La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república






descargar 36.77 Kb.
títuloLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república
fecha de publicación15.09.2015
tamaño36.77 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Documentos > Documentos
CAS. Nº 4257-2012 LIMA. Prescripción Adquisitiva de Dominio.
Sumilla: Teniendo en cuenta que el actor interpone la presente demanda en calidad de propietario, lo cual fue cuestionado por la demandada, señalando que el demandante fue inquilino de su difunto hermano, habiéndole hecho conocer su calidad de propietaria respecto al inmueble sub litis, se concluye que el animus dominio no ha sido debidamente acreditado por el demandante.
Lima, seis de noviembre de dos mil trece.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:
Vista la causa número cuatro mil doscientos cincuenta y siete – dos mil doce y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia.
MATERIA DEL RECURSO:
Corresponde absolver el recurso de casación interpuesto por Miguel Leonardo Delucchi Silva a fojas novecientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista de fojas novecientos cuarenta, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, la cual confirmó la sentencia apelada de fojas setecientos nueve, de fecha veintitrés de julio de dos mil ocho que declaró infundada la demanda.
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:
Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha cinco de marzo de dos mil trece, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Miguel Leonardo Delucchi Silva, por la causal de infracción normativa prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, en virtud del cual el recurrente denuncia: a) La infracción normativa material del artículo 1383 del Código Civil del año 1936, toda vez que la Sala Superior ha interpretado erróneamente esta norma, ya que se ha considerado que a efectos de que se produzca la transferencia de propiedad de un inmueble en mérito a un contrato de compraventa se requiere que el comprador pague el precio, negando de esta forma el carácter consensual de la transferencia de propiedad inmueble, pues en el Código Civil de mil novecientos treinta y seis, así como en el Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro, para que se produzca la transferencia de propiedad de un inmueble en mérito al contrato de compraventa, únicamente es necesario la sola obligación del vendedor de transferir la propiedad y que el comprador se obligue a pagar el precio; esto es, para que el comprador sea considerado propietario de un inmueble solo se requiere que el vendedor se haya obligado a transferirlo, y que aquél se obligue a pagar el precio; es decir, el Código Civil de mil novecientos treinta y seis le otorgaba el carácter consensual a la compraventa, señalando que solo el consentimiento era modo de adquirir la propiedad de inmueble; por lo que carece de fundamento jurídico condicionar la configuración de una compra venta sobre inmueble al hecho que el comprador pague el precio; b) Infracción normativa del artículo 1172 del Código Civil de 1936, toda vez que esta norma ha sido inaplicada por la Sala Superior, al concluir que la transferencia de propiedad de un inmueble se produce en mérito a un contrato de compraventa en el que se requiere que el comprador pague el precio, negando el carácter consensual de la transferencia de propiedad de bienes inmuebles. Añade que, según lo expresado por la doctrina, el modo de adquirir la propiedad de un inmueble era el solo contrato, en aplicación del artículo 1172 del Código Civil de mil novecientos treinta y seis, razón por la cual la Sala Superior ha inaplicado dicha norma al concluir que para que se produzca la transferencia de propiedad del inmueble se requiere que se pague el precio. c) Infracción normativa material del artículo 1231 del Código Civil vigente, toda vez que esta norma ha sido inaplicada por la Sala Superior, al concluir que el demandante no poseyó como propietario el inmueble sub litis desde el año mil novecientos ochenta y cuatro hasta mil novecientos noventa y uno, sino únicamente desde el año mil novecientos noventa y dos hasta el año dos mil dos; pues de haberse aplicado la presunción contenida en la referida norma se habría concluido que el tiempo de posesión como propietario del recurrente se computa desde el año mil novecientos ochenta y cuatro hasta el año dos mil dos, ya que dicha presunción permite demostrar el pago de las obligaciones periódicas, como los impuestos municipales, presentando el último recibo. Añade asimismo que según la doctrina, es un despropósito pretender que se presenten todos los recibos de pagos de diecisiete años, pues existe una norma legal que faculta al deudor a presentar la primera y la última cuota para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones periódicas. En consecuencia, es errado concluir que la posesión como propietario debe computarse solo desde el año mil novecientos noventa y dos hasta el año dos mil dos, pues como lo señala la sentencia de vista se cumplió con presentar los recibos de pago de los impuestos municipales correspondientes a los años mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos ochenta y cinco, por lo que el período de mil novecientos ochenta y seis hasta el año mil novecientos noventa y uno se presumen pagados en aplicación del artículo 1231 del Código Civil. d) Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, toda vez que la sentencia de vista ha interpretado erróneamente el citado artículo al estimar que el hecho de no contar en la actualidad con la posesión del inmueble sub litis, implica que el recurrente no ha cumplido con el requisito de la posesión del inmueble a efectos de que se declare propietario, debido a que los presupuestos establecidos en el artículo 950 del Código Civil deben cumplirse durante los diez primeros años, luego del cual el poseedor adquiere la propiedad de manera automática, siendo facultad del poseedor demandar y acudir al Poder Judicial para que lo declaren propietario, tal como se desprende del artículo 952 del Código Civil. Refiere además que, debe tenerse presente, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en la Casación número 950-2008-Cajamarca que: “los efectos de la usucapión deben retrotraerse al momento en que se inició la posesión, dado que es en base a la realización de dicha posesión durante un lapso de diez años o ya de cinco años que se adquirió la propiedad”; por lo que, la posesión continua a tener en cuenta para declarar propietario de un inmueble por prescripción es durante los diez años que exige el artículo 950 del Código Civil, en tanto que todos los hechos ocasionados con posterioridad no enervan el derecho de poseedor, que por el solo transcurso del tiempo ya adquirió.
ANTECEDENTES:
A efectos de determinar si en el caso concreto se han infringido los numerales antes mencionados, es necesario realizar las precisiones que a continuación se detallan: Con fecha cinco de marzo de dos mil cuatro, Miguel Leonardo Delucchi Silva interpone demanda y solicita que se le declare propietario por prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en la calle Engels (ex calle dieciséis), lote tres, manzana U, tercer sector, Urbanización La Calera de La Merced – Surquillo, inscrito en la Partida número

42102822. El actor alega que ostenta la posesión del bien por más de veinte años (mil novecientos ochenta y cuatro); llega al inmueble mediante un contrato de alquiler del año mil novecientos setenta y ocho que se firmó con quien era su propietario Carlos Teodoro Rosales Mendoza; al año siguiente (mil novecientos setenta y nueve) las partes convienen en celebrar un nuevo contrato de arrendamiento por dos años. Refiere que vivió como inquilino y en mil novecientos ochenta y cuatro el propietario le propone mediante carta notarial de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro una promesa de venta, en donde le ofrece el precio de venta y le otorga un plazo de sesenta días para que haga valer su derecho para quedar como propietario. En atención a la misiva contesta también mediante carta notarial de fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro aceptando dicha oferta y las condiciones expresadas en la mencionada oferta de venta; por tanto, solicita la documentación para llevar a buen término la compra del inmueble. Sin embargo, ante la demora del vendedor, en el ejercicio de su derecho envía nuevamente carta notarial de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, comunicándole que se formalice la compraventa, que tiene la calidad de propietario del inmueble y como no cumplió con hacerle llegar la minuta ni la titulación del inmueble solicitada, hará uso de su derecho de retención del precio de compraventa por todo el tiempo que demore el otorgamiento de escritura pública del acto jurídico celebrado. Agrega que en dicha fecha adquiere la calidad de propietario del bien y por tanto poseedor, siendo que desde dicha fecha deja de pagar la renta del bien y empieza a pagar los tributos municipales y otros, siendo que posee la bien de buena fe en forma pacífica, pública y continúa. Por escrito de fojas trescientos setenta y nueve, Carmen Teófila Rosales Bravo viuda de Aroca, contesta la demanda y alega que su hermano Carlos Rosales Mendoza (difunto) mediante contrato de compraventa de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y siete adquirió del Fondo de Empleados del Banco de la Nación el inmueble sub litis y que mediante contrato de arrendamiento de fecha uno de noviembre de mil novecientos setenta y nueve su difunto hermano cedió en arrendamiento el inmueble al actor. Al fallecer su hermano el catorce de marzo de mil novecientos noventa y ocho por sentencia de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve fue declarada su única y universal heredera, motivo por el cual el Fondo de Empleados del Banco de la Nación con fecha quince de noviembre de dos mil uno le expide la correspondiente escritura pública de compraventa y cancelación del inmueble. Mediante carta notarial de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dos pone en conocimiento del demandante su condición de propietaria del inmueble y le da un plazo de treinta días para que cumpla con entregarle el citado bien, situación que nunca se dio; por lo que se vio obligada a ejercer su derecho invitándolo a una Conciliación Extrajudicial. El ofrecimiento de venta que efectuara su hermano en el año mil novecientos ochenta y cuatro nunca se perfeccionó, ya que nunca entregó documentación alguna al demandante quien tampoco efectuó pago por el bien. En diciembre de dos mil dos comunicó a la Municipalidad Distrital de Surquillo que el inmueble se encontraba registrado a su nombre. Por escrito de fojas quinientos veintidós, los litisconsortes necesarios Máximo Enrique Rivas Bellido y Esther Galarza Barahona nuevos propietarios del inmueble contestan la demanda y señalan que la posesión ejercida por el arrendador, es aquella posesión mediata o fingida, aquella

posesión por la que se posee por intermedio de otro, no siendo válida para efectos de una prescripción, no obstante que el tiempo se haya cumplido, debido a que el poseedor no puede adquirir la propiedad cuando reconoce el dominio del inmueble en otra persona como se evidencia en los de la materia. Por sentencia de fojas setecientos nueve de fecha veintitrés de julio de dos mil ocho, se declara infundada la demanda, bajo el sustento de que: 1) La calidad de arrendatario del demandante no favorece la pretensión demandada, toda vez que la posesión que ejerce es derivada, mas no originaria, que es lo que exige el artículo 950 del Código Civil. En efecto, todo arrendatario es poseedor porque alguien le ha entregado la posesión y desde este punto de vista, dicho arrendatario no puede adquirir por prescripción; 2) Tampoco favorece la pretensión demandada, el hecho de que el actor señala que es propietario del bien sub litis desde el veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, pues como dicen los litisconsortes necesarios, quien es propietario no puede pretender adquirir por prescripción; 3) Conforme al inciso 2 del artículo 504 del Código Procesal Civil la demanda de prescripción la interpone el poseedor para que se le declare propietario por prescripción; contrario sensu, si uno es propietario, no puede demandar prescripción adquisitiva; 4) En este proceso no es pertinente examinar si efectivamente la compraventa que alude el actor se ha realizado o no, pues este debate es extraño a la naturaleza y finalidad del proceso en curso; lo que sí es relevante para este proceso es que el demandante afirma ser propietario, condición que no le permite pretender lo postulado en autos; 5) Tampoco es atendible el argumento del actor de invocar que su posesión es de buena fe y con justo título, pues para que ello ocurra debe haberse celebrado una compraventa con quien se creía que era el propietario, nada de lo cual sucede en autos porque el demandante señala que ha comprado el inmueble al verdadero propietario. Contra esta decisión, el demandante interpone recurso de apelación mediante escrito de folios setecientos treinta y cinco. Por sentencia de vista de fojas ochocientos quince de fecha seis de octubre de dos mil nueve, se confirma la sentencia apelada; contra esta resolución el demandante interpone recurso de casación; esta Sala Civil Suprema por ejecutoria suprema de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, declara fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista y dispone que la Sala Superior expida nueva resolución, tras concluir que no existe pronunciamiento respecto a los agravios denunciados en el recurso de apelación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema, la Sala Superior emite la sentencia de vista de fojas novecientos cuarenta, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce que confirma la sentencia apelada que

declaró infundada la demanda, por cuanto: 1) Si bien es cierto existió una oferta y ésta fue aceptada, ninguna de las partes cumplió con las obligaciones derivadas del acto jurídico de la compraventa; es decir, ni el vendedor (Carlos Rosales Mendoza) habría cumplido con transferir la propiedad del bien al comprador (Miguel Leonardo Delucchi Silva), ni éste cumplió con pagar el monto acordado, conforme lo estipulaba el artículo 1383 del Código Civil de mil novecientos treinta y seis; 2) Carece de todo fundamento

lógico y jurídico el argumento del demandante respecto a que la carta notarial de fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro deba interpretarse como un contrato de compraventa; 3) El animus dominio no ha sido debidamente acreditado por el demandante, pues éste no ha cumplido con presentar el pago de los tributos municipales correspondientes a los diez años consecutivos de posesión que señaló en la demanda, toda vez que si bien es cierto de folios nueve a ciento trece obran las declaraciones juradas de auto avalúos, arbitrios, impuestos prediales, correspondientes a los años mil novecientos ochenta y cuatro, mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco, mil novecientos noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve, dos mil, dos mil uno y dos mil dos, también lo es que dichos pagos no han sido realizados de manera continua y oportunamente conforme se acredita con las órdenes de pago, solicitudes de fraccionamiento de deuda, entre otros documentos obrantes a folios treinta y cuatro, treinta y cinco, cuarenta y siete, cincuenta y tres, sesenta y seis, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y siete, cien, ciento dos, ciento seis y ciento siete. 4) En cuanto a la posesión pacifica, la demandada al contestar la demanda adjuntó la carta notarial de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dos mediante la cual le requirió al demandante la entrega del inmueble, sustentando su derecho en el hecho de haber sido declarada heredera de su hermano, derecho que fue inscrito con fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y nueve; asimismo es de verse del acta de conciliación extrajudicial de fecha veintisiete de febrero de dos mil cuatro sobre desalojo; 5) La inscripción del derecho de propiedad y el requerimiento de desalojo de la demandada antes de que el demandante ganara la prescripción permite concluir en el sentido de que la posesión pacifica requerida por el artículo 950 del Código Civil, no se da en el presente caso, pues el demandante no poseyó el bien como propietario durante diez años consecutivos (1984- 1994), debiéndose para tal efecto contabilizarse el plazo prescriptorio a partir del año mil novecientos noventa y dos hasta el dos mil dos; 6) Abunda a tal conclusión, la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil siete emitida por la Quinta Sala Civil de Lima confirmando la sentencia de fecha tres de abril de dos mil siete que declaró fundada la demanda, ordenando el desalojo y restitución del inmueble sub litis; 7) En cuanto a la posesión continua, a fojas setecientos sesenta y dos obra la constatación policial de fecha catorce de octubre de dos mil ocho, de la cual se desprende que el demandante desocupó el bien sub litis, lo que ha sido ratifi cado por el propio demandante en su escrito de fecha diecisiete de febrero de dos mil doce; 8) Si bien al momento de interponerse la demanda el demandante se encontraba en posesión del inmueble, de autos se ha verificado que en la actualidad ya no es así pues el demandante tampoco ha podido recuperar la posesión del mismo. Frente a dicha sentencia, el demandante Miguel Leonardo Delucchi Silva interpone recurso de casación, el mismo que corresponde resolver conforme a los términos en que fue admitido.
CONSIDERANDO:
Primero.- El artículo 139, inciso 3de la Constitución Política del Estado establece como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, constituyendo uno de los elementos del debido proceso el deber de motivación de las resoluciones judiciales entendida en el sentido que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, así como dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.
Segundo.- Al igual que otros derechos fundamentales, el derecho de propiedad no constituye solamente un derecho subjetivo, sino también una garantía institucional, a tenor de lo previsto en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, el cual prescribe que: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.
Tercero.- El artículo 950 del Código Civil prescribe que: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe”. Al respecto, Aníbal Torres Vásquez, refiere que: “la prescripción adquisitiva o usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad mediante el ejercicio de la posesión provista de ciertos requisitos previamente determinado por ley. La adquisición de la propiedad por prescripción es originaria por cuanto no existe ninguna relación jurídica por la que el antiguo dueño transfiera la propiedad al nuevo dueño; “El derecho del usucapiente no se apoya en el derecho del anterior titular, sino que surge a pesar de su inexistencia o de la falta de poder de disposición”. (Código Civil; Comentarios y Jurisprudencia. Concordancia. Antecedentes. Sumillas. Legislación Complementaria; tomo I, Séptima Edición; año 2011; Editorial Idemsa; pág. 990-991).
Cuarto.- Analizando los agravios denunciados, en cuanto a los acápites a, b y c, se advierte que el presente proceso es uno de prescripción adquisitiva de dominio, la cual esta condicionada al cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 950 del Código Procesal Civil (posesión continua, pacifica y pública como propietario) para adquirir la propiedad de un bien inmueble ajeno mediante la posesión ejercida sobre el

mismo durante plazo indicado en la norma; por consiguiente, la aplicación de normas de compraventa al caso de autos, resultan impertinentes y por ende, los agravios denunciados por el impugnante deben ser desestimados, ya que ello resulta materia de otro proceso y otra vía procedimental.
Quinto.- En cuanto al acápite d), el impugnante alega la interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil. Al respecto, cabe preciar y dejar en claro que existe interpretación errónea de una norma de derecho material cuando en la actividad hermenéutica, el juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma. De la revisión de la sentencia de vista, se advierte que la Sala Superior ha cumplido con la verdadera voluntad objetiva de la norma citada, al concluir que el animus dominio no ha sido debidamente acreditado por el demandante; que la posesión pacifica y continua no se da en el presente caso.

No obstante lo expuesto, cabe precisar que uno de los requisitos para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio – también llamado usucapie – es haber poseído el bien como propietario, es decir, haberse comportado como tal, cumpliendo las obligaciones y ejerciendo los derechos inherentes que de tal estado se deriva, con lo cual se alude el animus domini como elemento subjetivo de ese derecho que equivale a la intencionalidad de poseer como propietario. En tal sentido, teniendo en cuenta que el actor interpone la presente demanda en calidad de propietario, al haber adquirido la propiedad del bien inmueble sub litis de su anterior propietario mediante compraventa, lo cual se corrobora con la carta notarial de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y su dicho en el escrito de demanda y habiéndolo la parte demandada cuestionado, a través de su escrito de contestación de demanda, señalando que su difunto hermano cedió en arrendamiento el bien sub litis al actor, además que el veintiséis de diciembre de dos mil dos, por carta notarial pone de su conocimiento la condición de propietaria del inmueble; por consiguiente, se advierte que en el caso de autos se incumple con todas las exigencias previstas en el artículo 950 del Código Procesal Civil para ser declaro propietario del bien inmueble sub litis. Por lo tanto, este extremo también debe ser desestimado.- Por las razones expuestas y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación obrante a fojas novecientos sesenta y uno interpuesto por Miguel Leonardo Delucchi Silva; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas novecientos cuarenta, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Miguel Leonardo Delucchi Silva con Carmen Teofi la Rosales Bravo y otros, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLima, veintiuno de mayo de dos mil catorce. La sala civil transitoria...

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación...

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconLa primera sala de derecho constitucional y social transitoria de...

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com