Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete






descargar 459.61 Kb.
títuloSantiago, treinta de noviembre de dos mil siete
página8/12
fecha de publicación07.03.2016
tamaño459.61 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Contabilidad > Documentos
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Luis Arnoldo Ferrada fue detenido por los militares y no se supo más de él.
4) Enrique Rothen Gutiérrez (1534 vta.) quien relata que en 1973 trabajaba en el Fundo Los Guindos y a principios de octubre fue un grupo a hacer compras de pulpería a Futrono, pero fueron detenidos por unos militares y los llevaron a la Unidad de Carabineros, los metieron un calabozo, les preguntaban por distintas personas a quienes no conocía y fueron dejados en libertad al día siguiente salvo Luis Arnoldo Ferrada quien fue sacado del grupo, ignora el motivo y no lo vieron más.
5) Efraín Lobos Quichel (1535 vta.)en cuanto a haber integrado el grupo de trabajadores del Fundo Los Guindos que, a principios de octubre de 1973, fueron a Futrono a comprar; él siguió hacia Valdivia y luego supo de las detenciones de algunos de sus compañeros, los que después regresaron a Los Guindos, todos menos Luis Ferrada, al cual no vio más.
6) Auner Rothen Gutiérrez (1536) quien relata que trabajaba en el asentamiento Los Guindos y en octubre de 1973 fueron a comprar al Supermercado de Miriam Kanter en Futrono; fueron detenidos por militares y llevados a la tenencia de Carabineros, los interrogaron a todos y quedaron libres al otro día, pero a Arnoldo Ferrada lo sacaron a declarar y no regresó más y por comentarios se enteró que los militares lo habían muerto.
7) Vicente Segundo Flores Ferrada (1193) relativas a haber trabajado en Chabranco y en 1973 vio pasar un convoy militar de unos 7 camiones y luego faltaron varios obreros, entre ellos, Rosendo Rebolledo, luego supo que los militares los habían muerto en Chihuío. Mientras trabajaba como cuidador en los Baños de Chihuio el 18 de junio de 1990 Pedro Corona le comentó haber visto una camioneta con personas desconocidas y al día siguiente al pasar por el lugar de las fosas en que habrían estado enterrados los cadáveres vieron una que estaba abierta.
8) María Ema Flores Avilés (1197) relativas a haber vivido en Chabranco. En 1970 el fundo lo tomó la CORA, instalándose el Complejo Maderero de Panguipulli, y en Curriñe, se instaló la Administración del mismo. Recuerda que eran dirigentes Rubén Vargas, Daniel Méndez, Pedro Segundo Pedreros, Rosamel Cortés, Carlos Acuña, Juan González, Sebastián Mora y Rosendo Rebolledo; todos fueron detenidos y no se sabe nada de ellos. El 9 de octubre de 1973, a eso de las 16,30 horas, pasaron por su casa unos 10 militares, con tenida de campaña y le pidieron cadenas para las ruedas de los camiones que habían quedado empantanados.
Ese mismo día, su marido le contó que un oficial leyó una lista y que los nombrados debían salir con las manos en la nuca y subieron a los camiones. En la mañana siguiente, regresaron los camiones de Chihuio a Curriñe y preguntó por los detenidos y, en tono de burla, le contestaron que “al día siguiente llegarían a la casa”. Días después ella fue a Futrono y a Valdivia a saber de su hijo, en el Regimiento Cazadores le dijeron que era difícil saber de él porque había unos 800 detenidos; pero un cabo de guardia les leyó una lista y señaló que esas personas, entre ellas su hijo, estaban muertas porque habían intentado escapar.
8)Rosa Barrientos Torres (1615) en cuanto vivía en Curriñe; el 9 de octubre de 1973 vio llegar cuatro camiones de militares y bajaron unos 80, corriendo, disparando con metralleta; sacaron manos arriba a todos los hombres y los colocaron contra una pared; fueron a buscar a su marido y lo trajeron junto “a un niño llamado Freire”. Les preguntaban sobre unas armas. Los subieron a los camiones y partieron hacia Chihuío y no volvió a ver más a su cónyuge y se lo llevaron junto, entre otros, a Manuel Sepúlveda.
9) Rosa Ercilia Alvarado Méndez quien (1056) ratifica su querella de fojas 1048 y agrega (1624) que tuvo un hijo con Neftalí Durán y vivía con su madre Olivia Méndez cuando el 10 de octubre de 1973 llegó a la casa una tía, Carmela, y contó que su marido, Rosendo Rebolledo, junto a otros había sido detenido por militares el día anterior. Los familiares comenzaron a buscarlos y su madre concurrió a la IV) División del Ejército, donde le dijeron que los detenidos habían muerto.
10) Olivia Méndez (1627) quien expresa estar casada con José Aceitón que trabajaba en Curriñe; supo que los militares iban a hacer un operativo por Curriñe-Chabranco, lo cual la preocupó y el 9 de octubre de 1973 viajó al lugar y su marido le contó que los militares habían detenido a varias personas de la Administración del Complejo Maderero y se las habían llevado hacia Chihuío; entre ellas, a su primo Rosendo Rebolledo. No volvieron nunca más y cuando los buscaban fue a hablar con el general Bravo quien le leyó una lista de los muertos “en un enfrentamiento con el Ejército en Liquiñe”, entre ellos, recuerda a Luis Ferrada Sandoval.
11) César Elías Rebolledo Vergara (1630), en cuanto expone ser hijo de Rosendo Rebolledo Méndez, quien vivía en Chabranco en 1973 y su madre, Ana Vergara, le contó que el 7 de octubre el padre recibió una citación para presentarse a los carabineros de Llifén, ahí lo detuvieron y lo enviaron al Retén de Futrono, para ser finalmente entregado a los militares, sin saberse nunca mas de su destino. La secretaria del general Bravo en Valdivia les dijo que “había sido dado de baja en Liquiñe, por tentativa de fuga”.
12)Ana Jesús Vergara Montoya(1671) expresa ser la viuda de Rosendo Rebolledo, quien trabajaba en el Complejo Maderero Panguipulli y el 7 de octubre de 1973 el jefe del Retén de Carabineros de Llifén lo mandó buscar para que prestara declaración y no lo ha vuelto a ver más. Recuerda que el 9 del mismo mes vio pasar varios camiones militares hacia Chihuío, incluso quedaron algunos empantanados y algunos lugareños les ayudaron pero después también se los llevaron detenidos. Buscó a su marido en Valdivia, Río Bueno, La Unión y, finalmente, en la IV) División del Ejército, una mujer le leyó un certificado de defunción, diciendo que aquel había muerto en un “enfrentamiento en Liquiñe”. Quedó viuda con 8 niños pequeños. Escuchó que los militares habían llevado a varios vecinos a Chihuío y los mataron, algunos vieron en los camiones a Arnoldo Ferrada.

ii) Parte N° 2.293 del citado Departamento de Investigaciones, enrolado de fojas 569 a 576, en cuanto contiene dichos de:
1)Juan Elías Aceitón Méndez (573), quien expresa que, en septiembre de 1973, tenía 15 años de edad, estudiaba en Valdivia pero visitaba sus padres que trabajaban en el Complejo Forestal y Maderero y en una ocasión vio a militares en caravana en el sector, en unos 20 vehículos, los que pidieron a su padre abrir las puertas de la Administración y comenzaron a preguntar por las personas que aparecían en una lista que llevaba uno de ellos y a medida que llegaban los requeridos los iban recluyendo en la “pulpería” y los vio salir de allí en muy mal estado a causa de golpes y torturas, siendo arrojados al interior de los camiones que partieron hacia Chihuío; recuerda a Barriga, Freire, Acuña y Cortés. La madre del declarante, Olivia Méndez, era hermana de Daniel Méndez y pidió una audiencia al general Bravo para saber su paradero y aquel le dijo que “los detenidos se habían enfrentado con los militares, por lo cual resultaron muertos...”.
2)Esteban Fried (576) quien relata que, con su hermano Andrés, compró el Fundo Maihue, en que había dos aserraderos y trabajaban unas cien personas; el predio fue expropiado en 1971.Supo que habían sido detenidos algunos que trabajaron para él, como Rubén Vargas, Méndez, Pedreros y Rebolledo.
jj)Testimonio de Mirta Gladys Manque quien, a fojas 1057, ratifica la querella de fojas 1048 y a fojas 1200 expresa haber estado casada con Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, vivían en Arquilhue, en el Complejo Maderero Panguipulli.El 7 de octubre de 1973 apareció un camión con dos carabineros de Llifén y un conductor que no vio bien. Al rato su marido le dijo que iba a Llifén a prestar una declaración en Carabineros; además, hicieron levantarse a un vecino, Narciso Segundo García, quien estaba en cama con fiebre y a ambos se los llevaron en la carrocería hacia Llifén y no los volvió a ver más. El día 9 fueron a preguntar por ellos y Carabineros les dijo que habían sido dejados en libertad, lo que era falso. Preguntaron en distintas partes hasta que en la Guarnición militar una asistente social viendo una lista les dijo que sus maridos estaban muertos “porque habían embestido contra las fuerzas armadas”.
kk)Versión de Uberlinda del Carmen Villegas Sepúlveda quien(1453) expresa ser la cónyuge de Narciso García y que el 7 de octubre de 1973 llegó un camión conducido con carabineros de Llifén y se llevaron a su marido y a Ricardo Ruiz a esa localidad; al día siguiente dijeron que los habían conducido a Futrono, pero allí manifestaron que estaban en Valdivia y en la IV) División del Ejercito no aparecían registrados.
ll)Testimonio de Noelia Aurora Pedreros Zenteno de fojas 163 (1259) relativo a que vivía con su padre, Pedro Segundo Pedreros, y sus hermanos en el Complejo Maderero Panguipulli y el 9 de octubre de 1973 llegó a la Administración un gran número de militares armados, obligaron a todas las personas a salir al patio con las manos en alto y vio cuando a su padre, a Carlos Salinas y a Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo los obligaron a subirse a un camión, llevándolos hacia Chihuío, al día siguiente bajaron los camiones sin ninguno de los detenidos.
Ll ll) Documentos remitidos por el Secretario Ejecutivo del Programa Continuación Ley Nº19.123 de fojas 367 a 448, conteniendo antecedentes relativos a Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo.
M m)) Declaración de Adelina Rothen Gutiérrez, quien a fojas 1075 ratifica la querella de fojas 1047 y a fojas 1261 explica haber estado casada con Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo y vivían, con sus hijos en Curriñe; el 8 de octubre de 1973 aquel le avisó que lo llamaban los carabineros de Llifén para prestar una declaración, fue la última vez que lo vio. El día 9 pasaron por la Administración militares y supo que habían detenido varias personas. No le consta que su marido hubiese sido muerto por militares y sus restos enterrados en Chihuío, cree que eso ya no interesa,” porque es bueno olvidar”.
N n) Parte N° 137 de Investigaciones de fojas 1392 en cuanto contiene dichos de José Carlos Torres Manqui (1402) quien expone que Ricardo Ruiz era su cuñado y en octubre de 1973 llegaron dos carabineros a la Administración del Fundo Arquilhue y lo detuvieron, diciendo que lo trasladaban a Llifén a declarar; nunca más lo vio.
4°) Que, los elementos de prueba analizados precedentemente son constitutivos de declaraciones judiciales de testigos, inspecciones del tribunal, documentos públicos y privados, peritajes, órdenes de investigar, pesquisas y presunciones, los que, apreciados conforme a las reglas de derecho, según el valor que a cada uno corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 459, 464, 473, 475, 476, 477, y 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por legalmente acreditado en proceso los siguientes hechos:
Que en el territorio nacional, determinadamente, en la comuna de Futrono, sector del fundo Arquilhue; en los caseríos de Curriñe, donde funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli; poblado de Chabranco, precisamente, en las inmediaciones de las Termas de Chihuío, donde en esa misma época se encontraba la sede del Sindicato “Esperanza del Obrero”, al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero; e internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentra Chihuío; como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil, partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada campesinos fueron privados de libertad por funcionarios carabineros. Estableciéndose, además, que el 7 de octubre de 1973, se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de dicho sector de la población civil, por los mismos motivos. Asimismo, el día 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos de Caballería Nº 2 “Cazadores” y “Maturana” de Valdivia, salió con rumbo a Futrono, al mando de un oficial; caravana que estaba compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones y con una dotación aproximada de noventa personas.
Se dirigió dicha caravana militar hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad y dar muerte a un sector preciso determinado de campesinos, pertenecientes a la población civil.
Es así como en la localidad de Futrono, en un almacén, es privado de libertad por los efectivos militares (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años de edad, casado, cuatro hijos, dicha víctima trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, como obrero agrícola.
Una vez en el sector de Llifén, los efectivos se dirigen al Retén de Carabineros donde éstos le hacen entrega de los campesinos que mantenían privados de libertad por las razones antes señaladas, entre ellos, se encuentra (2)Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años de edad, casado, dos hijos, quien trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Fábrica, militante del Partido Socialista; dicho civil había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por Carabineros de Llifén y trasladado a Futrono el día 8 de octubre.
Dejan privado de libertad también a (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años de edad, casado, ocho hijos, trabajador en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, dirigente del Sindicato Campesino Esperanza del Obrero, sin tenía militancia política. Esta víctima se había presentado voluntariamente en el Reten de Llifén el día 7 de octubre de 1973, donde quedó privado de libertad y el día 8 fue trasladado al Retén de Futrono;
Mantienen los militares además la privación de libertad del campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años de edad, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia política conocida. Había sido dejado sin su libertad el día 7 de octubre de 1973, por Carabineros de Llifén, quienes lo entregaron el día 9 a la caravana militar.

El destacamento militar continúa su caravana hasta llegar hasta el sector de Curriñe, donde proceden a reunir a todos los hombres del lugar, los ponen en fila, con las manos en alto. Y privan de libertad a las víctimas cuyos nombres se encontraban en listas que los militares portaban, las que son conducidas al primer piso de un inmueble donde instalan una especie de tribunal, compuesto por quienes estaban a cargo del contingente.
En ese lugar fueron interrogados y golpeados los campesinos que venían señalados en la lista de nombres, entre ellos, (5) José Rosamel Cortés Díaz, 35 años de edad, casado, dos hijas, Trabajador el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; perteneciente al Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (6) Rubén Neftalí Durán Zúñiga, 22 años de edad, casado, un hijo. Trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero, perteneciente al Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, 20 años de edad, soltero, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; (8) Juan Walter González Delgado, 31 años de edad, casado, seis hijos, el menor de los cuales nació cuando él estaba detenido, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y secretario del Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, 21 años de edad, inválido y trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, radio operador; afiliado al Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años de edad, viudo, ocho hijos; empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Predios.

Que los campesinos son llevados a los camiones militares y se dirigen al sector rural de Chabranco; lugar donde es apresado otro grupo de la población civil; estos son (11) Carlos Maximiliano Acuña Hinostroza, 46 años de edad, casado, dos hijas, Trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero y pertenecía al Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (12) José Orlando Barriga Soto, 32 años de edad, casado, cuatro hijas, Trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como oficial herrero, tesorero del Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”. (13) Narciso Segundo García Cancino, 31 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; (14) Daniel Méndez Méndez, 42 años de edad, casado, ocho hijos; trabajador el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, como obrero maderero; había sido presidente del Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (15) Rubén Vargas Quezada, 56 años de edad, casado, 10 hijos, Trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; pertenecía al Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”; (16) Sebastián Mora Osses, 47 años de edad, casado y tenía hijos; trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero. Fue tesorero del Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”;
En este último lugar, los militares también privan de libertad al menor de diecisiete años y meses Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años de edad, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero, miembro del Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”, al que del mismo modo que a los demás le dan muerte. Este menor era hijo de la víctima Sebastián Mora Osses.
En consecuencia, en la relación a los sucesos establecidos en el proceso, pede precisarse que el día 9 de octubre de l973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los maltratados civiles de la casa patronal del Fundo Chíhuío, donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, determinadamente, a unos 500 metros de dicha casa patronal, lugar en que se les da muerte sin mediar proceso previo alguno.
Al día siguiente un testigo observa que los cuerpos sin vida de varias de las víctimas presentaban cortes en las manos y en el estómago.
Se ha acreditado, además, que los cuerpos sin vida de las víctimas permanecieron durante varios días en el lugar de los crímenes cubiertos solamente con ramas y troncos, hasta que posteriormente son inhumados irregular y clandestinamente por terceros, utilizando para ese propósito tres fosas abiertas en el lugar.
En definitiva, con posterioridad al entierro irregular y clandestino de las víctimas, éstas del mismo modo irregular y clandestino fueron exhumadas por terceros, los que hacen desaparecer los restos, sin que los familiares hayan tenido hasta el día de hoy el consuelo de recuperar sus cuerpos y darles cristiana sepultura.
Que, por otro orden de cosas, en relación con los civiles ejecutados se practicaron inscripciones de defunción con infracción a las normas de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, en especial, respecto de los artículos 44, 45, 46 y 50, indicándose como lugar del deceso la localidad de Liquiñe, por “causas no precisadas” y se trató de acreditar los fallecimientos con el testimonio de soldados. En efecto, en las certificaciones relativas a Rosendo Rebolledo y Pedro Segundo Pedreros figura como “requirente” el oficial Luis Rodríguez Rigo-Righi (fojas 1855 y 1856); en las de Eliécer Freire(1870),Carlos Salinas (1871), Fernando Mora(1873),Ricardo Ruiz (1874), Narciso García (1875), Sebastián Mora (1876), Daniel Méndez(1877), Carlos Acuña(1878), José Cortés(1879), Manuel Sepúlveda(1880), José Barriga (1881), Neftalí Durán(1882), Rubén Vargas (1883) y Juan Walter González (1884), comparecen como “testigos de comprobación de defunción” Arsenio (Zenén)José Cisterna Burgos, quien depone a fojas 1865, y Armando Vallejos Hazeldine, de 19 y 20 años, respectivamente, domiciliados en el “Regimiento “Cazadores”.
5º Que los hechos descritos en el considerando anterior, con un mayor y más detenido estudio de los elementos de prueba analizados en esta sentencia, son constitutivos de los delitos de homicidio calificado, que contempla y sanciona el artículo 391 Nº 1, circunstancia primera del Código Penal, en las personas de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada; y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
Que, en efecto, los hechos señalados en el motivo anterior, constituyen para el Derecho Interno Nacional los delitos reiterados de homicidio calificado en las personas de las mencionadas víctimas, delito previsto y sancionado en el artículo 391 N º 1 del Código Penal, en la especie, concurriendo la circunstancia calificada de la alevosía, atendido que en momento alguno los ofendidos tuvieron la más mínima posibilidad de repeler la agresión, habiendo los agentes militares obrado sobre seguro, lo que refleja asimismo no sólo el ánimo de matar, sino que también el procurar evitarse todo riesgo para lograr dicho propósito, y de no dar oportunidad alguna a las víctimas de poder eludir la acción o de repeler la agresión en contra de sus vidas.
Así los delitos de autos encuadran con absoluta facilidad en el concepto de alevosía, entendida ésta como la muerte dada ocultamente a otro, asegurando su ejecución por evitación de todo riesgo o peligro e imposibilitando intencionalmente la defensa de la víctima (Buompadre, Jorge E., Derecho Penal. Parte especial, t1, Bs As., Mave, 2000, p.127)
6° Que si bien la acusación fiscal de oficio y las adhesiones calificaron las acciones delictivas, en relación con los ofendidos antes singularizados, como constitutivas de los delitos de secuestro calificado y de un delito de sustracción de menores, en su caso, en definitiva, al coordinar los hechos con los tipos legales de ilicitud señalados en la ley, no es menos cierto que la acusación hizo una determinación general sobre tales hechos, en cuanto éstos afectaban a tales desgraciadas personas, procediendo enseguida a hacer cargos sobre el tipo penal a aplicar.
Sin embargo, al ser esta sentencia definitiva la oportunidad procesal donde deben quedar debidamente calificados los hechos acreditados en la causa, nada impide calificar los delitos como homicidio calificado en la persona de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, de José Orlando Barriga Soto, de José Rosamel Cortés Díaz, de Rubén Neftalí Durán Zúñiga, de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, de Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, de Narciso Segundo García Cancino, de Juan Walter González Delgado, de Daniel Méndez Méndez, de Sebastián Mora Osses, de Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de Rosendo Rebolledo Méndez, de Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez , de Carlos Vicente Salinas Flores, de Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, de Rubén Vargas Quezada; y de Fernando Adrian Mora Gutiérrez

7° Que, en efecto, en este proceso la tesis del secuestro calificado se sostuvo básicamente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que señalaba que los familiares de las víctimas las buscaron infructuosamente luego de haber sido muertas e inhumadas en fosas en el mismo lugar, pues tiempo después fueron exhumados clandestinamente los cuerpos, sin tener hasta hoy las madres, cónyuges e hijos, el consuelo de recuperarlos e identificarlos.
8° Que, enseguida, en el análisis jurídico de estos hechos es necesario precisar que la congruencia entre la acusación y la sentencia no puede entenderse como una total y perfecta armonía e identidad entre ellas, sino como una garantía de que el proceso legal mantiene una coherencia fáctica jurídica que le sirve como marco estructural y límite de desenvolvimiento y no como atadura irreductible, por lo que el sentenciador puede en la sentencia, al resolver, determinar el o los delitos correspondientes, sin romper por cierto la consonancia de agravar la responsabilidad de los acusados a quienes se les atribuyó su concurrencia en los hechos.
9° Que, en efecto, hay certeza absoluta de la muerte de las víctimas, la que se produjo bajo la absoluta indefensión, provocada por la acción de terceros, los que se procuraron un obrar sin riesgo y sobre seguro para ellos, todo lo cual está suficientemente acreditado con los elementos de juicio analizados precedentemente con ocasión de los hechos punibles.
Que, en relación con la nueva adecuación de los delitos, si bien este mismo sentenciador en los autos N° 2.182 – 98 episodio “Vidal Riquelme”, por sentencia de primera instancia dictada con fecha catorce de enero de dos mil cinco, que se lee de fojas 886 a 957 de dicho expediente, recalificó dos delitos de secuestro calificado a homicidio calificado, perpetrados el 15 de septiembre de l973, sobre el puente del Río Loncomilla, cercano a la ciudad de San Javier, fundamentalmente por haber prueba de haber sido recuperados los cuerpos de las víctimas Cesario del Carmen Soto González y Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez y existir certificados de sepultura y de defunción de ellas, y mantuvo la calificación de delito de secuestro calificado de la víctima Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, por no haber antecedente que haya permitido encontrar su cuerpo e identificarlo, una nueva reflexión conduce a este sentenciador a apartarse de este criterio en el presente caso de las víctimas de la localidad de “Chihuio”.
10° Que ello obedece a que, a la luz del tipo penal en cuestión, no se advierte la inconveniencia ni menos la impertinencia de una motivación sustentada en que no sólo la recuperación física e identificación de los cuerpos de las víctimas, el dictamen pericial médico legal, los instrumentos públicos del protocolo de autopsia, examen de restos óseos, actas y certificados de defunción, sean los únicos medios probatorios para demostrar la existencia de los delitos, en virtud de que también lo permite el cúmulo de los otros diversos medios probatorios que son idóneos para ello; como al efecto lo son los testigos, los instrumentos públicos o privados, y las graves, precisas y múltiples presunciones e indicios existentes, elementos todos ya analizados pormenorizadamente en esta sentencia al referirse a los hechos punibles..
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

similar:

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, treinta de enero del año dos mil siete

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, doce de noviembre de dos mil siete

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, de treinta de abril de dos mil cuatro

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, treinta y uno de enero de dos mil ocho

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, veintitrés de julio de dos mil siete

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, a veintisiete de diciembre de dos mil siete

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, veintisiete de junio de dos mil siete

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, dieciocho de noviembre de dos mil diez

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, cinco de noviembre de dos mil trece

Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete iconSantiago, quince de noviembre del año dos mil diez






© 2015
contactos
ley.exam-10.com