En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá






descargar 184.37 Kb.
títuloEn la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá
página1/5
fecha de publicación20.09.2015
tamaño184.37 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Documentos > Documentos
  1   2   3   4   5
A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 99.636 (y sus acumuladas: P. 99.642 y P. 99.788), "S. , R. A. y otros. Recurso de casación".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires casó parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata que había condenado a R. A.S. , O. A. E. y R. A. A. a la pena de reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y para procurar la impunidad, todos en concurso real entre sí; y a G. D. F. a la pena única de veinticinco años de reclusión, accesorias legales y costas con más la declaración de reincidencia como coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada y partícipe primario en el delito de abuso sexual agravado, en concurso real, comprensiva de la condena impuesta en este proceso y la de seis años de prisión, accesorias legales y costas impuesta en la causa Nº 54.070/2 del Juzgado de Transición Nº 3 de Mar del Plata como autor de los delitos de robo agravado por el uso de armas, escalamiento y fractura y privación ilegal de la libertad calificada por violencia o amenazas. En consecuencia, la mencionada Sala III modificó la calificación legal otorgada a los hechos y la pena impuesta a los procesados de autos y estableció que G. D. F. debía responder como coautor penalmente responsable del delito de rapto, fijándole la pena única de diez años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia y revocación de la libertad asistida que le fuera otorgada. Asimismo el órgano casatorio les impuso a R. A.S. , O. A. E. y R. A. A. la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como coautores de los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa en concurso real entre sí.

El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal articuló conjuntamente recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley; el particular damnificado  con patrocinio letrado  dedujo, también en forma conjunta, recurso extraordinario de inconstitucio-nalidad e inaplicabilidad de ley; y la defensa particular de los procesados R. A.S. , O. A. E. y R. A. A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. A excepción del recurso extraordinario de inconstitucionalidad intentado por el particular damnificado que fue desestimado por carecer de virtualidad, los restantes remedios impugnativos fueron concedidos por esta Corte (v. fs. 1571/vta.).

Oída la señora Procuradora General (fs. 1594/1616 vta.) en los términos de los arts. 487 del Código Procesal Penal y 13 inc. 8º de la ley 12.061, quien desistió expresamente del recurso extraordinario de nulidad y ejerció esa misma facultad  parcialmente  respecto del de inaplicabilidad de ley deducidos por el señor Fiscal de Casación (arts. 485, C.P.P. y 13 inc. 8º, ley 12.061 cit.); dictada la providencia de autos (fs. 1617); y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa de los imputados S. , E. y A. ?

2ª) ¿Deben considerarse desistidos  total y parcialmente, respectivamente  los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?

En caso afirmativo:

3ª) En lo demás, ¿es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?

4ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplica-bilidad de ley interpuesto por el particular damnificado?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa particular de los procesados R. A. S., O. A. E. y R. A. A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

2. En su dictamen de fs. 1594/1616 vta., la señora Procuradora General  en lo pertinente  propició el rechazo de la impugnación.

3.a. En primer término, la defensa particular denuncia la vulneración del derecho de defensa en juicio que desprende de la recepción de trece testimonios con reserva de identidad que  según sostiene  resultaron esenciales en la línea argumental tanto del pronunciamiento del tribunal de mérito como en el análisis efectuado por el Tribunal de Casación Penal, para tener por acreditada la materialidad ilícita y la intervención de sus asistidos.

Cita en tal sentido los arts. 1º, 59 inc. 2º, 106, 201, 202 inc. 3º, 354, 369, 449, 479, 494 ss. y concs. del Código Procesal Penal; 26 de la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre; 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.

Describe que "Durante la producción de estos testimonios los imputados eran trasladados a una sala contigua, desde la que podían escuchar, dificultosamente, las declaraciones" (fs. 1491 vta.).

Afirma que, con tal modalidad de recepción de la citada prueba testimonial, los imputados S., E. y A. no sólo se vieron "privados de observar a estos testigos y de repreguntarles", sino que hasta el momento  tanto ellos como sus defensores  se han visto impedidos de conocer la identidad y las circunstancias personales de los declarantes, "dado que los sobres que contienen sus datos fueron cerrados y lacrados, sin poder acceder a su contenido". Por otra parte, señala que "de las actas de debate surge claramente que el Tribunal al disponer la comparecencia de los testigos bajo la modalidad referida, no realizó fundamentación alguna de los motivos que justificaron esta medida violatoria de las garantías de los imputados, en transgresión a lo dispuesto por el art. 106 del ritual bajo sanción de nulidad" (fs. cit.).

Sostiene que así se "ha cercenado el derecho constitucional de interrogar y confrontar con los testigos de cargo, que abarca tanto la posibilidad de realizar preguntas como de conocer su identidad y la razón de sus dichos, extremos estos que no podrían conocerse cabalmente cuando se hace reserva de su identidad" (fs. 1492), lo cual, a su entender, infringe lo previsto en los arts. 8 inc. 2 letra b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 letra e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Indica como ejemplo de la vulneración denunciada la situación de la testigo de identidad reservada individualizada con la letra "M", respecto de quien afirma diversas circunstancias que  a su criterio  le restarían credibilidad a sus dichos.

Situaciones similares aduce que podrían presen-tarse respecto de los otros doce testigos de identidad reservada e insiste en la imposibilidad que tuvo la defensa de efectuar un adecuado control de dicha prueba al desconocerse sus datos filiatorios.

En lo atinente, específicamente, a lo decidido por el tribunal intermedio  voto de la mayoría  en cuanto a la validez de esa modalidad de recepción de la prueba testimonial mencionada, efectúa cuestionamientos desde distintos flancos.

Por un lado, arguye que lo expuesto por el juez Borinsky en orden a que la exclusión de los imputados fue resuelta sin que mediara oposición de ellos ni de sus letrados no se corresponde con este supuesto (la recepción de testimonios con identidad reservada), sino con una incidencia suscitada en el curso de la declaración de M. d. l. Á.L. , quien sufrió una crisis nerviosa que motivó el desalojo de la sala y el apartamiento de los imputados del recinto (fs. 1492).

Por otra parte, señala que la doctrina plenaria establecida en la causa Nº 13.569 invocada por la mayoría del Tribunal de Casación no resulta aplicable al caso "porque [...] se ha pronunciado sobre la razonabilidad de la exclusión del inculpado del ámbito donde se desarrollaba el debate, en aras de los superiores intereses de la víctima menor de edad, enmarcado todo en lo dispuesto en los arts. 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 21 de la ley 10.067  que prevé la declaración de los menores en audiencia privada , y 83, inc. 5, del ritual, que impone a los jueces salvaguardar la intimidad de la víctima". Añade, con cita del caso "G. , C. y otros" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la materia constitucional resulta extraña a la competencia del tribunal reunido en pleno, pues por dicha vía éste crearía una interpretación general obligatoria de orden constitucional, ajena a sus atribuciones naturales" (fs. 1495).

Asimismo, critica el criterio de la mayoría respecto a la incidencia que habría tenido a estos efectos la falta de oposición de la recepción de declaraciones de testigos con reserva de identidad en oportunidad de celebrarse el debate.

Sostiene que la ausencia de oposición "ninguna relevancia puede adquirir [...] pues el compromiso de la garantía en trato no resulta susceptible de convalidación, ni puede admitirse que las partes acuerden irrestrictamente la realización de un procedimiento sui generis que, en forma paralela al debido proceso legal, viabilice la imposición de una pena, sin otro presupuesto de legitimidad que el acuerdo de la libre voluntad de los actores del proceso" (fs. 1495 vta.).

Al apartarse de lo expuesto por el juez Ursi en lo atinente a la falta de protesta oportuna de la defensa, argumenta que el inc. 3º del art. 449 del Código Procesal Penal exime expresamente de dicho recaudo cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de los preceptos relativos a la intervención, asistencia y representación del imputado en el juicio (fs. 1496).

Seguidamente, con invocación de los arts. 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuestiona la asimilación que  según lo entiende la parte  efectuó el Tribunal de Casación Penal entre el "testigo" y el "denunciante", otorgándole a aquél las mismas prerrogativas que a éste. Entiende que el art. 59 inc. 2º del Código Procesal Penal "permite al fiscal preservar la identidad de las personas que puedan aportar elementos para el eficiente ejercicio de la acción penal, cuando motivos fundados así lo justifiquen [pero] aquí se formula una distinción entre denunciante y testigo y también se alude a etapas procesales diferentes". Con tal premisa, sostiene que "El recurso procesal de las denuncias de identidad reservada sólo es admisible como razonable durante la etapa de la investigación preparatoria (art. 83 inc. 6º C.P.P.), mas no durante el juicio pues acarrearía un menoscabo injustificado del derecho de los acusados a carear a los testigos, con mengua de los principios de contradicción, publicidad y contralor de las pruebas de cargo" (fs. 1496).

Cita, en abono de su tesis, lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos "Kostovski c/Países Bajos" y "Lüdi c/Suiza" y la postura disidente expuesta por el juez Mahiques en el pronunciamiento recurrido.

Desgrana otros cuestionamientos respecto a los motivos expresados por la mayoría del a quo sobre la pertinencia de la aplicación al presente proceso del régimen previsto en el art. 34 bis de la ley 23.737 y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia internacional organizada aprobada por ley 25.632, para concluir en que "el temor alegado, y del que parece hacerse cargo el voto de la mayoría no encontraba justificación en datos de la realidad, en principio porque se estaba juzgando a un cabo, y dos sargentos de policía, no a la cúpula policial, y en segundo lugar, porque una de estas testigos, que se escudó en la reserva por el alegado temor, no tuvo reparo alguno en aparecer con foto incluida en una nota periodística en el diario de mayor tirada de Mar del Plata, lo que demuestra que el ocultamiento de identidad de los testigos, en verdad obedecía a móviles espurios" (fs. 1497 vta./1498).

Por último, aduce que el art. 369 inc. 4º del Código Procesal Penal impone al tribunal de juicio la obligación  bajo sanción de nulidad  de levantar un acta del debate en el cual debe consignarse el nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate. Que, entonces, habiéndose incumplido tal obligación "se ha incurrido en la nulidad establecida en el art. 201 del ritual". Añade que "la armónica interpretación de esta norma despeja cualquier duda acerca de la posibilidad de que en el debate declaren testigos reservando su identidad" y que esta obligación "no se ve suplida por los sobres cerrados y rubricados que se acompañan a la causa y en cuyo interior presuntamente se encontrarían los datos filiatorios de los testigos cuestionados" (fs. 1498 vta.).

Concluye señalando que lo que se intenta con la publicidad y el contradictorio es obtener acertados juicios acerca de la sinceridad y veracidad de los testigos, porque "el informante, el testigo protegido en su identidad, son personas que dicen la verdad o mienten, y eso hay que descubrirlo, o poder hacerlo" (fs. cit.).

Por otra parte, realiza una serie de consideraciones en las que contrapone un "derecho penal del ciudadano" frente a un "derecho penal del enemigo" y afirma que la validez del presente proceso sólo puede fundarse en el segundo de los modelos citados en tanto "se ha condenado con basamento preponderante en los testimonios de identidad reservada, ellos fueron los que acreditaron la descripción de la materialidad delictiva, y ellos sirvieron también para acreditar la autoría de nuestros defendidos" (fs. 1499 vta.).

Finalmente, cita el precedente "R. " de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sustento de su petición para que se decrete la nulidad de todos los testimonios rendidos de manera ilegal, procediéndose a su respecto en los términos del art. 211 del Código ritual.

b. Entiendo que el planteo no puede prosperar.

El a quo desechó  por mayoría  un agravio análogo al que en esta instancia se reedita respecto a la validez de los testimonios prestados con reserva de identidad y exclusión de los imputados de la sala de audiencia en el momento en que se produjeron sus declaraciones en virtud de fundamentos que pueden sintetizarse en:

i. Falta de oposición de los imputados y de sus defensores a ese proceder (cuestión primera, voto del doctor Borinsky, fs. 1137; y 1157 vta./1158 del voto del doctor Ursi).

ii. Fundadas razones por parte del tribunal de juicio para disponer tal modalidad en la recepción de ciertos testimonios a partir del temor y situaciones de intimidación que afectaron a los testigos que declararon con reserva de identidad, en aras de salvaguardar su integridad y preservar la autenticidad de sus declaraciones (cuestión primera, voto del doctor Borinsky, fs. 1139, 1142/vta. y 1146/1147; y 1150/vta., 1151/1153, voto del doctor Ursi).

iii. Respeto al derecho de interrogar a los testigos de cargo presentes por parte de la defensa, a través de una modalidad que  aunque implicó restringir en alguna medida la posibilidad de los imputados de presenciar ciertos tramos del debate  fue balanceada con salvaguardas que no desvirtuaron el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (cuestión primera, voto del doctor Borinsky, fs. 1139 vta.; y 1154/1157 vta., voto del doctor Ursi).

Frente a lo decidido, el recurrente efectúa diversos planteos, tal como resulta de la reseña efectuada en el punto "3",a.

La crítica al argumento del fallo que se afirma en la falta de oportuna protesta en relación al procedimiento dispuesto por el tribunal de juicio al momento en que se produjeron las deposiciones de tales testigos resulta infundada. Al fin y al cabo, se sustenta en la interpretación del recurrente acerca de normas procesales (arts. 448 y 449, C.P.P.), escrutinio que escapa al ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que sólo autoriza a revisar la aplicación que de la ley sustantiva haya efectuado el Tribunal de Casación Penal (art. 494, C.P.P.; Ac. 76.349, sent. de 7 XII 1999; P. 82.094, sent. de 18 II 2004; P. 87.002, sent. de 16 II 2005; entre otras).

Sin perjuicio de ello, la relevancia de este primer argumento expuesto por el tribunal recurrido no resulta dirimente, toda vez que  aunque señaló este déficit en el reclamo  abordó el planteo medular referido a la denunciada transgresión del derecho de defensa en juicio y debido proceso.

Igual suerte adversa han de correr  por razones análogas a las que acabo de puntualizar y con los mismos límites a los que aludí en el párrafo anterior  los reparos que, procurando renovar aquéllos llevados ante el
  1   2   3   4   5

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de agosto de dos...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a los 20 días de octubre de dos mil siete,...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de septiembre de...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de octubre de dos...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a 3 de marzo de 2010, habiéndose establecido,...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a 18 de agosto de 2010, habiéndose establecido,...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a 6 de octubre de 2010, habiéndose establecido,...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a 6 de octubre de 2010, habiéndose establecido,...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a 6 de octubre de 2010, habiéndose establecido,...

En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá iconEn la ciudad de La Plata, a 11 de julio de 2012, habiéndose establecido,...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com