Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete






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En cuanto a las penas:
49° Que, a ambos encausados por la reiteración de los delitos de homicidio calificado les es más favorable la aplicación del precepto del artículo 509, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, esto es, imponerle la pena privativa de libertad correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en un grado y por favorecerle la regla de disminución de la pena del artículo 103 del Código Penal - en virtud del artículo 68 inciso 3° del mismo Código - la pena base, en el caso del acusado Osorio que concurre como autor, de tres años y un día, se aumenta en un grado, esto es, se llega a la de presidio mayor en su grado mínimo. Y en el caso del encausado Osses, el que concurre en calidad de cómplice, desde la pena base, inmediatamente inferior en grado a la señalada en la ley para el crimen.

En cuanto a la acción civil.
50°) Que, en el primer otrosí de fojas 2550 y en el primer otrosí de fojas 2566, el apoderado de los querellantes Pedro Juan Pedreros Zenteno, Plácido Alberto Pedreros Zenteno, Noelia Aurora Pedreros Zenteno, Teodomira Clementina Pedreros Zenteno, René Marcelino Pedreros Zenteno, Luisa Irene Pedreros Zenteno, Luis Antonio Pedreros Zenteno, José Enrique Pedreros Zenteno, José David Freire Caamaño, Erisilvia Durán Zúñiga, Irma Ramona Vargas Cifuentes, Alterneriana Gutiérrez Araneda, Amelita Ivonne González Arismendi, Nancy Margot González Arismendi, Ruth Lastenia González Arismendi, Erwin Rubén González Arismendi, Walter Eladio González Arismendi, Juan Rolando González Arismendi, Enilda Elizabeth Arismendi Ortiz, María Ema Flores Avilés, Inés del Carmen Salinas Flores, Eladio Alfonso Salinas Flores, Juan Selso Salinas Flores, Claudio Benedicto Salinas Flores, Bruno Juvenal Salinas Flores, Lucía Marcela Salinas Flores, Juan Carlos Ruiz Torres y Elba Rosa Ruiz Torres, demanda indemnización de daños y perjuicios al Fisco de Chile, representado por Clara Szczransky Cerda, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1.687. Se expone que se encuentra comprobado en autos que, en el marco de una actividad represiva militar y policial dirigida en contra de campesinos de diversas localidades de la Décima Región, se privó ilegítimamente de libertad a 17 personas, a las que se hizo desaparecer. Todo comenzó el 9 de octubre de 1973, con la llegada a Futrono de más de 100 efectivos militares provenientes de Valdivia, al mando del coronel Jerónimo Pantoja, del Regimiento Maturana y del capitán Luis Osorio Gardasanich, del Regimiento Cazadores. Las 17 victimas fueron subidas a vehículos militares y llevadas a los baños termales de Chihuío, donde fueron presuntamente asesinados, sus cuerpos habrían quedado a la intemperie y días después otra patrulla militar los habría inhumado en forma clandestina y, posteriormente, se les habría exhumado, haciendo desaparecer los restos. El Estado de Chile hizo entrega de certificados de defunción a los familiares de las víctimas, fijando como lugar de la muerte la localidad de Liquiñe, sin precisar la causa de la muerte y sin entregar el cadáver a sus familiares. En el marco histórico, se trata de hechos ocurridos a menos de un mes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, los detentadores de la fuerza creyeron que podían arrasar con las personas y sus derechos, ignorantes de que, en esas condiciones excepcionales, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos adquieren mayor aplicabilidad. Considera al respecto que el 3 de diciembre de 1973 Chile concurrió con su voto a aprobar La Resolución 3.074 de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada “Principios de Cooperación Internacional para la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de Lesa Humanidad”.

En la especie, añade, los delitos cometidos contra los campesinos de Chihuio son delitos imputables al Estado de Chile, a través de la acción u omisión de sus agentes. Se cita el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal que permite intentar ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados hayan causado. Los señores Luis Alberto Osorio Gardasanich y Luis Eduardo Osses Chavarría, acusados, eran funcionarios públicos, al servicio del Estado. Los actos y hechos de funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen, es la llamada “Teoría del órgano”.De ahí la responsabilidad del Estado que es “orgánica” y “directa” y está regida por un conjunto de disposiciones de derecho público, siendo inaplicables las correspondientes a la responsabilidad extracontractual del derecho privado. Así, se agrega, el artículo 38 inciso 2° de la Constitución declara que toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado puede recurrir ante los Tribunales de Justicia a objeto que se resarza el daño causado. El inciso 4° del artículo 1° señala el principio según el cual “El Estado está al servicio de la persona humana”.Son los artículos 6° y 7° los que consagran el principio del constitucionalismo clásico, según el cual todos son iguales en la ley. El artículo 4° de la Ley de Bases Generales de la Administración señala que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones. Este cuerpo de normas es lo que se denomina Estatuto de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Se trata de una responsabilidad objetiva, no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. Además, concluye, el Estado de Chile está obligado por el complejo normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por disposición del artículo 5° de la Constitución.

Respecto al daño producido, definitivo y enorme, agravado por la ocultación de los restos, se señala que aparte del daño moral imaginable, consistente en el dolor, sufrimiento, angustia que provoca la desaparición forzada de estas personas, se añaden otras secuelas importantes, como lo son la incertidumbre, impotencia y la pérdida de sentidos de vida y de proyectos de futuro. Para cada uno de los demandantes, que son cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas, parte de sus vidas quedó tronchada con esa tragedia. Para dimensionar el monto de ese daño recuerda las cifras con que el Estado ha reparado a los familiares del canciller Orlando Letelier del Solar y del diplomático Carmelo Soria. Se reclama la misma filosofía que inspira esas dos situaciones y se solicita el pago de las siguientes cantidades:

$700.000.000, para Pedro Juan y Plácido Alberto Pedreros Zenteno, hijos de Pedro Segundo Pedreros Ferreira.

$700.000.000, para José David Freire Caamaño, hermano de Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño.

$700.000.000, para Erisilvia Durán Zúñiga, hermana de Neftalí Rubén Durán Zúñiga.

$700.000.000, para Irma Ramona Vargas Cifuentes, hija de Rubén Vargas Quezada.

$1.400.000.000, para Altermeriana Gutiérrez Araneda, cónyuge de Sebastián Mora Osses y madre de Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

$700.000.000, para Amelita o Melita Ivonne González Arismendi, cónyuge de Juan Walter González Delgado.

$900.000.000, para Nancy Margot, Ruth Lastenia, Erwin Rubén, Walter Eladio y Juan Rolando González Arismendi, hijos de Juan Walter González Delgado.

$700.000.000, para María Ema Flores Avilés, madre de Carlos Vicente Salinas Flores.

$900.000.000, para Eladio Alfonso, Juan Selso, Claudio Benedicto, Bruno Juvenal y Lucía Marcela, hermanos de Carlos Vicente Salinas Flores.

$700.000.000, para Juan Carlos Ruiz Torres y Elba Rosa Ruiz Torres, hijos de Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez.

$900.000.000, para Noelia Aurora, Teodomira Clementina, René Marcelino, Luisa Irene, Luis Antonio y José Enrique todos Pedreros Zenteno, hijos de Pedro Segundo Pedreros Ferreira (primer otrosí de fojas 2566)
Estas sumas totales de $ 8.100.000.000, (primer otrosí de fojas 2550) y de $ 900.000.000(primer otrosí de fojas 2566) deberán ser pagadas con reajustes e intereses desde la fecha de acaecidos los hechos hasta su completo pago, mas las costas de la causa o las sumas que se estime en justicia.

Contestación a la demanda civil.

51°)Que, en lo principal de fojas 2736,María Teresa Muñoz Ortúzar, Abogado, Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en el primer otrosí de fojas 2555 y la interpuesta en el primer otrosí de fojas 2566 y opone, en primer término, la excepción de incompetencia absoluta del tribunal para el conocimiento de dichas demandas, pues estima que la acción civil corresponde, privativamente, a los tribunales con jurisdicción civil. Se explica que la última gran reforma al Código de Procedimiento Penal fue la originada en la ley N° 18.857, de diciembre de 1989 y en ella se limitó la acción civil deducida dentro del proceso penal, en cuanto a la amplitud y participación en él. El artículo 10 dice lo siguiente:”Se concede acción penal para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar en su caso, el delito que resulte probado.

En el proceso penal podrán deducirse también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”.
Se señala que las condiciones en que debe desenvolverse la acción civil deducida dentro del proceso penal para que sea de competencia del juez del crimen, son las siguientes: a) Debe fundarse en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por “las propias conductas de los procesados o que sean consecuencias próximas o directas de aquellas”; b) El juzgamiento de la pretensión civil del actor no puede extenderse a extremos ajenos “a las conductas que constituyen el hecho punible”, c) El hecho punible es la visión procesal de la tipicidad penal. d) La tipicidad penal es la causada por los agentes delictuales.
Se concluye que el juez del crimen no tiene competencia para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que procedan de hechos distintos de los propios que causaron la tipicidad.

Se añade que de las normas constitucionales en que se fundan los libelos indemnizatorios deducidos en contra del Fisco se advierte que se pretende arrastrar al Estado a este proceso, sobre la base de un sistema de responsabilidad objetiva. El Estado y sus órganos pueden causar el perjuicio mediante “la falta de servicio público”, cuyo sustento no se encuentra en el dolo y la culpa, sino que emerge en diferentes situaciones que la doctrina acepta como constitutivas de falta, por ejemplo, cuando el servicio funciona mal o no ha funcionado o cuando lo ha hecho tardíamente.
En resumen:1) La acción interpuesta es una acción constitucional destinada a reclamar contra la Administración del Estado.2) Se ha producido una falta de servicio público.3) El Servicio funcionó mal o no funcionó o lo hizo tardíamente.4) Los perjuicios de la víctima son imputables a la propia administración. 5) Se trata de una responsabilidad directa del Estado.
De ello aparece, se agrega, que para resolver la procedencia de acoger o rechazar la acción civil deducida no deberá el tribunal decidir en base al juzgamiento de “las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”, sino que perseguiría juzgar hechos distintos de tales conductas.

De lo expuesto se estima que surge con claridad que la acción civil intentada ha de ser conocida y juzgada en sede civil, exclusivamente.
52°) Que, en subsidio de la excepción de incompetencia planteada, se opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios. Se señala que la demanda persigue la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile por hechos ocurridos en el año 1973. La acción de indemnización de perjuicios, ejercida en autos, tiene un plazo de prescripción especial contemplado en el artículo 2332 del Código Civil, que es de 4 años contados desde la perpetración del acto que causa el daño. De este modo, si el hecho habría ocurrido en octubre de 1973 y la demanda de autos fue notificada a su parte el 18 de marzo de 2005, el plazo de prescripción establecido en la disposición citada, transcurrió con creces, por lo que se deberá acoger la extinción de la acción alegada y, en consecuencia, disponerse el rechazo de la demanda. Se agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público y resguarda un valor fundamental para el funcionamiento de la sociedad: la seguridad y la certeza jurídicas. Por ello, su aplicación a las más variadas relaciones jurídicas resulta ser la regla general. La imprescriptibilidad, en cambio, es excepcional y requiere siempre declaración explícita que, en este caso, no existe. Se cita, en seguida, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en los autos caratulados “Domic Bezic,Maja y otros con Fisco”, “Pisani y otra con Fisco de Chile” y “Cortés con Fisco de Chile”, transcribiéndose algunos fundamentos de esos fallos.
53°) Que, en subsidio, se alega la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado en los términos expuestos en la demanda, en que se invoca un conjunto de normas constitucionales y legales (artículos 6º, 7º y 38 de La Constitución Política de la República y los artículos 4º y 42 de la ley N° 18.575), otorgándoles un sentido y alcance que nunca tuvo presente el legislador, negándole aplicación a las normas del título XXXV del Libro Cuarto del Código Civil. Se argumenta que tanto la Constitución Política de 1980 como la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, son de vigencia muy posterior a la fecha de los hechos de la demanda, por lo que no corresponde invocarlos. Que La Constitución Política del Estado de 1925, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, no contenía disposición alguna que permitiera accionar por responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que las acciones estaban reguladas por las disposiciones de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.
El sistema de responsabilidad extracontractual del Estado, se agrega, se encuentra establecido de manera general en el artículo 44 de la ley Nº 18.575,de 1986,Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta personal. La falta de servicio no es una responsabilidad objetiva ya que para que opere se requiere la “culpa de servicio”, o sea, debe darse el mal funcionamiento del servicio o el no funcionamiento del mismo, lo que descarta la idea de responsabilidad objetiva. Por disposición del artículo 18 de La Ley Nº 18.575, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, quedan excluidas de la aplicación del artículo 44 de la misma ley.

Se continúa que el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual se encuentra en el Código Civil, Título XXXV, artículos 2314 y siguientes, de acuerdo a los cuales la responsabilidad extracontractual es de carácter subjetivo. En el presente caso, se trataría de una acción indemnizatoria destinada a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado y, para que ello opere, es necesario que el acto u omisión dañoso hayan sido ejecutados por alguno de los órganos en los que reside la voluntad del Estado, que estos órganos hayan actuado dentro del ejercicio de sus funciones y que lo hayan hecho con culpa o dolo: por ello, le son aplicables las normas citadas, en especial la del artículo 2332 del Código Civil que fija en cuatro años el plazo en que prescribe la acción reparatoria del daño. Se concluye que no existe un régimen de responsabilidad extracontractual del Estado de carácter objetivo e imprescriptible.

54° Que, siempre en subsidio, se opone como alegación o defensa el exagerado monto de las indemnizaciones demandadas, en relación con los fijados por los tribunales para compensar daños similares a los de autos, en casos de muerte y lesiones, citando al efecto fallos de La Excma. Corte Suprema de Justicia.
55° Que para una adecuada resolución de las alegaciones opuestas por el demandado Fisco de Chile, deberá tenerse especialmente presente que se ha ejercido por los querellantes y demandantes civiles de autos, la acción civil de indemnización de perjuicios, que les permite constituirse como parte civil en el proceso penal, al haber el delito producido el daño moral que reclaman, lo que lleva a determinar el sistema jurídico que les ofrece - como directamente ofendidos - poder participar en el mismo dentro del propio proceso penal.
56° Que, lo anterior y para los efectos de resolver acerca de los hechos investigados y las normas atinentes a ellos, llevará al sentenciador a razonar más adelante la entidad que se le ha atribuido a los delitos, fuente del perjuicio cuya indemnización se solicita por las cónyuges, hermanos e hijos de las víctimas, tal como esto último se acredita con los certificados del Registro Civil y de Identificación de acompañados a los autos.
57° Que, así, el primer aspecto que se debe considerar, es la razón de justicia material que permite la intervención de los querellantes y demandantes civiles, tanto en la investigación penal como en la civil que ahora se analiza.
58° Que tal justicia material fluye de manera clara al considerar que gracias a la intervención en lo civil dentro del proceso penal, hace que la demanda indemnizatoria siga la suerte de lo penal, por integrarse dentro del propio proceso lo penal determinante; y, en consecuencia, significa que, por un primer orden de cosas, el acopio de pruebas del proceso penal deben recibir una valoración en la parte civil y, en segundo término, la integración permite resolver ambos aspectos de responsabilidad involucrados.
59° Que, además, la razón de justicia material resuelve el trato a las víctimas que, como sujetos de derechos les deben éstos ser reconocidos, conforme a la entidad con que han sido conculcados por los agentes del delito.
Que no está demás recordar que la reparación a la víctima y a sus familiares de los perjuicios sufridos por ellos, forma parte de una institución de vasto alcance jurídico, cuyas disposiciones forman parte de todo el sistema de Derecho.
Desde luego, por un primer aspecto, es la más íntegra sanción de orden civil en contra de los hechos contrarios a la sana convivencia jurídica; y, por un segundo orden de cosas, es una efectiva medida aseguradora en contra de la contingencia en el orden patrimonial.
Por el primer aspecto - como sanción - además de aparecer formulada generalmente de modo expreso, también está instituida implícitamente al hablarse de responsabilidad, y es precisamente en esta clase de hechos ilícitos donde mejor se expresa el carácter de sanción.
60° Que, enseguida, la conclusión precedentemente referida determina que si los perjudicados por los delitos han recurrido a la alternativa de integrar sus demandas civiles dentro del propio proceso penal, deben recibir del sistema jurídico todo el marco de derechos, con sus efectos o consecuencias, que se encuentren estrechamente relacionados y sean atinentes al desarrollo de la investigación y juzgamiento penal.
61° Que, así las cosas, teniendo en consideración, como ha quedado sentado en esta sentencia, el carácter de delitos de lesa humanidad el sufrido por las víctimas, ello determina que los daños causados, la posibilidad de restablecimiento de los derechos, y, en suma los móviles de la indemnización reparatoria, no se limiten simplemente al análisis de ésta en si, sino que se extiende hasta el descubrimiento de la verdad determinante de los ilícitos, provocándose de esta forma la realización de la justicia material que se ha pedido al tribunal.
62° Que, en consecuencia, la categoría de crímenes de lesa humanidad de los delitos establecidos en este proceso, en cuanto a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también - en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares para “conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente” (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 14 de marzo de 2001, citada anteriormente), - los convenios o tratados internacionales “que deben ser interpretados y aplicados de acuerdo con las reglas generales de cumplimiento del derecho internacional y de buena fe (bonna fide), (pacta sunt servanda), regla de derecho internacional que se considera Ius Cogens, y además Derecho Consuetudinario Internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el que se encuentra vigente en nuestro país, desde el 27 de enero de 1980, la cual establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio Derecho Interno para eludir sus obligaciones internacionales, de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado” (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas…; página 231).
63° Que, de esta forma, el derecho de las víctimas y de sus familiares de recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno chileno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
64° Que el artículo 6º de la misma Carta Fundamental, la cual forma parte, al igual que la disposición constitucional antes referida, de las “Bases de la Institucionalidad” - por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la Jurisdicción - ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, e indica el deber categórico que se le impune al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.
65° Que, además, el mismo artículo 6º enseña que “los preceptos de esta Constitución Obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. Y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.
66° Que, en consecuencia, no conformándose las disposiciones invocadas por el Fisco de Chile, para eximirse de responsabilidad, a la batería normativa internacional que se ha analizado con ocasión de los crímenes de lesa humanidad, cometidos en contra de la víctimas, plenamente aplicables por este aspecto, y siendo ellas prevalentes sobre el Derecho Interno, se rechaza la excepción de incompetencia absoluta formulada por el Fisco de Chile, por resultar inatinente en la especie y por este aspecto la disposición del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, como se ha razonado en razón de la categoría internacional que tienen los delitos.
67° Que, del mismo modo, resultan inatinentes las normas del Derecho Interno previstas en el Código Civil, sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente las víctimas y familiares de éstas, estatuto normativo internacional reconocido por Chile.
68° Que, enseguida, corresponde resolver la alegación por parte del demandado civil Fisco de Chile, de la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado, en los términos expuestos en la demanda civil, al invocar el demandante, dice el Fisco de Chile, un conjunto de normas constitucionales y legales, otorgándoles un sentido y alcance que nunca tuvo presente el legislador, las que además carecerían de fundamento lógico, negándole aplicación a las normas del Título XXXV del Libro Cuarto del Código Civil, por el carácter público de dicha responsabilidad.
69° Que, a fin resolver adecuadamente dicha alegación planteada por el Fisco de Chile, a juicio de este sentenciador, se deben analizar dos aspectos que son básicos; primero, determinar la fuente de la obligación indemnizatoria que se demanda, y, en segundo término, si existe fundamento para concluir que el Estado de Chile debe soportar el cumplimiento de reparar los daños ocasionados.
Por el primer aspecto, como se sabe, las fuentes de las obligaciones civiles son el contrato o acuerdo de voluntades tendiente a crear actos jurídicos, el cuasi contrato, el delito, el cuasidelito, o la ley.
Sin duda, en la actualidad, hasta el más convencido positivista del Derecho Internacional Público reconoce la existencia del delito de lesa humanidad, no tan sólo como Principio Internacional, sino como norma del Derecho Internacional Público y la noción de crimen de lesa humanidad produce, como consecuencia de ello, en el ámbito del ordenamiento jurídico, la obligación para el Estado de respetar los tratados sobre la materia, de acuerdo al artículo 5º inciso segundo de la Constitución, lo que significa el deber de asegurar el cumplimiento de sus disposiciones por todos los órganos y agentes del Estado.
En consecuencia, la responsabilidad que pesa sobre el Estado en esta materia proviene en efecto, de la ley.
Pero tal obligación de responsabilidad indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de violación de los Derechos Humanos, no sólo en cualquier ley, sino en una de rango mayor como lo es la Constitución Política de la República; y no solamente deriva de ésta, sino de los Principios Generales de Derecho Humanitario y de los tratados como expresión concreta de los mismos.
Enseguida, en estos casos el Estado se encuentra obligado a soportar el pago de la indemnización reparatoria en forma directa, en virtud a la relación de derecho público entre él y la víctima y los familiares de ésta, deber que se centra en la reparación de los daños producidos por la violación en materia penal de los Derechos Humanos, pues, no se puede alcanzar en esto una comprensión precisamente humana e integral, sin tener presente en este aspecto a la víctima y su familia.
Que, en efecto el “corpus iuris” referido ha establecido la responsabilidad del Estado en materia de violación de los Derechos Humanos en forma directa, es decir, sin que sea dependiente de la responsabilidad de los agentes de éste; o bien, al concepto dado por el derecho administrativo de falta de servicio, es decir, establecer “ una mala organización o funcionamiento defectuoso de la administración” (Pedro Pierre Arrau, “La responsabilidad Extracontractual del Estado”, Revista del Consejo del Estado, año I, julio de 2000 Nº 1, página 13).
70° Que, también debe desecharse lo alegado por el Fisco de Chile, de que solamente cabe aplicar las disposiciones de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, porque la Constitución de l980, como la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, Ley 18.575, son de fecha posterior a los hechos.
En efecto, además de lo razonado anteriormente, de lo que se concluye que las normas del derecho común interno se aplican sólo si no están en contradicción con la fuente de la obligación del Estado de reparar a las víctimas y a sus familiares de las graves violaciones a los derechos humanos, obligación estatal que proviene de la Constitución, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los Principios Generales del Derecho Internacional Humanitario, también bajo la Carta de 1925, Chile era un Estado Constitucional de Derecho, al igual que bajo el imperio de la Constitución de l980, y le era también exigible la congruencia de aquélla con los Tratados Internacionales y los Principios Generales del Derecho Internacional; así Chile era, desde antes de los hechos de autos, signatario de la Carta de las Naciones Unidas “ y se encontraba vinculado por sus decisiones y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus pactos complementarios”. Y, “junto a todos los demás Estados suscribieron la DECLARACION DE TEHERAN de l968, a través de la cual auto vincularon para ser efectivos los derechos humanos, cuyo artículo sexto señala lo siguiente: “Los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con los derechos humanos y libertados fundamentales”. A su vez, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de l948, es claramente obligatoria y vinculante también por la remisión que a ella efectúa el artículo 29 inciso d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. (Humberto Nogueira Alcalá – Las Constituciones Latinoamericanas,…Anuario de Derecho Constitucional, Edición 2000, Editorial CIEDLA, página 183).
El fundamento anterior, además de permitir el rechazo de la alegación que por este aspecto hace el Fisco de Chile, posibilita subrayar la obligación del Estado frente a los Derechos Humanos, en cuanto éstos, por su naturaleza jurídica, constituyen obligaciones positivas y negativas del Estado, en tanto los derechos de la persona tienen como contrapartida los deberes estatales, establecidos en las disposiciones constitucionales y preceptos internacionales reconocidos y aceptados por Chile, formando parte de los Tratados y Principios Internacionales del Derecho Humanitario, que consagran la responsabilidad del Estado, las que al tener tal carácter priman por sobre otra disposición. Preceptos a los cuales el tribunal se encuentra sujeto al decidir lo sometido a su conocimiento y resolución, pues en su función éste debe conformarse primero a la batería normativa constitucional e internacional aceptada por Chile en esta materia, la cual establece claramente la responsabilidad estatal.

71° Que, en relación con el daño moral sufrido por los demandantes civiles se encuentra acreditado que el Estado de Chile, representado en autos por el demandado Fisco de Chile, ha procurado medidas legales de reparación, otorgadas a los familiares de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos con ocasión del 11 del 09 del 73, entre ellas, beneficios de reparación previsional o pensión vitalicia, salud y educación.
En consecuencia, atendida la voluntad del Estado de Chile de reconocer y reparar las violaciones a los derechos humanos, manifestada en la forma descrita anteriormente, solamente es posible considerar, a título de compensación económica por concepto de daño moral, un pago complementario de tales reconocimientos de los daños provocados, por no haber el Consejo de Defensa del Estado acreditado el pago total del perjuicio que constituya la indemnización íntegra del daño inmaterial reclamado.

72° Que, de tal modo, determinado el perjuicio moral conforme a tales consideraciones precedentes, en relación con el daño moral sufridos por las cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas, es un hecho evidente que al haber sufrido éstos, respectivamente, la muerte de sus hermanos, maridos, y de sus padres en su caso, quedando los hijos solos junto con las madres, las cuales además del desconsuelo de perder al marido debieron afrontar solas el cuidado de ellos, sin poder recurrir de inmediato al derecho básico de exigir el oportuno esclarecimiento de los crímenes a la justicia y sin poder tener hasta hoy en día el consuelo de saber el paradero de sus hermanos, maridos y progenitores, todo ello permite constatar la existencia del daño moral que se reclama de parte de éstos, y, apreciando el tribunal prudencialmente su monto, se determina el mismo en la cantidad de:
$10.000.000 (diez millones de pesos), para Pedro Juan Pedreros Zenteno;
$10.000.000 (diez millones de pesos para Plácido Alberto Pedreros Zenteno;
$5.000.000 (cinco millones) para José David Freire Caamaño;
$5.000.000 (cinco millones) para Erisilvia Durán Zúñiga;
$10.000.000 (diez millones de pesos para Irma Ramona Vargas Cifuentes;
$20.000.000 (veinte millones de pesos) para Amelita o Melita Ivonne González Arismendi;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Nancy Margot González Arismendi;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Ruth Lastenia Gonzáles Arismendi;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Edwin Rubén González Arismendi;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Walter Eladio González Arismendi;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Juan Rolando González Arismendi;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Enilda Arismendi Ortiz;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para María Ema Flores Avilés;
$5.000.000 (cinco millones de pesos) para Eladio Alfonso Salinas Flores;
$5.000.000 (cinco millones de pesos) para Juan Selso Salinas Flores;
$5.000.000 (cinco millones de pesos) para Claudio Benedicto Salinas Flores;
$5.000.000 (cinco millones de pesos) para Bruno Juvenal Salinas Flores;
$5.000.000 (cinco millones de pesos) para Lucía Marcela Salinas Flores;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Juan Carlos Ruiz Torres;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Elba Rosa Ruiz Torres;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Noelia Aurora Pedreros Zenteno;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Teodomira Clementina Pedreros Zenteno;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para René Marcelino Pedreros Zenteno;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Luisa Irene Pedreros Zenteno;
$10.000.000 (diez millones de pesos) para Luis Antonio Pedreros Zenteno; y
$10.000.000 (cien millones de pesos) para José Enrique Pedreros Zenteno.
Que se condena, además, al demandado civil al pago de las costas.

Y visto, además, lo que disponen los artículos 1° y 5° de la Constitución Política de la República, 2314 del Código Civil, 1º, 11 Nº 6, 14,15, 16, 25, 28, 29, 50, 59, 68 inciso 3°, 103, y 391 N° 1 del Código Penal; 10, 108,109,110, 111, 434, 457, 459, 473, 477, 478, 481, 482, 488, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 509 y 533 del de Procedimiento Penal, SE DECLARA:
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