Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete






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Los delitos establecidos son delitos de lesa humanidad.
11° Que atendidas las circunstancias o condiciones exteriores en que se materializaron estos delitos o elementos contextuales de los mismos, entendido lo anterior como el marco de hecho subjetivo en que se desarrollaron las conductas criminales, lo que las diferencian de los delitos comunes, determinan que se está en este caso en presencia de lo que la conciencia jurídica internacional ha dado en llamar crímenes de naturaleza de lesa humanidad.
12° Que, en efecto, tal razonamiento parte de la base que el Derecho Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es uno solo, por ser un fenómeno que abarca al Derecho en su totalidad, siendo recepcionado dicho Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Derecho Interno Nacional, tanto como Principio Internacional de los Derechos Humanos, como por los Tratados Internacionales actualmente vigentes, suscritos por Chile.
Se entiende por crimen de lesa humanidad a aquel que ofende los principios generales del derecho y se convierte en una preocupación de la comunidad internacional; esto es, “tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales y pueden llegar a exceder por su magnitud y salvajismo cualquier límite tolerable para la civilización moderna” (Los delitos de Lesa Humanidad. Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, Derecho Penal Contemporáneo – enero marzo 2006, Rev. 14, página 88).
En verdad nuestro ordenamiento jurídico no excluye el procedimiento de incorporación de los Principios Generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o “ius cogens”, que pasan a formar parte del Derecho Interno por su calidad de tales, en tanto los Principios del Derecho Internacional tienen prevalencia sobre éste como categoría de norma de Derecho Internacional General, conforme al acervo dogmático y convencional universal y a la aceptación en la práctica judicial de los tribunales nacionales partícipes de la Organización de las Naciones Unidas, además de la de los tribunales internacionales con jurisdicción respecto a crímenes de lesa humanidad.
Además, los principios internacionales referidos, los convenios, pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales, gozan de primacía constitucional, cuya consecuencia - conforme a una interpretación progresiva y finalista de la Constitución - es que prevalecen sobre la legislación interna, toda vez que se entiende que la prefieren perfeccionan y complementan. Siendo, por lo mismo, tal normativa invocable por todos los individuos, atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional, de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
13° Que, en efecto, el artículo 5º de la Constitución Política de la República de Chile, establece la limitación de la soberanía, en tanto señala en esta materia que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
Al mismo tiempo, la reforma constitucional de l989, agregó a este inciso segundo del artículo 5º, una oración final que introduce en el derecho interno de manera expresa el mandato que señala: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.”
14° Que, como consecuencia, la existencia de los hechos establecidos en este proceso es excepcional, en cuanto, las conductas delictivas identificadas en ellos, son infracciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario.
En efecto, los hechos ocurren el año l973 y Chile se regía, en ese entonces, por un conjunto de disposiciones legales, dictadas por quien constituía la autoridad militar en esa época.
Así el Decreto Ley Nº 1, dictado por el régimen militar, dispuso que el mando de la nación era asumido por una Junta de Gobierno, integrada por los Generales Augusto Pinochet, José Merino, Gustavo Leigh, y César Mendoza, la que, de acuerdo al Decreto Ley Nº 128 de 1973, importaba el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo, ejerciendo los dos primeros mediante Decretos Leyes.
La antigua Constitución Política del Estado de Chile del año 1925, vigente a la época mencionada, otorgaba - en el artículo 72 Nº 17 - al Presidente de la República, la facultad de declarar el Estado de Sitio; sin embargo, en el evento que ello se efectuare por conmoción interior dicha decisión debería adoptarla el Congreso Nacional.
Es así como la Junta de Gobierno, mediante el Decreto Ley N° 3, de 11 de Septiembre de 1973, declaró en Estado de Sitio todo el territorio nacional, en atención a la "situación de conmoción interior" que se vivía en ese momento, asumiendo, la Junta de Gobierno, la calidad de General en Jefe de las Fuerzas que operarían en la emergencia.
El estado de excepción aludido se complementó, en cuanto a sus consecuencias jurídicas por el artículo 1° del Decreto Ley N° 5, de 12 de Septiembre de 1973, el que declara "interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar", en el sentido que "el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país debe entenderse estado o tiempo de guerra para los efectos de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes especiales y, en general todos los demás efectos de dicha legislación.
La declaración de Estado de Sitio se prolongó por la reiteración de Decretos Leyes, durante todos los años en que ocurren los hechos. Así además de los arriba señalados: el Decreto Ley 360, de 16 de Marzo de 1974; luego el Decreto Ley 641, de 11 de Septiembre de 1974; el Decreto Ley 922, de 11 de Marzo de 1975; Decreto Ley 1181 de 11 de Septiembre de 1975; el Decreto Ley 1369, de 11 de Marzo de 1976; el Decreto Ley 1.550, de 11 de Septiembre de 1976; el Decreto Ley 1688, de 11 de Marzo de 1977 y el Decreto Ley 1889 de 10 de Septiembre de 1977.
Las normas legales y reglamentarias citadas determinan -al menos- la existencia de un conflicto interno sin carácter internacional, todo ello para los efectos de la aplicación de las normas de Derecho Internacional Humanitario establecidas en los Convenios de Ginebra, vigentes en Chile desde su publicación en el Diario Oficial, los días 17, 18, 19 Y 20 de Abril de 1951; esto es, desde hacía más de 20 años de que ocurrieran los hechos de investigados.
El artículo 3° del Convenio aludido señala:
"En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o por cualquiera otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A tal efecto, están y quedan prohibidos para cualquier tiempo y lugar, respecto a las arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidos como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados"
El artículo 149 de este instrumento dispone, además, que: "Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar todas las medidas legislativas necesarias para fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves al presente Convenio, definidas en el artículo siguiente.
Cada una de las Partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, o mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales, sea cual fuera la nacionalidad de ellas. Podrá, también si lo prefiere, y según las prescripciones de su propia legislación, pasar dichas personas para que sean juzgadas, a otra Parte contratante interesada en la persecución, siempre que esta última haya formulado contra ellas cargos suficientes.
Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio, aparte de las infracciones graves definidas en al artículo siguiente:
El artículo 150 siguiente señala:
“Las infracciones graves a que alude el artículo anterior son las que implican alguno de los actos siguientes si son cometidos contra personas o bienes protegidos por el Convenio: homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso las experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o realizar atentados graves a la integridad física a la salud, la destrucción y apropiación de bienes, no. justificadas por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de manera ilícita y arbitraria”
El artículo 151 establece:
"Ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma ni exonerar a otra Parte contratante de las responsabilidades en que incurre ella misma u otra Parte contratante respecto a las infracciones previstas en el artículo precedente. "
15° Que, como ha sido expuesto, del artículo 5° inciso segundo de la actual Constitución Política de la República de Chile, queda claramente establecido que la soberanía interna del Estado de Chile, reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana;
Agregando la norma constitucional que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Que, en consecuencia, respecto de los hechos investigados, al considerárseles crímenes de lesa humanidad, rige excepcionalmente en este caso la normativa del Derecho Penal Internacional antes citada, la que evidentemente comprende toda aquella que ha proporcionado a la comunidad internacional un marco Universal de Derechos Humanos, la que, por supuesto, la integra como eje central la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo lo cual ha permitido concluir “que toda nación que proclame el imperio de la ley en su territorio debe respetarlo más allá de sus fronteras y toda nación que insista en el imperio de la ley en el extranjero debe respetarlo en su propio territorio” (Informe del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan. Anuario D.H. U de Chile, año 2006, páginas 285 y siguientes. Documento disponible en www. anuariocdh.uchile.cl).

Determinadamente, la actual noción de crimen de lesa humanidad está dada por el conjunto de normas de ese Derecho Penal Internacional, cuyo origen siempre será la traslación de aquellas normas de derecho originalmente pertenecientes a las categorías de infracciones a las normas de la guerra que se unen luego a la noción de humanidad, noción esta última que atiende específicamente a las víctimas ofendidas en toda su dignidad de personas por los tratos crueles y atrocidades cometidas en su contra, lo que a la civilización le es imposible tolerar.
Tales crueldades que utiliza el hombre en la guerra quedan marcadas contemporáneamente luego de los resultados vistos en la Primera Guerra Mundial, lo que urge en ese entonces tomar decisiones políticas, materializadas en tratados que normativamente consideran separada o autónomamente de las acciones de la guerra el concepto de humanidad.
Sin embargo, ya desde antes, en las Convenciones de la Haya de 1899, se constatan antecedentes propiamente normativos en tal sentido de considerar el concepto de humanidad autónomamente ante las atrocidades que se comenten en la dinámica de la guerra; autor de dicha noción autónoma fue Fiodor Fiodorovich Martens, autor del escrito “La Paz y la Guerra”, el que perpetúa su liderazgo en tales conferencias internacionales con la denominada “Cláusula Martens”, la que determina en la comunidad internacional que mientras se llega a un acuerdo completo de regulación de las hostilidades bélicas, las partes contratantes consideran que los beligerantes y las poblaciones civiles quedan bajo el amparo y protección de “los principios de derecho internacional, tal como ellos resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad, y de los requerimientos de la conciencia pública” ( Víctor Guerrero Apráez, Derecho Penal Contemporáneo, Rev. N° 6, enero marzo 2004, página 210 y siguientes).
La denominada “Cláusula Martens” es reproducida reiteradamente en las Convenciones de La Haya de l899 y 1907, ésta en la IV Regulación Anexa, la reproducen; al igual que cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de de l949, los Protocolos Adicionales I y II, La Convención Sobre Prohibiciones o Restricciones en el Uso de Ciertas Armas.
Tal devenir de la noción de crimen de lesa humanidad en el Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos es concluyente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en tanto se acuerda la prosecución de juicios de tal naturaleza. Ello se desprende de “La Declaración de Saint James”, del 13 de enero de l943, la instalación de la “Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra”, de 20 de octubre de l943, “La Declaración de Moscú, del 1° de octubre de l943, “El London Agreement”, del 8 de agosto de 1945, y finalmente, “La Control Council Law” N° 10, de 20 de diciembre de l945. Estas dos últimas baterías normativas, con disposiciones orgánicas y penales para el funcionamiento del “Proceso de Nüremberg”, de noviembre de l945 a octubre de l946, contra los grandes criminales Nazis (obra citada).
Todo ello conlleva a comprender tal noción autónoma del crimen de lesa humanidad, para así separarlo de la infracción a las leyes de la guerra, definida en esa etapa crucial de la historia del derecho penal internacional, cuyo objetivo directo fue la represión penal de las crueldades del hombre contra el hombre. Y útil al efecto resulta transcribir el pronunciamiento del Ministro de Estado Richard Law, ante La Cámara de Los Comunes, el 31 de enero de l945, quien expresó: “Crímenes cometidos por alemanes en contra de alemanes constituyen una categoría diferente de los crímenes de guerra y no pueden ser tratados bajo el mismo procedimiento. Sin embargo, a pesar de esto, puedo asegurar que el Gobierno de su Majestad habrá de hacer todo cuanto sea posible para que estos crímenes no queden en la impunidad. Es propósito del Gobierno de su Majestad que las autoridades en la Alemania de la posguerra impongan a los perpetradores de estos crímenes el castigo que ellos se merecen” (Schwelb, E. The notión of crime against humanity, British Yearbook of Internacional Law, 1950, página 145 – Obra citada, páginas 214 y 215).
En definitiva, tal noción de crimen de lesa humanidad se traduce en el texto del Estatuto del Tribunal de Nüremberg que lo consagra en el literal c) del artículo 6°, que da una solución a las limitaciones de internacionalidad del delito de lesa humanidad, atendidas las limitaciones que imponía la categoría de crímenes a las leyes de la guerra propiamente tales, normas cuya mención hará esta sentencia al referirse a la imprescriptibilidad de aquella clase de delitos.
Indagatorias de los acusados
16° Que el acusado Luis Alberto Osorio Gardasanich, a fojas 585, expresa respecto a la llegada, el 8 de octubre de 1973, desde Valdivia a Futrono, en un convoy militar, que se trataba de una patrulla de 12 ó 14 hombres a su cargo, además, otras a cargo del subteniente Rodríguez Olivares, de Armin López y de un oficial cuyo nombre no recuerda. Que se trataba de personal de los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia. Dice haber seguido viaje hacia Chihuio y que el operativo tenía por objeto ver la existencia de un grupo armado de 90 hombres que habría cruzado la frontera. En Chihuio comenzaron a buscar armas en un aserradero en Chabranco y Rio Blanco. Que como a las 14 horas llegó el subteniente Rodríguez con una lista de personas que se debía detener, la lista se había confeccionado en Futrono, con la ayuda de un poblador. Se fue deteniendo gente, más de una docena de personas, luego se siguió a Chihuio. El declarante pidió ayuda al dueño del Fundo Chihuio, de apellido González y quedaron los detenidos en un recinto cerrado en el mismo lugar. Que formó una patrulla para internarse a un paso cordillerano pero no encontraron huellas de nada. Antes de su ida a la frontera Rodríguez Olivares le preguntó que pensaba hacer con los detenidos, le dijo que había que llevarlos a Valdivia, pero el otro le replicó: “Esta vez tengo orden de mi coronel Pantoja que esta gente no regrese, sugiriendo que había que matarlos. El declarante, al irse, le dijo que quedaba a cargo de los prisioneros. Al regresar alguien le contó que habían sido fusilados, le dio “angustia e impotencia”, pero no se preocupó de saber dónde estaban. Al día siguiente, en Valdivia, dio cuenta de lo ocurrido al comandante Sinclair y éste le ordenó informar al comandante en Jefe de La IV) División, general Héctor Bravo. Este ordenó al teniente coronel Michelsen abrir una causa para investigar los hechos, no sabe en que terminó. Luego supo que Rodríguez Olivares fue enviado a enterrar los cadáveres que habían quedado insepultos, sólo cubiertos con ramas. Agrega que no es efectivo lo dicho por Bernardo Alarcón a fojas 473, en cuanto a que habría estado presente cuando fueron a enterrar los cadáveres y que “el capitán no se mostró sorprendido y llegó sin problemas al lugar donde se encontraba los cuerpos”.

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17° Que no obstante la negativa del acusado Luis Osorio Gardasanich, en reconocer su concurrencia en calidad de autor en los delitos de homicidio calificado cometidos en las personas de Carlos Maximiliano Acuña Hinostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, de Rubén Vargas Quezada y de Fernando Adrián Mora Gutiérrez, obran en su contra los siguientes elementos de convicción:
I)
Los múltiples testimonios relativos a que se le encomendó trasladarse hasta el sector de Futrono a fin de reprimir extremistas armados y la manera como dio cumplimiento a dicha orden:
1) Versión de Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyanedel de fojas 631, relativa a haber ejercido el cargo de Comandante del Regimiento Cazadores de Valdivia y entre el 10 y el 15 de octubre de 1973, se recibió una orden del Comandante de la IV) División para realizar un operativo con el Regimiento Maturana, al mando de Jerónimo Pantoja, en la zona de Futrono; dispuso que la misión la cumpliera el capitán Luis Osorio, el cual 4 ó 5 días después le dio cuenta que en Chihuío se había registrado la muerte de 17 personas.
2) Dichos de Mario Silva Navarro, de fojas 616, en cuanto relata que ostentaba el grado de sargento y se desempeñaba en el Regimiento Cazadores de Valdivia y, en octubre de 1973, recibieron la orden del capitán Osorio Gardasanich, de formar un grupo que se trasladaría al sector de Futrono, Chabranco y Chihuío; al parecer en el camino a Chihuio detuvieron gente, la que fue ubicada en unas piezas de la Hostería.
3) Declaración de Daricio del Carmen Monsalve Ibáñez, de fojas 620, en cuanto expone que hacía su servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia y que en octubre de 1973 concurrieron a Futrono, al mando del capitán Osorio, el cual formó un grupo de unos 30 soldados y se trasladaron a Chihuío, al interior de Futrono. La patrulla regresó luego de dos días y los soldados comentaron que en el camino detuvieron a unas personas y en Chihuio fueron ejecutadas.
4) Dichos de Luis Rosamel Sandoval Arteaga, de fojas 270, en que expresa que en 1973 se encontraba haciendo su servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia y, entre octubre y noviembre de 1973, una parte del Batallón “Plana Mayor” fue a Chihuio; como a él le correspondió ir en helicóptero entre los cerros, no sabe si sobrevoló Chihuio, pero los conscriptos que allí estuvieron comentaron que se mataron varias personas, ejecutadas por los militares que fueron a ese sector. Cree que el capitán Luis Osorio es “el que tiene que explicar lo sucedido”.
5) Testimonio de Omar Villegas Villanueva, de fojas 272, en cuanto señala que hizo el servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia y en los primeros días de octubre de 1973 se le ordenó a su escuadrón “Plana Mayor” preparar los equipos de combate porque se iban por varios días a la cordillera. Viajó el escuadrón completo, con 96 conscriptos en camiones y los oficiales en jeep Toyota, a cargo del capitán Luis Osorio, el subteniente Rodríguez Olivares, el teniente Rodríguez Rigo – Righi y el teniente Kéller.
6) Declaración de Hernán Tejeda Hernández, de fojas 308, relativa a que hacia su servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia, el que instaló un campamento en un internado en Futrono. Había un capitán Luis Osorio, quien andaba en helicóptero en busca de los lugareños; en esos patrullaje se detuvo a campesinos y en una ocasión debió trasladar unos 4 ó 5 detenidos (se refiere a Ferrada, Rebolledo, Ruiz y Sepúlveda) desde el Retén de Carabineros de Futrono para llevarlos a las Termas de Chihuío.
7) Declaración de Jinés Luis Hernán Rodríguez Rigo-Righi, de fojas 716, en expone que como subteniente estuvo en el Regimiento Cazadores de Valdivia y que en octubre de 1973, al saberse que en el sector del Complejo Maderero Panguipulli había un movimiento subversivo, el Comandante mandó un escuadrón al mando del capitán Osorio y encargó al deponente acompañarlo, con su patrulla, por conocer la zona. Consiguió una casa patronal para alojar a la gente que venía mas atrás y, esa noche, llegó el capitán Osorio con su escuadrón,”supe que iba con detenidos”. Agrega, a fojas 697, haberse desempeñado como subteniente en el Regimiento Cazadores de Valdivia y llegó con un contingente de unos 90 hombres a Futrono, en apoyo de Osorio. Recuerda que éste último llegó a Chihuío en la noche con detenidos y sólo en Valdivia se enteró de la muerte de los detenidos que estaban a cargo de Osorio.
8)Atestación de Pompeyo Bosco González Torres, de fojas 89, en cuanto que en octubre de 1973 un militar de una caravana de vehículos ordenó a su hermano Américo orientarlos hacia el Fundo Chihuío, lo cual hizo y, al día siguiente, le contó que en Curriñe sacaron a los habitantes de sus casas y el “oficial a cargo” sacó una lista y comenzó nombrar, al que le tocaba debía dar un paso adelante, una vez terminada de nombrar la lista, comenzaron a darles de culatazos y terminaron echándolos a todos a un camión (se alude a Cortés, Durán, Freire. González, Pedreros y Salinas) Luego, en Chabranco se hizo lo mismo, deteniendo gente (se refiere a Acuña, Barriga, García, Méndez, Sebastián Mora, Fernando Mora y Vargas) y siguieron hacia Chihuio donde “el oficial de mayor rango” pidió que señalara una pieza para dejar los detenidos y antes de irse a acostar el oficial le dijo a Américo que “lo que vea o lo que sienta, debía permanecer callado”.
9) Dichos de Eugenio Américo González Torres de fojas 92 relativos a que en octubre de 1973, estando en Futrono un militar preguntó por él y le ordenó llevarlo a Chihuio porque conocía el camino. Lo condujo hasta Curriñe y el oficial bajó del vehículo con una lista, ordenaron a la gente del caserío que se reuniera y comenzó a leer nombres y la persona que contestaba era separada; siguieron a Chabranco el oficial tomó su lista y nuevamente nombraron personas que fueron separadas. Se continuó a las Termas de Chihuío, allí advirtió que los detenidos eran entre 15 y 18 personas. El oficial le pidió una pieza para calabozo y él le indicó el gallinero que estaba cerrado y tenía techo.
10) Declaración de María Ema Flores Avilés, de fojas 138, quien expresa que con su marido, Carlos Salinas, vivía en Chabranco y el 09 de octubre de 1973 pasaron por su casa unos 10 uniformados y luego supo que, en Curriñe, un oficial disparó y luego leyó una lista y los nombrados debían ir saliendo con las manos en la nuca y eran subidos a los camiones y de ellos no se supo nada en los días siguientes.
11) Testimonio de Rosa Barrientos Torres, de fojas 207 en cuanto a que con su marido, Daniel Méndez, vivía en Curriñe y que el 9 de octubre de 1973 llegaron cuatro camiones con militares, sacaron manos arriba a todos los hombres desde la Administración del Complejo Maderero, les preguntaron por armas, que dónde las tenían escondidas, uno de los hombres contestó que ellos no tenían armas y el “jefe” de los militares dijo:”¿Que no tienen armas?, les vamos a ir a dar un paseo para arriba” y luego partieron hacia Chihuío.
II)
Inculpación directa formulada por el subteniente Jinés Luis Hernán Rodríguez Rigo- Righi.
En efecto, declarando Jinés Luis Hernán Rodríguez Rigo-Righi, a fojas 697, expresa haberse desempeñado como subteniente en el Regimiento Cazadores de Valdivia y llegó con un contingente de unos 90 hombres a Futrono, en apoyo de Osorio. Recuerda que éste último llegó a Chihuío en la noche con detenidos y sólo en Valdivia se enteró de la muerte de los detenidos que estaban a cargo de Osorio. Agrega a fojas 716 que como subteniente se desempeñaba en el Regimiento Cazadores de Valdivia y que en octubre de 1973 al saberse que en el sector del Complejo Maderero Panguipulli había un movimiento subversivo, el Comandante mandó un escuadrón al mando del capitán Osorio y encargó al deponente acompañarlo, con su patrulla, por conocer la zona. Consiguió una casa patronal para alojar a la gente que venia mas atrás y en la noche llegó el capitán Osorio con su escuadrón,”supe que iba con detenidos”.

III) Informe policial
Las conclusiones del Informe policial N° 883 de la Prefectura de Investigaciones de Valdivia (fojas 251 a 283), en cuanto da cuenta:
”El día 08 de octubre de 1973 un convoy militar procedente desde Valdivia y perteneciente en su mayoría al escuadrón Plana Mayor del Regimiento de Cazadores, además de integrantes del Regimiento Maturana de Valdivia, arribó a la localidad de Futrono, alojándose en una Escuela de Monjas...Al día siguiente, 09 de octubre de 1973,continuó el convoy militar internándose hacia Llifén y luego hacia el sector Chabranco, Lago Maihue, procediendo a la detención de varias personas, algunas de las cuales pasaron a retirar de los retenes de Carabineros de , Futrono y Llifén (se alude a Ferrada, Rebolledo, Ruiz y Sepúlveda) ya que habían sido previamente detenidos por Carabineros, y otros eran ubicados por información de algunas personas interesadas en ello de la misma zona,...el mismo día 09 de octubre el convoy trasladó a todos estos detenidos hasta el complejo turístico llamado Termas de Chihuió, lugar en que esa noche fueron ejecutados, en medio de un pequeño bosque distante unos 500 metros del complejo de las Termas, dejando los cuerpos abandonados en el mismo lugar, retirándose momentáneamente el personal militar, regresando a Valdivia...a cargo del convoy militar iba el Capitán Luis Osorio Gardasanich...”
IV Anotaciones en su Hoja de Vida.

Con fecha 30 de noviembre de 1973 se expresa, bajo la firma del coronel “Carlos Poulsen Baeza, Jefe Estado Mayor Div.Cab”.
“Con motivo del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre y sucesos posteriores le correspondió estar al mando directo de las fuerzas que ocuparon y desalojaron la Intendencia, actuando con energía, iniciativa y acierto. Asimismo en los diferentes operativos efectuados en la ciudad de Valdivia y Complejo Maderero de Panguipulli, obteniendo excelente rendimiento de sus subalternos y resolviendo con iniciativa y abnegación.+ 0,50”.
V. Falta de verosimilitud de sus dichos.

En cuanto pretende inculpar a otro oficial de grado inferior al suyo-subteniente- de haber tomado la decisión de ejecutar a los detenidos, al relatar que cuando Rodríguez Olivares le preguntó que pensaba hacer con los detenidos, le contestó que había que llevarlos a Valdivia pero el otro le replicó: “Esta vez tengo orden de mi coronel Pantoja que esta gente no regrese”, sugiriendo que había que matarlos. El capitán Osorio al irse, le dijo que quedaba a cargo de los prisioneros.
18°) Que, en consecuencia, con el mérito de estos elementos de cargo debe estimarse legalmente acreditada la concurrencia de Luis Osorio Gardasanich, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado, cometidos en las personas de Carlos Maximiliano Acuña Hinostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, de Rubén Vargas Quezada y en la persona del menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
19°) Que, por su parte, el acusado Luis Eduardo Osses Chavarría en su declaración indagatoria de fojas 613, manifiesta que ignora cualquier antecedente en cuanto que desde el retén de Futrono se entregaron detenidos a la unidad militar, y que desconoce todo lo referente a las misiones que se describen en Chiuio, Llifen y sus alrededores, aceptando que su misión sólo consistía en informar a la Comisaría de Los Lagos respecto a los movimientos que el Ejército realizaba dentro de Futrono, en cuanto a las tropas que ingresaban o salían del pueblo y nada más. Ratifica, además, su declaración policial prestada a la Policía de Investigaciones. En la declaración policial, a fojas 299, refiere que al 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba como Jefe de Retén en Futrono; entre sus subordinados estaban el sargento Juan Pérez y el cabo Vitalicio Rojas. Asevera que en el Retén no hubo detenidos por razones políticas no obstante que sabían quienes integraban partidos de izquierda en la zona. Las instrucciones que tenía era informar, a la Segunda Comisaría de Los Lagos, la llegada de militares a la zona, cuando se movilizaban al sector de Llifén y cuando regresaban. Recuerda que, después del 11 de septiembre, se presentó un militar con grado de oficial, acompañado con un gran número de efectivos del Ejército que lo esperaron fuera del Retén y le indicó que él se hacía cargo de la zona. Niega haber entregado detenidos de su Retén a los militares. A fojas 613 reitera sus dichos y agrega que respecto de las declaraciones de dos conscriptos que realizaban su servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia, en 1973, y que señalaron que, desde el Retén de Futrono, se entregó detenidos a una unidad militar, ignora cualquier antecedente al respecto y desconoce lo referente a las misiones en Chihuio, Llifén y alrededores. Sin embargo, a fojas 219 reconoce que ”...en una ocasión los militares me pasaron a dejar encargadas a cuatro personas que tenían detenidas, pero sólo encargadas ya que después y cuando yo me encontraba en la Comisaría las pasaron a buscar, ignoro quienes serían”
20°) Que, no obstante la negativa del encausado Osses, en reconocer su concurrencia de los delitos de homicidio calificado, cometidos en las personas de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Juan Walter González Delgado, Rosendo Rebolledo Méndez y Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, obran en su contra los siguientes elementos de convicción:
1) El testimonio de Max Arcadio Terán Riquelme, de fojas 198, quien expone que se desempeñaba como carabinero en el Retén de Futrono en 1973 y que los militares se movilizaron a la zona del Complejo Maderero Panguipulli, pues se decía que había grupos subversivos; y que ellos no ejercían mando sobre Carabineros pero “si había interrelación entre nosotros a nivel del jefe de la Unidad que, en ese entonces, era don Luis Eduardo Osses Chavarría”. Reitera a fojas 301 que el sargento Osses “tenía contacto con los militares”.
2) Declaración de Vitalicio Rojas Villanueva, de fojas 302, quien expresa haberse desempeñado en el Retén de Carabineros de Futrono, al mando del sargento 1°Osses Chavarría. Recuerda que había personal del Ejército en la zona “y frecuentemente llegaban con detenidos al retén donde los interrogaban y posteriormente, se los llevaban, con destino desconocido...el retén era ocupado como recinto de interrogatorio por estos efectivos...me consta que a estas personas las interrogaban en la oficina del jefe del Retén don Luis Osses, quien estaba al tanto de lo que estaba pasando...”.
3) Dichos de Franklin Alejandro Barahona Roa, de fojas 303, en cuanto a haberse desempeñado en el Retén de Carabineros de Futrono en septiembre de 1973,cuartel a cargo del Sargento 1° Luis Osses Chavarría, y presume que el personal del Ejército que se veía en el sector ejercía ”labores represivas contra elementos subversivos.”

4)Testimonio de Heriberto Omar Villegas Villanueva de fojas 469 en el sentido de haber integrado el escuadrón del Regimiento Cazadores de Valdivia; que, a contar del seis de octubre de 1973, se dirigió a la zona de Llifén, Chihuío y otros sectores y que desde Futrono “son sacados los prisioneros desde la unidad de Carabineros. Tiene entendido que son cuatro detenidos, a quienes los días anteriores habían sacado del Reten de Carabineros y los habían llevado a la Escuela, donde fueron interrogados por los oficiales del Ejército. Estos prisioneros fueron subidos a un camión...”. Reitera, a fojas 520, que vio a los “cuatro prisioneros, los que me parecieron que estaban débiles, muy agotados, y casi no hablaban. En el colegio los detenidos eran interrogados por oficiales y personal subalterno de inteligencia militar y en las noches eran trasladados al Retén nuevamente”. Añade que al partir en la caravana de camiones hacia Llifén con los detenidos, él se fue en el de aquellos y”les ofrecimos alguna comida de nuestras raciones y al conversar con ellos nos dijeron que habían sido torturados y que les preguntaban por armas y por algún tipo de organización a la que pudieran pertenecer.” Repite, a fojas 850, que “después de un par de días en Futrono, se nos ordena viajar hacia la cordillera, llevándose algunos detenidos que estaban en poder de Carabineros (cuatro detenidos)...”
5) Declaración de Hernán Tejeda Hernández, de fojas 308, relativa a que hacía su servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia, el que instaló un campamento en un internado en Futrono. El capitán Luis Osorio andaba en helicóptero en busca de los lugareños; en esos patrullajes se detuvo a campesinos y, en una ocasión, debió trasladar unos 4 ó 5 detenidos, desde el Retén de Carabineros de Futrono a las Termas de Chihuío. Reitera sus dichos a fojas 653, aludiendo al Anexo policial de fojas 646.
6)Versión del coronel Jerónimo Luzberto Pantoja Henríquez, de fojas 694, quien expresa ”Respecto de la declaración del sargento Luis Eduardo Osses que rola a fojas 613, en cuanto manifiesta que en su unidad no hubo detenidos, puedo reiterar que ví un grupo grande de detenidos en ese retén, por eso puse a un sargento mío a interrogar”
7) Sus propios dichos en cuanto, a fojas 219, reconoce que”...en una ocasión los militares me pasaron a dejar encargadas a cuatro personas que tenían detenidas, pero sólo encargadas ya que después y cuando yo me encontraba en La Comisaría las pasaron a buscar”.
21° Que, de este modo, conforme al acopio de antecedentes analizados, a fin de precisar la responsabilidad que en la acusación se le atribuye al encausado Osses Chavarría, respecto de los delitos de secuestro calificado que se señalan en ella y que han sido recalificados en esta sentencia a homicidio calificado de las citadas víctimas, resulta necesario señalar que el acusado, tal como se ha analizado, ha negado el haber concurrido con conocimiento y voluntad de contribuir para la realización de dichos delitos.
Que, al efecto, las pruebas allegadas al proceso, con ocasión de los homicidios antes determinados en esta sentencia, las que se han analizado latamente en los fundamentos anteriores, permiten precisar que se trata de delitos complejos, por cuanto, aparece que, en su ejecución, participó más de un autor desde el momento de la aprehensión de las víctimas.
22º Que lo anterior puede modificar la situación jurídica que afecta al acusado Osses Chavarria, pues, se halla claramente establecido que sí actuó vinculado con los autores de la muerte alevosa aquéllas; esto es, entre los militares y Carabineros del Retén de Futrono del cual era su jefe; sin embargo, no hay prueba suficiente que permita al tribunal convencerse que en el actuar del acusado, en el curso normal de los acontecimientos, haya sido quien determinó la muerte de los citados campesinos, según se constata de las propias declaraciones de los testigos antes analizadas.

Sin embargo, para el tribunal, tal declaración, unida a los demás elementos de prueba analizados con ocasión de los delitos, establecen sin duda alguna, que el acusado cooperó en la conducta criminal de otros, favoreciendo dicha conducta dolosa y antijurídica.
Y la gravedad de su hecho está en que, a partir del momento en que los hombres bajo su mando, privan de libertad y trasladan a los ofendidos al Retén, desde éste lugar son llevados con rumbo al fusilamiento de las víctimas por parte de los militares que les privan de la vida; y en ello el acusado Osses colabora conscientemente a la ejecución de todos esos hechos, pues, estando comprobada la detención de los afectados por efectivos del Retén, así como su permanencia en dicho cuartel, no da ninguna noticia tanto de las detenciones, de la permanencia y de la entrega hacia otro lugar de los desgraciados, favoreciendo concientemente la conducta dolosa y antijurídica de otros.
23° Que, en consecuencia, la real participación del acusado Osses Chavarría, en los homicidios calificados de los campesinos antes singularizados en esta sentencia, es como cómplice de dichos delitos, es decir, cooperando dolosamente al injusto doloso de otro u otros, en los términos del artículo 16 del Código Penal.
24 º Que, por lo razonado, no se comparte la conclusión a que llega la defensa del encausado, de ser éste absolutamente inocente de los hechos delictivos por los cuales se le ha formulado acusación en su contra y por lo tanto tal alegación es rechazada.
En consecuencia, con el mérito de estos elementos de cargo, debe estimarse legalmente acreditada la responsabilidad como cómplice del acusado Luis Eduardo Osses Chavarría, de los delitos de homicidio calificado cometidos en las personas de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Juan Walter González Delgado, Rosendo Rebolledo Méndez y Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez.
25° Que, por su parte, al declarar indagatoriamente, a fojas 525, Bruno Esteban Obando Cárdenas reitera su declaración policial de fojas 507, y manifiesta ser nacido y criado en el sector Diolón de Futrono, que queda a poco más de un kilómetro de la ciudad de Futrono por el camino a Llifén. Ocurrido el “golpe del 11 de septiembre de 1973” se mantuvo al margen de lo que estaba ocurriendo. No prestó colaboración a los militares ni a ninguna persona o grupo. Nunca usó uniforme de militares. No conoce a Luis Ferrada; desconoce antecedentes sobre personas detenidas y ejecutadas en el sector de Chihuío. A fojas 120 vta. reitera su negativa y señala que no es efectivo que hubiera allanado la casa de Andrés Silva Silva (otro detenido desaparecido); en careos de fojas 125 con Tomás Elías Montecinos y de fojas 126 con Víctor Montecinos, niega haber intervenido, acompañando a los militares, el 4 ó 5 de octubre de 1973, en la detención del referido Andrés Silva.
26° Que, con respecto a la concurrencia en calidad de cómplice del encausado Bruno Esteban Obando Cárdenas, en el delito de homicidio calificado cometido en la persona de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, sólo existen en su contra los siguientes antecedentes:
a) Los dichos de la viuda, Ubaldina Vera Reyes, de fojas 85, ratificados a fojas 87, relativos a haber estado casada con Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, quien el 09 de octubre de 1973 fue a Futrono a realizar compras, sin regresar a la casa; comenzó a preguntar y un vecino, Hermógenes González Delgado, le contó que a su marido lo habían detenido los militares en Futrono, mientras compraba en el almacén de la señora Miriam Karter y se lo llevaron en un camión; además, “le contaron” que en la patrulla militar andaba un civil, Bruno Obando, del sector Nilahue, vestido de militar y era el que conocía a la gente y se la “entregaba”a los militares; sin embargo, las afirmaciones del mencionado González Delgado o de quien inculpó a Obando no aparecen ratificadas judicialmente ni Miriam Karter al deponer, a fojas 177, sobre la detención de Ferrada menciona la participación de algún civil en su arresto.
b) Lo expresado a fojas 585 por el capitán Luis Osorio, quien comandaba la patrulla militar, en cuanto a que la lista de personas que debían ser detenidas, se habría hecho en Futrono, con la ayuda de un poblador, pero sin que individualizara a Obando Cárdenas como la persona aludida.
c) Parte Policial N° 883 de la Prefectura de Investigaciones de Valdivia, enrolado de fojas 251 a 282, en cuanto informa, en base a declaraciones policiales obtenidas, que el 08 de octubre de 1973 un convoy militar, procedente de Valdivia, arribó a la localidad de Futrono, alojándose en una Escuela de Monjas; se les unió personal de un Regimiento de Temuco, además de un helicóptero militar. Al día siguiente, 09 de octubre, continuó el convoy a Llifén y hacia el sector de Chabranco y Lago Maihue, procediendo a la detención de varias personas, algunas de las cuales pasaron a retirar desde los Retenes de Carabineros de Futrono y Llifén, ya que habían sido previamente detenidas por Carabineros y otras eran ubicadas por información dada por algunos civiles de la misma zona, tales como Bruno Obando. Como sólo se menciona que lo investigado lo fue “en base a las declaraciones policiales obtenidas”, sin especificarse las fuentes consultadas, tampoco puede darse crédito a lo aseverado en la parte en que se menciona al acusado Obando.
d) No es posible considerar la referencia hecha por Eduardo González Monsalve, a fojas 1192, en cuanto a que el 12 de septiembre de 1973, llegaron a su parcela ubicada en Futrono unos militares preguntando por Bruno Obando, explicándole que necesitaban ubicar a ex militares, sin decir el motivo; les indicó el camino a seguir e ignora que vinculación pudo haber tenido Obando con los militares.
27°) Que, en consecuencia, como nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley, al tenor de lo que prescribe el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, se absolverá a Bruno Esteban Obando Cárdenas, de la acusación deducida en su contra, en cuanto a considerarlo como cómplice del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, acogiéndose, de esta manera, la petición formulada por su defensa, en lo principal de fojas 2631, resultando innecesario emitir pronunciamiento sobre sus restantes alegaciones.
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