Santiago, veintitrés de marzo de dos mil nueve






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63°)Que,al contestar la demanda civil el letrado asesor de Miguel Krassnoff Martchenko, en el quinto otrosí de fojas 4431, expresa que su mandante”carece absolutamente de bienes o situación económica para satisfacer la exorbitante indemnización civil demandada…”. Hace presente, además, que la acción civil se encuentra prescrita, de conformidad con lo que dispone el artículo 2332 del Código Civil; los hechos de que dan cuenta la investigación de autos ocurrieronel 03 de enero de 1975(SIC),habiendo ya transcurrido más de 30 años hasta la notificación de la demanda. En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción civil relacionada con las Normas Internacionales, hace presente que la“Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, de 1968, no se encuentra vigente en Chile. En cuanto a la “Convención de Ginebra”, la exoneración de las Partes Contratantes sólo concierne al ámbito penal y la acción civil derivada de esos hechos puede prescribir conforme a las reglas del derecho Interno del Estado infractor.

64°)Que, al contestar la demanda civil en el tercer otrosí de fojas 3532 el apoderado de Basclay Zapata Reyes invoca la prescripción de la acción deducida, por cuanto estima que corresponde aplicar las reglas del derecho común, entre ellas, el articulo 2332 del Código Civil según el cual la acción interpuesta prescribe en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto y debe tenerse presente, agrega, que los hechos que fundamentan esta acción tuvieron su origen el 31 de diciembre de 1974 habiendo transcurrido mas de 33 años hasta la fecha de esta notificación, sin que resulte aplicable ningún tratado internacional al respecto.

65°)Que, la defensa de Pedro Espinoza Bravo, en el quinto otrosí de fojas 3564, al contestar la demanda civil pide su rechazo por no haber responsabilidad penal respecto de su mandante. En caso improbable que se diera por acreditado el delito y la participación opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios, para que se rechace la demanda, con costas. Expone que la acción tiene un plazo especial de prescripción de cuatro años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil. Aun entendiendo que la acción civil estuvo suspendida durante el régimen de gobierno militar por la imposibilidad de su ejercicio derivada de la carencia de información y de recursos efectivos ante los tribunales, hasta la fecha de la entrega oficial del Informe Retigg, ocurrida durante el gobierno de don Patricio Aylwin, a la fecha de notificación de la demanda, el 23 de agosto de 2006, el plazo citado ya había transcurrido. A mayor abundamiento, opone la prescripción extintiva ordinaria de cinco años establecida en el artículo 2515 del Código Civil, lapso igualmente cumplido a la señalada fecha de notificación de la demanda. Estima que la prescripción resguarda un valor fundamental para el funcionamiento de la sociedad: la seguridad y la certeza jurídica.Por ello su aplicación resulta ser la regla general. La imprescriptibilidad en cambio es excepcional y requiere declaración explícita que, en este caso, no existe. Alude a la sentencia de la Excma.Corte Suprema en el juicio “Domic Bezic y otros con Fisco de Chile”.

Para el caso de desestimarse las excepciones opuestas señala que la acción también debe ser rechazada por cuanto “el demandante”ha sido favorecido con los beneficios de la ley N·19.123 y es un principio de derecho que un daño que ya ha sido reparado no da lugar a indemnización. Cita la historia del establecimiento de la ley para fundar su argumentación.

En subsidio, opone como alegación o defensa el exagerado monto de la indemnización demandada de $700.000.000., más costas, cantidad que cae de lleno en el área del lucro sin causa. Reitera la alegación o defensa mas adelante pero señalando que lo que pide en la demanda es la suma de $500.000.000. Por último, señala que los perjuicios que se invocan deben ser probados. Pide que se rechacen las demandas con costas.

66°)Que, al contestar la demanda civil, en el quinto otrosí de fojas 3598, la defensa de Miguel Krassnoff Marchenko hace presente que su representado “carece absolutamente de bienes o situación económica para satisfacer la exorbitante indemnización civil demandada;hace presente, además, que la acción civil se encuentra prescrita, en el plazo especial de cuatro años, contemplado en el artículo 2332 del Código Civil. Expresa que los hechos de que da cuenta la investigación ocurrieron "el 03 de enero de 1975”(SIC). Y han transcurrido más de 30 años hasta la notificación de la demanda. En relación con la imprescriptibilidad de la acción civil relacionada con las Normas Internacionales hace presente que la Convención respectiva aun no ha sido ratificada por Chile. Y que las normas de la Convención de Ginebra sólo conciernen al ámbito de la responsabilidad penal.

67°)Que, al contestar la demanda civil, en el tercer otrosí de fojas 3532, el apoderado de Basclay Zapata Reyes invoca la prescripción de la acción deducida, por cuanto estima que corresponde aplicar las reglas del derecho común, entre ellas, el artículo 2332 del Código Civil, según el cual la acción interpuesta prescribe en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto y debe tenerse presente, agrega, que los hechos que fundamentan esta acción tuvieron su origen el “31 de diciembre de 1974”,(SIC)habiendo transcurrido más de 33 años hasta la fecha de esta notificación, sin que resulte aplicable ningún tratado internacional al respecto.

68°)Que, por no haber contestado las demandas civiles las defensas de Marcelo Moren, Juan Contreras y Palmira Almuna, no obstante haberse notificado oportuna y legalmente a sus abogados, se tuvieron por evacuados, en rebeldía, los respectivos trámites de contestación de dichas demandas, por resolución de fojas 3786, por lo cual deberán estarse al mérito del proceso.

69°)Que, a fin de resolver la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la defensa del Fisco de Chile, en lo principal de su contestación de la demanda de fojas 3504, como se ha razonado por este sentenciador en casos semejantes, debe considerarse, en primer lugar, el tenor literal del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, antes de la modificación introducida por el N°7 del artículo 1° de la Ley N° 18.857, de 6 de diciembre de 1989:

De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable; y puede nacer acción civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado”.

Ahora bien, en razón de la referida modificación, el texto actual del precepto consigna:

Se concede acción penal para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar, en su caso, el delito que resulte probado.

“En el proceso penal podrán deducirse también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución e la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

“En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”.

70°)Que, de conformidad con el tenor actual del precepto, se puede colegir que las condiciones en que debe deducirse la acción civil, dentro del proceso penal, aparecen limitadas, en cuanto a su amplitud y extensión, si se comparan con la redacción, en términos genéricos y amplísimos, del texto anterior.

Es así como sólo podrá accionarse civilmente ante el Juez del Crimen en cuanto se fundamente la demanda en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por las conductas de los procesados o bien, que sean consecuencias próximas o directas de dichas conductas. Esto es, si la ley otorga, en forma excepcional, a un juez especial - cuya misión es juzgar ilícitos penales - la facultad de conocer las responsabilidades civiles que emanen de los mismos hechos punibles, la norma es de aplicación restrictiva.

Por ende, la acción civil no puede extenderse a extremos ajenos a “...las conductas que constituyen el hecho punible”, descritas, en este proceso, en el fundamento tercero y que constituyen el enfoque procesal penal de la tipicidad de que se trata.

Ahora bien, tal tipicidad no es sino la materialización de las conductas dolosas de los partícipes en el ilícito.

71°)Que, de acuerdo con lo razonado, no procede sino concluir que el Juez del Crimen, cual es el caso del Ministro de Fuero que suscribe, está inhabilitado, por falta de competencia, para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que procedan de hechos distintos de aquellos que provocaron la tipicidad antes mencionada.

En el caso de estudio, se fundan las acciones deducidas en la responsabilidad objetiva y directa del Estado, esto es, en circunstancias ajenas al comportamiento de los autores y cómplices de los ilícitos que se persiguen, excediendo, por ende, la limitación impuesta por el legislador en el texto del citado artículo 10.

72°)Que, como hemos razonado en casos similares, debe considerarse, además del tenor literal del citado artículo 10, las disposiciones del artículo 172 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto precisa que “El tribunal que conoce del proceso criminal es competente para resolver acerca de la responsabilidad civil que pueda afectar a terceros a consecuencia de un delito....” - que no ha sido modificado por la ley N°19.665(D.O.09.03.00)-y la del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que señalaLa acción civil puede entablarse contra los responsables del hecho punible, contra los terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos y otros”, normas que deben, para estos efectos, estimarse derogadas en forma tácita, en los términos del artículo 52 del Código Civil, por la referida modificación del artículo 10 del citado Estatuto de Enjuiciamiento Criminal.

73°) Que, esta derogación no puede sino estimarse como adecuada y coherente si se considera la doctrina de los autores procesalistas en cuanto señala que distorsiona la función primordial del Juez del Crimen, de establecer los hechos punibles y la responsabilidad de los partícipes, la de también conocer y resolver acciones civiles, sin limitación alguna.

74°) Que, corrobora este aserto la norma del artículo 59 del Código Procesal Penal en cuanto establece la facultad de la víctima de entablar en el proceso penal las acciones “...que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible...”pero sólo respecto del imputado, excluyendo la intervención de terceros, sea como civilmente perjudicados sea como civilmente responsables, las que“...deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente...”.

75°)Que, en consecuencia, procede acoger la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la demanda civil deducida en autos en su contra, la que deberá plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil que correspondan.

76°) Que, de conformidad con lo resuelto, resulta improcedente emitir pronunciamiento respecto de las restantes excepciones y alegaciones opuestas por el Fisco de Chile, al contestar la demanda civil, en lo principal de fojas 3504.

77°) Que, respecto a la prescripción invocada por las defensas de los demandados Miguel Krassnoff, Basclay Zapata y Pedro Espinoza, se alude a la norma del artículo 2332 del Código Civil, en cuanto expresa” Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

En este aspecto debemos remitirnos a lo expuesto en los fundamentos pertinentes relativos a dos aspectos:

a)La continuidad del delito de secuestro calificado de ambas víctimas no ha cesado, lo que impide atendida la permanencia del ilícito iniciar el cómputo correspondiente, al tenor del artículo 2332 del Código Civil, desde “la perpetración del acto.”

b)Los delitos por los cuales se acusa en este proceso constituye delitos contra la humanidad, según el artículo 6° del Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg y el Principio VI) del Derecho Internacional Penal Convencional y Consuetudinario, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Resolución de 1950. La Constitución Política vigente a la época en que se inició la comisión del delito era la de 1925 y en ella se disponía el respeto a los Tratados Internacionales asumidos por el Estado, cuestión reafirmada por la Constitución de 1980, en su artículo 5°, inciso 2°. En ese contexto, se encontraban vigentes los Convenios de Ginebra de 1949, cuyo artículo 3° común a los cuatro Convenios se ha transcrito. De esta norma se infiere que el delito de secuestro calificado está prohibido en cualquier tiempo, no resultando permitido aplicarle la prescripción contenida en el derecho interno. En seguida, la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde 1988, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente desde aquel mismo año y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, tienen plena vigencia en cuanto a los ilícitos descritos investigados pues no han concluído en su perpetración y desarrollo. También forman parte de este conjunto de normas y principios las sentencias de Tribunales Internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Excma.Corte Suprema que han razonado, en este mismo sentido. En efecto, este último Excmo. Tribunal ha expresado:”Cuadragèsimo cuarto. Que, en cuanto a la segunda batería argumental desplegada...referida a la excepción de prescripción de la acción ejercida por los querellantes…las razones antes esgrimidas…son aplicables a dicha alegación, teniendo también presente para ello…las normas internacionales sobre Derechos Humanos, en cuanto consagran el derecho de las victimas y familiares a recibir la justa reparación, estatuto normativo internacional reconocido por Chile” (rol N·4662-07. "Episodio Liquiñe").

78°) Que, por otra parte, conviene razonar sobre el argumento invocado por las defensas de los demandados relativo a “la certeza jurídica.

En primer término, además de los principios del Derecho Internacional, procede aludir al falso argumento de la certeza jurídica. Como lo ha explicitado un autor:” ¿Seguridad jurídica para quien? ¿Para la victima o sus familiares o para sus victimarios? ¿A quien deberían garantizarle certeza y seguridad jurídica los poderes públicos en un Estado de Derecho? La seguridad jurídica no es un principio absoluto y está sometida al principio de justicia. Los gobernados-en general, todo individuo - tendrá la confianza - garantizada por la Constitución - de que si no comete actos inhumanos, atrocidades y actos de barbarie, recibirá el amparo constitucional y del Derecho Internacional….La confianza legítima en la juridicidad de su actuar, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional chileno,“ implica que toda persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si se sujeta al derecho vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, produciéndose todos los efectos legalmente vinculados a los actos realizados”. (Gonzalo Aguilar Cavallo.”Crímenes Internacionales y la Imprescriptibilidad de la acción penal y civil.Referencia al caso chileno”.”Ius et Praxis”.Universidad de Talca, 2008, página 179).

Se agrega por el autor citado :”La persecución de un crimen internacional tiene un fin preventivo, un fin sancionador y un fin reparador…Estos fines no se cumplirían en materias de crímenes contra la humanidad si se admite la prescripción de la acción civil, especialmente el fin reparador...Reparación integral en caso de violación a los derechos humanos tiene múltiples funciones: disuadir, sancionar, ejemplificar y, sobre todo, restablecer la situación al estado anterior de su comisión o perpetración…la indemnización por equivalencia”.

Finalmente, respecto de la jerarquía superior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incide en la determinación de la procedencia del principio de imprescriptibilidad en materia civil, la Corte de Apelaciones de Santiago ha expresado”…resultan inatinentes las normas del Derecho interno previstas en el Código Civil…al estar en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir una reparación correspondiente a las victimas y familiares de éstas, estatuto normativo internacional reconocido por Chile…”(Corte de Apelaciones de Santiago.”Pedro Ruz y otro con Fisco de Chile”, Rol N 4.464-2001, de 16 de noviembre de 2006, Considerando 10).

En consecuencia, procede desechar la excepción opuesta en virtud del principio de la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales en estudio.

78)Que, con respecto a la alegación formulada por las defensas relativas a que si las demandantes han recibido alguno de los beneficios dispuestos por la ley N°19.123, la indemnización por daño moral seria incompatible y por ende debía ser rechazada, procede desechar tal alegación,si bien los informes agregados a fojas 4031 y 4032 expresan que ambas actoras han recibido bonificaciones y pensiones, puesto que, tal como lo ha resuelto en casos similares la Excma.Corte Suprema:”...no resulta incompatible con la reparación material el daño moral sufrido por las victimas como consecuencia de la comisión de los delitos cuya certeza se obtiene recién como resultado de este proceso. Por lo demás, el espíritu de la ley N°19.123,de 8 de febrero de 1992, respecto de los beneficios allí contemplados, expresa que éstos dicen relación con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar, ejecutar y promover las acciones que fueren necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas a su vez en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo N·355,de 25 d abril de 1990, circunstancias estas que en ningún caso pueden confundirse con aquellas que emanan del derecho común, relativas a la responsabilidad civil como consecuencia de un delito, conforme expresamente lo disponen los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por lo que claramente el derecho ejercido por la actora, tanto para requerir la bonificación y la pensión mensual antes referidas como el que la habilito para demandar en estos autos, emanan de fuentes diversas

.(Considerado cuadragésimo noveno, rol N·4662-07. "Episodio Liquiñe")
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