Santiago, treinta de noviembre de dos mil siete






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Contestaciones a la acusación de oficio y a las adhesiones a ella.
28° Que, en lo principal de fojas 2.599, la defensa del encausado Luis Eduardo Osses Chavaría, contesta la acusación de oficio y pide su absolución, por no haber tenido responsabilidad en los hechos denunciados; luego, invoca las normas sobre amnistía y prescripción y la eximente Nº 8 del artículo 10 del Código Penal y, en subsidio, la atenuante del artículo 11 Nº 6, del mismo cuerpo legal. Además, en lo principal de fojas 2.627 y en lo principal de fojas 2629, contesta las adhesiones a dicha acusación de oficio.

Se expone que el 8 de octubre de 1973, un convoy militar, procedente de los Regimientos Cazadores y Maturana, de Valdivia, inició una caravana desde Futrono hasta el Complejo Maderero Panguipulli y procedió a detener, sin orden judicial, a 17 personas, las que fueron subidas a camiones militares, pasaron una noche en la casa patronal de las Termas de Chihuío, siendo fusilados a 600 metros del inmueble. Días después llegaron soldados a enterrar los cuerpos en el mismo sector y en 1978 se exhumaron los restos, desconociéndose su destino. La 4.a División del Ejército entregó a los parientes certificados de defunción. Añade que a esa fecha su representado se desempeñaba como sargento 2º, a cargo del Retén de Futrono, y sus funciones las ha señalado en sus declaraciones de fojas 219, 299, 603, 604,613 y 1631 y nunca detuvo a civiles por actos políticos; aunque reconoce que los militares le dejaron 4 personas “encargadas” y a pocas horas las fueron a buscar, ignorando sus identidades. Se refiere a los diferentes secuestros y analizando los testimonios prestados concluye que su defendido no tuvo participación en los delitos cometidos en la persona de Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, Juan Walter González Delgado, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez.
Se agrega que se acusó a su defendido como autor de delitos de secuestro, pero se ha determinado que las personas presuntamente secuestradas perdieron la vida, de modo que la calificación jurídica es errada, por lo que se debe rectificar.
Se añade que si se desestiman las razones expuestas debe absolverse a Osses por favorecerle “la eximente Nº 10 del Código Penal” (sic), esto es, haber actuado en “el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”.o sea, la referencia debe entenderse hecha al artículo 10 del citado Estatuto.
Por otra parte, se invoca la prescripción de los hechos denunciados, en virtud de lo que dispone el artículo 93 Nº6 del Código Penal, porque desde la fecha de los hechos denunciados (9 de octubre de 1973) han transcurrido 32 años, tiempo suficiente para declarar la prescripción, al tenor del artículo 102 del Código Penal. Añade que en Chile no hay ninguna norma que consagre la imprescriptibilidad y “un tratado que existe a nivel mundial…en Chile no está vigente…”.
Se agrega que el “secuestro permanente” no está contemplado en la ley y en estos autos no resiste análisis, las personas ejecutadas murieron antes de las 24 horas de ser detenidas. El hecho de que la totalidad de los cuerpos no haya sido recuperada no cambia el hecho de que hubo homicidio.
Se añade que corresponde aplicar en su integridad la ley de amnistía, del Decreto Ley Nº2.191, de 1978.
29°) Que, el tribunal desechará la petición de absolución, formulada por la defensa de Osses Chavarría, de estimar que su mandante no le cupo responsabilidad penal en los hechos que se le atribuyen, con el mérito de lo reseñado y concluido pormenorizadamente en los motivos precedentes, en los que ha quedado determinada su concurrencia, en calidad de cómplice, en los delitos de que es responsable.
30° Que con respecto a “la calificación errada de los ilícitos” ya que las víctimas habrían sido muertas, deberá estarse a lo razonado y concluido en esta sentencia definitiva, donde se ha hecho la correspondiente calificación jurídica de los delitos.
31° Que, procede, por otra parte, desechar la existencia de la circunstancia atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N° 9 del Estatuto Penal, puesto que no se advierte de que manera el acusado Osses Chavarría ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, si se razona que con sus dichos se ha limitado a negar tanto su concurrencia como los ilícitos que se le atribuyen.
En cuanto a la alegación de prescripción y amnistía.
32° Que, como se sabe, los fundamentos de la prescripción de las acciones penales son el transcurso del tiempo que hace inútil la pena, y además, la inactividad del Estado en la perseguibilidad de los delitos que no puede afectar a los hechores.
33° Que en cuanto a la forma de computar el término en que opera la prescripción de las acciones, éste empezará a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito, según el artículo 95 del Código Penal.
34° Que, enseguida, y en primer término, para una adecuada resolución de la prescripción de la acción alegada, los antecedentes de autos dan los elementos contextuales que los delitos se cometieron.
En efecto, los elementos de juicio analizados en los fundamentos anteriores, permiten establecer que los delitos que para el derecho interno son de homicidio calificado en las personas de las citadas víctimas, se ejecutaron formando éstos parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de parte de la población civil; marco de hecho y subjetivo que permite la transformación sustancial y cualitativa de la conducta criminal común en un crimen de naturaleza de lesa humanidad.
35° Que a lo anterior debe agregarse que los responsables sabían que sus conductas constituían parte de un patrón organizado y sistemático del actuar en contra de civiles, entre éstos las víctimas, los que a la vez correspondían a tal patrón. Sin que el hecho de que el ataque se haya materializado en un número determinado de personas y que la supuesta condición de éstos, es decir, ser miembros de un supuesto movimiento o grupo de resistencia armada al régimen militar, lo que por demás nunca se verificó en la causa, pueda sustraerlas de la protección de ser ofendidos de un crimen de lesa humanidad, al haberse comprobado los supuestos fácticos y subjetivos antes referidos.
36° Que, de esta forma, los elementos de prueba que determinan la existencia de los delitos de homicidio calificado, establecen además que ellos se han dado en un contexto que permite denominarlos crímenes de lesa humanidad, reconocido por el Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, tal como se ha analizado en los motivos anteriores con ocasión de los delitos.
37° Que, en consecuencia, debe ser rechazado el impedimento alegado de perseguibilidad del delito por la prescripción de la acción penal, por cuanto, es obligatorio para el Derecho chileno la normativa del Derecho Internacional Penal de los Derechos Humanos, dentro de la cual se encuentran los crímenes de lesa humanidad - ello con todas las consecuencias jurídicas que implica, en cuanto éstas en la sentencia se transforman en una ejecución efectiva de las normas atinentes -, respecto de los cuales es inadmisible la prescripción que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos.
Que está dada o recepcionada tal normativa a la luz del artículo 5º de la Constitución Política de la República; ella, al establecer las Bases de la Institucionalidad, incorporó expresamente como principio o valor fundamental que: “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales de la persona humana” (artículo 5º, inciso segundo); y tal inspiración, propia del constitucionalismo actual, la garantiza ese mismo inciso segundo de tal disposición al preceptuar que: “Es deber del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
De ello se colige en forma inequívoca que los tribunales nacionales pueden perseguir la responsabilidad individual derivada de:
a) Los crímenes contra la paz, que consisten en desatar conflictos armados en violación a los Tratados Internacionales – Carta de las Naciones -;
b) Los crímenes de guerra, violando las normas de los Cuatro Convenios de Ginebra de l949, o sus Protocolos Adicionales - I y II, respectivamente – sobre conflictos internacionales y no internacional; y;
c) Los crímenes de lesa humanidad, tales como el genocidio, la desaparición forzada de personas, terrorismo, ejecuciones sumarias, asesinatos, la tortura y violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
38° Que, luego, la concreción de tipos penales por conductas lesivas en contra de la humanidad se gesta del literal c) del artículo 6º del “Estatuto del Tribunal de Nüremberg, que define como crimen contra la humanidad:
“A saber, asesinato, exterminio, la sumisión a esclavitud, la deportación, y cualquier otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, ya sea en violación o no del derecho interno del país donde han sido perpetrados”.
Luego la obligación de aplicar e interpretar las leyes penales en ese marco, surge también de los mismos Tratados Internacionales, entre ellos, de la norma del artículo I, Común de los Cuatro Convenios de Ginebra, de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que establece el deber de los Estados Partes de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario (Editado por el Diario Oficial de la República de Chile Tomo I, página 40).
Derecho Internacional Humanitario el cual tiene como fuente los Principios Generales del Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, los que reconocen la imprescriptibliidad de los crímenes de lesa humanidad. (Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ob. cit, página 47).
39° Que para los efectos de la prescripción estudiada, la afectación para nuestro Derecho Penal de los Principios Generales de Derecho Internacional referidos, está dada por la normativa constitucional antes analizada, reconocida también por la Excelentísima Corte Suprema (Alfredo Etcheberry. El Derecho Penal en la Jurisprudencia. Tomo I, parte general, Editorial Jurídica e Chile, reimpresión de la segunda edición, año 2002, páginas 38 y 39).
Entre tales Principios Generales del Derecho Penal Internacional se encuentra precisamente el referente a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, lo que aparece tangible para los Estados Partes de las Naciones Unidas, por medio de la Convención Sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada y abierta a la firma ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución Nº 2391 ( XXIII), de 26 de noviembre de l968, en la que dichos Estados convienen lo siguiente:
Artículo I
Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido:
b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de l945, conformada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de l946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de l948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aún si esos actos no constituyen una violación para el derecho interno del país donde fueron cometidos.
Dicho instrumento no ha sido ratificado por Chile, pero no hay discusión que éste y los instrumentos que la fundamentan son vinculantes vía de Principio General de Derecho Internacional, de Tratado Internacional y por la propia Carta de las Naciones Unidas de la cual Chile es parte; en efecto, tal Convención sobe Imprescriptibilidad se fundamenta expresamente en las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de l946 y 170 (II) de 31 de octubre de l947, sobe extradición y el castigo de los criminales de Guerra, la resolución 95 (I) de 11 de diciembre de l946, que confirma Los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y por el fallo de este Tribunal, las resoluciones 2184 (XXI) de 12 de diciembre de l966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de l966.
En consecuencia, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, en cuyo contexto se han dado los de este proceso, proviene de la hermeneútica jurídica que obligatoriamente debe emplearse al interpretar esa materia, en la que el intérprete del Derecho debe considerar, tal como siempre lo ha señalado nuestro más alto Tribunal, de que si se trata de “delitos contra la humanidad”, rigen “los Principios del Derecho Internacional”, éstos como categoría de norma de Derecho Internacional General (“ius cogens”), conforme al acervo dogmático y convencional universal y de la aceptación de la práctica de los tribunales nacionales miembros de la Organización de las Naciones Unidas, como también de los fallos de los tribunales internacionales con jurisdicción respecto a esta clase de crímenes, tal como lo es, entre éstos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( artículo 52 y siguientes de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
En efecto, conforme a tales aspectos ( acervo dogmático, convencional universal, aceptación en la práctica de los tribunales nacionales de los Estados Partes de la Organización de las Naciones Unidas, y tribunales internacionales con jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad), actualmente se debe reconocer la imprescriptibilidad de estos crímenes no sólo como Principio Internacional, sino como una norma consuetudinaria de Derecho Internacional Público; norma que, de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Viena Sobre Derechos de los Tratados, ratificada por Chile el 9 de abril de l981, publicada en el Diario Oficial de 22 de junio de l981, no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter.
40° Que, de esta forma lo anterior permite concluir, además en cuanto a la amnistía alegada, que hay entonces una prevalencia de la Norma Internacional de Derecho Internacional General, que determina que son incompatibles con ésta, la ley de amnistía y de prescripción invocadas respecto de los hechos delictivos establecidos en autos.
Que, además, en relación con la amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana sobe Derechos Humanos, por sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, en la forma siguiente:


“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
(…)
“43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2º de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8º y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de auto amnistía, incurren en una violación de los artículos 8º y 25 en concordancia con los artículos I. I y 2º de la Convención. Las leyes de auto amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.
“44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú”.
(…).
“48. Pese a lo anterior; en las circunstancias del presente caso, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen los artículos 8º y 25 de la Convención”. (Novedades Jurisprudenciales. Derecho Penal Contemporáneo Revista Internacional Nº 2, Enero – Marzo, 2003, Bogotá, Colombia Editorial Legis, año 2003).” (Sentencia de Primera Instancia, Causa Rol número 2182 – 98, episodio Vidal Riquelme).
41° Que, entonces, ya no existen dudas sobre la existencia del Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, el que los protege y sanciona las violaciones de éstos, lo que es vinculante para Chile, conforme a las normas atinentes de la Constitución Política de la República analizadas precedentemente, lo que determina, asimismo, su aplicación inmediata y es medio rector de interpretación e implica, respetando tales reglas del Derecho Penal internacional humanitario, que a estos delitos no le resultan pertinentes las reglas de prescripción de la acción penal y de amnistía
42 °) Que, en cuanto a la aplicación de la eximente de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código punitivo, esto es, “haber actuado en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”, el artículo 214 del Código de Justicia Militar contempla la causal eximente de responsabilidad penal denominada “de la obediencia debida”. Que, en relación con el actuar militar, existen las teorías de la obediencia absoluta, de la obediencia relativa y de la obediencia reflexiva y se distingue:
a) si se trata del cuerpo armado en su conjunto, en sus relaciones con los Poderes Públicos, se acepta la teoría de la obediencia absoluta;
b) si se trata de los miembros de un grupo armado entre sí, de acuerdo a los artículos 214, 334 y 335 del Código de Justicia Militar, se considera la doctrina de la obediencia reflexiva; esto es, cuando la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, el inferior tiene el deber de representársela al superior y sólo la cumplirá cuando éste insistiere en ella, según lo dice el citado artículo 214 que pena al subalterno cuando no ha representado la orden que tienda notoriamente a la comisión de un ilícito.
Enseguida, las normas antes citadas, en general y en cuanto le son aplicables al acusado Osses en virtud del artículo 6° del Código de Justicia Militar, exigen:
a) que se trate de la orden de un superior;
b) que sea relativa al servicio; y
c) que si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, sea representada por el subalterno e insistida por el superior.
En este proceso no se han probado cada una de tales circunstancias, ni menos que la orden, de privar ilegítimamente de libertad a varias personas para apremiarlas, con las torturas relatadas en autos por los mismos aprehensores, a fin de que revelaren la ubicación de armas, que nunca fueron encontradas, o la militancia política que tenían los detenidos, para finalmente darles muerte de inmediato fuera una "orden relativa al servicio", entendiendo por tal, al tenor del artículo 421 del estatuto militar, aquella que tenga "relación con las funciones que a cada militar corresponden”.
En consecuencia de lo analizado, se rechaza la existencia de la referida eximente alegada por la defensa del acusado Osses.
43°) Que la defensa del encausado Luis Alberto Osorio Gardasanich, en el primer otrosí de fojas 2637, al contestar la acusación reitera, ahora como defensas de fondo, las excepciones de previo y especial pronunciamiento opuestas en lo principal de fojas 2.637 y desechadas a fojas 2.681 y siguientes ; esto es, las de:
a) Prescripción de la acción penal.

Se expresa que los hechos objeto de la acusación acaecieron el día 9 de octubre de 1973; de ello resulta que la acción penal de autos está prescrita, conforme con lo dispuesto en los artículos 94 y siguientes del Código Penal. Se agrega que aún cuanto se le pretenda dar efecto suspensivo a los autos rol Nº 13.094, (aludiendo al Tomo V del proceso, iniciado el 25 de junio de 1990 en el Juzgado del Crimen de Los Lagos), la acción penal de autos está prescrita, ya que dicho proceso se inició en el año 1990, fecha en la cual habían transcurrido los 15 años requeridos para la prescripción.
Añade que el artículo 101 del Código Penal, es claro al establecer que la prescripción de la acción penal corre a favor y en contra de toda clase de personas. Asimismo, señala que, en la especie, no es posible eludir esta causal de extinción de la responsabilidad invocando la tesis del secuestro permanente, toda vez que en autos sobran antecedentes que dan cuenta de la muerte de los detenidos, muertes que se señalan en el propio auto acusatorio, existiendo antecedentes de testimonios de personas que vieron los cadáveres, que identificaron a quienes correspondía, declaraciones que permiten establecer suficientemente el hecho de la muerte de los detenidos. A lo anterior, se añade que, en 1990, aparecieron en el lugar restos humanos, los que fueron remitidos al Servicio Médico Legal para su reconocimiento, vía ADN, muestras que fueron enviadas al Dr. Luis Ciocca de la Universidad de Chile, quien las mantuvo por años en bodega. Posteriormente, estas muestras fueron devueltas al Servicio Médico Legal, a lo que se agrega la circunstancia que al momento de dictarse el cierre de sumario se dispuso en resolución de fojas 2487 el desglose de tales piezas para ser dejadas en un cuaderno aparte, lo que no puede servir de justificación para encausar a los imputados por secuestro como delito permanente y vulnerar la prescripción que corre a favor de toda persona.
b) Amnistía.

Se señala que habiéndose cometido el delito investigado en autos el día 9 de octubre de 1973 corresponde aplicar la Ley de Amnistía respecto de las personas sindicadas como responsables de tales sucesos.
44°) Que procede desechar las excepciones de prescripción y amnistía, opuestas como defensas de fondo por la parte del acusado Osorio Gardasanich, en virtud las consideraciones y conclusiones señaladas en los motivos anteriores con ocasión de la defensa de prescripción de la acción penal y amnistía opuesta por la defensa del encausado Osses Chavaría.
45° Que, además, la defensa de Osorio añade que en la acusación no se describe quien organizó la expedición, quien era el oficial a cargo, si andaban los noventa efectivos militares juntos, quien determinó a quien debían detener, quien detuvo, o quien dio la orden de matar, sin embargo dichas alegaciones en su totalidad se rechazan con lo razonado suficientemente en esta sentencia con ocasión de los hechos punibles y la concurrencia de los acusados en ellos
Enseguida, se plantea por esta defensa que existe una responsabilidad personalísima en materia penal, y se señala que no es posible afirmar que su defendido Osorio Gardasanich, por el solo hecho de ser capitán en la comitiva militar, tenga una suerte de responsabilidad objetiva en relación a los actos de los integrantes del grupo.
Además, se señala que es increíble atribuir participación de autor a Osorio, en base a las declaraciones del general Bravo y del coronel Pantoja.
Estas alegaciones también se rechazan, ello con lo analizado y resuelto en los fundamentos anteriores que dicen relación con la concurrencia del acusado Osorio en los hechos delictivos que se le atribuyen.
46° Que ambas defensas invocan, en subsidio, la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior de sus ambos encausados, atenuante la cual el tribunal les reconoce con el mérito de los extractos de filiación y antecedentes del acusado Luis Alberto Osorio Gardasanich, agregado a fojas 941 y del encausado Luis Eduardo Osses Chavarría ,de fojas 1952 vuelta, respectivamente, que no señalan procesos anteriores en contra de ambos, por lo que procede estimarla acreditada en autos.
47° Que, teniendo en consideración especialmente el Principio de Humanidad del Derecho Penal, el que se analiza en el considerando siguiente y conforme a los propios antecedentes del proceso, se les considerará a ambos acusados esta circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior como muy calificada, conforme al artículo 68 bis del Código Penal.
48° Que, a la vez, cabe aplicar a ambos acusados plenamente el párrafo segundo del artículo 5º de la Convención Americana sobe Derechos Humanos, que sustenta el Principio de Humanidad en materia Penal, aplicable en este caso, en cuanto a considerar respecto de la sanción privativa de libertad que como autores les corresponde en los delitos de homicidio calificado de los cuales son responsables, como motivo de disminución de las penas para ambos, teniendo presente dicho principio de humanidad en material penal y evidentes razones de justicia, atendido el tiempo transcurrido, conforme al artículo 103 del Código Penal, en cuanto este artículo no es supuesto de inimputabilidad sino sólo de circunstancias atenuantes muy calificadas, de considerar de ese modo a los hechos, es decir, como revestidos de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante.
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