Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp






descargar 74.87 Kb.
títuloInstancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp
fecha de publicación26.09.2015
tamaño74.87 Kb.
tipoCursos
ley.exam-10.com > Documentos > Cursos
INSTANCIA DE LA DEMANDA EN AMPARO PARA QUE EL MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES APLIQUEN LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN ANTE LA INSTALACION DE PUEBLO VIEJO DOMINICANO CORPORATION PROPIEDAD DE LAS MULTINACIONALES MINERAS BARRICK GOLD Y GOLDCORP. 




A la: Honorable Jueza Presidenta y demás Jueces que componen el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana.

 
Asunto: Acción de Amparo Para que se cumpla la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 


Accionantes:

Alexander Mundaray Rosario

Tania Hernández

Pedro Daniel Catrain Rosario

OCTAVIO ALBERTO PEÑA MARTINEZ

013 00445754

Octavio Alberto Peña Martínez

Ángel García Salazar

Natali Carolina Brea Santos


Accionados:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pueblo Viejo Dominicano Corporation.

Anexo: Copia fotostática de la respuesta oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de fecha 03 de septiembre 2010, ante nuestra petición de información de fecha 09 de Agosto 2010, Copia fotostática de las peticiones que dieron origen a esta respuesta y Copia fotostática recurso superior jerárquico sometido en medio ambiente sobre solicitud de información.
Honorables_Magistrados:
Los Sres. Alexander Mundaray Rosario, Ciudadano Dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-1785240-0, Tania Hernández Estévez, Ciudadana Dominicana, mayor de edad, Soltera, titular de la cédula de identidad y electoral No.001-1851990-9, Pedro Daniel Catrain Rosario, Ciudadano Dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 402-2000863-1, Octavio Alberto Peña Martínez, Ciudadano Dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 013-0044575-4, Ángel García Salazar, Ciudadano Dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 049-0082646-4, Natali Carolina Brea Santos , Ciudadana Dominicana, mayor de edad, Soltera, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-1787662-3, (en lo adelante se constituyen en la parte “exponente” o “ reclamante”), han hecho formal elección de la dirección siguiente: calle 1ra No. 17, esquina calle F, Residencial Gacela, Km 10, Carretera Sánchez, Distrito Nacional, Santo Domingo, Republica Dominicana, con el Teléfono: 809-419-4684 y la dirección electrónica: alexmundaray@hotmail.com y laguaguard@gmail.com , para todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia ante este tribunal y de conformidad con las disposiciones establecidas por el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Resolución No. 379, del 25 de diciembre de 1977 (G. O. 9460) y la Ley No. 437-06, que establece el Recurso de Amparo (G. O. 10396), muy respetuosamente tiene a bien someter la presente Acción de Amparo contra la empresa Pueblo Viejo Dominicano Corporation (Propiedad de Barrick Gold y Goldcorp), por incurrir en graves vulneraciones a derechos fundamentales en perjuicio de la exponente y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que aplique la ley 64-00 respetando el principio precautorio.


A SABER DEL ACTO VIOLATORIO:

El día 03-septiembre del 2010, el Sr. Alexander Mundaray, en su calidad de Ciudadano interesado en saber el status legal de las empresas multinacionales Barrick Gold y Goldcorp, en la asociación que estas presentan para la explotación de la mina de oro de pueblo viejo, remití dos formularios de solicitud de información oficial al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, recibido el 09-08-10, solicitándole lo siguiente:

Primer formulario (de número OAI-1053): Una copia de la licencia ambiental (en virtud de lo establecido en la ley 64-00) que autoriza a Barrick Gold y/o Pueblo Viejo Dominicano Corp. construir una nueva planta de procesamiento de minerales en la mina de pueblo viejo, antigua Rosario Dominicana en virtud de que medio ambiente no haya otorgado licencia, solicitó una certificación oficial que deje claro que Medio Ambiente no ha dado licencia,  en un segundo formulario (de número OAI-1054):  solicitó una copia (digital en un CD, si existe en este formato o en su defecto física) de los estudios de impacto ambiental de la minera Barrick Gold que permitan la Explotación de sulfuros para la extracción de : oro, plata, hierro, zinc y cobre, en la antigua mina Rosario Dominicana. Dicho estudios son la base técnico legal para que se otorgue una licencia ambiental en su defecto de no tener la información remitirnos respuesta por escrito.

Ante esta petición, el ministerio contesto lo siguiente:

La Directora de Evaluación Ambiental Lic. Lina Beriguette a través de su asistente la sra.Dominga Polanco informo vía correo electrónico lo siguiente…que en estos momentos se esta efectuando la revisión  del referido Permiso Ambiental y en consecuencia no es posible suministrar dicho documento durante este proceso.”

Al juzgar por la respuesta dada, hasta el presente, podemos contactar que dicho permiso no es oficial, pues según la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales estipula en su Art.48  que toda licencia o permiso debe ser publicado, basado en su respuesta dicho permiso esta en procesos de análisis y revisión, se puede considerar legalmente como no otorgado.

Cabe destacar que es la ley 64-00 de Medio Ambiente y Naturales la que estipula lo siguiente en su Art.40:
Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar.”
Aquí queda claramente demostrada una flagrante violación a la ley, ya que esta empresa realiza trabajos de construcción de una planta procesadora de oro y otros minerales sin un permiso oficial previo que permita su instalación.
Recordando que el Art. 41 y en los numerales 2, 9, 14 y 17 de la referida ley de medio ambiente, establece que:
Los proyectos a actividades que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental son los siguientes:
2. Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones;

9. Proyectos mineros, incluyendo los de petróleo y turba, exploraciones o prospecciones, remoción de la capa vegetal y la corteza terrestre, explotaciones, construcción y operación de pozos, presas de cola, plantas procesadoras, refinerías y disposición de residuos;
14. Importación, producción, formulación, transformación, utilización, comercialización, almacenamiento, transporte, disposición, reciclaje o reutilización de sustancias tóxicas, nocivas, explosivas, radiactivas, inflamables, corrosivas o reactivas y otras de evidente peligrosidad;


15. La aplicación masiva de productos o combinaciones químicas en zonas urbanas o en superficies superiores a cien hectáreas en zonas rurales;”
VISTA LA CONSTITUCION VIGENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege:

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;

2) La protección del medio ambiente;

3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.
Artículo 67.-Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.

Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.
Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:
… 1) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas;

… 11) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano;

12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
VISTA LA LEY DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO. 64-2000 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. 
Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público.

Artículo 5.- Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles.
Artículo 8.- El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución.
Artículo 9.- Los estudios de evaluación de impacto ambiental y los informes ambientales serán los instrumentos básicos para la gestión ambiental.
Artículo 18. Numeral -6. Velar porque la exploración y explotación de los recursos mineros se realice sin causar daños irreparables al medio ambiente y a la salud humana; paralizar la ejecución de cualquier actividad minera, cuando considere, sobre la base de estudios científicos, que la misma puede poner en peligro la salud humana y causar daños irreparables al medio ambiente o a ecosistemas únicos o imprescindibles para el normal desarrollo de la vida humana; y garantizar la restauración de los daños ecológicos y la compensación por los daños económicos causados por la actividad minera;
Artículo 38.- Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos:

1. Declaración de impacto ambiental (DIA);

2. Evaluación ambiental estratégica;

3. Estudio de impacto ambiental;

4. Informe ambiental;

5. Licencia ambiental;

6. Permiso ambiental;

7. Auditorías ambientales; y

8. Consulta pública.
Artículo 40.- Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar.
Artículo 41.- Los proyectos a actividades que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental son los siguientes:
2. Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones;

9. Proyectos mineros, incluyendo los de petróleo y turba, exploraciones o prospecciones, remoción de la capa vegetal y la corteza terrestre, explotaciones, construcción y operación de pozos, presas de cola, plantas procesadoras, refinerías y disposición de residuos;

14. Importación, producción, formulación, transformación, utilización, comercialización, almacenamiento, transporte, disposición, reciclaje o reutilización de sustancias tóxicas, nocivas, explosivas, radiactivas, inflamables, corrosivas o reactivas y otras de evidente peligrosidad;

17. La aplicación masiva de productos o combinaciones químicas en zonas urbanas o en superficies superiores a cien hectáreas en zonas rurales;
Artículo 43.- El proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponda, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión correspondiente.
Artículo 167.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales queda facultada para disponer las siguientes medidas:
1. Multa desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salarios mínimos vigentes, en la fecha en que se cometió la infracción, en función de la dimensión económica de la persona física o jurídica que causó el daño y de la magnitud de los daños causados;

2. Limitación o restricción de las actividades que provocan el daño o riesgo al medio ambiente, o si fuere el caso, sujeción de las mismas a las modalidades o procedimientos que hagan desaparecer dicho perjuicio o riesgo;

3. Decomiso y/o incautación de los objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, materias primas, productos o artículos, terminados o no, empleados para provocar el daño; y

4. Prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades que general el daño o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en caso extremo, clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que haya generado la violación a la presente ley y otras relacionadas.
Párrafo I.- Las personas o entidades jurídicas que no cumplan con las órdenes, emplazamientos y recomendaciones emanadas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, serán objeto del retiro temporal o definitivo de la autorización para ejercer o efectuar las actividades que los causaren, sin perjuicio de otras sanciones que pueda dictar el tribunal competente.

Párrafo II.- Las medidas a que se refiere el presente artículo, se adoptarán y aplicarán conforme al proceso administrativo correspondiente mediante resolución motivada y hecha por escrito, la cual deberá ser notificada mediante acto de alguacil y podrá ser recurrida conforme al procedimiento administrativo.
Artículo 168.- Las resoluciones administrativas dictadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales son independientes de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de las violaciones a la presente ley.
Artículo 171.- El funcionario que, por acción u omisión autorice la realización de acciones, actividades o instalaciones, que causen daños y perjuicios a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población, será solidariamente responsable con quien las haya ejecutado.
Artículo 172.- Cuando en la comisión del hecho participasen dos o más personas, éstas serán responsables solidariamente de la totalidad de los daños y perjuicios económicos causados. En el caso de personas jurídicas, la responsabilidad prevista en este artículo se establecerá cuando los órganos de dirección o administración de la misma hayan autorizado las acciones que causaron el daño.
Artículo 174.- Todo el que culposa o dolosamente, por acción u omisión, que transgreda o viole la presente ley y demás disposiciones que la complementen, incurre en delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y, por tanto, responderá de conformidad a las mismas. Así, de toda agresión o delito contra el medio ambiente y los recursos naturales nace una acción contra el culpable o responsable.
Artículo 175.- Incurren en delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales:

1. Quien violare la presente ley, las leyes complementarias, reglamentos y normas, y realizare actividades que dañen de forma considerable o permanente los recursos naturales;

8. Quien violare las regulaciones contenidas en las licencias o permisos ambientales, o las haya obtenido usando datos falsos o alteren las bitácoras ambientales sobre emisiones y vertidos, o el funcionario público que otorgue tales licencias o permisos, sin cumplir con los requisitos del proceso de evaluación de impacto ambiental, cuando la ley así lo exija.
Artículo 179.- Son titulares de la acción ambiental, con el solo objeto de detener el daño y obtener la restauración, las personas naturales o jurídicas que hay sufrido el daño o perjuicio, el Estado Dominicano, por intermedio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros organismos del Estado con atribuciones ambientales.
Artículo 180.- Toda persona natural o jurídica que tenga el interés legítimo en la adopción de las medidas que la presente ley ordena, podrá intervenir aportando pruebas que sean pertinentes al caso.
Artículo 181.- El magistrado procurador fiscal, para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la jurisdicción correspondiente, actuando como juez de la querella, está obligado, si considera que el caso tiene visos de gravedad, a dar curso expedito, de oficio o ante las querellas, denuncias o referimientos previstos en la presente ley, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, con el propósito de que las anomalías o daños ambientales sean corregidos a la mayor brevedad y las infracciones a las leyes ambientales sean conocidas por el tribunal correspondiente.
Artículo 182.- El ejercicio de la acción judicial ambiental no implica renuncia a la acción por daños y perjuicios.
Al día de hoy, ANTE LA FALTA DE UN PERMISO U/O LICANCIA AMBIENTAL OFICIAL, EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE NO HA DETENIDO LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ESTA EMPRESA MINERA QUE SE HAN CONSTITUIDO EN UNA VIOLACION GRAVE A LA LEY.


OBJETO DE LA PRESENTE ACCION DE AMPARO 

El amparo, visto como uno de los distintos procesos constitucionales existentes, tiene por finalidad garantizar la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, ya sea previniendo la amenaza de vulneración de los mismos, restaurando o reivindicando los derechos cercenados, o, por último, ordenando la actuación o el cumplimiento de un acto jurídico para la vigencia de éstos. 

VISTA LA LEY DE AMPARO NO. 437-06 


Articulo 1.- La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad individual, tutelada por el Hábeas Corpus. 


PLAZO DE INTERPOSICIÓN

 
En cuanto al plazo, justo es destacar que resulta claro que la presente Acción ha sido realizada dentro del plazo legal establecido:


Artículo 3.- La acción de amparo no será admisible en los siguientes casos: 


b) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los treinta (30) días que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos. 

COMPETENCIA 

Artículo 6.- Será de la competencia del conocimiento de la acción de amparo, el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar donde se haya manifestado el acto u omisión rechazado mediante este mecanismo protectorio de los derechos individuales. 

Artículo 9.- Ningún tribunal podrá declarar de oficio su incompetencia material o territorial para conocer de una acción de amparo. 


Artículo 10.- Los demás estamentos jurisdiccionales especializados existentes o los que pudieran establecerse en nuestra organización judicial, podrán conocer también acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a ese tribunal de excepción, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento especial instituido por la presente ley.

Como se desprende de las precitadas disposiciones legales, para que un tribunal distinto al Juzgado de Primera Instancia, pueda ser competente para conocer de una acción de amparo, el único requisito legal exigido por nuestra legislación es que el o los derechos fundamentales cuya violación alegue el impetrante guarden afinidad o relación directa con las materias que conoce el tribunal a ser apoderado. 


En síntesis, por encontrarnos ante la violación de derechos fundamentales previstos por el artículo 10 de la Ley No. 437-06, cuyo procedimiento estará regido por las disposiciones de la Ley Especial que establece la Acción de Amparo, en especial en cuanto a la brevedad de los plazos para conocer del asunto.


En este caso, el tribunal que por esta instancia se apodera es el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, en atribuciones de Tribunal de Amparo, que en virtud de la Ley No. 13-07 del cinco (5) de febrero del año dos mil siete (2007), tiene la competencia de lo que anteriormente era el Tribunal Superior Administrativo (Cámara de Cuentas), del Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero y del propio Tribunal Contencioso Tributario, es decir que en la actualidad es éste el tribunal del orden judicial que está facultado para conocer tanto de lo administrativo como de lo tributario. Ninguna otra instancia tiene mayor vocación para conocer y decidir la presente Acción de Amparo. 


DEL PROCEDIMIENTO 


Tratándose de un proceso constitucional que tiene por finalidad salvaguardar derechos fundamentales, el amparo constituye una vía expedita para la solución de los conflictos que busca resguardar. Para ello la normativa esta estructurada de forma que el proceso resulte ser lo más rápido posible.

 
Artículo 13.- Una vez recibida la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará, en un plazo mayor de tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que tendrá lugar para conocer de los méritos de la reclamación. 

Párrafo.- La fecha de dicha audiencia deberá señalarse expresamente en el auto y tendrá lugar dentro de los cinco (5) días, de su emisión, resultando indispensable que se comunique a la otra parte, copia de la demanda, y de los documentos que fueren depositados con ella, por lo menos con un (1) día franco antes de la fecha en que se celebre la audiencia. 


Artículo 18.- El día y la hora fijados para la comparecencia de las partes, el juez los invitará a producir los medios de prueba que pretenda hacer valer para fundamentar sus conclusiones. Cada una de las partes, en primer término el reclamante, tiene facultad para hacer sus observaciones en cuanto a las pruebas producidas y exponer sus argumentos respecto del objeto de la solicitud del amparo. 


Párrafo II.- El juez, sin perjuicio de la substanciación del caso, procurará que la producción de las pruebas se verifique en el más breve término posible. 


POR ÚLTIMO

 
Artículo 22.- Una vez el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión dentro de los cinco (5) días que sigan al momento del cierre de los debates y la presentación de conclusiones al fondo. 


Todo esto revela el incuestionable carácter expedito del proceso en consonancia con la base normativa fundamental del amparo, como proceso constitucional en vigencia, que lo constituye el citado artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que conlleva, por ende, a que este Honorable Tribunal disponga de todo lo necesario para que estos plazos previstos legalmente sean en efecto cumplidos en el presente proceso. 


CONCLUSIONES 

Por todos los motivos expuestos y todos aquellos que los Magistrados apoderados tengan a bien suplir de oficio, el impetrante tiene a bien solicitar muy respetuosamente, lo siguiente: 


PRIMERO: Que sea admitida la presente Acción de Amparo por haber sido interpuesto conforme a la ley y en consecuencia FIJAIS audiencia para conocer del mismo y se emita auto a los fines de notificar la presente instancia y citar a los agraviantes a la audiencia a celebrarse para conocer de la presente reclamación. 

SEGUNDO: Que luego de comprobar y declarar la existencia de la violación al derecho fundamental a la información, se ordene al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Dr. Jaime David Fernández Mirabal Ministro, acatar la ley 64-00, que consiste en: 


Primero: emitir una medida cautelar de paralizar los trabajos de construcción e instalación de una planta de procesamiento de minerales en la mina de pueblo viejo en Cotui, hasta tanto estos tengan una licencia ambiental valida con los requisitos que la ley 64-00 estipula, respetando los principios de certeza científica y precaución ambiental que les permita operar e instalase, Segundo: que se transparenten, se declare de publico conocimiento y se difundan cada proceso de otorgamiento de la licencia ambiental que gestiona Barrick Gold y que según el ministerio de medio ambiente esta en un proceso de revisión, Tercero: La Aplicación de cualquier medida o pena que estipule la legislación ambiental, el código penal y civil, en el caso de demostrarse en las audiencias otras irregularidades de comisión u omisión a la Ley 64-00 de Medio Ambiente.


TERCERO: Que se declare el procedimiento libre de costas, conforme a lo que establece el artículo 30 de la ley de amparo.


En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010). 
ACCIONANTES: 

Alexander Mundaray Rosario Tania Hernández

Pedro Daniel Catrain Rosario Octavio Alberto Peña Martínez

Ángel García Salazar Natali Carolina Brea Santos

C/ 1ra No. 17, esquina calle F, Residencial Gacela, Km 10, Carretera Sánchez, Distrito Nacional, Santo Domingo, Republica Dominicana, Teléfono: 809-419-4684 y la dirección electrónica: alexmundaray@hotmail.com y laguaguard@gmail.com

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconResumen Ejecutivo es una edición quincenal de eir news Service Inc.,...

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconComo lo son el derecho a la calidad de vida, a un medio ambiente...

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconRecursos naturales y medio ambiente sano

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconSegunda seccion secretaria de medio ambiente y recursos naturales

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconUniversidad de valle – facultad de ingenieria escuela de ingenieria...

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconPosicionamiento ciudadano ante la ley 840, o concesion para el canal...

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconLa Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, tiene por objeto establecer...
«Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas». Estas dos normas están también claramente vinculadas con...

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconCompañía Minera Nevada SpA. (Barrick Gold)

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconSecretaria de medio ambiente y recursos naturales norma oficial Mexicana...

Instancia de la demanda en amparo para que el ministerio medio ambiente y recursos naturales apliquen la ley y la constitución ante la instalacion de pueblo viejo dominicano corporation propiedad de las multinacionales mineras barrick gold y goldcorp iconMinisterio de medio ambiente






© 2015
contactos
ley.exam-10.com