En lo principal: Deduce recurso de protección. En el primer otrosi: Solicita orden de no innovar. En el segundo otrosi: Solicita se ejerzan facultades disciplinarias de oficio; en el tercer otrosi: Acompaña documentos. En el cuarto otrosi: Patrocinio y poder






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fecha de publicación14.03.2016
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EN LO PRINCIPAL: Deduce recurso de protección. EN EL PRIMER OTROSI: Solicita orden de no innovar. EN EL SEGUNDO OTROSI: Solicita se ejerzan facultades disciplinarias de oficio; EN EL TERCER OTROSI: Acompaña documentos. EN EL CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder.

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

Diego Beltrán Savino, factor de comercio, en representación de la SOCIEDAD CONCESIONARIA RADIAL NORORIENTE S.A., ambos domiciliado para estos efectos en Av General Prieto 1430, comuna de Independencia, Santiago, a SS. ILTMA. respetuosamente digo:

Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de protección vengo en deducir recurso de protección en contra de la jueza titular del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, doña Isolda Rosas Villarroel, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido al ordenar a mi representada cerrar el tránsito y prohibir el uso de parte de la carretera denominada Acceso Nor Oriente a Santiago, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

  1. Antecedentes de hecho



1.- Mi representada, conforme a. D.S. Nº 1253, de 2003, publicado en el Diario Oficial con fecha 07 de Enero de 2004, es titular del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Acceso Nor- Oriente a Santiago” consistente en una carretera de doble vía que comienza en el enlace Centenario, (sector Puente Centenario) en el límite de las comunas de Vitacura y Huechuraba, para terminar en la ruta 5 Norte a la altura del Km. 18,3 de esta vía. Esta concesión actualmente se encuentra en plena etapa de explotación y abierta al uso público.

2.-Con fecha 11 de Enero de 2010, fui notificado de una orden Judicial emanada de la recurrida en la que se me ordena prohibir el tránsito y cerrar la autopista para su circulación entre el Enlace Centenario y el Enlace Av. del Valle , es decir desde el K. 00,00 al Km. 14, 00 de la vía.

3.- La referida orden judicial fue emitida en base al cumplimiento de un fallo recaído en un juicio de nulidad de derecho público Rol N° 735-2007, seguida por la Municipalidad de Huechuraba en contra de la COREMA Región Metropolitana, por una supuesta nulidad de una Resolución de Calificación Ambiental dictada por ésta última.

4.- La Orden Judicial que se me ha notificado y en contra de la cual recurro es manifiestamente arbitraria e ilegal, toda vez que, sin haber sido parte ni habérseme emplazado jamás en el citado juicio, y excediéndose completamente de su facultades legales, la Jueza recurrida me ha impuesto un gravamen que además de no tener relación alguna con el juicio, afecta gravemente los derechos constitucionales de mi representada consagrados en los numerales 3, 21 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

5.- En efecto, en el citado juicio sobre Nulidad de derecho público (Rol N° 735-2007) la Magistrado recurrida mediante sentencia de fecha 7 de Julio de 2009, acogió íntegramente una demanda deducida por la Municipalidad de Huechuraba en contra de la COREMA Región Metropolitana declarando en la parte resolutiva del citado fallo la nulidad de derecho público del “acuerdo” de la COREMA metropolitana de fecha 1 de Diciembre de 2005 y La Resolución Exenta N° 531/2005 del Intendente de la Región Metropolitana. (Resolución que aprobó una Declaración de Impacto Ambiental de modificaciones al proyecto concesionado), (Fojas 408 y 409 de autos) sentencia que fue confirmada por SS. ILTMA.

6.- Sin embargo, sorpresivamente al momento de decretar el cumplimiento incidental del señalado fallo, a instancias de la demandante, dispuso notificarme el cumplimiento y la orden contenida en ella que consistía en la prohibición de utilizar la carretera en el tramo que carece supuestamente de autorización ambiental.

  1. Acto ilegal y arbitrario

Esta medida constituye una acto abiertamente ilegal por parte de la recurrida en razón de: 1) Notificar a mi representada, en el marco del cumplimiento incidental de un fallo recaído en un juicio en el que nunca ha sido parte, ni consecuentemente ha sido emplazada, afectándose en consecuencia el debido proceso, al impedir ejercer el derecho de defensa, 2) la imposición de una medida que le priva y limita gravemente el ejercicio de su derecho de propiedad sobre la explotación de un contrato de concesión celebrado con el Estado de Chile; 3) Imponer a mi representada una medida sin relación y que excede con creces al asunto debatido y fallado por la por la propia Juez recurrida –consistente únicamente en la declaración de nulidad de derecho público de un acuerdo y resolución administrativa-, y 4) Excederse la recurrida en sus facultades jurisdiccionales al decretar en contra de terceros medidas que superan los efectos del fallo definitivo de autos, los cuales son competencia de otros organismos administrativos distintos o de procedimientos judiciales diversos, que deben iniciarse para su materialización conforme a los efectos de la nulidad de derecho público judicialmente declarada.

También el acto impugnado es arbitrario dado que la medida de cumplimiento impuesta en contra de mi representada carece de racionalidad, lógica y fundamento, desviándose completamente del fallo que lo sustenta, en términos tales, que la medida impuesta por la Jueza del 24° Juzgado Civil de Santiago, en contra de mi representada no persigue ni tiene por finalidad cumplir con lo resuelto por la misma recurrida en el juicio Rol N° 735-2007, caratulados “Municipalidad de Huechuraba con COREMA”, para lo cual, a nuestro juicio, solo podría bastar el requerimiento a la autoridad para que proceda a la dictación de los actos administrativos correspondientes que determinen las medidas mitigatorias o compensatorias que correspondan.

Por su parte, el artículo 8º de la ley Nº 19.300, que establece las Bases Generales del Medio Ambiente establece en lo pertinente: “Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.

Por tanto cabe preguntarse, cuales son los efectos de la nulidad declarada sobre un acto de la Autoridad administrativa Ambiental, una vez que las obras aprobadas por dicha Autoridad ya se han materializado y se encuentran destinadas al uso público.

Sobre el particular debe tenerse presente que el artículo 8º de la Ley Nº 19.300, impide ejecutar o modificar un proyecto cuando no se realice la competente evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, la norma no señala los efectos que la nulidad judicialmente declarada respecto de la evaluación de impacto ambiental ocasiona sobre los proyectos ejecutados, razón por la cual debe atenderse a las normas generales que regulan los efectos de la nulidad respecto de terceros de buena fe, y respecto de los efectos del incumplimiento de una obligación de no hacer en que no puede deshacerse lo hecho, las que claramente no se han considerado por el Juez recurrido.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha 09 de Julio de 1993, ha sostenido que “se ajusta a Derecho invalidar los actos que no se ajustan al ordenamiento vigente a la fecha de su emisión, con la limitante a favor de los terceros, respecto de sus derechos adquiridos, cuando dichos actos han producido efectos en el tiempo intermedio”. (R.G.J. Nº 159, página 180, en el mismo sentido sentencia de la C. Suprema, 8 de Mayo 1995, R.G.J. Nº 179, página 56).

iii) Procedencia del Recurso de protección contra medidas o resoluciones judiciales

La Jurisprudencia no ha puesto obstáculo para recurrir en contra de una resolución emanada de los tribunales de justicia, cuando esta es manifiestamente grave, ilegal o arbitraria. Así ha fallado la Corte Suprema al señalar que “una Resolución de lanzamiento decretada por un juez de la causa en contra de una persona que nunca ha sido notificada de ninguna de las actuaciones realizadas y que por tanto, no ha sido parte en el juicio, resulta ilegal desde que ha sido adoptada sin considerar la permanencia en el bien raíz del afectado ni el título que poseía (C. Suprema, 5 de octubre 1989, R, t, 82, sec. 5°, p.205)”

Además se ha señalado que “El recurso de protección es aún admisible en caso que el acto calificado como arbitrario e ilegal se haya cometido en la dictación de una resolución judicial y especialmente cuando una de dichas calificaciones, que deben concurrir en cada caso, pueda fácilmente colegirse y atribuirse a dichos actos u omisiones y sean ellas de tal gravedad que necesariamente conduzcan, por esta vía a decidir otorgar la debida protección a quién la reclama.”( C. Suprema 19 julio 1994, RGJ N° 169, Pág. 49).

En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenido: “Que la referida resolución es manifiestamente ilegal, porque no se ajusta a la norma recordada en el segundo fundamento precedente. En efecto, resulta evidente que la orden expedida no se refiere a la exhibición de determinadas partidas de una cuenta corriente y, por otra parte, la aludida causa civil sobre alimentos no se ha seguido con la sobredicha Sociedad, titular de una de las cuentas corrientes de cuyo saldo se dispone información, sino con don Enrique López Riera, persona natural, lo que no se desvirtúa por el solo antecedente que éste sea uno de los socios de aquella Sociedad, según consta también de autos; Por estos fundamentos y de conformidad, además, con el artículo 20 de la Carta Fundamental y el Auto Acordado de esta Corte Suprema de 29 de marzo de 1977, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de agosto del año último, escrita a fojas 28, y se declara que se acoge el recurso de protección”. (C. Suprema, 19 de Enero de 1989, Sociedad Manuel López Corces, Hijos y Cía. Ltda. con jueza del Tercer, RDJ4649, MJJ4649)

Por su parte, ésta Iltma. Corte ha sostenido “Que, en función de jueces que, frente a una situación que puede convertirse en irreparable, si no se adoptan las medidas cautelares que lleva envueltas el recurso de protección, los sentenciadores, cumpliendo verdaderamente con una actitud de prudencia, más que el rigor de una ritualidad formalista, obrando con equidad y justicia, estiman que el que se ha interpuesto en estos autos, debe ser acogido” (C. Apelaciones de Santiago, 8 de Abril de 1986, RDJ4990, MJJ4990, caratulados “Valdés Ruceda”).

En efecto, el hecho de afirmar la improcedencia de la protección simplemente porque no puede haber ilegalidad o arbitrariedad en una resolución judicial dictada dentro de un proceso jurisdiccional no resiste la lógica más elemental, porque ello significa que "un juez no puede incurrir en antijuridicidad", o sería infalible. Aceptar lo contrario implicaría sostener que el juez nunca se equivoca, pretensión inaceptable dentro de la Constitución que nos rige, que plantea precisamente la sujeción de todo órgano del Estado a la Constitución, y la nulidad de sus actos que la contravengan.

En el caso de marras el acto impugnado mediante este recurso no sólo resulta arbitrario e ilegal, sino que es en extremo grave, tanto por la manera como se ha producido la irregularidad así como por los perjuicios que su cumplimiento causa a mi representada y a todos los usuarios de la vía, toda vez que se han visto afectadas las normas básicas de la competencia y jurisdicción que deben inspirar a todos los tribunales del país, y se ha excedido en los efectos de la nulidad de derecho público judicialmente declarada, sino que además el hecho de cumplir la orden ilegal y arbitraria implica cerrar un vía pública, un bien nacional de uso público en la que transitan mas de 45 mil vehículos diariamente, afectando a una parte importante de la población de Santiago en el ejercicio de la garantía constitucional establecida en el numeral 7º del artículo 19 de nuestra Constitución Política, al verse afectada su libertad ambulatoria.

Conviene tener presente además que mi representada, atendida su calidad de tercero ajeno al juicio en cuya sustanciación se ha dictado el grave, arbitrario e ilegal acto atentatorio contra mis garantías constitucionales, se encuentra impedida de ejercer recursos ordinarios para obtener que se enmiende conforme a Derecho los actos del infractor, razón por la cual la acción de protección que se interpone es la vía idónea para que esta Iltma. Corte reestablezca el imperio del Derecho.



  1. Garantías constitucionales afectadas

El acto arbitrario e ilegal impuesto por la Magistrado del 24° Juzgado Civil de Santiago me ha causado una perturbación y privación a mis derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N° 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

1.- La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

El artículo 19 N° 3 de la Constitución asegura a todas las persona el derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal de las personas.

El grave acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido la magistrado del 24° Juzgado Civil de Santiago ha vulnerado en primer lugar el derecho al debido proceso y a la defensa judicial que me corresponde, toda vez que me impone el cumplimiento de una medida gravosa y expropiatoria sin haber participado de un proceso judicial previo, y sin la posibilidad de efectuar alegaciones para revertir lo resuelto por el letrado.

Resulta completamente atentatorio contra las normas básicas de la igualdad ante la ley y el debido proceso que se me ordene cumplir un fallo en el cual nunca he sido emplazado ni se me ha notificado resolución alguna, no teniendo en consecuencia instancia alguna para hacer valer mis derechos.

2.- El Derecho a desarrollar una actividad económica.

El artículo 19 N° 21 de la Constitución asegura el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen

El acto ilegal y arbitrario ha privado a mi parte del derecho a ejercer la actividad económica a que me encuentro obligado conforme al contrato de concesión adjudicado, que consiste en proveer servicios de infraestructura pública a los usuarios de la Radial Nor- Oriente, actividad a que me obligué mediante un contrato de concesión válidamente celebrado y que me adjudicó el Estado de Chile, regulado por la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el DFL N° 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

La medida ilegal que se me impone de cerrar parte de la carretera concesionada, me impide desarrollar libremente dicha actividad económica y que se me ha entregado por el contrato de concesión de que soy titular.

3.- El Derecho de Propiedad.

El N° 24 del Artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Añade el mismo numeral que “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”

Para asegurar este derecho constitucional el mismo numeral establece la garantía de que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Como he señalado, soy titular del contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada acceso Nor-Oriente a Santiago O Radial Nor-Oriente y como tal dueño de la explotación de citada autopista. En consecuencia tal derecho forma parte del patrimonio de mi representada.

La señalada concesión me da derecho a utilizar los bienes públicos y fiscales que me han sido entregados para construir y explotar la autopista concesionada y a percibir de partes de los usuarios por el uso de la vía una tarifa o peaje.

La propiedad sobre estos derechos nacidos del contrato se ha visto afectada con la medida ilegal de la recurrida, pues al imponerme la prohibición de utilizar un tramo de la vía concesionada de que soy legalmente titular, me privada en primer término del uso y explotación de los bienes fiscales y nacionales de uso público que se me han entregado en virtud del contrato de concesión, y sobre el cual se emplaza la autopista que utilizan miles de usuarios.

Además la prohibición me priva del derecho legalmente adquirido por el contrato de concesión de percibir el pago del peaje por uso de la vía, toda vez que el cierre del señalado trayecto, implica que no circularán mas vehículos por la parte de dicha autopista, causando, en el contrato de concesión, un perjuicio económico inconmensurable que en definitiva va tener que soportar el Fisco de Chile y, también los miles de usuarios de la vía concesionada que se verán afectados con la medida ilegal de la recurrida (mayor uso de combustible, aumentos en los tiempos de viaje, mayor exposición a accidentes, entre otros)

En consecuencia SS. ILTMA., existe un grave acto arbitrario e ilegal emanado de la recurrida doña Isolda Rosas, Juez del 24° Juzgado Civil de Santiago, ya señalado que ha privado gravemente a mi parte de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a desarrollar una actividad económica libremente y el derecho de propiedad sobre el contrato de concesión de que soy titular, protegidos expresamente por esta acción constitucional procede que SS. ILTMA., en uso de sus facultades legales reestablezca el imperio del derecho y me otorgue la debida protección ordenando la modificación del fallo en lo pertinente y la medida decretada por la recurrida.

POR TANTO

En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política y el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de la Excma. Corte suprema,

RUEGO A S.S. ILTMA. tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Jueza del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, doña Isolda Rosas Villarroel, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, y declarar ilegal y arbitrario la orden judicial que se me ha notificado de prohibición de utilizar parte de la autopista concesionada de cuya explotación mi representada es titular, por vulnerar las garantías constitucionales señaladas en los N° 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, y en definitiva proceda a reestablecer el imperio del derecho dejando sin efecto la resolución de cumplimiento dictada por la recurrida, de fecha 16 de Noviembre de 2010, y notificada a mi parte el día 11 de Enero de 2010, por ser ilegal y arbitraria, o bien las providencias que S.S.I. determine para el reestablecimiento del derecho.

EN EL PRIMER OTROSI: En atención a la grave e irreversible impacto que causaría la ejecución de la medida dictada por la Jueza recurrida por parte de mi representada, sea por el impacto que ésta prohibición causará en los automovilistas que utiliza diariamente la carretera para trasladarse a sus trabajos y hogares, así como las cuantiosas pérdidas económicas que causaría el cierre de la autopista, vengo en solicitar se decrete orden de no innovar respecto de la medida decretada por la recurrida, suspendiendo entre tanto sus efectos mientas se conoce y falla el presente recurso.

EN EL SEGUNDO OTROSI: En el evento improbable que esta Iltma. Corte estime que el recurso de protección que se interpone sea improcedente, solicito a esta Iltma. Corte, en conformidad a lo establecido en el artículo 66 y el artículo 545 inciso final del Código Orgánico de Tribunales y artículo 84 del Código de Procedimiento Civil y demás normas pertinentes, que ejerza, de oficio, sus facultades disciplinarias para reestablecer el imperio del derecho que se ha visto infringido en su esencia, mediante la vulneración de las garantías constitucionales que se han expuesto en lo principal de esta presentación.

EN EL TERCER OTROSI: Ruego a S.S. Iltma. tener por acompañados, los siguientes documentos:

1.- Copia de escritura pública en que consta la personería con que actúo en representación de la Sociedad Concesionaria Radial Nor-Oriente S.A.

2.-. Copia de la solicitud de cumplimiento incidental y resolución recaída en ella que dispone ilegal y arbitrariamente la prohibición de utilizar una parte de la autopista concesionada notificada a mi parte con fecha 11 de Enero de 2010.

3.- Copia de la sentencia de primera instancia y de la sentencia de 2° recaída en los autos civiles Rol 735-2007 del 24° Juzgado Civil de Santiago, autos que dieron origen a la actuación ilegal y arbitraria de la Jueza recurrida.

EN EL CUARTO OTROSI: Ruego a S.S. Iltma. tener presente que designo abogado patrocinante y apoderado a don JORGE NORAMBUENA HERNANDEZ, y a don MATIAS DANERI BASCUÑAN, ambos abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O’higgins Nº 949, oficina 1201, comuna y ciudad de Santiago, quienes firman en señal de aceptación.

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