Resulta definitorio para afirmar que las piezas identificadas por los técnicos de “ciadea s. A.” conformaban el vehículo que llevó en su interior la carga






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El Dr. Gordo, dijo:

Comparto la totalidad de las consideraciones que efectúan los colegas preopinantes con referencia al acta de fs. 224 del Informe Preliminar que instrumenta el secuestro de un motor que ostenta el número 2.831.467, razón por la cual adhiero a la nulidad propiciada.

Sin perjuicio de ello ha menester que formule algunas consideraciones, a los fines que no se piense que he cambiado mi forma de pensar con relación al tema.

Siempre he interpretado que, para que un secuestro pueda ser valorado como prueba de cargo, debe haber sido efectuado cumpliendo con las disposiciones de los artículos 138 a 140 del C.P.P.N.

La violación de tales normas invalida el acto e impide, a mi ver, evaluar el o los objetos incautados en forma gravosa hacia alguna persona imputada en la causa, ello por cuanto “el legislador ha querido dotar a determinados actos de suficientes controles, especialmente cuando no se llevan a cabo ante un magistrado, por lo que el requisito se transforma en una manera de instrumentar procesalmente el derecho constitucional al debido proceso, y por ende, debe ser celosamente custodiado” (mi voto en causa n° 94 del T.O.F. n° 5, “Cieri Quinelli, Juan Pedro”, sentencia del 7-3-96, reg. nº 1/96).

No desconozco que una parte importante de la jurisprudencia entiende que, más allá de la nulidad del acta, el secuestro de la cosa como todo hecho puede probarse por otros medios; empero, considero que en todos los casos en que la incautación pueda convertirse en prueba en contra de un imputado, sólo podrá ser legítimamente evaluada en la medida en que haya sido obtenida mediante las reglas procesales ya reseñadas.

En el caso de autos, al tratarse la materialidad del hecho principal en juzgamiento se ha tenido por acreditada la existencia del motor de la camioneta Trafic que explotara en la A.M.I.A., mediante los testimonios de las personas que lo hallaran.

Mas, toda vez que el hallazgo de dicha pieza, en autos no configura prueba de cargo contra ninguno de los incusados –en atención al resultado del acuerdo celebrado-, no encuentro razón alguna para no evaluarlo, sobre todo teniendo en consideración el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad acerca de los acontecimientos que los damnificaran, al que el tribunal se refiere en otro tramo de este pronunciamiento.

En síntesis, comparto y adhiero a la nulidad del acta de secuestro de fs. 224 del Informe Preliminar, y en la presente, al no constituir prueba de cargo en contra de algún imputado, considero factible probar el hallazgo en cuestión por otros medios, tal como se hiciera supra.

B.2) La defensa de Carlos Alberto Telleldín solicitó la nulidad de la “incorporación del motor” supuestamente secuestrado entre los escombros de la sede de la A.M.I.A., en el entendimiento de que no existe una vía independiente que permita demostrar la validez del secuestro por la prueba testimonial.

Corresponde rechazar el planteo formulado en tales términos, en razón que el cuestionamiento de la defensa técnica, relativo al alcance probatorio que cabía asignar a los elementos de juicio analizados en el apartado que antecede y que el tribunal dio respuesta, no es susceptible de ser articulado por la vía prevista en los arts. 166 del Código Procesal Penal de la Nación.

B.3) Las defensas de Carlos Alberto Telleldín, Mario Norberto Bareiro, Raúl Edilio Ibarra, Juan José Ribelli y Ariel Rodolfo Nitzcaner plantearon la nulidad de los secuestros de que dan cuenta las actas obrantes en el Informe Preliminar del Departamento Explosivos y Riesgos Especiales de la Superintendencia de Bomberos, en razón que ellas se llevaron a cabo sin la presencia de testigos, en violación a la exigencia contenida en el art. 138 del ordenamiento adjetivo para los actos irreproducibles y definitivos, importando un menoscabo a las garantías del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Para ello, esgrimieron las siguientes razones:

a) que en muchos casos, por haberse llevado a cabo en lugares alejados del epicentro de la explosión, no se verificaron las circunstancias de peligro invocadas para omitir convocar a los testigos, citándose, a modo de ejemplo, el acta de fs. 175 que instrumentó el hallazgo de un elemento en Viamonte 2350;

b) que, más allá del peligro en cuestión, en el lugar había una gran cantidad de particulares, pertenecientes a distintas agencias de socorro a las víctimas, que bien pudieron haber sido convocados para satisfacer aquella exigencia procesal;

c) que lo propio ocurrió con los vecinos del lugar, quienes fueron autorizados a retirar las pertenencias de sus viviendas, como también con aquellas personas que lograron ingresar a la zona afectada por razones de mera curiosidad;

e) que otras diligencias se llevaron a cabo en presencia de testigos, demostrando con ello que el riesgo no era tal, para lo cual la defensa de Ibarra trajo a colación las actas obrantes a fs. 26.2, 33, 37, 65, 66 y 209 del Informe Preliminar y a fs. 1038, 1044, 1046, 1057, 1096, 1100, 1113, 1116, 1117/1118, 1120, 1122/1123, 1124/1125, 1128, 1136, 1138 y 1154 del principal.

Al respecto, corresponde señalar que en todas aquellas actas que dan cuenta de diligencias realizadas por personal de la Superintendencia de Bomberos sin la presencia de testigos, se dejó constancia que dicha omisión respondía al peligro que representaba para los particulares la posibilidad de derrumbes, desprendimientos de mamposterías y/o caídas de vidrios u objetos.

Consecuentemente, resulta menester establecer si, conforme el cuadro reinante, la prevención se encontraba autorizada a desatender, válidamente, tal exigencia.

En ese sentido, cabe traer a colación el panorama que el 18 de julio de 1994, a eso de las 10.50, describió el comisario inspector Carlos Antonio Castañeda, a poco de arribar al lugar. Así refirió: “se aprecia un panorama, ciertamente, difícil de describir: en un ajustado juicio, se puede afirmar que ha sido epicentro de una enorme explosión el edificio perteneciente a la AMIA – DAIA, esto es Pasteur 633 está derrumbado, reducido a una montaña de escombros desde la línea de edificación hacia los fondos, proyectados unos 12 metros. Allí se mantienen –sin poderse precisar por cuanto tiempo- el resto de las estructuras, visiblemente dañadas, fracturadas, con desprendimiento de pisos de parquet que han quedado sustentados en algún punto que no se aprecia. La montaña de escombros decrece en altura hacia el frente en un ángulo estimado en 45º [...] el techo del segundo piso del edificio lindante hacia la medianera sur –esto es la que se orienta hacia Tucumán- a partir de allí, hacia la línea de edificación, se escalonan los trozos de mampostería. Los daños se proyectan en abanico por toda la calle Pasteur, entre Tucumán por el sur y Viamonte por el norte, en cuanto a las edificaciones...” (fs. 1/6).

Tal descripción pretendió ilustrar, en medida de lo posible, el aterrador panorama que se observaba con posterioridad al atentado; panorama que reflejaron en toda su intensidad las primeras imágenes fílmicas tomadas en la zona del siniestro y las innumerables fotografías agregadas al expediente (v. g. videos titulados: “Atentado AMIA (Gerardo Bernasconi)”; “Filmación hecha por Carlos Gacitúa”; los obtenidos por la emisora televisiva Canal 13, que se titulan “18/7 Atentado AMIA/DAIA de 10:54 a 13:49 hs.”, “18/7 Atentado AMIA de 13:48 a 14:40 hs. copia”, “18/7 Atentado AMIA de 14:40 a 17:30 hs., copia”, “18/7 Atentado AMIA de 17:30 a 20:20 hs., copia.”; los denominados “Imágenes tomadas por la Div. Serv. Técnicos Especiales 17/7/94–1”, “Tomas de día y de noche de imágenes de explosión A.M.I.A. día 18-7-94/3”, “Imágenes de Explosión en A.M.I.A. desde Helicóptero y puesto fijo - día 18-7-94/5”, entre muchísimas otras, como así también las fotografías de fs. 5/10; 242,2/242,7 del Informe Preliminar del Departamento de Explosivos y fs. 1061/1069 del principal, entre muchísimas otras, reservadas en secretaría).

En idéntico sentido, cabe citar el acápite “Descripción del Lugar del Hecho” del Informe Preliminar, agregado a fs. 1/3, concordante a su vez con los dichos brindados por el personal de bomberos que concurrió a la zona del siniestro (cónfr. testimonios reseñados en el apartado A.11 del presente capítulo).

A tales elementos se adunan las consideraciones técnicas efectuadas por el arquitecto Edgardo Raúl Saralegui, por entonces jefe de la Dirección Guardia de Auxilio y Emergencias de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, quien refirió que el día del atentado, en horas del mediodía, concurrió a la zona afectada, junto con otros profesionales de la dirección, para evaluar los peligros remanentes que pudieran agravar la situación de las víctimas o perjudicar a las personas encargadas de la remoción de los escombros.

Explicó que es de práctica, en casos de catástrofe, determinar en el lugar los niveles de riesgo, los que se clasifican, según los peligros que presenta cada zona, en rojo, amarillo o verde; en este caso, la zona roja abarcaba el radio comprendido entre los 30 y 40 m desde el sector de la montaña de escombros del frente de la A.M.I.A.; la zona subsiguiente continuaba 50 ó 60 metros más allá y la última, aproximadamente, unos 100 metros más. También indicó que tales sectores no constituían círculos perfectos sino que formaron un abanico como consecuencia de la onda expansiva y de los efectos de pantalla que produjeron los edificios y las paredes.

Asimismo, definió a la zona roja como aquella en donde persistían serios peligros remanentes, tales como derrumbes, desmembramientos de losas o mamposterías; a la amarilla como la que presentaba peligros eventuales que podían corregirse con cierta demora y a la siguiente como la afectada por los efectos colaterales de la onda expansiva, que no hacían a la estabilidad de las edificaciones.

Saralegui explicó que además del edificio de la A.M.I.A., la zona roja también comprendía el de Pasteur 611, que presentaba un particular riesgo de desmembramiento de la columna y una parte de la medianera que separaba ambas edificaciones y, consecuentemente, la loza sostenida por ésta y el predio contiguo a la mutual, hacia la izquierda, en razón de que estaba muy afectado. También refirió que debido a problemas en su estructura, los edificios de la vereda de enfrente debieron ser apuntalados con urgencia en procura de mantener su estabilidad.

Relató que el peligro de derrumbes fue contenido por las distintas intervenciones que durante los primeros diez o quince días se efectuaron en cada una de las edificaciones comprometidas, a la vez que se fiscalizó la remoción de los escombros en virtud de los riesgos de deslizamientos que podían afectar a las personas encargadas de dicha labor. Recordó, a título de ejemplo, el caso de un sector de la A.M.I.A. donde había dos lozas suspendidas en una posición muy peligrosa, razón por la cual el servicio de auxilio de la Superintendencia de Bomberos limitó al mínimo su intervención en esa área.

Igualmente, el relevamiento efectuado por el personal de la División Inmuebles de la Policía Federal Argentina y los testimonios de los arquitectos Ricardo Horacio Fasano y Juan Carlos Rosas y del comisario Jorge Alberto Chiossone, integrantes de dicha división, determinó que los daños producidos por la explosión alcanzaron a los inmuebles ubicados entre las alturas del 529 al 761 de la calle Pasteur; 2185 al 2402 de la calle Tucumán; 2188 al 2469 de la calle Viamonte; 484 al 742 de la calle Uriburu; 555 al 774 de la calle Azcuénaga; 689 de la calle Larrea; 2262 de la calle Lavalle y 2234 de la avenida Córdoba (cónfr. la reseña de los daños efectuada en el apartado A.9 del presente capítulo).

A ello debe sumarse el evidente riesgo de explosiones o cortocircuitos que podían generarse como consecuencia de los daños producidos en las instalaciones de electricidad y de gas (ver los informes de las firmas “Edesur” y “Metrogas”, obrantes a fs. 77/82 y 83/155, respectivamente, de la carpeta de la División Inmuebles de la Policía Federal Argentina, reservada en secretaría).

El peligro al que se viene aludiendo en forma potencial se vio materializado el 18 de julio de 1994, en horas de la tarde, con el desprendimiento de una losa de los pisos superiores de lo que quedaba del edificio de Pasteur 633, a consecuencia de lo cual resultaron lesionados los siguientes funcionarios policiales afectados a las tareas de salvamento: Mario Antonio Ottolino (fs. 351 del anexo XVIII), Omar Pérez (fs. 316 del anexo X), Pedro Martínez (fs. 297 y 299 del anexo X y fs. 195 del anexo XI), Daniel Antonio Tobal (fs. 297 y 299 del anexo X), Oscar Alfredo Banega (fs. 2400 bis/7 del principal), Raúl Chamorro (fs. 338 y 329 del anexo X y referencia de fs. 122/122,7 del Informe Final, en particular, fs. 122,1vta.), Gabriel Germán Peralta Ruiz (fs. 194 del anexo XI), Miguel Ángel Vinciguerra (fs. 297, 299 y 338 del anexo X y fs. 122/122,7 del Informe Final, en particular, fs. 122,1vta.), Juan Antonio Brizuela (fs. 334 del anexo X) y Edgardo Roberto Ribrochi (fs. 195 del anexo XI y fs. 297 y 299 del anexo X).

A dichos testimonios se agregan las imágenes televisivas tomadas por las emisoras “Canal 13” y “América T.V.”, registradas en las videocintas rotuladas “18/7 Atentado AMIA de 17:30 a 20:20 hs., copia.”, en particular, a las 2 horas y 12 minutos de transmisión y “América 2 VI”, a los 58 minutos.

También se suman a ello las lesiones sufridas por otros efectivos policiales en ocasión del rescate de heridos, tal como lo explicaron en el debate Miguel Oscar Gómez -padeció el corte de una de sus arterias a causa de los vidrios existentes en el interior de un local ubicado frente a la mutual; Ismael Raúl Esquivel -sufrió un desgarro en los gemelos de su pierna izquierda a raíz de haberse tropezado-; Mirta Margarita Trintinaglia -se lesionó en la rótula al caer sobre los escombros- y Juan Carlos Mazzón -resultó lesionado a raíz de la caída de una caja metálica pesada-.

Por su parte, los ingenieros Jorge Fontán Balestra, titular de la Asociación de Ingenieros Estructurales y Aníbal Adalberto Manzelli, secretario de dicha entidad, coincidieron en señalar que el peligro de descalces y caídas de objetos no cesó con el paso del tiempo, explicando que una pormenorizada inspección de los edificios afectados, llevada a cabo junto a otros veinte profesionales en un radio que abarcó entre las tres y cuatro cuadras, los llevó a requerir la eliminación de todas las partes de hormigón y mampostería que se encontraban colgando de hierros o alambres.

En ese mismo orden de ideas se explayaron dichos profesionales al elaborar el estudio “Sobre afectación estructural de los edificios dañados por el atentado a la A.M.I.A.”, reservado en secretaría, en el que sostuvieron, en alusión al 2 de septiembre de 1994, lo siguiente: “hoy es muy riesgoso caminar por el lugar y realizar cualquier tarea porque la caída de escombros puede producirse en cualquier momento”, aconsejando que el lugar permanezca desalojado porque “la acción del viento, vibraciones inducidas por el tránsito o por trabajos en edificios vecinos o el simple paso del tiempo con acumulación de agua, corrosión, etc., puede provocar la caída de nuevos escombros sobre estructuras en estado crítico y finalmente el derrumbe de algún sector” (ver, en particular, fs. 45 del citado informe).

Tales consideraciones, más las señaladas por los profesionales de la citada Dirección Guardia de Auxilio y Emergencias, fueron las que determinaron oportunamente la clausura para el tránsito peatonal de la calle Pasteur al 600, que se mantuvo hasta el 27 de diciembre de 1994 (cónfr. la constancia de fs. 7527).

En esa inteligencia, no puede soslayarse que casi la totalidad de las piezas secuestradas fueron halladas en la primer semana del atentado, dentro de la zona que, por su alto riesgo, se catalogó como roja y que treinta y cuatro de ellas se encontraron en el interior del predio que ocupaba el edificio de la A.M.I.A., por entonces, en ruinas.

Por todo lo expuesto, debe señalarse, primeramente, que en tanto no se demuestre la falsedad o inexistencia de las razones que determinaron al personal policial a desatender la exigencia que impone el art. 138 del Código Procesal Penal de la Nación, la circunstancia de no convocar testigos, motivada en el grave peligro invocado, no lleva a sostener la nulidad automática de las diligencias realizadas en esas condiciones; de lo contrario, no tendría razón de ser la salvedad que introduce el art. 139 del citado ordenamiento (cónfr., en igual sentido, este tribunal in re “Ojeda, Marcelo Gustavo y otros”, del 9 de diciembre de 1997 y su cita).

En esas condiciones, entonces, la potestad del Estado de convocar a particulares a fin de presenciar determinadas diligencias llevadas a cabo por la prevención (art. 138 C.P.P.N.), cede cuando dicha convocatoria importa un riesgo cierto para su integridad física, resultando de estricta aplicación la doctrina sentada por este tribunal al fallar el 2 de noviembre de 1993 en los autos “Tempesta, Juan Héctor”, en los que sostuvo que “no es posible exigir a quienes son convocados para actuar –en cumplimiento de una carga pública- como testigos en un procedimiento policial, que se comporten como verdaderos héroes, exponiendo indiferentemente la propia vida. Por el contrario, es tarea de la prevención la de velar, en todo momento, por la integridad física de aquellos”.

Al ser ello así, cabe concluir que aquellas actas confeccionadas en la forma que se enuncia al inicio del presente, resultan plenamente válidas en tanto, por los motivos señalados, se ajustan a la excepción prevista en el art. 139 del Código Procesal Penal de la Nación.

No modifica tal conclusión la circunstancia de que durante las primeras horas la zona de la catástrofe fuera invadida por un sinnúmero de personas ajenas a las fuerzas de seguridad y de rescate, movilizadas, en algunos casos, por la búsqueda afanosa de sus familiares o amigos y, en otros, por el solo deseo de prestar una ayuda solidaria o aún por mera curiosidad.

Es que, superado el caos que se evidenció en los primeros momentos, la autoridad policial dispuso desalojar a todos los particulares que nada tuvieran que ver con las tareas de búsqueda y rescate de personas o remoción de escombros, motivando que solo permanezcan en el lugar, pese a los riesgos existentes y a fin de evitar un mayor número de víctimas, quienes debían atender aquellas tareas urgentes e impostergables (cónfr. las declaraciones testimoniales de Luis Chantres, Ricardo Jerónimo Sachetti, Oscar Alfredo Banega, Pablo Aníbal Meglioli y Omar Alfredo Pérez, entre muchos otros).

Tal argumento tampoco se invalida por el hecho de haber convocado, en algunos casos, para presenciar las diligencias, a integrantes de las distintas agencias de auxilio a las víctimas, como ser el personal S.A.M.E., Cruz Roja, Defensa Civil o colaboradores de la mutual (v. g. las actas de fs. 26.1/26.2 y 37 del Informe Preliminar y fs. 1038, 1110, 1120 y 1136 del principal); ello en razón de que su cometido específico en el lugar no podía ser otro que su plena afectación a las tareas de emergencia que llevaron a cabo y para las que tenían especial entrenamiento.

Por otro lado, cabe señalar que las actas que la defensa de Ibarra citó en sustento de su pretensión, incorporadas a fs. 1044, 1046, 1057, 1096, 1100, 1113, 1116, 1117/1118, 1122/1123, 1124/1125 y 1128 del principal, que documentaron la entrega a funcionarios policiales de efectos personales de distintos damnificados, se realizaron en lugares de escaso riesgo para la integridad física de los testigos que se convocaron al efecto.

Al respecto, el oficial Mario Redondo, explicó que en los casos en que se requirió su intervención fue trasladado por el comando radioeléctrico a Pasteur al 600 con el objeto de recibir, de manos del personal de bomberos, los efectos detallados en las actas de fs. 1046, 1057 y 1096, habiéndose realizado tales procedimientos, según creía, en las esquinas de Pasteur en su intersección con Tucumán y Viamonte. De igual modo, Gustavo Fabián Quevedo admitió que labró el acta de fs. 1128 en un lugar seguro.

Por lo demás, el hecho de haber convocado testigos para presenciar algunas de las diligencias llevadas a cabo en el lugar siniestrado (v. g. actas de fs. 33, 65, 66 y 209 del Informe Preliminar), en nada conmueve las razones expuestas.

Distinta a la analizada es la situación de los que ingresaron al perímetro vedado a los particulares, a efectos de recoger sus pertenencias de los inmuebles afectados o para instrumentar la entrega de sus viviendas (cónfr., entre otras, las cuantiosas actas de desalojo y mudanza, de retiro de bienes y de entrega definitiva de inmuebles, agregadas en el anexo XVI). En efecto, más allá de que éstos también corrieron riesgos al ingresar a las fincas afectadas por la explosión, equiparable en algunos casos con el que significaba presenciar el secuestro de evidencias, debe tenerse en cuenta, fundamentalmente, el hecho no menor de que tales diligencias estuvieron motivadas por la propia voluntad de los propietarios y a causa de sus insistentes requerimientos, conforme lo ilustraron los dichos de Verónica Lorena Pate, Jorge Gabriel Roffe, Alberto Marcelo Chaufan, José Mario Vinokur, Diego Ariel Laoui, Jaime Carlos Laoui, Gustavo José Vicente, Alejandro Mario de Bilevich, Sandra Mónica Abramson, entre muchos otros.

B.4) Sin perjuicio del planteo de nulidad que la defensa de Carlos Alberto Telleldín articuló en forma genérica respecto de la totalidad de las actas de secuestro agregadas al Informe Preliminar de la Superintendencia de Bomberos, aquella hizo hincapié en su reclamo de nulidad del “hallazgo de la pieza elástico que se identifica en la foto nº 34, por no existir certeza del lugar del hallazgo de acuerdo a las constancias de la causa”.

Al respecto, argumentó que mientras por un lado el oficial Mauricio Adrián Barrera dio cuenta del secuestro de esa pieza en la vereda de enfrente a la A.M.I.A., por otro, a fs. 110vta. del Informe Final, se consignó que dicho elemento fue hallado en el segundo piso del edificio de Tucumán 2307.

Cabe señalar que un cotejo del acta que luce a fs. 166 con la diligencia de reconocimiento de piezas de fs. 24 (elemento identificado con el nº 34) y la fotografía de fs. 83vta., todas del Informe Preliminar, con más los dichos vertidos en el debate por el oficial Mauricio Adrián Barrera, permiten desechar, sin sobresaltos, el planteo en cuestión.

En efecto, el acta de fs. 166 del Informe Preliminar da cuenta que el 18 de julio de 1994, a las 11.45, Mauricio Adrián Barrera secuestró, entre los escombros ubicados en la vereda opuesta a la sede de la A.M.I.A., “una pieza metálica deformada la cual parece ser un elástico con soporte y resto de chapa de un vehículo automotor”. Dos días después, el personal de CIADEA S.A. identificó con el nº 34 una “hoja de paquete de elástico trasero con soporte trasero y parte de carrocería”, observándose en la mencionada fotografía de fs. 83vta., con igual identificación, una pieza de idénticas características.

Por otra parte, Mauricio Adrián Barrera corroboró en el debate los extremos consignados en el acta e identificó la pieza nº 34 como aquella que secuestró en las circunstancias allí señaladas.

Completa dicho cuadro el peritaje agregado a fs. 51 del Informe Preliminar, en el que se concluye que en “una pieza metálica de formato plano alargado, de aproximadamente 6 cm de ancho x 1,20 m de largo, presentando desgarramiento en sus extremos (símil hoja de elástico de vehículo)” se encontraron vestigios de nitrato, nitrito y amonio, además de aluminio elemental; componentes éstos del explosivo denominado “amonal”.

Es del caso advertir que del total de hojas de elásticos secuestradas, la identificada con el nº 34 es la única que presenta desgarramientos en sus extremos y si bien en el estudio de fs. 51 se consignó que la pieza de mención se recibió dentro de una bolsa de polietileno señalizada con el nº 11, dicha numeración respondía, en realidad, a la identificación que de las piezas efectuó el personal bomberos al momento de su secuestro, anterior a la realizada por “CIADEA S.A.”.

Por último, la contradicción a que aludió la defensa no es tal, puesto que el lugar en que se halló el elástico, según el estudio de fs. 110vta., resulta próximo al que consignó Mauricio Barrera, toda vez que el edificio con entrada en la calle Tucumán 2307/2311 se extiende, paralelo, a lo largo de la calle Pasteur al 600, a pocos metros de su acera, según se desprende del plano de fs. 238 del Informe Preliminar; proximidad de la cual también ilustra la fotografía glosada a fs. 1177.

B.5) La defensa del imputado Raúl Edilio Ibarra cuestionó los secuestros practicados en el predio de la llamada Ciudad Universitaria, protocolizados a fs. 232 del Informe Preliminar y 5 y 7 del Informe Final, por entender que, en un caso, se requirió como testigo a una persona que se encontraba alcoholizada, en tanto que en los otros, los testigos consignados en las actas manifestaron no haber presenciado los supuestos hallazgos.

Asimismo, argumentó que los escombros no fueron debidamente custodiados durante su traslado desde la calle Pasteur, como así tampoco una vez que fueron depositados en el predio en cuestión, impidiendo tal circunstancia otorgarles algún valor a las evidencias que allí fueron halladas.

Sin perjuicio de que la defensa no ha demostrado -ni intentó hacerlo- que incidencia en la identificación del cochebomba tuvieron las piezas de cuyo hallazgo dieron cuenta las actas de referencia, argumento suficiente para rechazar dicho planteo, cabe señalar que las razones invocadas por el preventor que confeccionó el acta de fs. 7, para dejar de lado la exigencia impuesta en el art. 138 del ordenamiento procesal, resultan plenamente atendibles, en virtud que la diligencia se llevó a cabo en un lugar desolado, de difícil acceso, a orillas del Río de la Plata.

En ese sentido, cabe recordar que en la mencionada acta se consignó la asistencia de un solo testigo -David Tomás González Espinosa- por no haberse hallado otro “por sitio difícil acceso” (sic); diligencia que el oficial Alberto Tomás Scalise ratificó íntegramente, reconociendo su firma.

Además, aun cuando se admitiera como cierto el supuesto estado de embriaguez aludido por la defensa, basado en meras afirmaciones del testigo carentes de otro respaldo, ello tampoco autoriza a invalidar la diligencia de marras por resultar de estricta aplicación la doctrina sentada por este tribunal en el precedente “Ojeda, Marcelo Gustavo y otros”, mencionado ut supra; criterio que también permite desechar la nulidad de las actas de fs. 232 del Informe Preliminar y de fs. 5 del Informe Final por cuanto fluye evidente la dificultad, rayana en lo impracticable, que significaba para los investigadores atender en ese desolado lugar y durante los seis meses en que se prolongó la afanosa búsqueda de evidencias, la exigencia contenida en el mentado art. 138.

A ello caben añadirse los testimonios vertidos sobre el particular por Walter Ostapowicz, Marcelo Debiassi y Claudio Kirianovicz (cónfr. apartado A.11 del presente), sin que ninguna circunstancia autorice a cuestionar sus dichos.

B.6) Finalmente, en lo que respecta al presente capítulo, la defensa de Carlos Alberto Telleldín señaló que una vez que su asistido y otras personas se encontraban detenidas e indagadas como autores del atentado “nunca se los notificó de la realización de las pericias, nunca se les puso en conocimiento que tenían el derecho de designar un perito de parte, tal como lo había hecho la querella” y que “la falta de notificación de la realización de las pericias, lleva a solicitar la nulidad de las mismas, en virtud de lo normado en el artículo 258 del C.P.P.N.”. Sostuvo, además, que la nulidad era absoluta.

Expresó, por último, que el perjuicio que acarrea el apartamiento de la regla procesal “se traduce en la forma irregular en que se hicieron las pericias, en la imposibilidad de controlar la realización de la prueba, como garantía constitucional”.

El planteo de nulidad formulado en tales términos no habrá de tener acogida en tanto la defensa omitió precisar con exactitud el medio de prueba impugnado, razón que impide al tribunal avocarse a su estudio.

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