Resulta definitorio para afirmar que las piezas identificadas por los técnicos de “ciadea s. A.” conformaban el vehículo que llevó en su interior la carga






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A.22) Como resulta de la reseña efectuada en el apartado precedente, numerosas fueron las personas que, pese a haber estado próximas al epicentro de la explosión, nada pudieron aportar acerca del modo en que se llevó a cabo el atentado, conforme los términos que en el inicio del presente capítulo se tienen por probados; es más, algunos de ellos –Villalba, Acuña, Bordón y Álvarez- afirmaron, por distintas razones, la no presencia de una camioneta “Renault Trafic” en el momento del hecho.

Sin embargo, tales testimonios en nada modifican la conclusión anticipada, tal como lo pretendieron las defensas de Telleldín, Ribelli, Ibarra, Bareiro, Leal y Nitzcaner en sus alegatos.

En efecto, el secuestro en el lugar del hecho de numerosas piezas de un automotor que se hallaban instaladas y funcionando al momento de la explosión, conforme el mentado peritaje de fs. 30.761/30.764, las que además presentaban roturas y deformaciones compatibles con una detonación; los vestigios de material explosivo que presentaban; la extracción de ese tipo de piezas de los cuerpos de dos víctimas fatales; el lugar donde se produjo la detonación, esto es, en la zona inmediata al ingreso del edificio, como así también los testimonios de María Nicolasa Romero y Carlos Rigoberto Heidenreich, aditados a los demás elementos de convicción ut supra valorados, constituyen un cuadro probatorio concluyente e irrefutable del extremo señalado al inicio.

En tal sentido, cabe indicar que para que un testimonio goce de eficacia probatoria respecto de los sucesos que en él se narran, resulta necesario que no se encuentre en contradicción con una prueba de mayor fuerza convictiva. Regla que opera cuando se allega al proceso un medio probatorio que, sea por razón de la tarifa legal o por la libre apreciación del juzgador, suministra una mayor fuerza de convicción en sentido contrario. Es obvio, entonces, que el juez deba darle preferencia a este medio, cualquiera que sea el número y la calidad de los testimonios aducidos, porque resultarán inverosímiles o, por lo menos, sospechosos (Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial”, Ed. Biblioteca Jurídica Diké, 4ª. Edición, Medellín 1993, T.II, pag. 113 y ss.).

De igual modo, Mittermaier señala que “la más fuerte garantía de la estabilidad del testimonio es su perfecta concordancia con los resultados que las demás pruebas suministran”, añadiendo que “si las pruebas de la causa vienen a demostrar alterada la circunstancia principal declarada por el testigo, en el momento la fe debida a éste cae por tierra y se desvanece”. Como ejemplo de tal supuesto, el autor cita el caso del testigo que afirma que A. ha muerto a B. de una puñalada y los peritos, después de hacer la autopsia, declaran que la herida ha sido causada con arma de fuego (“Tratado de la Prueba en Materia Criminal”, Instituto Editorial Reus, Novena Edición, Madrid 1959, pág. 372).

Corresponde aclarar que lo expuesto no pretende poner en tela de juicio la rectitud de los testigos cuyos relatos se reseñaron anteriormente; es que, como enseña Devis Echandía “la crítica de la exactitud o veracidad consiste en determinar si lo dicho de buena fe por el testigo corresponde o no a la realidad o verdad de los hechos, de acuerdo con la razón de su dicho y el contenido de las demás pruebas, la posibilidad y verosimilitud de sus percepciones y de los hechos que de éstas deduce, la fidelidad de sus recuerdos y de su narración, esto es, si incurrió o no en error” (Ob. cit., pág. 249).

En esa inteligencia, remarca el citado autor, distintas circunstancias pueden alterar las percepciones de los hechos que captan los sentidos, debiéndose considerar, en particular, el órgano que utilizó el testigo para su percepción, los defectos que pueda tener, el estímulo que recibió esa persona para percibir ese hecho, el poder de atención que pudo existir en ese momento, las especiales condiciones subjetivas en que se encontraba el testigo y que hacen más o menos probables sus errores (preocupaciones, dolores, alegrías, somnolencia, interés personal en el hecho), las condiciones del objeto o acontecimiento (si era simple o complejo, si intervenían pocas o muchas personas y si se trataba de algo común o extraordinario) y las circunstancias objetivas del hecho (si ocurrió de día o de noche y a qué hora, la distancia, la presencia de otras personas o la soledad del lugar).

Sobre el particular, François Gorphe, en su obra “La Apreciación Judicial de Las Pruebas” indica que los testigos “están generalmente en una condición negativa desfavorable, muy distinta a la de un observador: tienen conocimiento por azar, involuntariamente, sin preparación y sin interés y, en consecuencia, sin mucha atención; lo que da lugar a una percepción más o menos incompleta, fragmentaria y descolorida. Las cualidades de la percepción dependen mucho de las condiciones en las que se forma: condiciones subjetivas en las que se encuentra el individuo en relación con el desarrollo del acontecimiento (estado afectivo, interés, disposición mental, etc.); condiciones objetivas en las que se presenta el objeto, simple o complejo (luz, distancia, movilidad, etcétera)” (ed. La Ley, Buenos Aires 1967, pág. 371).

En ese mismo orden, Eduardo M. Jauchen, en su obra “Tratado de la Prueba en Materia Penal”, alude a la “imposibilidad genérica de que cualquier persona pueda observar la totalidad de una realidad exterior tal como si fuese una cámara filmadora” (Rubinzal Culzoni Editores, pág. 360 y sgtes.).

Ricardo Levene (h) en su trabajo “El delito de Falso Testimonio” explica que “la psicología judicial muestra los múltiples errores involuntarios en que incurren los sentidos. La imaginación o la emoción pueden oscurecer la vista o engañar al oído. El error puede provenir de las percepciones sensoriales, por imperfecciones de los sentidos y por insuficiencia de la memoria” (pág. 62).

En esa misma línea, cabe traer a colación los trabajos de psicología experimental, consistentes en exponer a varias personas, durante algunos minutos, escenas impresas o breves acontecimientos filmados, y hacer luego sin previo intercambio de ideas, que cada individuo narre o explique lo que ha visto. Normalmente resultan marcadas discrepancias o diferencias en los relatos, aún sobre circunstancias de importancia. De ello resulta que para cada persona es verdadero lo percibido (C.N.C.P., Sala III, in re “Peirano, Lepoldo Segismundo”, reg. nº 168/94 del 11 de noviembre de 1994).

Sentado lo expuesto, corresponde señalar que no es llamativo que las personas antes nombradas no advirtieran el paso de la camioneta Trafic por la calle Pasteur al 600, instantes antes de la explosión, en razón de que ese episodio, amén de lo fugaz y poco llamativo, resultaba a todas luces un hecho normal y propio de una zona que se caracteriza, como se demostró en el debate, por un continuo movimiento de carga y descarga de mercaderías. Vale decir que el hecho que los testigos no hayan percibido el paso de la camioneta, cobró relevancia una vez que aconteció la explosión; extremo éste que, por ser posterior en el tiempo, en nada modificó la atención de los testigos en el momento inmediato anterior.

Es preciso destacar, por otra parte, que muchos de los testigos mencionados se encontraban de espaldas al trayecto de la camioneta por la calle Pasteur; tales, los casos de Rosa Montano de Barreiros, quién afirmó que había pasado el volquete que, a juzgar por los dichos de otros testigos, estaba ubicado unos metros más allá de la puerta de la A.M.I.A., hacia la calle Viamonte (al respecto, cónfr. testimoniales del conductor del camión volquetero Juan Alberto López, corroboradas por Bernardo Kogan, Cristian Enrique Alberto Broin, Hugo Leandro Fryszberg, Enrique Antonio Cárdenas, Bernardo Rojman, Héctor Eduardo Leoncio Lupi, entre otros), Daniel Osvaldo Saravia, quien señaló que ya había traspuesto el frente de la entidad, al igual que Angélica Esther Leiva, Jorge Enrique Kaiser, Ljudmila Birukov, Ramona Miño y Juan Carlos Espada.

Asimismo, otros que habrían tenido la posibilidad de observar la trayectoria de la camioneta, manifestaron que tenían la atención puesta en otras cosas o que, al menos, no habían prestado particular atención al tránsito vehicular. En ese sentido, Daniel Eduardo Joffe, estaba ocupado en un desperfecto en el motor de su automóvil; Osvaldo Héctor Pérez, tenía la vista puesta en una caja de telefonía que estaba reparando; Adriana Inés Mena, intentaba una comunicación telefónica; Marcial César Peleteyro y Leonor Marina Fuster, se hallaban cruzando la calle Viamonte; Gustavo Guillermo Spinelli, estaba distraído observando locales en alquiler e Irene Rosa Perelman, tenía la mirada en la vidriera de un negocio.

Cabe aclarar que la enumeración puntual de las personas que presenciaron el atentado y sus distintas situaciones no pretende agotar ni dar acabada respuesta a cada uno de los casos en particular, dado que múltiples razones podrían explicar el motivo por el cual un sujeto no percibe con sus sentidos un suceso que, como se dijo, se define precisamente por ser fugaz y ordinario en la vía pública. A esas razones, las más de las veces, el testigo no las puede explicitar debido a que es imposible exigirle que recuerde en forma cabal cada uno de los movimientos –a veces inconscientes y de acto reflejo- que realizó en un determinado momento.

A ello se aduna que las percepciones y la retención de éstas en la memoria bien pudieron sufrir alteraciones a causa de la magnitud de la explosión, a raíz de la cual muchos de los testigos perdieron amigos o familiares o debieron permanecer internados de gravedad durante varios meses en distintos nosocomios, a más de las secuelas psicológicas que en cada uno dejó la sola circunstancia de haber presenciado la tragedia.

Así, la valoración de la prueba en modo alguno consiste en dar respuesta o extraer conclusiones de lo que se desconoce, imponiendo al juzgador la explicación en cada caso de por qué no vio el testigo determinado acontecimiento. Como se dijo, muchos factores obran sobre esa percepción, por lo que el juicio crítico debe realizarse respecto de la prueba positiva; es decir, acerca de aquellos aspectos sobre los que se pronunció el órgano de prueba, en consonancia con los restantes medios probatorios colectados, para luego arribar a una conclusión.

Por último, el hecho de que los testigos no hubiesen escuchado el ruido que debió producir el choque de la camioneta contra el frente de la A.M.I.A., su aceleración o el giro brusco de sus ruedas, tampoco modifica la postura adoptada, por cuanto tales extremos no encontraron sustento en ninguna de las pruebas producidas en el debate, más allá de los dichos de Mónica Lucila Arnaudo y Salomón Mario Seltzer que, por carecer de verosimilitud, no habrán de ser considerados.

A.23) Las defensas de Carlos Alberto Telleldín, Mario Norberto Bareiro y Ariel Nitzcaner cuestionaron la supuesta utilización de una camioneta con explosivos en su interior para llevar a cabo el atentado, por cuanto entendieron que los peritajes realizados en procura de explicar la mecánica de la explosión resultaron insuficientes para acreditar tal extremo.

Afirmaron, contrariamente a lo sostenido por los fiscales y las querellas, que no se logró descartar la hipótesis de que el material explosivo hubiera estado en el interior de la mutual, aduciendo que éste pudo haber ingresado al edificio “disfrazado de material de construcción”, dado que desde hacía unos meses se venían realizando refacciones en la mutual.

En apoyo de su postura, la defensa de Telleldín citó el testimonio del experto en explosivos Hugo Ariel Iseas, en cuanto afirmó que el amonal no podía ser descubierto por mecanismos de detección de metales y que al momento del atentado no existía uno específico de explosivos, como así también el del jefe de la seguridad de la A.M.I.A., Aharón Edry, que no pudo asegurar que existieran controles de este tipo en la institución.

Además, esgrimió que la escasa magnitud de los daños verificados en el edificio enfrentado a la mutual, sito en Pasteur 632, resultaba demostrativo de la explosión interna, señalando a guisa de ejemplo, el hecho de que sus balcones permanecieron incólumes.

Los elementos de juicio enunciados en los apartados que anteceden autorizan a descartar de plano la hipótesis planteada por los letrados defensores, en razón que ella se da de bruces con el hallazgo, en la escena del crimen, de numerosos elementos constitutivos de una camioneta Trafic que presentaban roturas y deformaciones propias de una explosión de esa magnitud.

Asimismo, el lugar en que detonó la carga explosiva –entrada del edificio- y los dichos de los testigos citados en el acápite A.19 del presente capítulo, a la vez que respaldan la conclusión a la que arribó el tribunal, desechan la hipótesis alegada por la defensa.

Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que al debate fue convocado el personal de algunos de los proveedores que abastecían de materiales y servicios tanto a la A.M.I.A. como a la empresa constructora “G.P.I.”, encargada de las obras en esa entidad, tales como los dependientes del corralón de materiales “Mazzotta S.A.”, los obreros de la citada firma constructora, los empleados de la empresa de limpieza “Limpser” y el carpintero de “Ofice S.A.”.

Del testimonio de dichas personas no surge ninguna circunstancia que permita sostener, ni en mínima medida, el extremo señalado por las defensas.

En efecto, los materiales de construcción eran proveídos por el mencionado corralón que, a estar por los dichos de Francisco Mazzotta, Jorge Osvaldo Mascarucci, Horacio Ismael Irigoitía y Gerardo Omar de Souza Rosa, eran cargados por los “bolseros” en la playa de la firma y enviados por los choferes de la empresa al edificio de Pasteur 633.

Una vez allí, eran descargados por los obreros de “G.P.I.” y sometidos a una minuciosa revisión por la seguridad del edificio. En ese sentido, afirmaron que las bolsas de cal, cemento o arena eran perforadas con alambres a fin de controlar su interior y también se las sometía a un mecanismo de detección de metales. El chofer Irigoitía explicó que en caso de dudas la vigilancia volcaba el material en el piso para verificar su contenido.

El empleado administrativo de Souza Rosa agregó que el arquitecto Malamud era cliente habitual de la firma y que antes de la obra de la A.M.I.A. le entregó materiales en otras.

De igual modo, el capataz de “G.P.I.”, Julio Barriga Loaiza y el obrero Policarpio Cruz Loaiza, que trabajaron en el edificio durante todo el tiempo que demandaron las refacciones, incluido el día de la explosión, como así también el responsable de la firma, Fernando Isaías Solla, no resaltaron ninguna circunstancia irregular en relación a la entrada o acopio de materiales dentro de la mutual. Corroboraron, además, el mecanismo de seguridad implantado para el control de los materiales de construcción, la forma en que éstos eran ingresados al edificio y la estrecha relación comercial que los vinculaba con el proveedor de materiales Mazzotta.

Cabe señalar, además, que el plomero José Ernesto Millán, el herrero Roberto César Rebollo, el pintor Ramón Benicio Domínguez, los empleados del servicio de limpieza Eduardo Enrique Zabala, Cristian Enrique Alberto Broin y Norma Gladis Mansilla, el carpintero Martín José Viudez, el electricista Daniel Eduardo Joffe, el albañil José Longo y el arquitecto Claudio Alejandro Weicman, fueron contestes en punto a los recaudos de seguridad que se tomaban para el control de materiales y ninguno apuntó, aunque más no sea en mínima medida, alguna circunstancia que llamase la atención en orden a la presencia de sustancias distintas a las que comúnmente se utilizan para la construcción.

Por lo demás, la sola circunstancia de que en la planta baja del edificio, a unos 5 m de la puerta, se acopiaran materiales para las obras, conforme lo señalaron en el debate Barriga Loaiza, Cruz Loaiza, Solla, Weicman, Juan Alberto López y otros testigos más, no autoriza a sostener, en modo alguno, que se hubieran aprovechado esos elementos para ingresar subrepticiamente materiales explosivos; máxime cuando, como se dijo, la prueba producida en el juicio echó por tierra dicha hipótesis y no se verificó, a lo largo del debate, ningún elemento de convicción en ese sentido.

A.24) La defensa de Mario Norberto Bareiro impugnó la hipótesis del cochebomba, tras considerar que no podía descartarse la utilización en el atentado del volquete de la empresa “Santa Rita” que, momentos antes del estallido, fue depositado frente a la mutual.

Precisó que la confirmación de esa pista excluía la sostenida por la acusación y, en consecuencia, eximía de responsabilidad a su representado.

Entendió que tal supuesto, sin más, fue desechado por la investigación, pese a contar con datos que despertaban fundadas sospechas, mencionando los siguientes:

a) No se probó que el 18 de julio de 1994 se hubiese contratado el servicio de volquetes que prestaba la empresa “Santa Rita”, puesto que no se registraron cruces telefónicos entre la mutual judía y el arquitecto encargado de la obra, Andrés Gustavo Malamud, con la empresa de referencia.

b) El remito que supuestamente acreditó la entrega del volquete a la A.M.I.A. el día del atentado no fue suscripto por Andrés Gustavo Malamud, pese a lo que allí se consigna.

c) La prueba del debate no pudo determinar la persona que solicitó el volquete que fue depositado, tras dejar uno en la A.M.I.A., en la calle Constitución 2657, a metros del domicilio de Alberto Kanoore Edul, persona ésta que desde su celular llamó a Carlos Alberto Telleldín el 10 de julio de 1994 y que, en su agenda personal, poseía el teléfono y la dirección del ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani.

d) Guillermo Alfonso, Raúl José Díaz y Héctor Manuel López, todos empleados de la firma “Santa Rita”, manifestaron que tras la explosión concurrieron al lugar del hecho para retirar escombros en volquetes, los que luego descargaron en terrenos de dicha empresa, contrariamente a lo dispuesto por la investigación en punto a que debían ser resguardados para su análisis en un predio de Costanera Norte.

e) El titular de “Santa Rita”, Nassib Haddad, nació en Aynata, República del Líbano, de donde es oriundo -según se ha publicado- uno de los líderes y fundadores de la organización terrorista “Hezbollah”, el Ayatola Fadlallah, y que, según un memorando aportado por la querella de la D.A.I.A. (fs. 520 del legajo 74), los nombrados tendrían un parentesco sanguíneo.

f) Nassib Haddad también era titular de una empresa de minería que, tras varios años de inactividad, retomó el giro industrial unos pocos meses antes del atentado; su firma, para la época de la explosión, había adquirido 9146 kilos de amonal para realizar trabajos en el dique “Casa de Piedra”, ubicado en la provincia de La Pampa. Añadió que según el informe elaborado por el perito Carlos Néstor López, para esa tarea sólo se requería 5946, ignorándose el destino de más de 3000 kilos (fs. 3700).

g) El nombrado Haddad tuvo un incremento patrimonial sumamente llamativo en el año del atentado.

h) A pesar de estar situados a la misma distancia del epicentro de la explosión, los daños verificados en el volquete fueron considerablemente mayores a los que sufrió el patrullero Renault 18.

Con relación a las cuestiones traídas por la defensa de Mario Norberto Bareiro, corresponde señalar que el tribunal habrá de ceñir su análisis, exclusivamente, a aquellas que se refieren al modo en que sucedieron los hechos, dejando de lado, por extralimitar el objeto procesal del debate, aquellas pruebas aducidas contra personas que en esta instancia no son sometidas a juzgamiento.

Así, en punto a la presencia de un volquete de la empresa “Santa Rita”, en la acera de la calle Pasteur 633, desde pocos minutos antes de la explosión, fueron interrogados en el debate el chofer del camión que lo portaba, Juan Alberto López y los empleados de la citada compañía Raúl José Díaz y Laura Beatriz Rivero.

De sus expresiones resulta que el volquete fue solicitado en forma telefónica por el arquitecto Andrés Gustavo Malamud –responsable de “G.P.I.” que falleció con motivo del atentado- en las primeras horas de la mañana del 18 de julio de 1994, siendo atendido en primer lugar por Laura Rivero y luego por el empleado administrativo de la firma Raúl José Díaz, quien le tomó el pedido. Seguidamente, éste comisionó a Juan Alberto López para que lo transportara al edificio de la A.M.I.A. y para que entregara otro en la calle Constitución 2657 de esta ciudad, por requerimiento de un cliente nuevo de nombre Alejandro.

Fue así que López se dirigió a la primera de las direcciones citadas y, una vez depositado el contenedor frente a la mutual, continuó su derrotero hacia el otro predio, donde dejó el restante (cónfr., en igual sentido, la documentación copiada a fs. 1940). López señaló que el volquete fue recibido en forma personal por el arquitecto Malamud, quién firmó el correspondiente remito como constancia de la entrega. En el transcurso del viaje hacia la calle Constitución, escuchó el estruendo que produjo la explosión que, en un primer momento, había atribuido a un ruido propio del camión.

López y Díaz afirmaron que el volquete dejado en la mutual estaba vacío puesto que fue cargado en la playa de la empresa, donde estaban apilados unos sobre otros. Además, refirieron que Malamud era un habitual cliente de la compañía y que habían proveído a la mutual otros muchos volquetes con anterioridad, siendo en el último tiempo más esporádicos los envíos. Rivero, por su parte, calificó al citado arquitecto como un cliente muy importante.

A tales testimonios se agregan los de Barriga Loaiza y Cruz Loaiza en punto a que ese lunes –el día del atentado- debían traer un volquete, dado que el sábado anterior habían limpiado los escombros de la obra dentro del edificio y los habían apilado en la planta baja para cargarlos con mayor facilidad; los del arquitecto Claudio Alejandro Weicman, en cuanto dijo que “tenía una imagen” de que Malamud solicitó esa mañana un volquete por teléfono para retirar unos escombros que se habían acumulado en la planta baja y los de Gabriel Omar Gutesman, Jorge Eduardo Bordón, Ernesto Víctor Ini, Daniel Eduardo Joffe, Hilda Ester Delescabe de Díaz, Bernardo Kogan, Manuel José Olascoaga y José Ernesto Millán, quienes dieron cuenta del efectivo depósito del volquete minutos antes de la explosión en el frente de la mutual. Los últimos tres precisaron, además, que el camión llevaba mas de un volquete, mientras que Kogan afirmó que dejó uno en la calle y que cargó nuevamente los restantes en el camión. Además, aclaró que éstos estaban apilados, razón por la cual necesariamente deberían estar vacíos.

Respaldan esta última circunstancia los testimonios de Juan Carlos Álvarez, que tiró unos papeles en su interior, y de Bernardo Kogan y Rosa Montano de Barreiros, que pasaron caminando por al lado del volquete.

Los remitos y facturas acompañados a fs. 2235 del principal y a fs. 626 del legajo 74, que acreditan 37 transportes de volquetes a Pasteur 633 y uno a la calle Mansilla 3560 -éste último, también a nombre de “G.P.I.”- en el lapso comprendido entre los meses de marzo y julio de 1994, a más de los testimonios reseñados, constituye prueba suficiente de la relación comercial entre las firmas “Santa Rita” y “G.P.I.”. Además, el total de la facturación que pagó “G.P.I.” por los servicios prestados, ascendió a la suma de $ 2188; extremo que apuntala la referida vinculación comercial que unía a las referidas firmas.

Asimismo, la documentación concuerda con los dichos de Fernando Isaías Solla, cuñado de Andrés Gustavo Malamud y socio de éste en la firma “G.P.I.”, en cuanto señaló que al inicio de la obra se requirió mayor cantidad de volquetes debido a la demolición que se realizó en el cuarto piso cuarto del edificio, agregando que se utilizó un tiraje de cañerías que permitía arrojar los escombros directamente a los volquetes (ver remitos del 14 y 21 de marzo de 1994) y con el contrato de locación de obra recibido a fs. 4599 del legajo de instrucción suplementaria, en punto a la simultaneidad en el tiempo entre el comienzo de las obras y los sucesivos envíos de volquetes.

Además, Julio Barriga Loaiza reconoció en la audiencia de debate que la firma y su aclaración en el remito del 12 de mayo de 1994 corresponde a su puño y letra, extremo que, a mayor abundancia de lo expuesto, resulta demostrativo de la real entrega de los volquetes de que dan cuenta los documentos en cuestión.

En igual sentido, en los remitos del 19 de mayo de 1994 y en los del 14 y 21 de marzo del mismo año, es dable observar, a simple vista, firmas, junto con la aclaratoria “Malamud” en el caso de los últimos dos, que presentan rasgos y trazas muy similares a las que se utilizaron como indubitables en el peritaje de fs. 5053/5069 (en particular, ver los gráficos 22 y 23). También se tiene en cuenta que las firmas y aclaratorias obrantes en los citados remitos del 14 y 21 de marzo tienen un común origen (cónfr. conclusión nº 3 del peritaje de fs. 31.458/31.461).

A ello debe agregarse que el nombrado Solla reconoció en el debate la letra de Malamud en la aclaración de la firma que se observa en el remito del 21 de marzo de 1994. Antes de que se le exhibiera la constancia, el testigo expresó que la grafía de su cuñado “era la típica de un arquitecto” (sic), queriendo significar con ello que era muy geométrica y angulada (ver, al respecto, los trazos de las aclaratorias en los remitos antes citados).

En relación a las conclusiones del estudio caligráfico de fs. 5053/5069, que descartó las grafías de Andrés Gustavo Malamud en el remito del 18 de julio de 1994, corresponde señalar que la efectiva entrega del volquete el día señalado se encuentra probada por los testimonios antes referenciados y por las fotografías nros. 3 y 9, recibidas a fs. 1975 del legajo de instrucción suplementaria, en las que se observan los restos de un volquete con la inscripción parcial de “Santa Rita” y sus números telefónicos.

Asimismo, las conclusiones del peritaje de fs. 31.458/31.461, que determinó que proviene de un mismo puño escritor esa grafía y la que se observa en el remito nº 2646 –del 15 de mayo de 1994- autoriza a suponer que quién firmó ambas constancias bajo la falsa identidad de Malamud, lo hizo al solo efecto de documentar la entrega de ambos volquetes y autorizar, de esa manera, su efectivo cobro.

Por último, resta señalar que las circunstancias referenciadas por el chofer del camión de Santa Rita Juan Alberto López, se compadecen con la hoja de ruta aportada a fs. 1939, dado que figuran entregas de volquetes en Pasteur 633 y en Constitución 2657, como así también con los testimonios de Fabián Emanuel Cabrera y Carlos Bernardo Wolfson, pues ambos empresarios de la construcción corroboraron que para esa época se realizaron obras en los predios de Sánchez de Bustamante 836 y Arévalo 1965, donde según el mentado plan de trabajo se debían retirar volquetes, agregando Wolfson que habitualmente utilizaba el servicio prestado por la aludida firma.

En suma; la prueba producida en el debate acreditó que la empresa constructora que realizaba refacciones en la mutual tenía un vínculo comercial con “Santa Rita” que databa de largo tiempo; que el pedido del volquete se realizó por motivos circunstanciales; que éste no llevaba ningún elemento en su interior y que las posteriores entregas o retiros de volquetes programados para ese mismo día estaban plenamente justificados, extremos éstos que no permiten abrigar sospechas en punto a la cuestión sometida a análisis.

La conclusión que la defensa extrajo de la desproporción de los daños verificados en el volquete en comparación con aquellos que sufrió el resto de los vehículos estacionados en la calle Pasteur, en particular, el patrullero Renault 18, además de ser una mera conjetura, no tuvo en consideración la mayor proximidad de aquél con respecto al foco de la explosión.

Así, el camionero Juan Alberto López, en concordancia con las observaciones de los testigos Juan Carlos Álvarez, Luis Eduardo Benlliure, Enrique Antonio Cárdenas, Rubén Samuel Chejfec, Hugo Leandro Fryszberg, Gabriel Omar Gutesman, Daniel Joffe, Jorge Enrique Kaiser, Bernardo Kogan, Rosa Montano, Isidro Horacio Neuah, Bernardo Rojman, Gabriela Elizabeth Sorba, Martín José Viudez y Jaime Alejandro Waizer, expresó que dejó el volquete muy cerca de la puerta de la mutual.

Por el contrario, el patrullero se encontraba a la altura de 621 de la calle Pasteur, según reconoció el dueño del local de gorros y sombreros allí ubicado, Jorge Osvaldo Ferretti, como así también los policías Adolfo Guido Guzmán y Jorge Eduardo Bordón, que afirmaron que estaba estacionado a unos 12 ó 15 metros de la A.M.I.A.

Por último, cabe señalar que si bien el hecho de que no se hubiese detectado el 18 de julio de 1994 ningún contacto telefónico entre las líneas del arquitecto Malamud y las de la mutual con las de la empresa “Santa Rita” permitiría, inicialmente, conjeturar en la dirección señalada por la defensa (ver cruces telefónicos de los abonados 201-4637, 313-7193, 312-5953 y 313-7215 de la empresa “Santa Rita”, remitidos por el D.U.I.A. el 22 de julio de 2002 en el legajo de instrucción suplementaria), cierto es que el sólido cuadro probatorio construido en sentido opuesto, autoriza, sin más, a desechar, la mentada hipótesis.

A.25) Otra de las cuestiones introducidas por la defensa de Mario Norberto Bareiro se refiere a la presencia de un helicóptero durante la noche previa al atentado, circunstancia que, a su juicio, fue investigada de modo defectuoso.

Al respecto, cabe señalar que la prueba producida en el debate permitió establecer que entre las últimas horas del 17 de julio de 1994 y la madrugada del día siguiente, un helicóptero sobrevoló el edificio de Pasteur 633, a baja altura, por espacio de algunos minutos; aseveración que encontró respaldo en los dichos de Enrique Antonio Cárdenas, Lidia Bernardita Cazal Martí, Martín Rubén Strajman, Mario Alberto Chencinski, Sara Rosa Goldsztein, Gabriel Omar Gutesman, Isaac Szterenbaum, Marta Nilda Portela, María Isabel Lima Ponce, Eduardo David Medina, María Josefa Vicente y Remo Carena.

En ese sentido, el policía Enrique Antonio Cárdenas manifestó que a eso de las 2 ó 3 de la madrugada del 18 de julio de 1994, en circunstancias en que custodiaba una casa usurpada próxima a la intersección de las calles Viamonte y Pasteur, escuchó el ruido de un helicóptero que daba vueltas sobre el edificio de la A.M.I.A.

Por su parte, Remo Carena dijo que el 18 de julio, en el mismo horario indicado por Cárdenas, le llamó poderosamente la atención el sobrevuelo a baja altura, dando vueltas sobre la mutual judía, de un helicóptero de reducidas dimensiones, de color oscuro; circunstancia que lo llevó a que subiera a la terraza de su edificio, ubicado en la calle Pasteur 594, desde donde pudo observar a dicha aeronave en momentos en que se alejaba en dirección a Plaza Once. También su cónyuge, María Josefa Vicente, recordó en el debate que en la noche previa al atentado, siendo las 3 ó 4 de la mañana, su marido la llamó desde el balcón para que observara un helicóptero, al que describió de color dorado y con un foco que alumbraba hacia abajo, que parecía que estaba por aterrizar sobre el edificio de la A.M.I.A. Agregó que la aeronave permaneció suspendida sobre la mutual y un inmueble lindero, a unos 4 ó 5 metros de altura, por espacio de un minuto, retirándose luego en dirección al oeste.

Lidia Bernardita Cazal Martí, empleaba doméstica en Pasteur 632, 10º piso “A”, señaló que el domingo 17 de julio, a eso de las 21.00, aproximadamente, en circunstancias en que ingresaba al edificio, pudo advertir que un helicóptero sobrevoló los inmuebles de la zona durante unos 15 minutos, pareciéndole “muy raro que volara tan bajo y justo enfrente de la A.M.I.A.”. Asimismo, Sara Rosa Goldsztein también recordó haber escuchado, en la noche del 17 de julio, mientras se encontraba en su vivienda de Pasteur 676, el ruido de un helicóptero, en tanto que María Isabel Lima Ponce, de Pasteur 651, destacó que esa misma noche, amén de sentir ruidos extraños sobre los techos de su casa, observó luces provenientes de un objeto volador.

En forma coincidente con sus vecinos, Martín Rubén Strajman refirió que durante la medianoche previa al atentado escuchó, durante unos 8 ó 10 minutos, el sobrevuelo de un helicóptero en la zona, cuyo sonido se escuchaba cada vez más próximo, hasta que sintió como si la aeronave estuviera posada sobre la terraza de su edificio, sito en Pasteur 632, tornándose insoportable el ruido; ubicación en la que se mantuvo durante aproximadamente 2 ó 3 minutos. Aclaró que si bien era frecuente el paso de helicópteros por la zona, nunca lo fue en la forma en que lo escuchó aquella noche.

De igual manera, Isaac Szterenbaum explicó que el domingo anterior al atentado, en horas de las medianoche, en oportunidad de ingresar junto con su cónyuge a su vivienda de Pasteur 632, advirtió que un helicóptero daba vueltas sobre el edificio de la A.M.I.A.; circunstancia que calificó de absolutamente infrecuente y de la cual informó al personal de la S.I.D.E., en oportunidad de ser entrevistado uno o dos días después del siniestro, llamándole la atención que el encuestador, invocando que “ya tenía conocimiento de ello”, omitió interrogarlo al respecto.

Eduardo David Medina, Mario Alberto Chencinski y Marta Nilda Portela, vecinos de la calle Pasteur 569, 676 y 783, respectivamente, fueron contestes en señalar que el domingo 17, en horas de la noche –los últimos dos lo situaron entre las 22.00 y 23.00-, escucharon el ruido de un helicóptero volando a muy baja altura; aeronave que, según Portela, estuvo iluminando los techos de los edificios con un reflector. Por último, Gabriel Omar Gutesman, a unas tres cuadras del lugar donde se cometió el atentado, también se percató del vuelo de un helicóptero por esas horas.

En procura de corroborar y explicar los motivos del mencionado sobrevuelo, esa noche, sobre el edificio de la mutual judía, se convocó a la audiencia de debate a Guillermo Roberto Filmore, Jorge Eduardo Bianchi, Carlos Alejandro Aguilar, Julia Alejandra Espeche, Eduardo Nogueras, Gustavo Zunino, Alberto Apolinario Gómez y Mauricio José Francisco Segurado, quienes se desempeñaron como controladores aéreos del aeroparque “Jorge Newbery” de esta ciudad, durante los días 17 y 18 de julio de 1994, como así también a los comodoros de la Fuerza Aérea Argentina Juan Miguel Eduardo Maclay y Carlos Alberto Maffeis.

Todos ellos coincidieron en afirmar que el aeroparque metropolitano contaba con una repetidora del radar instalado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con capacidad para detectar toda aeronave que sobrevolara la Capital Federal más allá de cierta altura, la que, según las distintas versiones, variaba entre los 70 y los 300 metros; ello, sin perjuicio de aclarar que la constatación resultaba más sencilla cuando la nave contaba con el identificador de vuelo denominado “transponder”. Explicó, además, que toda aeronave, sea comercial, privada o de una fuerza de seguridad, debía comunicar su plan de vuelo a la torre de control, registrándose ello en una cinta que se conservaba durante 30 días. Existía, también, un registro documental -denominado “fajas de vuelo”- que se guardaba seis meses.

No obstante tales disposiciones, los controladores aéreos también coincidieron en señalar que para la época del atentado era factible que un helicóptero sobrevolase la Ciudad de Buenos Aires sin ser detectado por la autoridad aeronáutica, no habiendo recordado Carlos Aguilar, encargado de esa labor el 17 de julio de 1994 hasta la mañana del día siguiente, que se hubiera producido alguna novedad en relación a los vuelos realizados durante ese lapso.

A requerimiento del juez instructor, el comodoro Juan Maclay y el jefe de la División Escuadrón Aéreo de la Policía Federal Argentina, comisario Norberto Gaudiero, informaron acerca de los vuelos de helicópteros producidos en la Capital Federal durante los días 17 y 18 de julio de 1994, entre las 20.00 y las 24.00 y entre las 06.00 y las 10.30, respectivamente (ver fs. 2863/2864, fs. 3407/3408 y fs. 63.609); requerimiento inexplicablemente incompleto si se advierte que muchos de los vecinos refirieron haber observado la aeronave en las primeras horas del 18 de julio.

Con base en dicho informe y en el proporcionado a fs. 29.907, referido a los helicópteros de la Policía Federal Argentina que se desplazaron en la mañana del 18 de julio a la zona afectada por la explosión, se convocaron al debate Sebastián Ziliotto, Luis Alberto Acevedo, Mariano Julián Panzini, Miguel Ángel Vila, Fabián Oscar Rojas, Nilo Ruiz Díaz, Pablo Alejandro Santano, Marcelo Pittis, Claudio Serrano, Hugo Corti, Manuel Rueda, Diego Andersen y Omar Aldo Parisi, pilotos de dicha institución, todos los cuales negaron haber permanecido en posición estacionaria sobre el edificio de la A.M.I.A. ni haber iluminado la zona con un reflector durante las últimas horas del 17 de julio ni en las primeras del siguiente.

Por otra parte, a fs. 64.718 se informó que en los aeródromos de las localidades de La Matanza, Quilmes y Morón, de la Provincia de Buenos Aires, no se registraron vuelos de helicópteros en las fechas indicadas.

En definitiva, si bien la prueba producida en el debate permitió acreditar el extremo enunciado al inicio, ella resultó insuficiente para establecer la procedencia de la aeronave y los motivos por los cuales sobrevoló la zona que horas más tarde constituiría el epicentro del atentado. Ello, sin perjuicio de señalar la imposibilidad de arrimar al debate la información relativa a los vuelos realizados en el lapso comprendido entre las 24.00 del día 17 de julio y las 06.00 del día siguiente, ni de aquellos que, eventualmente, pudieron haberse emprendido desde el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, de la localidad de Ezeiza, ni de los aeropuertos de Don Torcuato, San Fernando y San Justo, en razón que tal información, por el transcurso del tiempo, fue destruida en cumplimiento de disposiciones vigentes.

Dicho déficit probatorio, que frustró la posibilidad de ahondar las circunstancias que explicarían tan singular acontecimiento –un vuelo estacionario sobre la mutual, durante algunos minutos, en la noche anterior al atentado- y acerca del cual se tejieron numerosas hipótesis, nunca confirmadas, constituyó una inadmisible desaprensión del magistrado instructor, dado que omitió requerir, en el tiempo oportuno y en la forma adecuada, aquellos datos que hubieran echado luz a la cuestión; máxime cuando la sospechosa presencia fue anunciada al juzgado interviniente el mismo día del atentado (ver certificado actuarial del 18 de julio de 1994, obrante a fs. 447), corroborada luego por los primeros testimonios arrimados al proceso.

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