Consejo gral. Poder judicial ponente






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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo

Contencioso-Administrativo

Sección: SÉPTIMA
S E N T E N C I A

Fecha de Sentencia: 30/04/2012
REC.ORDINARIO(c/a)
Recurso Núm.: 197/2010


Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria

Votación: 25/04/2012
Procedencia: CONSEJO GRAL.PODER JUDICIAL
Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martín de Hijas
Secretaría de Sala: 702
Escrito por: MSA
Nota:

Sanción de separación de la carrera judicial. Caducidad del expediente disciplinario. Prolongación del plazo de caducidad por la dificultad del Instructor de obtener información de diligencias penales instruidas simultáneamente al expediente disciplinario sobre contenido de conversaciones telefónicas intervenidas en el proceso penal: no pueden considerarse "razones excepcionales" para justificar la extralimitación del tiempo de duración del expediente disciplinario. El contenido de la instrucción penal en curso tiene legalmente carácter de secreto, y no es conforme a la Ley que el Instructor de un procedimiento disciplinario pueda obtener información del mismo, siendo las dificultades para obtenerlo normales y propias del régimen legal vigente. Las conversaciones telefónicas intervenidas en el proceso penal en curso están cubiertas por el derecho fundamental a la garantía del secreto de las comunicaciones fuera del proceso penal.



REC.ORDINARIO(c/a) Num.: 197/2010
Votación: 25/04/2012
Ponente Excmo. Sr. D.: Vicente Conde Martín de Hijas
Secretaría Sr./Sra.: 702

S E N T E N C I A
TRIBUNAL SUPREMO.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: SÉPTIMA

Excmos. Sres.:
Presidente:



D. José Manuel Sieira Míguez
Magistrados:
D. Juan José González Rivas

D. Nicolás Maurandi Guillén

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

D. Octavio Juan Herrero Pina

D. Luis Mª Díez-Picazo Giménez

D. José Díaz Delgado

D. Juan Carlos Trillo Alonso

D. Vicente Conde Martín de Hijas



En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil doce.

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 002/197/2010 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Ortega Agudelo, en nombre y representación de don José Antonio Martín Martín, contra el Acuerdo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 22 de abril de 2010, por el que se impone al recurrente, en el Expediente Disciplinario 7/2006, la sanción de separación de la Carrera Judicial, como autor responsable de cuatro faltas muy graves del artículo 417 de la LOPJ; posteriormente ampliado contra el Acuerdo, de la Comisión Permanente, de fecha 27 de abril de 2010, por el que se inadmite el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Martín Martín contra el Acuerdo, número DIECINUEVE, de la Comisión Disciplinaria, por el que se prorrogó, por tres meses más, el plazo del artículo 425.6 de la LOPJ, para resolver el expediente, y, contra el Acuerdo, del Pleno, de fecha 19 de mayo de 2010, por el que, aceptando la propuesta número 112 de la Comisión Permanente, se resuelve dejar sin efecto el acuerdo adoptado por dicha Comisión, en fecha 26 de enero de 2010, por el que se declaró la jubilación forzosa por edad del actual recurrente, con efectos de 5 de mayo de 2010, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Ha sido parte el Consejo General del Poder Judicial, representado por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Doña María Dolores Ortega Agudelo mediante escrito con sello de entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo de 28 de abril de 2010 interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 22 de abril de 2010, por el que se impone al recurrente, en el Expediente Disciplinario 7/2006, la sanción de separación de la Carrera Judicial, como autor responsable de cuatro faltas muy graves del artículo 417 de la LOPJ.
SEGUNDO.- Por providencia de 3 de mayo de 2010, se tuvo por personado y parte al recurrente, se admitió a trámite el recurso interpuesto y se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción.
TERCERO.- Recibido el expediente administrativo, por providencia de 24 de mayo de 2010 se concedió el oportuno traslado al recurrente para que dedujera la demanda. Mediante escrito presentado el 19 día mayo de 2010, la Procuradora Sra. Ortega Agudelo suplica a la Sala la ampliación del recurso contencioso-administrativo a la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2010, por el que se inadmite el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Martín Martín contra el Acuerdo, número DIECINUEVE, de la Comisión Disciplinaria, por el que se prorrogó, por tres meses más, el plazo del artículo 425.6 de la LOPJ para resolver el expediente, quedando suspendido el curso de este procedimiento hasta la resolución de dicha cuestión.
Posteriormente, mediante escrito con sello de entrada en el Registro de este Tribunal de fecha 16 de junio de 2010, se solicita una nueva ampliación del recurso a la resolución número Dieciséis del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 19 de mayo de 2010, que ratifica el acuerdo número 112º de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2010 , por el que se resuelve dejar sin efecto el acuerdo adoptado por dicha Comisión, en fecha 26 de enero de 2010, por el que se declaró la jubilación forzosa por edad del actual recurrente, con efectos de 5 de mayo de 2010, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por providencia de 19 de Julio de 2010, se tiene por ampliado el presente recurso contencioso-administrativo con respecto a la última solicitud del recurrente.
Por providencia de 16 de septiembre de 2010 se acuerda la entrega del expediente administrativo a la Procuradora Sra. Ortega Agudelo a fin de que formalice la demanda, interponiendo la parte recurso de súplica contra dicha providencia. Admitido este, por providencia de 30 de septiembre de 2010 se suspende nuevamente el plazo concedido para la formalización. Una vez recibidas las actuaciones, por providencia de 15 de diciembre de 2010, se hace entrega de las mismas a la Procuradora Sra. Ortega para que formalice su demanda, trámite evacuado por el recurrente mediante escrito con sello de entrada de 18 de enero de 2011, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, solicitó a la Sala que dictara sentencia:
« (…) por la que estimando el recurso declare que son contrarias al ordenamiento jurídico todas las resoluciones administrativas impugnadas y, en su consecuencia, procede ser anuladas y dejadas sin efecto, declarando que el Magistrado recurrente debe ser restablecido en todos sus derechos administrativos y estatutarios. (…)
OTROSÍ DIGO: Que la cuantía del presente recurso contencioso- administrativo es indeterminada. (…).
SEGUNDO OTROSÍ DIGO.- Que solicito el recibimiento del recurso a prueba (…).
CUARTO OTROSÍ DIGO.- Solicito, para en su momento, el trámite de conclusiones escritas (…)».
CUARTO.- El Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 18 de marzo de 2011, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó a la Sala:
«(…) dicte sentencia que desestime el recurso por ser la resolución recurrida conforme a Derecho».
QUINTO.- Por Auto de fecha 7 de abril de 2011 se acordó recibir a prueba el recurso, practicándose aquéllas que, propuestas por las partes, resultaron admitidas, con el resultado que obra en autos.
SEXTO.- Conclusas las actuaciones, por diligencia de ordenación de 27 de diciembre de 2011 se señaló para votación y fallo el día 25 de enero de 2012. Constatándose durante la deliberación la falta de actuaciones del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 19 de mayo de 2010, se acuerda reclamar al Consejo General del Poder Judicial el expediente administrativo correspondiente. Se señala nuevamente para votación y fallo el día 28 de marzo de 2012.
SEPTIMO.- Producido un empate en la deliberación del recurso, se acordo formar Sala de Discordia, designando para integrar ésta a los Magistrados Excmos. Sres. Don Octavio Juan Herrero Pina, D. Luis María Díez-Picazo Giménez y D. Juan Carlos Trillo Alonso, señalándose para nueva deliberación el día 25 de abril de 2012, en cuyo acto tuvo lugar. Al no conformarse el Ponente con el acuerdo mayoritario, conforme al art. 206 de la LOPJ, declinó la redacción de la ponencia, anunciando el correspondiente voto particular, nombrándose nuevo Ponente al Exmo. Sr. Don Vicente Conde Martín de Hijas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. VICENTE CONDE MARTÍN DE HIJAS, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de los siguientes Acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial:
1) Acuerdo, del Pleno, de fecha 22 de abril de 2010, por el que se impone al recurrente Ilmo. Sr. Don José Antonio Martín Martín, Presidente de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la sanción de separación de la Carrera Judicial, como autor de cuatro faltas muy graves del artículo 417 de la LOPJ [una del artículo 417.8 (inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre causa para ello); dos del artículo 417.6 (ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de Magistrado) y otra del artículo 417.4 (intromisión en el ejercicio de la potestad de jurisdicción de otro Juez o Magistrado)].
2) Acuerdo, de la Comisión Permanente, de fecha 27 de abril de 2010, por el que se inadmite el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Martín Martín contra el Acuerdo, número DIECINUEVE, de la Comisión Disciplinaria, por el que se ordenó al Instructor- Delegado del expediente disciplinario que formulara nueva propuesta de resolución teniendo en cuenta los pronunciamientos de la sentencia penal y se prorrogó, por tres meses más, el plazo del artículo 425.6 de la LOPJ, para resolver el expediente; y,
3) Acuerdo, del Pleno, de fecha 19 de mayo de 2010, por el que, aceptando la propuesta número 112 de la Comisión Permanente, resuelve dejar sin efecto el acuerdo adoptado por dicha Comisión, en fecha 26 de enero de 2010, por el que se declaró la jubilación forzosa por edad del actual recurrente, con efectos de 5 de mayo de 2010, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Para la adecuada decisión del presente recurso en función de los motivos de impugnación de las resoluciones recurridas, es necesario comenzar concretando con la adecuada precisión los contenidos más significativos del Expediente Disciplinario y de las paralelas Actuaciones Administrativas, en los términos que siguen:
1º) El expediente disciplinario seguido contra Don José Antonio Martín Martín, Presidente a la sazón de la Audiencia Provincial de Las Palmas, tiene como antecedente una causa penal, incoada por Auto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de enero de 2006, y dictado a su vez en virtud de exposición razonada de 3 de enero de 2006 elevada a dicha Sala por el Juez de Instrucción nº 7 de Las Palmas, basada en que en el curso de una instrucción penal se habían descubierto determinados hechos, que el instructor referido consideraba posiblemente delictivos, referentes a la conducta del citado Presidente de la Audiencia Provincial, y respecto del que el Instructor entendía que carecía de competencia para la instrucción de las correspondientes diligencia penales.
El conocimiento de la conducta del referido Presidente de la Audiencia Provincial, a la que el citado Juez Instructor se refería en la exposición razonada elevada a la Sala de lo Penal, lo había obtenido, según se relata con todo lujo de detalles en el precitado auto de 15 de diciembre de 2005, en el curso de unas Diligencias Previas (D.P. 1403/2005) seguidas en relación con una posible trama delictiva encaminada a conseguir de forma fraudulenta la adjudicación de un concurso público para la asignación de energía eólica, convocado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en cuyas diligencias previas se haría acordado por auto de 15 de abril de 2005 la intervención del teléfono y la grabación de uno de los investigados de las conversaciones. En el curso de esa intervención se vino en conocimiento de conversaciones que, sin tener relación con los hechos que dieron lugar a la incoación de las diligencias, revelaban que el investigado por los hechos objeto de esas diligencias “podría estar realizando una serie de conductas constitutivas de otra infracción criminal distinta de la investigada en las diligencias, respecto de la cual no existía la conexión regulada en los arts. 17 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr)”. Ante esa revelación el instructor dictó Auto de fecha 11 de mayo de 2005, ordenando “incoar el correspondiente ramo separado de investigación” de los nuevos hechos, encabezado con testimonio de dicho auto, del escrito policial por el que se daba cuenta de los nuevos hechos a investigar, en unión de las conversaciones transcritas y de las cintas de seguridad aportadas. En ese nuevo “ramo separado de investigación” se acordó por Auto de 11 de mayo de 2005 la ampliación de las escuchas telefónicas, a efectos de la investigación del nuevo delito, dictando sucesivas resoluciones: de prórroga de la intervención telefónica antes acordada de 6 de Junio de 2005; de 16 de junio de 2005 de intervención telefónica de otro investigado; de 14 de julio de 2005 de prórroga de la intervención del segundo; de 4 de agosto de 2005 de nueva prórroga de la intervención del primero; de 11 de agosto de 2005 de nueva prórroga de la intervención del segundo; de 1 de septiembre de 2005 de nueva prórroga de la intervención del primero; de 7 de septiembre de 2005 de nueva prórroga de la intervención del segundo; de 29 de septiembre de 2005 de prórroga de la intervención del primero; de 7 de octubre de 2005 de prórroga de la intervención del segundo; de 27 de octubre de 2005, de prórroga de la intervención del primero; de 3 de noviembre de 2005 de prórroga de la intervención del segundo.
Es al final de toda esa cadena de intervenciones telefónicas, cuyo resultado informativo se resalta con todo detalle en los Fundamentos del Auto de 15 de diciembre de 2005, cuando el instructor de las D.P. 1403/2005, en las que se habían acordado, eleva la exposición razonada antes indicada, y cuando la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias por Auto de 17 de enero de 2006 (Folios 2 y 3 de las Actuaciones Administrativas) acuerda la incoación de diligencias previas referidas a la conducta del Presidente de la Audiencia Provincial, Don José Antonio Martín Martín, y la comunicación del Auto al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Servicio de Inspección del mismo.
2º) Recibida por el Consejo General del Poder Judicial la comunicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de incoación de diligencias penales contra el a la sazón Presidente de la Audiencia Provincia, por acuerdo de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial de 18 de enero de 2006 (Folios 12 y 13 de las Actuaciones Administrativas) se ordena «la apertura por parte del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, de DILIGENCIAS INFORMATIVAS, para el esclarecimiento de las circunstancias de índole disciplinaria que hayan podido concurrir en la incoación de las Diligencias Previas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra Don José Antonio Martín Martín, Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas», cuyas diligencias llevan el número 7/2002.
3º) Por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 19 de enero de 2006 (folio 27 de las Actuaciones Administrativas), adoptado por razones de urgencia, se suspendió provisionalmente en sus funciones al Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acuerdo ratificado por el Pleno en su reunión de 25 de enero de 2006 (folio 26 de las Actuaciones Administrativas).
4º) Con fecha 9 de febrero de 2006 (folios 59 a 80 las Actuaciones Administrativas) el Servicio de Inspección emite informe-propuesta en las Diligencias Informativas, proponiendo la incoación de expediente Disciplinario al Ilmo. Sr. Don José Antonio Martín Martín, Presidente de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria y Presidente de la Sección Primera, en cuyo informe se contiene un amplio relato de Antecedentes y un minucioso relato de “Hechos”, en el que se expone el contenido de las diversas conversaciones telefónicas que se habían intervenido en las Diligencias Previas 1403/2005 y de las que, según se ha dicho ya, daba cuenta el Auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de 15 de diciembre de 2005.
5º) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 15 de febrero de 2006 (folio 81 de las Actuaciones Administrativas) adoptó el acuerdo de iniciar expediente disciplinario numerado con el nº 7/2006, al Magistrado Sr. Don José Antonio Martín Martín por la posible comisión de tres posibles faltas: una falta muy grave prevista en el artículo 417.8 de la LOPJ, de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, otra falta muy grave del artículo 417.6 de la referida Ley, por el presunto ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Juez o Magistrado, en relación con el artículo 389.7 del mismo texto legal, y otra falta muy grave del artículo 417.4 de la expresada Ley, de intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado.
El referido acuerdo fue notificado el propio día 15 de febrero al instructor nombrado y al interesado.
6º) Con fecha 17 de marzo de 2006 el instructor del expediente disciplinario acordó la práctica de las diligencias de audiencia del expedientado y de cuatro testigos: tres Magistrados de la Sección 1º de la Audiencia Provincial de Las Palmas y un Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, señalando al efecto el día 29 de marzo.
El 24 de marzo de 2006 el expedientado presentó escrito ante el Instructor, ampliamente razonado (Folios 148 a 166 del Expediente). En él, como cuestión previa a las comparecencias señaladas, y partiendo de la base de la simultánea tramitación de unas diligencias penales por los mismos hechos objeto del expediente disciplinario, y en relación con ellas del Auto de 15 de diciembre de 2005, en el que se relataba el contenido de las conversaciones telefónicas captadas en la intervención del teléfono de otra persona, cuya utilización calificaba como vulneradoras de sus derechos fundamentales garantizados por el Art. 18.1 y 3 CE, acababa suplicando la suspensión de las referidas diligencias, y que el Instructor declarase la ilegalidad de las intervenciones telefónicas acordadas por el Juez de Instrucción Número 7 de Las Palmas, y su nulidad apartándolas del expediente.
El escrito contiene una crítica de las intervenciones telefónicas, basada sustancialmente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con las deficiencias del Art. 579 LECr y la del Tribunal Constitucional, en especial en cuanto a este de sus Sentencias 184/2003 de 23 de octubre, 49/1999, de 5 de abril, así como diversas Sentencias y Autos de la Sala Segunda de este Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de junio de 1993, Autos de 10 de junio de 1991 y de 18 de junio de 1992.
De la argumentación del escrito debe dejarse aquí constancia de dos extremos:
a) Que la utilización de las conversaciones del expedientado, respecto a quien no se había acordado la intervención de su teléfono, captadas en la intervención acordada del teléfono de otra persona, que era respecto a quién se seguían las diligencias penales, en cuyo curso se acordó la intervención, vulneraba su derecho fundamental del Art. 18.1 y 3 CE, pues, para poder utilizar en el proceso penal seguido contra él sus conversaciones telefónicas, era preciso, en su caso, que se hubiese acordado por auto judicial la intervención de su propio teléfono, lo que no había tenido lugar; de modo que sus conversaciones captadas en la intervención de otro interlocutor estaban protegidas por el Art. 18 CE.

b) Que desde el momento en que en la intervención telefónica acordada por el Juez de Instrucción nº 7 de Las Palmas apareció el nombre del Presidente de la Audiencia Provincial, lo realmente investigado por medio de la misma, aunque de modo indirecto, era una actuación delictiva de un aforado, para la que carecía de competencia, pues ésta correspondía a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, por lo que la actuación del Juez de Instrucción era nula de pleno derecho.
Por acuerdo del Instructor del Expediente de 24 de marzo de 2006 se declaró no haber lugar a la suspensión de las declaraciones, sin perjuicio de que acerca de la cuestión de fondo se dictase en su momento, oído el Fiscal, la resolución procedente (Folio 166).
7º) En la declaración del expedientado el día 29 de marzo de 2006 (Folios 185 a 187) comenzó reiterando la protesta que había hecho su letrado en las declaraciones de los testigos por impedirle al interesado su presencia en ellas, lo que estimaba que restringía su derecho de defensa, y se excusaba de la prestación de declaración con la alegación siguiente:
«Como este expediente disciplinario se deriva de unas actuaciones penales tal como se hizo constar en la notificación que le fue hecha en su día cuyas diligencias se encuentra [sic] en secreto y por consiguiente con el absoluto desconocimiento para el que declara considero que no puede [sic] esta declaración que se me pide hoy por estar totalmente indefenso y por tanto una vez que conozca esas diligencias en particular las escuchas telefónicas a que se alude en ellas estaré dispuesto a contestar todas y cada una de las preguntas que se me puedan hacer [sic], aunque desde ahora he de decir que en los 39 años de servicio activo que llevo es la primera vez que me veo en una situación de indefensión, que jamás he cometido delito alguno y ni falta disciplinaria y menos la que se nombra en los medios de comunicación y en este expediente»
8º) Por acuerdo del Instructor de 5 de abril de 2006 (Folios 193 a 195 del Expediente), de respuesta al escrito del expedientado de 24 de marzo, se rechazó la petición de declaración de ilegalidad de las intervenciones telefónicas, razonando acerca de la posibilidad de la simultánea tramitación del procedimiento disciplinario y del proceso penal con prioridad del orden jurisdiccional penal; el carácter vinculante de la declaración de hechos probados de la Sentencia de los Jueces o Tribunales del orden penal para la autoridad administrativa a la hora de dictar la resolución que ponga término al procedimiento sancionador; y que la petición del expedientado pretendía:
"invertir el orden natural de coordinación entre el procedimiento administrativo y el penal, al tratar de conseguir que una declaración acerca de la ilegalidad de determinadas pruebas dictadas en el procedimiento administrativo, pudiera tener efecto vinculante para la jurisdicción penal”, siendo “la Sala Civil y Penal del TSJ la única competente para efectuar un pronunciamiento de tal naturaleza, pronunciamiento que, en su caso, vinculará, en un futuro la actividad probatoria y la conclusión del presente procedimiento”.
A lo que se añade que “A mayor abundamiento, consta en el expediente mediante comunicación de 16 de marzo de 2006 de la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas 1/2006, que las mismas han sido declaradas secretas, denegando la solicitud de acceso que se le había efectuado, desconocimiento que nos impide efectuar ningún pronunciamiento sobre unas escuchas cuyas circunstancias de obtención y contenido se desconocen en este momento”.
9º) El 4 de mayo de 2006 el Instructor del expediente disciplinario adoptó el acuerdo (Folio 208) de “elevar a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial propuesta para que, si a bien lo tiene, proceda a dictar resolución acordando la suspensión o paralización del presente procedimiento, hasta tanto por la Sra. Instructora de la causa penal se proceda a levantar el secreto de las actuaciones”.
En la fundamentación de su acuerdo el Instructor, tras referirse a las Diligencias Previas seguidas por los mismos hechos incoadas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se razona la necesidad de examinar las pruebas incorporadas a dichas diligencias, en los siguientes términos:
«…diligencias a las que se incorporaron distintos medios probatorios a los que se refiere el Auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas y cuyo conocimiento por este Instructor resultan del todo imprescindibles para culminar con pleno conocimiento de la totalidad de los hechos la instrucción encomendada”.
Mediante Acuerdo de fecha 8 de marzo de 2006, se solicitó de la Sala Civil y Penal información sobre el estado de la tramitación del procedimiento penal, al tiempo que, para el caso de que las actuaciones hubieran sido declaradas secretas, se solicitaba de la Instructora de la causa, se permitiera el acceso a la misma, solicitud que fue desestimada mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2006”.
/…
En el momento presente y dado que las diligencias penales continúan declaradas secretas, resulta imposible continuar con la instrucción del presente procedimiento, dado que el conocimiento de las grabaciones telefónicas, cuya transcendencia probatoria se acredita incluso por las propias alegaciones del interesado formuladas mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2006, resulta imprescindibles para continuar la investigación de los hechos y la instrucción del procedimiento».
Tras una alusión a la Sentencia del Pleno de esta Sala 3ª del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2006, que, en el decir del Instructor, “ha venido a establecer una novedosa doctrina en materia de caducidad en los procedimientos disciplinarios”, y una reproducción selectiva de pasajes de dicha sentencia razona el Instructor:
«Consecuentemente con la anterior doctrina y al objeto de impedir la concurrencia de una posible caducidad del presente procedimiento se considera que en el presente expediente concurren “razones excepcionales”, que aconsejan proceder a la paralización del mismo, hasta tanto se proceda a levantar el secreto de las actuaciones penales. Si la caducidad es una forma de terminación del procedimiento provocada por la inactividad administrativa, resulta obvio que en este caso nos encontramos ante un claro supuesto de imposibilidad material y legal de continuar, por el momento, con la instrucción».
Tal acuerdo fue inmediatamente comunicado a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. En la reunión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial celebrada el día 10 de mayo de 2006 (Folio 225 del Expediente), en contestación a la comunicación del Instructor indicada en el número anterior, se adoptó el acuerdo de “suspender la tramitación de dicho expediente hasta que se levante el secreto de las actuaciones judiciales”, “en aplicación extensiva de lo establecido en el artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
10º) El día 14 de junio de 2006 la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas seguidas contra Don José Antonio Martín Martín dirigió comunicación (Folio 232 del Expediente) al Instructor del expediente disciplinario, adjuntándole copia del Auto de levantamiento del secreto de las actuaciones (Folio 233).
Recibida dicha comunicación, el 19 de Junio de 2006 el Instructor acordó levantar la suspensión del procedimiento disciplinario (Folio 234).
A continuación el 21 de junio de 2006, el Instructor del expediente disciplinario dictó acuerdo (Folio 242 del Expediente) ordenando la práctica de diligencias consistentes en: a) solicitar de la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas el envío de testimonio de las transcripciones de las conversaciones telefónicas a que se hace referencia en el Auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de 15 de diciembre de 2005; b) la toma de declaración del expedientado y de un testigo, señalándose para estos últimos respectivamente las fechas de 4 y 5 de julio.
La Instructora de las Diligencias Previas por acuerdo de 21 de junio de 2006 (Folio 241) remitió al Instructor del expediente disciplinario las copias de las transcripciones de las conversaciones telefónicas a que se hace referencia en el Auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria de 15 de diciembre de 2005.
Tales copias fueron remitidas por la Instructora de las Diligencias Previas y obran unidas al expediente disciplinario (Folios 285 a 304).
11º) El día 4 de julio de 2006 el expedientado presentó escrito ante el Instructor del expediente (Folios 269 y 270). En él partía de la referencia a su anterior escrito de 24 de marzo y a la respuesta del Instructor al mismo, en la que éste afirmaba su falta de competencia para conocer de la alegada ilegalidad de la intervención de las comunicaciones telefónicas. Se refería asimismo al Auto dictado por la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas, en el que, respecto al mismo planteamiento de ilegalidad de dicha intervención, se sostenía que no era el momento de entrar a discutir tal cuestión, con acompañamiento al efecto de copia del Auto y del recurso de apelación contra él. Sobre la base de esas referencias el expedientado afirmaba:
«La continuación de la investigación y la instrucción del procedimiento basado exclusivamente sobre un principio de prueba reputado ilegal no satisface en absoluto el deber de defensa de los derechos fundamentales que incumbe al Juez (al instructor del expediente) por exigencia del artículo 7.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El creer o no creer en la seriedad y rigor de esta exigencia determinará, naturalmente, el resultado del expediente. Mas, si se tiene en cuenta que la unánime jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional, supletoria de la ausencia de Ley reguladora de las escuchas, cuya falta aparece recriminada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en todas sus resoluciones, tiene unánimemente establecido que la violencia de los derechos fundamentales declarados en el artículo 18.3 de la CE solo es admisible para la investigación de los delitos graves, en ningún caso para la averiguación de pretendidas infracciones disciplinarias».
El escrito culmina con lo siguiente:
«SUPLICO A V.E. que, habiendo por presentado este escrito con los documentos adjuntos y sus copias, se sirva admitirlo, acordando la suspensión de la tramitación del expediente en tanto no haya sido resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la legalidad y validez de las escuchas telefónicas, de las que derivan todas otras cuantas pruebas se quieran practicar…».
En la declaración prestada por el expedientado ante la Instructora del expediente el propio día 4 de julio (Folios 266 y 267), aquél hace las siguientes manifestaciones:
«El compareciente manifiesta que hace uso de su derecho a no declarar por las razones expuestas en el escrito presentado precedentemente queriendo no obstante efectuar las siguientes manifestaciones:
Que aunque nadie está mas deseoso que yo en la finalización de los procedimientos existentes contra el mismo y restar [sic] la máxima colaboración frente a cuanto al desprestigio de su persona y aún actuación profesional durante casi cuarenta años se ha publicado y difundido, tiene que ser consecuente en uso de su derecho de defensa con lo que ya expresó a la propia Magistrada que instruye las diligencias previas respecto a que ha de ser resuelta la nulidad que ha planteado por violación de derechos fundamentales como son el secreto de sus comunicaciones en la intimidad y el honor, y hasta la presunción de inocencia, además de violarse durante ocho meses su condición de aforado actuando un Juez que no tenía compendia [sic] para ello, tal nulidad la solicito también al Sra. [sic] Instructor del presente expediente disciplinario quien resolvió remitiéndonos a la vía jurisdiccional, cuya vía ha resuelto que aun no es el momento de enfrentarse a tal cuestión, estando pendiente el recurso de apelación contra dicha resolución conforme acredita con los documentos que por copia se acompañan, entendiendo con todo ello que aunque lamenta no poder dar ocasión a esclarecer los hechos y que además es la segunda vez por existir entonces el secreto de las actuaciones como he dicho se acoge al derecho constitucionalmente [sic] le corresponde para no prestar declaración aún en este momento».
12º) El propio día 4 de julio de 2006 (Folio 336) el Instructor del expediente comparece ante la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas seguidas contra Don José Antonio Martín Martín “al objeto de solicitar se le facilite copia de las declaraciones prestadas por los 3 imputados así como por el testigo D. Mario Martín Fuentes en las presentes diligencias previas 1/06, y copia de los CDs en los que se recogen dichas declaraciones”. “Por la Magistrada Instructora se acuerda proceder a la entrega de lo solicitado”. Obran en el expediente las copias referidas (Folios 343 a 397).
Por acuerdo del Instructor del mismo día 4 de julio de 2006 entre otras diligencias se acuerda “solicitar de la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas 1/2006 testimonio de los siguientes folios del informe emitido por la Agencia Tributaria que figura como anexados, folios 1,1316 y 18 del tomo uno y folios 11 al 26 ambos incluidos del tomo dos”; cuyos testimonios le fueron remitidos por la Secretario Judicial de la Sala el día 5 de julio y obran en el expediente (Folios 446 a 469).
13º) El Instructor formuló pliego de cargos sin fecha (folios 472 a 510 del expediente), que le fue notificado al expedientado el 18 de Julio de 2006. Dicho Pliego se estructura en tres capítulos referidos respectivamente a “ANTECEDENTES”, “HECHOS PROBADOS” y “CONSIDERACIONES JURÍDICAS”. A su vez, el capítulo de “HECHOS PROBADOS”, se subdivide en tres apartados referidos respectivamente a “HECHOS RELATIVOS A LAS INCIDENCIAS PROCESALES EN LAS SOLICITUDES DE PUESTA EN LIBERTAD DE DON RAFAEL BORNIA BORDÓN” , “HECHOS PROBADOS EN RELACIÓN CON LAS “GESTIONES” REALIZADAS POR DON JULIO BORNIA BORDÓN Y DON WILEBALDO LUIS YAÑEZ”. Es destacable en el primer subapartado del relato de hechos probados, la alusión, como soporte probatorio, a las declaraciones de los Magistrados respecto de las deliberaciones en que habían intervenido en el ejercicio de su jurisdicción, que, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 233 LOPJ, son secretas y en el segundo subapartado su reiterada referencia, como soporte probatorio, a las conversaciones telefónicas intervenidas con autorización judicial en las Diligencias Previas nº 1403/2005 del Juzgado de Instrucción nº 7 de las Palmas de Gran Canaria.
En el tercer apartado de “Consideraciones Jurídicas” se razona extensamente la existencia, a juicio del Instructor de una primera falta muy grave del Art. 417.8 LOPJ; dos faltas muy graves del Art. 417.6 LOPJ: la primera, en relación con e Art. 389.7 LOPJ y la segunda en relación con el Art. 389.9 LOPJ, y una cuarta falta muy grave del Art. 417.4 LOPJ. En ese apartado de consideraciones jurídicas se reitera, como elemento clave de la argumentación en lo referente a la primera y segunda de las faltas, la alusión a las conversaciones telefónicas intervenidas.
Finalmente el pliego de cargos culmina con una minuciosa argumentación respecto a la sanción a imponer, proponiendo como tal, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 420.1.e) de la LOPJ, la de separación de la carrera.
14º) En su pliego de descargos, fechado el 26 de julio de 2006 (Folios 526 a 543 del expediente), el expedientado opone en su extensa argumentación consideraciones críticas de rechazo de las del pliego de cargos, del que hace una glosa en una sistematización en paralelo a la del pliego de cargos.
De la argumentación del pliego de descargos se puede destacar la contenida en los apartados Primero y Décimo. En el Primero el expedientado, en un tono crítico, refiere su sorpresa ante determinados elementos de la tramitación del expediente, entre ellos: «por la publicidad despreocupada de actuaciones formalmente declaradas secretas: por la tolerancia frente al allanamiento de principios que siempre entendimos sagrados, como el de independencia judicial (arts. 12, 13 y 14 LOPJ) y el del secreto de las deliberaciones –Art. 223 LOPJ y 159 LECr-; por el abandono del deber de tutelar, de modo íntegro y eficaz, los derechos fundamentales de las personas –Art. 7.1 de la LOPJ…». Y en el Décimo el expedientado aborda la cuestión de la validez como prueba de las escuchas telefónicas, aludiendo al respecto a su precedente escrito de 24 de marzo de 2006, en que solicitaba al Instructor su declaración de ilegalidad al Acuerdo de respuesta del Instructor de 5 de Abril de 2006, argumentado al respecto:
«Podré entender que V.E. no se sintiera autorizado a resolver sobre la legalidad de las escuchas; pero si viene obligado a plantear la cuestión tanto por que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder judicial –la misma que regula el procedimiento sancionador que se me aplica- señala que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertadas fundamentales”, como porque el artículo 62.1 de la LEY 30/1009 dispone que “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) los que lesiones los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”»

15º) Por acuerdo del instructor de 25 de agosto de 2006 (folio 566 del Expediente) este se pronunció sobre la petición de prueba solicitada por el expedientado en su escrito de alegaciones de descargo, entre ellas la reclamación de copias de las declaraciones testificales obrantes en las Diligencias Previas 1/2006, a lo que se accedió, así como de escritos de abstención presentados por los Magistrados Doña María Oliva Morillo Ballesteros, Don José Luis Goizueta Adame y Don Emilio Moya Valdes en la causa que se sigue contra Don Rafael Bornio Bordo, librándose las correspondientes comunicaciones a la Magistrada Instructora de las Diligencias Previas 1/2006 y al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cuanto a las segundas, expidiéndose la documentación pedida, que obra unida al expediente (Folios 580 a 614 del Expediente)
16º) Por acuerdo del Instructor de 6 de septiembre de 2006 (folio 617 del Expediente) se dio traslado al Ministerio Fiscal para el preceptivo trámite de audiencia antes de dictar la pertinente propuesta de resolución, trámite evacuado por el Ministerio Fiscal por escrito de 8 de septiembre de 2006 (Folios 627 a 637 del Expediente), en el que, tras hacer un relato de los hechos imputados al expedientado, consideraba que los mismos eran constitutivos de una falta muy grave del Art. 417.8 LOPJ, de dos faltas muy graves del Art. 417.6º LOPJ, la primera en relación con el apartado 7 del Art. 389 LOPJ y la segunda en relación con el apartado 9º del Art. 389 LOPJ, y de una falta muy grave del Art. 417.4 LOPJ, estimando como sanción idónea, adecuada y proporcionada, con arreglo al Art. 420. LOPJ, la sanción de separación de servicio.
17º) El 11 de septiembre de 2006 el Instructor del expediente disciplinario adoptó acuerdo (Folios 638 a 641 del Expediente), fechado en Santander, en el que, tras razonar sobre la duración de los procedimientos sancionadores, la aplicación a ellos de la caducidad y la posibilidad de “suspensión del procedimiento por causas excepcionales y de la prolongación del plazo por idénticas razones”, (apartados 1º, 2º, 3º) argumentaba:
«Cuarto: En el presente procedimiento, el acuerdo de iniciación del expediente se produce en fecha 15 de febrero de 2006, de lo que se deduce que el plazo de seis meses debía concluir en fecha 15 de agosto de dicho año. No obstante y atendiendo a las especiales circunstancias concurrentes en este expediente, en fecha 4 de mayo de 2006 se dictó Acuerdo proponiendo al CGPJ la suspensión o paralización del procedimiento hasta que por la Sra. Instructora de la causa penal se procediera a levantar el secreto de las actuaciones. La Comisión Disciplinaria dictó acuerdo de fecha 10 de mayo de 2006, ordenando al amparo del Art. 415.2 LOPJ la paralización de la tramitación del citado expediente, paralización que se extiende hasta el 19 de junio de 2006, una vez remitido el Auto de fecha 8 de junio de 2006, recaído en los D.P. 1/2006 de la Sala Civil y Penal del TSJ de Canarias. Consecuentemente el plazo de caducidad de seis meses, una vez descontados los días de paralización concluiría el día 22 de septiembre de los corrientes.»
«Quinto: Dado el estado en que se encuentra el presente procedimiento, trámite de audiencia del Ministerio Fiscal previo al dictado de la propuesta de resolución y los trámites que restan por realizar, este Instructor Delegado a la vista de la doctrina jurisprudencial antes expuesta y al objeto de evitar la posible caducidad del procedimiento, interesa a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que proceda a prorrogar el plazo de tramitación, atendiendo a las siguientes circunstancias excepcionales concurrentes en el presente supuesto…».
Como tales circunstancias excepcionales se aducen:
a) la simultánea pendencia del proceso penal por los mismos hechos, la necesidad de acceder a ellos y el retraso en el acceso a esas pruebas hasta que se levantó por la Magistrada el secreto de las mismas;
b) la distancia entre el lugar de destino del Instructor y la residencia del expedientado, con las dificultades de ello derivadas.
c) el retraso en la remisión del Instructor del pliego de descargos.
Y se concluía:
«Por lo expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 425.6 LOPJ a los efectos de evitar una posible caducidad del presente expediente, pongo en conocimiento de la Comisión Disciplinaria del CGPJ la necesidad de prorrogar el plazo para la culminación de la tramitación del mismo, una vez concluye el plazo máximo de seis meses legalmente previsto, reiterando cada 10 días tal solicitud de prórroga, caso de que las circunstancias concurrentes así lo hagan conveniente».
Dicho acuerdo no consta notificado al expedientado.
18º) El 12 de septiembre de 2006 el Instructor del expediente formuló propuesta de resolución (Folios 648 a 700 del expediente). Dicha propuesta, tanto en su sistematización, como en el contenido de sus distintos apartados, es casi una literal reproducción de los correlativos apartados del pliego de cargos, pudiendo por ello dar aquí por reproducidos por remisión, tanto al relato como a las observaciones que hemos hecho en el número 13 aunque ahora trasladas a la propuesta de resolución.
19º) La Comisión Disciplinaria en su reunión de 13 de septiembre (Folio 717 expediente) acordó: «Quedar enterada la Comisión Disciplinaria de la comunicación, vía fax, remitida por el Instructor Delegado del Expediente Disciplinario incoado al Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN MARTÍN, por su actuación como Presidente de la Sección 1º de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que, conforme a lo establecido en el artículo 425.6 de la Ley Orgánica del poder Judicial, da cuenta del estado de tramitación del mismo y, a la vista de las especiales particularidades concurrentes, prolongar el plazo de duración del referido expediente, en los términos previstos en el mencionado artículo 425.6, atendiendo a las siguientes circunstancias puestas de manifiesto en [sic] el propio Instructor: a) …». Dicho Acuerdo le fue remitido al Instructor a su destino oficial de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con fecha de salida del Consejo General del Poder Judicial de 21 de septiembre de 2006, y fue recibido por éste el 22 siguiente.
No consta en el Expediente que ni por la Comisión Disciplinaria, ni por el Instructor le fuese comunicado al expedientado el acuerdo de prolongación de la tramitación del expediente, acuerdo que, por otra parte, no indica cuál fuera el plazo de la prolongación.
20º) Por escrito fechado el 20 de septiembre de 2006, con entrada en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial de 26 de septiembre, el expedientado, Don José Antonio Martín Martín, formuló sus alegaciones respecto a la propuesta de resolución del Instructor (Folios 723 a 730 del Expediente). Las alegaciones Primera a Cuarta inclusive consisten esencialmente en una crítica extensa y razonada de la objetividad del Instructor en la elaboración de los hechos probados de su propuesta.
La alegación Quinta se refiere a la respuesta del Instructor en su acuerdo de 5 de abril (del que hemos hecho amplia referencia en el apartado 8 anterior), a la petición del expedientado de declaración de la ilegalidad de las escuchas telefónicas, que el expedientado considera la prueba fundamental de los hechos que se le imputan, junto al interrogatorio de los testigos, aduciendo el expedientado que podría entender
«que V.E. no se sintiera autorizado a resolver sobre la legalidad de las escuchas, pero si viene ahora obligado a plantear la cuestión tanto porque el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –la misma que regula el procedimiento sancionador que se me aplica- señala que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violando los derechos o libertades fundamentales”, como porque el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 dispone que “los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”. A lo que añade que «en todo caso, ni la Constitución, ni el Texto del Tratado Europeo de Derechos Humanos, ni el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni el artículo 62.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo autorizan el uso de escuchas telefónicas para expedientes administrativos de cualquier clase, toda vez que el derecho fundamental del artículo 18.3 de la CE solo puede ceder, bajo precisas y determinadas garantías judiciales frente a delitos graves».
En la alegación Sexta, previa una nueva referencia al planteamiento, rechazado, de la declaración de ilegalidad de las escuchas telefónicas, al informe al respecto del Ministerio Fiscal, a la resolución sobre el particular del Instructor y a la nueva petición del expedientado, una vez levantado el secreto de las diligencias penales, de suspensión de «la tramitación del expediente sancionador hasta que no fuera resuelta por la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias la cuestión de la validez y legalidad de las escuchas», solicitud que, dice el expedientado, «no interesó a VE [el Instructor], que optó por, contradiciéndose, considerar legales y válidas dichas escuchas cuando, en ningún caso, podían servir como prueba en un expediente disciplinario, ya que solo son admisibles para la investigación de los delitos graves», se razona sobre la admisibilidad del expediente, a partir de la doctrina establecida en la Sentencia del Pleno de esta Sala de 27 de febrero de 2006.
Al respecto dice:
«sólo resta examinar si la suspensión acordada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 4 de mayo de 2006, en respuesta a su motivada solicitud [se entiende la del Instructor] de la misma fecha, da cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1991 [sic], de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para entender ajustado a derecho el acuerdo de ampliación del plazo. Y hecha la comparación, se vuelve evidente que la Comisión Disciplinaria aceptó su solicitud sin que se diera ninguna de las cuatro circunstancias del referido precepto, y sin que tampoco concurriera la anota [sic] de excepcionalidad previsto en el segundo párrafo del número 6 del mismo artículo.
Para una correcta interpretación del precepto habría que acudir al texto del artículo 62.1.a) de la misma Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto establece la nulidad de pleno derecho de los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. No puede, pues, que quepa duda sobre si el acto administrativo de tramitar y resolver un expediente sancionador se fundamenta o va a fundamentarse en pruebas contrarias al orden constitucional y obtenidos ilegítimamente, tanto por la disposición del precepto citado, como por la prohibición que impone el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la obligación que deriva para el Instructor Delegado, y para la Comisión Disciplinaria o para el Pleno del Consejo General del artículo 7.1 de la última citada norma, no se pudo legalmente acordar la suspensión a la espera de disponer materialmente de dichas pruebas ilegítimas. Por tanto, el acuerdo de suspensión, no solo no se atiene a los requisitos del artículo 42.5, sino que jamás podrá su razón recibir el calificativo de excepcional –en orden al cumplimiento de las leyes claro está-, por lo que no puede ser tenido en cuenta a los efectos del cómputo del tiempo para declarar caducado el expediente».
El escrito de alegaciones concluye con el siguiente:
«SUPLICO a V.E. que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por formulado en tiempo y forma alegaciones a la Propuesta de Resolución, elevándolas junto con el expediente disciplinario al Pleno del Consejo General del Poder Judicial para que, tras pronunciarse sobre la ilegalidad de las escuchas que conforman la integridad del expediente disciplinario y comprobado el transcurso del plazo establecido en el artículo 425.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para decretar la caducidad del expediente, acuerde su archivo, con alzamiento de todas las medidas adoptadas desde la primera resolución en que fue suspendido y devolución de los agravios económicos referidos, restituyéndome a las funciones judiciales de la sic] soy titular; en todo caso, declare la inexistencia de las faltas muy graves señaladas en la Propuesta de Resolución, ni ninguna otra, con las medidas y efectos anteriormente interesados…».
21º) Por acuerdo del Instructor de 28 de septiembre de 2006 (Folio 731 del expediente), se ordenó unir al expediente el escrito de alegaciones del expedientado y elevar el expediente a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial para la adopción de la correspondiente resolución.
El día 11 de octubre de 2006 (Folio 198 de las Actuaciones Administrativas) la Comisión Disciplinaria acordó quedar enterada de la remisión por el Instructor del Expediente Disciplinario y “aplazar la resolución del presente expediente disciplinario hasta que concluya la causa penal –Diligencias Previas nº 1403/2005, seguidas contra dicho Magistrado, por auto de 15 de diciembre de 2005- incoada por estos hechos en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias…”
22º) Por nuevo acuerdo de la Comisión Disciplinaria en su reunión de 28 de octubre de 2008 (Folio 211 de las Actuaciones Administrativas) además de decidir quedar enterada de la comunicación de la Magistrada Instructora de las precitadas Diligencia Previas, y de su transformación en Procedimiento Abreviado 1/08, acordando la apertura de juicio oral, se decidió «aplazar la resolución del presente expediente disciplinario… hasta que concluya la causa Penal en las Diligencias Previas nº1/06, Procedimiento Abreviado 1/08, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias…».
Sucesivamente se fué comunicando a la Comisión Disciplinaria, primero, el dictado de la sentencia dictada el 15 de abril de 2009 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que se condenaba al Iltmo. Sr. D. José Antonio Martín Martín “como autor criminalmente responsable de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios, previsto y penado en el artículo 441 del Código Penal (Folios 222 a 263 de las Actuaciones Administrativas); y después, de la Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de este Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2010, que estimó el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia antes referida, casándola y anulándola, y la consecuente sentencia absolutoria del delito de actividades prohibidas a los funcionarios.
Dicha Sentencia fue comunicada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial por la Secretaria Judicial de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 19 de febrero de 2010.
23º) En la reunión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 24 de febrero de 2010 se acordó quedar enterada de la Sentencia antes referida del Tribunal Supremo y «remitir al Instructor Delegado de este Expediente copia de dicha sentencia del Tribunal Supremo, en unión de las presentes actuaciones, para que, sobre la base de la declaración de hechos probados, contenidos en la referida sentencia, y atendiendo a los hechos que motivaron la incoación de este procedimiento formule, en su caso, una nueva propuesta de resoluciones, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del Magistrado expedientado; a cuyo fin se prolonga expresamente por tres meses la duración del expediente disciplinario de la referencia, en los términos contemplados en el artículo 425.6 de la expresada Ley Orgánica, como consecuencia de la circunstancia excepcional que ha supuesto la mencionada causa penal en la sustanciación de estas actuaciones». Dicho acuerdo le fue comunicado al expedientado el 8 de marzo de 2010.
24º) El 18 de marzo de 2010 el expedientado formuló escrito (Folios 342 y 343 de las Actuaciones Administrativas), depositado en correos el 20 de marzo y con sello de entrada en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 23, dirigido al Instructor del expediente, en el que con referencia a la propuesta de resolución formulada a la Comisión Disciplinaria (de la que no existe constancia ni en el Expediente, ni en las Actuaciones Administrativas), se integran los siguientes contenidos:
«a).- que se mantiene la petición de caducidad tal como ya se expuso...».
b).-…se ve en imperiosa necesidad de cuestionar su objetividad e imparcialidad [del Instructor, se entiende] invocando la causa de RECUSACIÓN prevista en el apartado c) en relación con el apartado a) ambas del número 2 del artículo 28 de la ley 30/1992..»..
c).- Se solicita, como cuestión a resolver con posterioridad a la planteada recusación… NULIDAD ABSOLUTA del procedimiento por las reiteradas situaciones de indefensión en que ha incurrido y que ahora se recrudecen con el rechazo de las pruebas practicadas en el juicio oral, altamente determinantes de la conceptuación de los hechos que han conducido al instructor disciplinario a sus nada imparciales imputaciones…».
Dicho escrito fue elevado a la Comisión Disciplinaria por Acuerdo del Instructor de 26 de marzo de 2010 (Folio 340 de las Actuaciones Administrativas).
25º) El expedientado por nuevo escrito de 20 de marzo de 2010, dirigido a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, con sello de entrada en este de 25 de marzo (Folios 354 a 368 de las Actuaciones Administrativas), interponía recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de 24 de febrero de 2010 (el indicado en el nº 23 anterior).
En sus cinco primeras consideraciones se razona acerca de la caducidad del expediente, pudiendo sintetizarse su argumentación en los siguientes términos:
- Iniciado el expediente el 15 de febrero de 2006, su caducidad debía producirse el 15 de agosto de 2006.

- El 4 de mayo de 2006 el Instructor interesó la suspensión o paralización del expediente hasta que por la Sra. Instructora de la causa penal se procediera a levantar el secreto de sumario, lo que tuvo lugar por Auto de 8 de junio de 2006, pese a lo cual el Instructor, en su escrito de 11 de septiembre de 2006, en que solicitó nueva suspensión, sostiene que la paralización se extiende hasta el 19 de junio de 2006, una vez recibido el Auto de fecha 8 de junio de 2006.

- Si la prórroga del plazo de tramitación del expediente se dispuso por acuerdo de 11 de octubre de 2006 y se le notificó al expedientado con posterioridad al 18 del mismo mes, tal acuerdo de prórroga se dictó cuando el expediente estaba caducado.

- Respecto a la afirmación del Instructor en el Antecedente 9º de su propuesta de resolución de 12 de marzo de 2010 [se insiste que tal propuesta no consta ni en el Expediente, ni en las Actuaciones Administrativas] de que la prórroga del plazo fue determinada por acuerdo de la Comisión Disciplinaria de 13 de septiembre, afirmación que el expedientado califica de aportación ex novo del Instructor, el expedientado sostiene que desconoce «la existencia de tal acuerdo, que jamás [le] fue notificado, y que supuestamente se produce de modo muy secreto y furtivo el último día del plazo máximo del expediente, por lo cual, por mucho que se corriera en la notificación, esta, de haberse podido hacer –a solo efectos discursivos- fue hecha fuera de plazo».
«Pero aún más, aceptando, también a puros efectos dialécticos, que la notificación del acuerdo de suspensión se hubiera efectuada el mismo día 13 de septiembre de 2006, y que, posteriormente, se reiterara la suspensión por el acuerdo de 11 de octubre de 2006, que dispone aplazar la resolución del presente expediente hasta que concluya la causa penal, es inconcuso que si la causa penal terminó por sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010, notificada a mi mandante el 10 de febrero siguiente volvieron a correr 20 días (20) días del plazo de caducidad desde dicha fecha hasta el día 3 de marzo de 2010, que es de la notificación del inicio del plazo para formular alegaciones conforme se dispone en el acuerdo de esa Comisión de 24 de febrero que (…) [le] fue posteriormente notificada en 3 de los corrientes» [marzo de 2010]. «En cualquiera de las tres situaciones, el expediente disciplinario 7/2006 se encuentra actualmente caducado e imposibilitada legalmente la Comisión de resucitarlo con un acuerdo de prórroga dictado extemporáneamente».
- «Transcurridos más de seis meses sin haberse dictado la resolución que pusiera término al expediente… ha operado el instituto de la caducidad… con los efectos previstos en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992… con cuanto a que la caducidad no producirá por si sola la prescripción de acciones, pero que tiene el efecto de no interrumpir el plazo de prescripción».
En la consideración Sexta continúa un extenso discurso referido al cuestionamiento de las apreciaciones del Instructor en su propuesta de resolución, que en realidad nada tiene que ver con la concreta resolución recurrida. El acuerdo concluye en el siguiente:
«SUPLICO A LA COMISIÓN DISCIPLINARIA que, habiendo por presentado este escrito con los documentos adjuntos, se sirva admitirlo, teniendo por interpuesto en tiempo y forma recurso de alzada contra su acuerdo número 19 de la sesión de 24 de febrero de 2010, en cuanto que prorroga por tres meses el presente expediente que está objetivamente caducado, elevándolo al Pleno del Consejo General del Poder Judicial para su resolución, conforme previene el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio.
OTROSÍ DIGO: Que basándose el presente recurso de alzada en una causa de nulidad que tiene cabida tanto en lo dispuesto en el Art. 235.1 de la Ley Orgánica 1/1985, como en el artículo 62.1.f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre al amparo de lo dispuesto en el artículo 111.2, apartados a) y b) de esta última, intereso la suspensión de la tramitación del expediente que en estos momentos solo se fundamenta en el acuerdo impugnado, hasta que recaiga resolución definitiva del mismo».
26º) La Comisión Disciplinaria en su reunión de 6 de abril de 2010 adoptó el acuerdo de inadmitir el incidente de recusación promovido por el expedientado contra el Instructor Delegado.
En la misma reunión de 6 de Abril de 2010 la Comisión Disciplinaria acordó elevar al Pleno el Expediente Disciplinario con la propuesta de «imponer al referido Magistrado, como autor responsable de cuatro infracciones muy graves –una del artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dos del artículo 417.6 de dicha Ley Orgánica y otra del artículo 417.4 de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial- la sanción de separación de la Carrera Judicial».
27º) El 22 de abril de 2010 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial dictó la primera de las resoluciones impugnadas, cuyo contenido referiremos más adelante.
28º) En su reunión de 27 de Abril de 2010 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, adoptó, por razones de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial el acuerdo de inadmitir (Folios 81 a 100 del Expediente de la Sección de Recursos ) el recurso de alzada interpuesto por el expedientado contra la resolución de la Comisión Disciplinaria de 24 de febrero de 2010 [referido en el nº 23 anterior] por considerarlo acto de trámite no recurrible.
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