República de Colombia Corte Suprema de Justicia sistema acusatorio






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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia SISTEMA ACUSATORIO


Casación 24079

HENRY RAGA TRILLERAS


Proceso No 24079

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente: JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado en acta No. 021



Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006)


Decide la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora de HENRY RAGA TRILLERAS contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2005 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que modificó parcialmente la dictada por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado, siendo condenado a 128 meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, artículo 376, agravado por el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal, Ley 599 de 2000.


I ANTECEDENTES



1. Los hechos objeto de juzgamiento en este proceso fueron precisados por el Tribunal al indicar que el 21 de febrero de 2005, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, HENRY RAGA TRILLERAS fue capturado cuando se desplazaba en el vehículo de placa BKC-309, a la altura de la calle 52 B con carrera 37 A Sur, barrio Fátima de esta ciudad, luego de ser alertadas las autoridades de policía sobre la posibilidad de que en el automotor se llevaran explosivos. Al ser retenido e inspeccionado el vehículo se hallaron 15 paquetes contentivos de una sustancia que al ser sometida a pruebas de laboratorio arrojó positivo para cocaína con un peso neto de 12584 gramos.
2. El 22 de febrero de 2005, se realizó diligencia de identificación preliminar homologada de la sustancia incautada, determinándose por parte de la perito química del CTI que examinada la sustancia en 3 partes tenía un peso neto total de 12620 gramos, de las cuales se tomaron de a dos muestras de aproximadamente 3 gramos cada una para ser remitidas al Instituto de Medicina Legal.
3. El mismo día se realizó una nueva diligencia de pesaje, pruebas químicas y destrucción de la sustancia por otra perito del CTI con la presencia del Representante del Ministerio Público, análisis que determinó que la sustancia tenía un peso neto de 12584 gramos y sometida a reactivos dio resultado positivo para “COCAÍNA Y SUS DERIVADOS”, diligencia de la cual se tomó registro fotográfico.
4. El 23 de febrero de 2005, la Fiscal 19 Especializada de la Unidad Nacional de Lucha contra el secuestro solicitó a la Juez 31 Penal Municipal en funciones de Control de Garantías, la legalización de la incautación de la sustancia, de la captura, formulación de la imputación, imposición de medida de aseguramiento y legalización de la incautación del vehículo.

5. De acuerdo con la acta de la audiencia, la Fiscalía adujo que HENRY RAGA TRILLERAS había sido capturado en flagrancia al hallarse en el interior del vehículo que manejaba una sustancia estupefaciente que sometida a prueba técnica pericial pesó 12548 (sic) gramos y dio positivo para cocaína, y una vez escuchados los testimonios del agente que llevó a cabo la captura y de la perito que realizó la prueba, la Juez de Control de Garantías declaró su legalidad. Igualmente, al serle explicada la cadena de custodia a la cual había estado sometida la sustancia incautada y su destrucción no encontró reparo alguno.

En dicha diligencia, la Fiscal 19 Especializada le imputó a HENRY RAGA TRILLERAS ser autor del delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, agravado por el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal y artículo 14 de la ley 890 de 2004. Además, le hizo saber al imputado, que de allanarse a los cargos recibiría una rebaja de pena de hasta la mitad.

En dicha diligencia la Juez señaló que de acuerdo con lo observado HENRY RAGA TRILLERAS gozaba de sus facultades mentales y de condiciones de salud, pues lo interrogó sobre el particular. El imputado expresó que aceptaba los cargos, manifestación que según la Juez de Control de Garantías, fue realizada de manera libre y voluntaria.

También, el Juzgado atendió la petición de la Fiscalía de imponer al detenido medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, y legalizó la incautación del vehículo en el cual se transportaba el alucinógeno.

6. En la audiencia de individualización de la pena y proferimiento del fallo, la defensora solicitó se le corriera traslado de la prueba pericial, para luego afirmar que en el peritaje no se concretaba la circunstancia de agravación imputada por la Fiscalía, por cuanto no se había consignado que la droga correspondía a cocaína pura, exigencia que en su criterio se colegía del contenido del numeral 3º del artículo 384 del Código Penal. Petición que fue negada.
El Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado profirió sentencia el 1º de abril, al encontrar acreditada la objetividad del delito, el estado de flagrancia en que fue capturado HENRY RAGA TRILLERAS y su responsabilidad, sin que advirtiera circunstancias genéricas de agravación, pues descartó la señalada por la Fiscal respecto a haber obrado en cooparticipación al no estar probada, le impuso, entonces,130 meses de prisión y 1350 SMLM como multa.

7. Contra dicho fallo, la defensora de HENRY RAGA TRILLERAS interpuso recurso de apelación, en el cual insistió sobre la falta de prueba respecto de la pureza de la sustancia, criticó el hecho de que el resultado del pesaje de la droga hubiera sido distinto, por lo que reclamó la exclusión de dicha prueba.
En sentencia del 5 de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá señaló que una vez que el procesado se allana a los cargos por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía ante el Juez de Control de Garantías, el Juez de conocimiento está obligado por los términos del allanamiento o del acuerdo a menos que se establezca la vulneración de garantías, ya que el imputado ha renunciado a la controversia probatoria, por lo que desechó los cuestionamientos de la defensa.

Pero, modificó la pena impuesta al no encontrar razón alguna para que el Juzgado le impusiera una pena por encima del mínimo, ya que no existía ninguna circunstancia genérica que considerar, por lo que le impuso 128 meses de prisión y multa de 1333,33 SMLM.

II. LA DEMANDA DE CASACIÓN




En el escrito impugnatorio de la sentencia de segunda instancia, la defensora del procesado HENRY RAGA TRILLERA plantea un único cargo, al amparo de la causal tercera de casación, el que desarrolla acusando el fallo “por violación indirecta de la ley, al tergiversar el contenido de la prueba pericial (hipótesis del error de hecho), que trajo como consecuencia, la aplicación indebida de una causal específica de agravación punitiva “.


Como fundamento del cargo, la demandante sostiene que la causal de agravación tipificada en el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal se encuentra establecida para aquellos casos en que la cantidad de droga decomisada sea superior a 5 kilos de cocaína, lo que implica la existencia de prueba legal y oportunamente allegada al proceso que demuestre que a HENRY RAGA TRILLERAS le fue incautada tal cantidad de cocaína, sin incluir sus derivados, contrario a lo que ocurre con los incisos 2º y 3º del tipo básico que prevé una disminución de la pena para cuando la sustancia incautada no excede de “cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína” y se aumentará si la sustancia decomisada excede los límites previstos en el tipo base sin superar los dos mil gramos de “cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína”.

Afirma que si el legislador no distinguió la sustancia y estableció el agravante para un solo tipo, esto es, la cocaína sin incluir sus derivados, mal puede imponerse la agravante cuando no existe prueba que indique que se trate de cocaína pura, no de otra manera puede entenderse estrictamente acatado el principio de legalidad de las penas.

Como sustento del asunto así planteado, invoca jurisprudencia de la Sala 1, relativa a la acreditación de los porcentajes de principio activo en las sustancias estupefacientes, de la cual colige la recurrente que se presentan dos situaciones, una en la que no se requiere determinar las cantidades de la sustancia estupefaciente que corresponde al tipo básico, y otra en los casos de dosis personal y circunstancias de agravación punitiva en las cuales si es necesario determinar la cantidad de la sustancia incautada.
A renglón seguido cuestiona el procedimiento utilizado por el CTI para llevar a cabo la diligencia de identificación preliminar de la sustancia incautada, aduciendo que no se cumplieron las exigencias del artículo 254 de la ley 906 de 2004 sobre la cadena de custodia, dando lugar a las inconsistencias que se advierten en el pesaje, ya que se habla de diferentes cantidades, 12648 gramos, 12620 gramos, 12584 gramos y en el acta de audiencia preliminar de 12548, reclamando que dicha prueba sea excluida.

Solicita que se case la sentencia impugnada, reconociendo que “se violó indirectamente la ley sustancial al imponer el agravante punitivo del numeral 3º del art. 384 con base en la tergiversación de los medios de prueba” y se profiera sentencia de reemplazo condenando al procesado únicamente por el delito base contenido en el artículo 376 del Código Penal, efectuando una nueva dosimetría penal.


III CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. EXIGENCIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. El recurso de casación como mecanismo de control jurisdiccional de la constitucionalidad y la legalidad del proceso necesariamente debe corresponder a los postulados filosóficos señalados en los artículos 1°, 2° y 3°, de la Constitución Política que definen el Estado como Social Democrático de Derecho, destinado a: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Esta concepción filosófico-jurídica constituye pauta interpretativa y decisoria de los jueces, ya que su tarea está orientada a garantizar los derechos de los sujetos procesales y de las víctimas, en la búsqueda de la verdad y realización de la justicia material en el caso concreto.

2. Cometidos que la Corte realiza no sólo cuando conoce de manera rogada del recurso extraordinario de casación a través de la respectiva demanda sino de oficiosamente en aquellos eventos en que la demanda pese a no cumplir las exigencias formales se advierta la existencia de vulneración de garantías. Se supera así la rigidez del recurso, asumiendo por tanto, la Sala como parte de su tarea la defensa de valores superiores, entre ellos, la dignidad humana, la protección de los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, procediendo a resolver de fondo, conforme el alcance dado por la Corte Constitucional 2 a la oficiosidad que le atribuye el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal de 2000 a la Corte. Tarea que viene abordando a partir del pronunciamiento contenido en la providencia de agosto 19 de 2004 3.

3. El recurso extraordinario de casación en la ley 906 de 2004 que implementa el sistema acusatorio en el proceso penal, conserva y reafirma tales características, pues de manera expresa concibe dicho recurso como un medio de “control constitucional y legal” de la sentencia, (artículo 181-1), que se extiende al bloque de constitucionalidad, luego de cuyo examen podrá predicarse la legitimidad del fallo.


En esta función se expresa una de las características del nuevo sistema procesal penal colombiano, la concentración en el juez de la facultad de afectar los derechos fundamentales del investigado por la Fiscalía y de proteger las garantías que le otorga la ley.

En la ley 906 de 2004 se eliminan algunas de las exigencias previstas en el sistema procesal del Código de Procedimiento Penal de 2000 para acceder al recurso, como las relativas al límite punitivo y a la autoridad que profiera el fallo, procediendo, entonces, el recurso extraordinario de casación contra las sentencias dictadas por los Tribunales, independientemente de la punibilidad establecida para el delito de que se trate, ya que en el sistema procesal colombiano se atribuye el conocimiento del recurso de apelación que se interponga contra los fallos proferidos por los jueces penales municipales y los jueces penales del circuito a los Tribunales Superiores (artículo 34-1, Ley 906/04).
De otra parte, cabe destacar que la amplitud que establece el legislador en la posibilidad de interponer el recurso, va aparejada con el otorgamiento de un mayor control de la Corte en su admisión, si se tiene en cuenta que en el Código de Procedimiento Penal de 2000, la admisión de la casación ordinaria estaba sometida al cumplimiento de determinadas formalidades, entre ellas, la oportunidad de su proposición, el interés, presentación de la demanda con el señalamiento de la causal, la adecuada formulación del cargo, su fundamentación y coherencia lógica en la proposición, cumplidas las cuales obligaba su admisión, o de otra parte, podía dar por superados los defectos de la demanda, cuando quiera que advirtiera la flagrante violación de garantías, dando paso al recurso.

En tanto que, en el nuevo sistema no es suficiente con que la demanda supere el cumplimiento de las exigencias formales para que sea admitida, pues se requiere que el censor exprese cuál es la finalidad que persigue con el recurso, bien sea la protección de los derechos o las garantías del recurrente, es decir, que la Corte debe realizar un control material del recurso, para determinar su admisibilidad (inciso 1º del artículo 181) o cuando para atender los fines de la casación, su fundamentación, la posición del impugnante dentro del proceso, la índole de la controversia planteada debe superar sus defectos y en consecuencia seleccionarla para su conocimiento de fondo (inciso 3º del artículo 184).

2. DE LA DEMANDA FORMULADA


2.1. De manera previa a la definición de la admisibilidad del recurso propuesto por la defensora de HENRY RAGA TRILLERAS, la Sala debe abordar el estudio de uno de los presupuestos esenciales para la procedencia de la casación, inciso 2º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004, el interés para recurrir en casación, en eventos en los que como el presente, el procesado ha aceptado, en forma libre y voluntaria, la responsabilidad penal de la imputación que le fuera formulada por la Fiscalía, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 293 ibídem.

2.2. La Sala ya tuvo oportunidad de abordar de manera específica la temática que involucra el interés para recurrir en casación, al precisar la naturaleza del allanamiento a los cargos, las facultades del juez frente a la aceptación de responsabilidad penal, la posibilidad de retractación del imputado y el alcance del principio de congruencia que debe ser respetado al proferir la respectiva sentencia 4. Por lo tanto, tales pautas serán consideradas en el presente asunto.
2.3. El sistema procesal establecido en la ley 906 de 2004 se encuentra sustentado en la implementación de procedimientos que conllevan la terminación anticipada del proceso, lo cual permite reducir los esfuerzos investigativos, el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos, la descongestión y la celeridad en su trámite.

No obstante, tales propósitos no pueden sobreponerse a los presupuestos constitucionales y legales sobre los que se cimenta la administración de justicia, esto es, el respeto a la dignidad humana, la protección de los derechos y garantías de los intervinientes y la realización de la justicia material, sin los cuales no puede construirse un fallo legítimo.

2.4. Es por ello, que la aceptación de cargos, en la audiencia de imputación, requiere un examen previo del juez de control de garantías, artículo 283 de la ley 906 de 2004, en el que se compruebe que el imputado procede de manera libre, voluntaria y conciente de la responsabilidad que asume, en consecuencia, debe existir comprobación sobre la ilustración que se le brinde sobre el particular, gozar de la asistencia profesional de un abogado, encontrarse claramente precisada la imputación fáctica y jurídica que formula la Fiscalía para darle la posibilidad de que dimensione las consecuencias punitivas de la aceptación.

Sin embargo, una vez aceptada la imputación de la conducta considerada como ilícita por el imputado, con el cumplimiento de las exigencias señaladas, no resulta admisible que con posterioridad pueda discutir aspectos probatorios referidos a los cargos atribuidos y expresamente aceptados y menos aún la tipicidad de la conducta por falta de prueba, como quiera que la aceptación libre y voluntaria conlleva su conformidad con la comisión del hecho punitivo y la actuación contraria al ordenamiento penal, sin justificación alguna, lo cual le permite acceder a una significativa rebaja de pena.

2.5. Como quiera que en este evento la demanda de casación se orienta a cuestionar la validez de la prueba sobre la cual la Fiscalía sustentó la imputación formulada en contra de HENRY RAGA TRILLERAS y ésta misma, al desconocer la existencia de una circunstancia de agravación expresamente atribuida y aceptada en la audiencia de formulación de la imputación ante el Juez Penal Municipal en función de Control de Garantías, debe concluirse necesariamente que el censor carece de interés para recurrir en casación la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, si como lo señaló el funcionario judicial la aceptación del inculpado fue realizada de manera libre y voluntaria, aspecto que no cuestiona la defensa y en el que la Sala no advierte vulneración de garantías.

Deficiencia que por si sola conlleva a que la demanda sea inadmitida por falta de interés para recurrir.
Por consiguiente, por los defectos formales precisados y no requerirse del fallo para cumplir las finalidades del recurso propuesto, ni advertirse la vulneración de garantías que deba repararse oficiosamente, se inadmitirá la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de casación presentada por la defensora de HENRY RAGA TRILLERAS, por las razones expresadas en esta providencia.
2º Contra la anterior determinación procede la petición de insistencia, en los términos previstos por el artículo 184 de la ley 906 de 2004.

3º En firme esta decisión remítase al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MAURO SOLARTE PORTILLA

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Aclaración de voto

EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto que siempre profeso por la posición de la mayoría de la Sala, en esta oportunidad me permito exponer los motivos por los cuales aclaro mi voto, los mismos que ya tuve ocasión de hacer conocer dentro del radicado 24.193 en relación con idéntico tema, y que ahora reitero.
Allí advertí que aunque estaba de acuerdo con la decisión que culminó en la inadmisión de la demanda de casación presentada por el recurrente extraordinario con ocasión de este asunto, sin embargo era mi parecer que el recurso de insistencia en el sistema acusatorio que hoy nos rige no tiene cabida, comoquiera que dicho instituto no se encuentra establecido en la nueva codificación procesal penal como recurso ordinario o extraordinario -artículos 176 a 198-, criterio que ahora refrenda la Sala en la providencia materia de esta aclaración.
En aquella oportunidad, repito, sostuve, y aún lo sigo haciendo, que el legislador partiendo de lo dispuesto para tal efecto -la insistencia- en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 para la revisión de las sentencias de tutela por parte de los magistrados de la Corte Constitucional que no intervinieron en el proceso de selección pertinente, introdujo un tal mecanismo en el trámite casacional sin echar de ver la disimilitud del procedimiento que impera en uno y otro evento, pues a diferencia de lo que ocurre en la regulación contenida en el citado precepto, bien cabe advertir que cuando ello ocurre en el proceso penal, el magistrado que no comparte la decisión de la mayoría está llamado a salvar su voto o a aclararlo, lo cual consulta la lógica si con esa actuación del magistrado o magistrados disidentes se obliga la Sala a revisar los argumentos planteados en los respectivos salvamentos y/o aclaraciones.
Empero, además, los recursos en derecho procesal y en la teoría general del proceso son mecanismos de impugnación que el legislador reserva a las partes y sujetos procesales con capacidad de intervención en el debate, para hacer operante el derecho de contradicción, situación que no compagina con las estipulaciones previstas en el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuando sea el magistrado de la Sala el que interponga el denominado recurso de insistencia.
En efecto, si la determinación de no seleccionar una demanda de casación debe ser tomada en auto motivado por los integrantes de la Sala, no se concibe cómo a uno o a algunos de sus miembros les asista la atribución de impugnar una tal decisión, si para su adopción hubieron de tomar parte en la discusión pertinente. Dicho canon establece:
“Artículo 184. Admisión.

(...)

No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fudadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso.

(...)
Ahora, para lo que interesa al caso presente, no se puede olvidar que la norma en mención también faculta al Ministerio Público para interponer el llamado recurso de insistencia, en tratándose de uno cualquiera de los supuestos que impiden la selección de la correspondiente demanda de casación. Allí, es precisamente donde se alude al Ministerio Público con interés para el recurso de insistencia, lo cual, como se dijo antes, no tiene cabida toda vez que éstos -los recursos- están definidos en la novísima legislación procesal penal en el Título 5º, Capítulo 8º, artículo 176 y Ss., y entre ellos no se encuentra relacionado el de insistencia.
Surge, entonces, el interrogante: ¿Si no está consagrado el recurso de insistencia como uno de los ordinarios establecidos en el Código, será que se trata de uno de los extraordinarios que tampoco está establecido como tal?
Señores Magistrados,


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Magistrado
Fecha ut supra.


1 Casación 6091 del 22 de enero de 1992

2 Sentencia C-657 del 28 de noviembre de 1996

3 Casación 21302

4 Casación 24026, del 20 de octubre de 2005


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