Ministerio de poder popular para la educación universitaria






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Características de la Educación Ambiental


De la Conferencia de Tiblisi, se indican algunas de las características de la Educación Ambiental:

1.- Comportamientos positivos de conducta.

2.- Educación permanente.

3.- Conocimientos técnicos y valores éticos.

4.- Enfoque global.

5.- Vinculación, interdependencia y solidaridad.

6.- Resolución de problemas.

7.- Iniciativa y sentido de la responsabilidad.

8.- Renovación del proceso educativo.
Importancia de la Educación Ambiental

La cultura ambiental no es un comportamiento ciudadano sino una faceta cívica, es el mantenimiento de un entorno de vida, es aquí donde radica la importancia de la Educación Ambiental, en donde las personas deben de hacer conciencia sobre su ambiente así como de todo lo que le rodea, ya que si no se hace algo, entonces se perderá una infinidad de animales, plantas y árboles, pero sobre todo se acabara con el planeta Tierra. Los profesores y todos los seres humanos deben considerar importante esta disciplina (Educación Ambiental) para que se fomente en los centros educativos y a cualquier nivel, así habrá una posibilidad de actuar ante tal problema, ya que no solo afecta a una sola persona sino a muchas más.
Cultura

Según la Biblioteca virtual www.wikipedia.com, la cultura no es más que un conjunto de rasgos, distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado.
Cultura Ambiental

Según Rolando Cruz García (2002), la cultura ambiental, entendida como aquella postura ante la vida que permite cuidar y preservar el ambiente, es un asunto de interés para todo el mundo. En Venezuela es urgente promoverla, debido al grave deterioro ambiental que esta falta de cultura ecológica ha traído.
Los Valores

Para Rockeach, citado por Rodríguez (1985); definen los valores como "una ciencia relativamente permanente de un modo o conducta particular o que un estado es personal y socialmente preferible a modos alternos de conducta o estados de existencia”.

En otras palabras, los valores no son más que los estados de conductas de un individuo para interrelacionarse con la sociedad; siendo en cada individuo expresado de maneras diferentes.
BASES LEGALES
Pirámide de Kelsen (Hans Kelsen, Austriaco 1881-1973), la pirámide explica en forma descendente y escalonada la jerarquización de la normativa legal o legislación comenzando con la máxima ley nacional de un país, siguiendo con los acuerdos internacionales y con las diferentes leyes y órganos legislativos derivados de una carta magna o ley máxima nacional.

Para Venezuela la pirámide establece seis niveles.

1.- Constitución Nacional

2.- Tratados Internacionales

3.- Leyes Orgánicas

4.- Leyes Ordinarias

5.- Decretos Nacionales

6.- Leyes Estadales y Ordenanzas Municipales

A continuación se destaca el fundamento legal que sustenta esta investigación, dándole sentido de relevancia y pertinencia a la misma; se soporta en los siguientes instrumentos jurídicos:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos

Artículo 107. “La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano”.

De manera conjunta con este avance en la Educación Ambiental, fueron declarados los Derechos Ambientales en los artículos 127, 128 y 129 de la CRBV (1999).

Capítulo IX. De los Derechos Ambientales

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.

Además, señala: es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana.

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

Al analizar el artículo 127, se puede observar de manera clara, la alusión que se realiza, no sólo a los derechos y deberes de la población, sino al papel fundamental del estado venezolano, como garante de un ambiente libre de contaminación para los ciudadanos. En este sentido, el binomio derecho-deber atribuido a los ciudadanos gira en torno a dos (2) elementos fundamentales: (a) la protección y mantenimiento del ambiente para las presentes y futuras.

Por su parte, se asigna al estado venezolano la protección de cinco (5) componentes ambiéntales de particular importancia como lo son: (a) el ambiente; (b) la diversidad biológica; (c) los recursos genéticos; (d) los procesos ecológicos y (e) los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Un aspecto de particular interés lo constituye el rango constitucional que se le da a la prohibición de patentar el genoma.
Convenios y tratados internacionales

  • Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América (1941).

  • Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) (1977).

  • Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del gran Caribe (1986) del cual se deriva el protocolo relativo a las áreas, flora y fauna Silvestres especialmente protegidas (SPAW).

  • Convención relativa a los humedales de importancia internacional; actualmente denominada “Convención RAMSAR para los humedales” (1988).

  • Convención sobre diversidad biológica (1994) de la cual se derivan la decisión 391 de la Junta del acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de acceso a los recursos genéticos y el protocolo de bioseguridad.

  • Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático (2004).

  • Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (2004).

Leyes orgánicas y ordinarias

La fundamentación legal de la educación ambiental en Venezuela tienen su preámbulo en la educación conservacionista (Camacho, 2006), de tal forma que en el Cuadro 1 se presenta un resumen de su marco legal.

Cuadro Nº 1: Marco legal de la educación conservacionista en Venezuela. Años 1825-1975.

En el cuadro 1, se puede evidenciar que la educación conservacionista tiene sus inicios con los decretos conservacionistas del Libertador Simón Bolívar entre los años 1825 y 1829. Se infiere en que la iniciativa del Libertador, viene dada por la influencia de sus maestros Simón Rodríguez y Andrés Bello, quienes utilizaron el ambiente para la educación integral y formación ambiental del niño Simón, tal fue el caso del valle de Caracas al pie del cerro El Ávila y los paseos por los valles de Aragua, tal vez este tipo de enseñanza modeló la personalidad de Bolívar, generando amor y respeto por la naturaleza.
Ley Orgánica de Ambiente

Artículo 3. La educación ambiental es un proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los comprende, analiza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable”.

Al analizar la definición de Educación Ambiental, puede verse que la misma se enmarca en una concepción holística del proceso educativo, donde no sólo debe buscarse la integración de conocimientos y experiencias, sino su comprensión y análisis, con la finalidad de lograr la transferencia de lo aprendido.

Artículo 34. La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio-ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable.

Artículo 35. Los lineamientos para la educación ambiental son:

1. Incorporar una signatura en materia ambiental, con carácter obligatorio como constitutivo del pensum, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable.

2. Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía, el consumo responsable, democracia y bienestar social, integración de los pueblos, así como la problemática ambiental mundial.

3. Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida.

4. Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de los sistemas productivos que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el ámbito de la organización social.

5. Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectivas en el abordaje y solución de problemas socio ambientales.

Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente.
Ley Penal del Ambiente

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Así mismo determina las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar.

Artículo 35. De las descargas contaminantes establece que: el que descargue al medio lacustre, marino y costero, en contravención a las normas técnicas vigentes; aguas residuales, efluentes, productos, sustancias o materiales no biodegradables o desechos de cualquier tipo, que contengan contaminantes o elementos nocivos a la salud de las personas o al medio lacustre, marino o costero, será sancionado con prisión de tres (03) a doce (12) meses y multas de trescientos (300) a mil (1000) días de salario mínimo.

Artículo 53. El que deforeste, tale, rose o destruya vegetación donde existan vertientes que provean de agua las poblaciones, aunque aquella pertenezca a particulares, será penada con prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de mil (1000) a tres mil (3000) días de salario mínimo.

Artículo 42. Actividades y objetos degradantes.- El que vierta, arroje, abandone, deposite o infiltre en los suelos o subsuelos, sustancias, productos o materiales no biodegradables, agentes biológicos o bioquímicos, agroquímicos, objetos o desechos sólidos o de cualquier naturaleza, en contravención de las normas técnicas que rigen la materia, que sean capaces de degradarlos o alterarlos nocivamente, será sancionado con arresto de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo.
Ley de Gestión Integral de la Basura

Artículo 1: La presente Ley establece las disposiciones regulatorias para la gestión integral de la basura, con el fin de reducir su generación y garantizar que su recolección, aprovechamiento y disposición final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente segura.

Artículo 29. Corresponsabilidad.

Las personas naturales y jurídicas concurrirán, dentro de los límites de su responsabilidad, en el manejo adecuado de residuos y desechos sólidos, a los fines de:

1. Realizar el manejo en forma adecuada, efectiva y eficaz, conforme a la normativa técnica y planes de gestión aplicables.

2. Prevenir y reducir la generación de residuos y desechos sólidos, especialmente cuando se trate de la fabricación, distribución y uso de productos de consumo masivo inmediato.

3. Evitar riesgos a la salud o al ambiente por el manejo inadecuado de residuos y desechos sólidos.

4. Valorizar los residuos sólidos generados, mediante programas que garanticen su recuperación, reutilización, reciclaje, transformación o cualquier otra acción dirigida a obtener materiales aprovechables o energía.

5. Desarrollar y aplicar tecnologías ambientalmente sustentadas que eviten o minimicen la generación de residuos y desechos sólidos.
Ley Orgánica de los Consejos Comunales

Artículo 1. Tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario.

Artículo 2. Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.
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