“Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso






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título“Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso
fecha de publicación30.09.2015
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Declaración pública ante la observación a la Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, hecha por el Poder Ejecutivo

La Academia de Ciencias y su Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, ante la decisión del Señor Presidente de la República de observar Ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional con argumentos y criterios que, a juicio de esta Academia, carecen de veracidad y no se corresponden con los criterios científicos y jurídicos, ni con las nuevas normativas imperativas del Derecho Internacional y de nuestra propia Constitución, por este medio reitera, de manera inalterable, su firme convicción de que loma Miranda reúne todas las condiciones ambientales para ser declarada Parque Nacional por sus inapreciables valores, su diversidad biológica, su ecosistema, endemismo de flora y fauna, recursos naturales no renovables, así como su riqueza hídrica, vital para la vida humana, parejos a una belleza paisajística impresionante y otros atractivos para el desarrollo del turismo de naturaleza y la producción agropecuaria, así lo testifican.

Esta firme convicción de la Academia de Ciencias, no motivada por otro interés que no sea la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales de nuestra nación, es el resultado de profundos y rigurosos estudios, evaluaciones y caracterizaciones llevadas a cabo por nuestros especialistas y expertos expuestas en talleres, seminarios, conferencias y en numerosos documentos publicados a lo largo de esta patriótica jornada.

Llamamos la atención sobre este hecho: ninguna instancia o persona que acompañando a Falcondo Xstrata Nickel en su empeño de devastar este enclave natural, ha presentado un solo estudio o informe técnico-científico con que sustentar su proyecto. La Academia de Ciencias si lo ha hecho.

Loma Miranda, reiteramos, es una mina de agua invaluable y esa sola condición la hace merecedora de su declaratoria como área protegida. Un recurso único, universalmente protegido por su valor estratégico para la supervivencia y la seguridad alimentaria, es curioso que no fuera digno de una sola mención al ponderar los meritos del veto. En cambio se obvia el mandato del Artículo 15, de la Constitución, que citamos íntegramente:Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”.

El documento a través del cual es vetada la Ley que confiere a Loma Miranda la categoría de área protegida, no refleja la realidad existencial de Loma Miranda y su entorno; si se observan ambigüedades, inexactitudes y actitudes poco éticas, mutilando artículos de la Constitución y otras leyes y acomodando verbos con la pretensión de avalar lo insostenible, el aprovechamiento de estos recursos con la inefable explotación minera, mecanismos reprobables destinados a confundir y manipular a la opinión pública en desmedro de la credibilidad y respetabilidad que merece el Señor Presidente. Con efecto:

  1. El Señor Presidente expresa en su carta al Senado de la República que tiene “serias dudas” alrededor de la declaratoria de Loma Miranda como área protegida.” Sin embargo, esa falta de certeza debió ser acogida, precisamente, para aprobar la referida Ley al amparo del Artículo 8 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece lo siguiente:El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución”.



  1. Intenta colocar el aprovechamiento minero como un elemento constitucional de primer orden por encima del derecho a la vida y al disfrute de un ambiente sano, contrario a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Constitución de la República y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que obliga al Estado a preservar sus recursos naturales, siendo éstos “objeto de protección especial y de alta prioridad nacional.



  1. Pretende presentar como una obligación moral y jurídica la compensación e indemnización por la explotación minera de Xstrata Nickel en el país, obviando el enorme pasivo ambiental y los graves daños ocasionados por las actividades de esta empresa durante los cuarenta y dos (42) años de operación en las lomas La Peguera, Caribe, Ortega, Pontón y otras, que dejan al desnudo un cuadro de devastación y destrucción prácticamente irreparable.



  1. Curiosamente se hace olvido del Articulo 67, Ordinal 5) de la Constitución vigente que ordena: “Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo cooperaran con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y territorial.”



  1. En otro aspecto se destaca la importancia de la seguridad jurídica para la inversión extranjera y el respeto debido a la propiedad privada, lo que no dejamos de reconocer su legitimidad. Pero se quiere vender la idea de que a Falcondo Xstrata Nickel habría que pagarle más de cuatro mil millones de dólares por derechos adquiridos, para evitar una supuesta demanda ante tribunales internacionales. Nada más incierto.



  1. Conforme a nuestra Constitución, las riquezas que subyacen en el subsuelo son propiedad del pueblo dominicano. Son inalienables, y forman parte del patrimonio natural de la nación. En su Art. 67 se establece como deber fundamental del Estado “prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de la presentes y futuras generaciones” y en el numeral 1) de ese mismo artículo se señala: “Toda persona tiene derecho, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza.”



  1. Por lo tanto, mal podría la empresa Falcondo Xstrata Nickel intentar en justicia indemnización alguna en perjuicio de lo que es un deber y una obligación del Estado. “Los Estados, conforme con la Declaración de Rio de Janeiro, Principio 13, “deben desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.



  1. Cabe, además, recordar, que esta empresa sólo tiene permiso de exploración, no de explotación, con el agravante de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le negó el otorgamiento de la licencia ambiental mediante su comunicación No. 1928 d/f 6-6-2013, luego de conocer el proyecto sometido para la explotación de loma Miranda y los resultados del Informe Técnico del PNUD, que determina sus muchas deficiencias y los riesgos que acarrearía, en todos los órdenes, la explotación de Loma Miranda.



  1. Queremos pensar que el Señor Presidente de la República, en su carta al Senado fue sorprendido al citar el Artículo 17 de la Constitución de la República, significando que “los recursos naturales deben ser explotados”, lo que no es cierto. Lo que realmente dice el texto constitucional es cosa bien diferente: “Los recursos naturales pueden ser explotados” y, a seguidas, pauta las limitaciones de esa actividad con referencia a yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general recursos naturales no renovables, los que solo pueden ser explorados y explotados por particulares bajo “criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la Ley.”



  1. Al mencionar la necesidad de elaborar y promulgar la ley que regule el Plan de Ordenamiento Territorial, consignado en la Ley 64-00, como de alta prioridad nacional, preciso destacar que la misma queda a cargo de diversos Ministerios del Poder Ejecutivo, adormecidos desde hace 14 años, no pudiendo ser excusa válida para postergar la necesaria protección de Loma Miranda, cuya declaratoria como área protegida constituye su única garantía, viniendo a ser un eslabón importante en el plan regularizador del ordenamiento territorial de la nación.



  1. De igual manera, se hace totalmente inexplicable la omisión de la sentencia No 167/2013 del Tribunal Constitucional, que prohibió la explotación de Loma Miranda, fundamentado en legítimas razones de bien común, teniendo como criterio de motivación “el derecho colectivo a un ambiente sano” por encima de los demás derechos de propiedad y del trabajo. Dicha sentencia, dado su carácter vinculante para todos los demás poderes del Estado, debió ser acatada, no ignorada, por el Ejecutivo en la carta que comentamos.



  1. En dicha carta, abordando otro aspecto de la temática, se destaca de manera confusa e interesada el convenio suscrito por la República Dominicano con la Confederación de Suiza en el 2004, que a su decir “impide al Estado tomar medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto.” Leída de prisa, da la impresión que tal prohibición es absoluta. Pero la idea se diafaniza al estudio del texto completo donde se expresa lo siguiente:… “excepto en caso de razones de utilidad pública y a condición que dichas medidas no sean discriminatorias, que sean conformes a las disposiciones legales y que dan lugar a pago de una indemnización efectiva y adecuada”.



  1. En la Convención de Varsovia sobre Derechos de los Tratados se llega más lejos que el “Pacta Sunt Servanda” al establecer en su Artículo 64, como base de revisión o terminación de un tratado o acuerdo el surgimiento de “una nueva norma imperativa de derecho internacional general, (Jus Cogens), o “un cambio fundamental en las circunstancias (Art.62) siempre que no sean responsabilidad de quien la alega. Eso es lo ocurrido con loma Miranda y la empresa Xstrata Nickel, responsable de múltiples violaciones a lo pactado.



  1. Resulta llamativo que para desproteger a Loma Miranda se recurra a un acuerdo comercial desconocido, por vez primera citado, y no se haga mención de las siguientes convenciones: Diversidad Biológica (CDB), RAMSAR sobre Humedales, sobre Cambio Climático, Declaración de Rio sobre Medio ambiente y Desarrollo, las cuales sí son vinculantes para el Estado Dominicano e instan, a los países partes, que tiendan a conservar los reductos de biodiversidad que le quedan, a conservar los humedales para proveer agua a los ciudadanos y a mitigar los efectos del cambio climático.



  1. Es norma universal aceptada que cuando un Estado detecta que en un determinado lugar existen recursos naturales colectivos, estos están por encima de beneficios particulares, sean individuales o transnacionales, siendo deber del Estado en cuestión resguardar esos bienes colectivos ejerciendo su soberanía. Con la declaratoria de Loma Miranda como área protegida no se vulnera ningún derecho a legítimos de propietarios que demuestren la legitimidad de sus derechos, bastando con el cumplimiento de la ley que regula el procedimiento en caso de expropiación por causa de interés público.




  1. Loma Miranda ya es Parque Nacional para el Pueblo Dominicano que en definitiva es el soberano, lo que tiene mayor asidero en cuanto que la observación de la Ley puede considerarse no promulgada, en virtud de lo previsto en el Articulo 6 de la Constitución que declara: “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”




  1. La facultad ejercida por el Poder Ejecutivo desborda el canon constitucional y no se ajusta al debido procedimiento pautado en el Artículo 102 de la Constitución, relativo a la observación de la ley. El Ejecutivo no hizo las observaciones artículo por artículo, como se requiere, sino por contexto. La rechaza en su totalidad, como si se tratara de un discurso político orientado a persuadir y complacer las partes interesadas aquellas que constituyen los factores reales y efectivos del poder político económico de la nación.



  1. En resumidas cuentas, desde el punto de vista de esta Academia, comprometida con la verdad científica y la libertad de pensamiento, el Poder Ejecutivo y el Senado de la República, como representantes del Pueblo Dominicano han faltado a su compromiso de preservar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales de acuerdo con la Constitución de la República.



  1. Finalmente, reiteramos nuestra firme posición, avalada por estudios científicos basados en datos e investigaciones realizados por nuestros expertos y por el informe del PNUD de que la única garantía de preservación y conservación real de las riquezas hídricas y ambientales, que atesora Loma Miranda es la declaratoria por ley Parque Nacional; y al mismo tiempo reiteramos la petición hecha al Gobierno para que profundice una auditoria que transparente el costo y los daños al ambiente causados por las operaciones mineras de Falcondo Xstrata Nickel en las lomas La Peguera, Caribe , Ortega y Pontón que arroja un desmedido pasivo ambiental de esta empresa que deberá por ello resarcir e indemnizar al Estado y al pueblo dominicano.


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