismos, entre otros, a quien figuraba como propietaria en ese momento de dicho predio, Jimena Flores Benavides, tal como aparece de la copia literal de la Ficha número 1644552 a folios veintisiete de dichos autos, en donde corría inscrito el mismo, mediante cédula a folio cuatrocientos trece de los mismos autos, y que fue recepcionada con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y siete, es decir que desde esa fecha quien era propietaria del inmueble materia de litis tenía conocimiento que los demandantes estaban sufragando los pagos del Impuesto Predial por el departamento materia de demanda; con lo que se tiene que el propietario tenía conocimiento del “animus domini” con el que actuaban los poseedores del de su propiedad; f) En cuanto al hecho que los demandantes residen y domicilian en lugar distinto al del inmueble en materia de proceso; siendo que conforme al documento a folios cuatrocientos cincuenta y uno de estos autos, signado como “Renovación y ampliación de contrato de arrendamiento”, de fecha dieciséis de octubre de dos mil ocho, los demandantes otorgan en arrendamiento el inmueble materia de proceso a la empresa Patovet Sociedad Anónima Cerrada, por el plazo de un año, desde el uno de noviembre de dos mil ocho al uno de noviembre de dos mil nueve, empresa que como lo ha evidenciado la parte demandada está relacionada con la hija de uno de los co-demandantes, Melissa Grisolle; g) De acuerdo a lo ya señalado, la posesión es el ejercicio de los derecho de uso y disfrute, es decir que el poseedor se haya en contacto físico sobre la cosa que posee, siendo que los demandados sostienen que los demandantes no están en posesión del bien, debiendo anotarse que debe distinguirse entre la posesión inmediata y la mediata, siendo la primera la que se ejerce temporalmente en virtud a un título, en tanto que la mediata corresponde a quien otorgó el título tal como está dispuesto en el artículo 905 del Código Civil, en ese sentido, habiendo un contrato de arrendamiento los arrendatarios conservan la posesión, dado que en este caso la ley no ha distinguido entre poseedor legítimo e ilegítimo en este caso, tal como lo señala Jorge Avendaño Valdez, deduciéndose con ello que los demandantes no obstante haber otorgado en arrendamiento el inmueble materia de litis conservan la posesión del mismo, además de ello, en cuanto a la posibilidad de adicionar los plazos posesorios de quien le transmitió la misma, para ello debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en el artículo 898 del Código Sustantivo se dispone que el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le trasmitió válidamente el bien; debe contemplarse que la transmisión válida a que se refiere la norma está referido al título de transferencia, en este caso tratándose de una sucesión, ésta incluye todos los derechos y obligaciones del causante, y siendo la posesión un derecho no está exento de ser transmitido válidamente, en consecuencia en el presente caso debe tenerse como transmitida la posesión ejercida por sus padres Héctor Agustín Grisolle Tirado y Luisa Rene Aguirre Quiñónez de Grisolle, en el inmueble materia de litis a favor de sus herederos, los ahora demandantes; h) En cuanto a la posesión pública, debe entenderse que esta se manifiesta con la exteriorización de la posesión, haciéndola visible, que el medio social conozca de la posesión en ese sentido, debe tenerse presente las declaraciones testimoniales de los testigos efectuadas en la audiencia de pruebas, en la que si bien, han manifestado coincidentemente que quien habitó el inmueble materia de proceso fue Luisa Rene Aguirre Quiñónez de Grisolle hasta su fallecimiento, que actualmente los demandantes no viven en dicho departamento, sino quien lo hace es Melissa Grisolle, quien como ya se ha determinado ocupa el mismo en condición de arrendataria, tal como también lo ha referido uno de los testigos, Ernesto Anto Palacios, siendo que, además como ya se ha referido precedentemente, tanto los propietarios como los que tenían algún derecho sobre el inmueble tuvieron conocimiento de la posesión de los demandantes a través de la demanda instaurada por estos ante el Quinto Juzgado Civil de Lima con fecha veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete, con lo

que se satisface el requisito que la posesión que se ejerce sea de manera pública; i) Respecto de posesión pacífica, los demandados sostienen que la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Civil de Lima en el proceso de prescripción adquisitiva iniciado por los demandantes, en su nueve considerando señaló que en ese caso, no puede considerarse que la ocupación tiene características de una ocupación pacífica, puesto que existen diversos litigios desde la creación del inmueble, en los cuales los ocupantes del bien ahora demandantes no participan, lo cual demuestra que su ocupación no tiene ni es reconocida con la calidad de propietario como se exige para la confi guración de la prescripción; j) De autos, ni en el expediente acompañado, se aprecia que los demandantes ni sus causantes, fueron emplazados judicialmente a efectos de restituir el inmueble a sus propietarios, siendo que el hecho de haber perdido el proceso anterior de ninguna manera puede constituir acción conducente a la restitución del bien, así como tampoco signifi ca interrupción del plazo prescriptorio, y siendo ello así debe concluirse que la posesión ejercida por los demandantes ha sido pacífi ca; y, k) De lo expuesto se llega a la conclusión que los demandantes han acreditado haber poseído el inmueble sub litis con “animus domini” desde el año de mil novecientos noventa y uno, lo cual, hasta la fecha de interposición de la demanda, el quince de junio de mil nueve, hace un total de más de diecisiete años de posesión continua pública, sin que se haya acreditado que esta posesión haya sido cuestionada judicialmente en algún momento por lo que también cabe considerarla como pacífica; y, siendo ello así, debe ampararse la presente demanda, declarando propietario a los actores del inmueble sub litis y ordenar su inscripción en los Registros Públicos conforme a lo normado en el artículo 952 del Código Civil. Mediante sentencia de vista

(resolución número veinte – II ) de fecha veinte de setiembre de dos mil doce, de folios mil sesenta y cuatro a mil sesenta y ocho, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual revoca la sentencia apelada (resolución número treinta y cuatro) de fecha diecinueve de agosto de dos mil once, de folios novecientos ocho a novecientos diecinueve, declara fundada la demanda y reformándola se declara infundada la misma, sustentando su decisión en que: a) En el presente caso, los demandantes Javier Marco Antonio y Héctor Eduardo Grisolle Aguirre solicitan ser declarados propietarios del bien sub litis considerando – desde – la fecha del fallecimiento de su madre y anterior poseedora Luisa Rene Aguirre Quiñónes de Grisolle, esto es, desde el dieciséis de octubre de dos mil ocho; asimismo, se aduce que para la declaración de propietarios por prescripción deben sumarse los plazos de posesión de sus padres quienes conformaban la sociedad conyugal Grisolle - Aguirre, desde el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno; b) Conforme a lo expuesto, tenemos que los demandantes han ingresado al bien

sub litis en calidad de hijos de la sociedad conyugal Grisolle - Aguirre, quienes a su vez tenían calidad de arrendatarios del bien inmueble sub litis, es decir, el derecho que emanaba a favor de los demandantes para poseer el bien se encontraba en la extensión del derecho de uso que tenían de sus padres –arrendatarios causantes a quienes se les denegó su demanda de Prescripción Adquisitiva con la sentencia de vista de fecha siete de octubre de dos mil tres. Por tanto, es posible afirmar que el poder de injerencia de los demandantes sobre el bien inmueble, no era autónoma, ni

en interés propio; c) Por otro lado, respecto de la suma de plazos que solicitan los demandantes, ello no es posible en este proceso, toda vez que, existe una sentencia firme que denegó la calidad de poseedores a los causantes de los actores en el sentido de que existe el artículo 950 del Código Civil. Asimismo, si se tiene en cuenta que el artículo 898 de la referida norma civil establece que el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmite validamente el bien, en la causa que nos ocupa, no existe transmisión válida de posesión que pueda computarse a favor de los demandantes. Entonces, es posible afirmar que en este caso los causantes no han transmitidos plazos válidos a favor de los demandantes (sus hijos) que podrían sumarse al de éstos; d) En lo que se refiere a la posesión pacífica que exige el glosado artículo 950 del Código Civil resulta menester anotar que tal característica no se cumple si se tiene en cuenta la sentencia de vista descrita – de fecha siete de octubre de dos mil tres - pues el bien objeto del presente proceso se encontraba en litigio y terminó con pronunciamiento final, sin reconocerles la calidad de propietarios a los causantes de la parte actora; considerando en este extremo que los ahora Javier Marco Antonio Grisolle Aguirre y Héctor Eduardo Grisolle Aguirre también intervinieron en la calidad de demandantes en el anterior proceso glosado como se advierte del contenido de la demanda a folio trescientos sesenta y uno de dicho juicio; e) Respecto de los medios probatorios ofrecidos por los demandantes no resultan sufi cientes ni idóneos para determinar o en su defecto inferir de forma indubitable que la parte accionante haya venido poseyendo el bien conforme lo exige el artículo 950 del Código Civil; y, f) A mayor abundamiento, es menester tener en cuenta que los demandantes no tienen su lugar de residencia en el bien sub litis, esto es, en el departamento número veintitrés del edificio sito en San Isidro, Provincia y Departamento de Lima sino más bien se aprecia que aquellos tienen su domicilio en Malecón Cisneros número doscientos treinta y ocho – departamento mil trescientos dos, Distrito de Mirafl ores, Provincia y Departamento de lima, y calle los Linderos número cuatrocientos noventa, casa Urbanización Laguna Tercera Etapa, Distrito de la Molina, Provincia y Departamento de Lima, según los propios documentos nacionales de identidad adjuntados a la demanda (ver folios cuatrocientos ochenta y uno a cuatrocientos ochenta y dos). Sin perjuicio de lo cual, se agrega a los actuados las Fichas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil- RENIEC actualizadas de los demandantes a fi n de acreditar que hasta la fecha sus domicilios son diferentes al bien sub litis que pretenden adquirir por prescripción adquisitiva, esto es, que aquéllos no detentan la posesión continua.-
Sétimo.- El principio denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 e inciso 6 del artículo 50 del Código Adjetivo, así como con el artículo 123 del Código Procesal Civil.
Octavo.- A su vez, el principio precedente de motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) La falta de motivación y 2) La defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) Motivación aparente; b) Motivación insuficiente; y c) Motivación defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia.

Noveno.- En ese sentido, corresponde precisar que si bien se ha declarado procedente el recurso de casación por la infracción normativa del artículo 123 del Código Procesal Civil, que como se ha dicho guarda relación con el debido proceso; este Supremo Colegiado advierte que existe afectación al debido proceso, pero no por los hechos que expone la parte recurrente, sino por afectación al principio denominado motivación de los fallos judiciales, por cuanto los Jueces Revisores al analizar el proceso sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio seguido por los hoy demandantes con su madre Luisa René Quiñones de Grisolle respecto del mismo inmueble sub litis, cuyas copias certifi cadas de sentencias y calificación de recurso de casación obran de folios quinientos noventa y cuatro a seiscientos tres casación, toma como referencia de análisis la sentencia de primera instancia (folios quinientos noventa y cuatro a quinientos noventa y siete) emitida en dicho proceso; los que constituye una motivación defectuosa, por cuanto para valorar dicho proceso corresponde remitirse a la sentencia de vista de folios quinientos noventa y ocho a quinientos noventa nueve; por consituir el fallo fi nal; por lo que corresponde exhortar al Ad Quem que cumpla con motivar debidamente la sentencia de vista valorando adecuadamente el referido proceso de prescripción adquisitiva, debiendo analizar exhaustivamente si existen o no

implicancias de dicho fallo en el proceso que nos ocupa; así como para concurrencia o no de los requisitos del artículo 950 del Código Civil para el proceso que nos ocupa; así como analizar de manera conjunta y razonada las pruebas aportadas por las partes en autos. Correspondiendo precisar que el criterio precedentemente expuesto en modo alguno comporta la apreciación positivamente por parte de este Supremo Tribunal de Casación respecto de la prescripción adquisitiva de dominio, sino que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad una resolución que no expuso la debida motivación.
Décimo.- El reenvío se impone en el caso de autos en virtud a la consideración expresada en el fundamento precedente, en atención a que el examen de las pruebas es ajeno a la misión de la Corte de Casación, por ende en atención al Principio de la Instancia Plural consagrado en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y en aplicación de lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del artículo 122 y artículo 176 último párrafo del Código Procesal Civil debe devolverse el proceso a la instancia inferior a fi n que emita nuevo fallo.
Décimo Primero.- Al haberse atendido y proveído el recurso de casación por infracción normativa procesal, debe ampararse el recurso de casación y proceder conforme a lo dispueto en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil.- Por los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Javier Marco Antonio Grisolle Aguirre de folios mil ochenta y cinco mil ciento nueve; en consecuencia; CASARON la resolución impugnada, en consecuencia: NULA sentencia de vista (resolución número veinte II) de fecha veinte de setiembre de dos mil doce, de folios mil sesenta y cuatro a mil sesenta y ocho; ORDENARON el reenvío de los autos a la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fi n de que expida nueva resolución con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Javier Marco Antonio Grisolle Aguirre y otro contra Ernesto Vásquez Zelada y otra, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron. Ponente Señor Cunya Celi, Juez Supremo.
SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda

edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359

2 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano

Americanas, México D.F., 1940, página 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia,

1990, página. 241

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