Resulta definitorio para afirmar que las piezas identificadas por los técnicos de “ciadea s. A.” conformaban el vehículo que llevó en su interior la carga






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I) Manejo arbitrario de imputaciones.


I.1) Como ya se dijera, el juez instructor, en una clara muestra de la parcialidad que caracterizó su actuación durante este proceso, realizó un manejo arbitrario de las imputaciones dirigidas a los policías acusados.

A tal fin debe destacarse que el magistrado dirigió y quitó imputaciones, incluso por el hecho terrorista que aquí se juzga, con una superficialidad que, en realidad, denota su utilización como forma de presión hacia los encausados.

Así, el caso de Miriam Salinas, abordado precedentemente, permite entrever cómo el magistrado vinculó y desvinculó del proceso a distintas personas, a través de maniobras espurias.

Como se recordará, allí el juez instructor se valió de la imputación del atentado a Miriam Salinas para obtener de ella una declaración jurada que incriminó a Carlos Telleldín. Con ese objeto, quien finalmente deviniera en testigo de identidad reservada fue li-

berada definitivamente del proceso en el exiguo plazo de una semana, con una celeridad y liviandad propias del ocultamiento de la maniobra ilícita detallada.

También se demostró la forma en que el juez instructor ocultó imputaciones como la que debió dirigir al abogado Gustavo Semorile por la participación en la denunciada extorsión a Telleldín de abril de 1994 y a Pablo Ibáñez por la posesión de uno de los vehículos que, según el magistrado y los representantes del Ministerio Público Fiscal, integró el botín entregado a funcionarios de la Brigada de Lanús como rescate por la libertad de Carlos Telleldín y Sandra Petrucci.

Como se dijo, aquel ocultamiento no fue gratuito. A cambio de tal proceder tanto Semorile como Pablo Ibáñez colaboraron con el magistrado al declarar –bajo reserva de su identidad– en contra de Juan José Ribelli y Carlos Telleldín, respectivamente.

Si bien es cierto que respecto de Miriam Salinas, a diferencia de lo aquí ocurrido, el obrar ilegal del Dr. Galeano se pudo observar en su totalidad, no puede dejar de advertirse que aquél constituyó un caso paradigmático del ilegal manejo que el juez instructor efectuó de las imputaciones que dirigía y, por ello, constituye el patrón que se evidencia en los casos que se abordan en este apartado.

Entonces, luego de haber detallado el actuar desplegado por el juez instructor frente a otras imputaciones que constituyen, valga recordarlo, el emblema de las ilegales formas de presión de las que se valió, se pasará a analizar la situación respecto a los policías bonaerenses acusados.

I.2) Imputaciones a los policías bonaerenses.


I.2.a) Introducción.

Respecto de los policías acusados, el manejo arbitrario de imputaciones se vislumbró, en primer lugar y principalmente, en la atribución, sin el mínimo respaldo probatorio, de diferentes hechos ilícitos, incluso del atentado.

Pero también la oscura maniobra desplegada por el juez se evidencia con la inexplicable demo-

ra en la que incurrió para resolver la situación procesal

de algunos imputados no solo por el atentado sino incluso por las extorsiones que fueran elevadas a juicio respecto de otros acusados.

I.2.b) La indiscriminada atribución de la participación en el atentado a todos los policías bonaerenses imputados.

El Dr. Galeano dirigió en forma indiferenciada a todos los policías encausados la imputación por su participación en el hecho terrorista que aquí se juzga.

Además de los policías que fueran procesados y acusados por su intervención en el atentado, también se atribuyó la participación en ese hecho a Marcelo Gustavo Albarracín, José Miguel Arancibia, Claudio Walter Araya, Oscar Eusebio Bacigalupo, Diego Enrique Barreda, Alejandro Burguete, Víctor Carlos Cruz, Bautista Alberto Huici, Argentino Gabriel Lasala, Daniel Emilio Quinteros y Jorge Horacio Rago. En efecto, en la intimación de sus respectivas declaraciones indagatorias se describe: “haber participado en el atentado ocurrido en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, sita en la calle Pasteur 633 de la Capital Federal, el día 18 de julio de 1994, el que provocó a través de la utilización de elementos explosivos, numerosas muertes, lesiones a distintas personas y daños a la propiedad, en virtud de haber proporcionado la camioneta Trafic utilizada como coche bomba, en cuya obtención colaboró mediante actividades ilícitas” (cfr. fs. 39.230/39.231, 39.223/39.224, 39.289/39.290, 39.247/39.248, 38.802/38.809, 39.233/39.235, 39.240/39.241, 39.237/39.238, 39.292/39.293, 39.227/39.228 y 39.244/39.245).

Para la imputación por el atentado dirigida a Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Ireneo Leal, Juan José Ribelli y Mario Norberto Bareiro el juez instructor se valió de la clandestinamente remunerada declaración indagatoria de Telleldín del 5 de julio de 1996, en la que se ubicaba a los dos primeros como integrantes del grupo que concurrió a su domicilio el 10 de julio de 1994 y se llevó la camioneta Trafic en poder de Telleldín.

Sin embargo, ni siquiera sobre esa base, descalificada por haber sido fruto de una ilegítima y clandestina negociación, se puede sostener la imputación por el hecho terrorista a los demás policías mencionados.

Adviértase que en esa declaración indagatoria Telleldín menciona, indirectamente, a Ibarra –el subcomisario más alto y de bigotes que había conocido en su detención en Lanús– y a Leal, que según se sostuvo en la acusación era quien respondía al apodo “Pino”, a quienes identificó fotográficamente en una diligencia que fue posteriormente anulada por la Alzada (cfr. fs. 41.026/41.036).

Como se ve, ninguna mención se efectúa de los otros policías bonaerenses acusados a los que el Dr. Galeano les imputó su participación en el atentado.

Esta ausencia de las pruebas necesarias para su convocatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N., quedó plasmada con la absoluta omisión de fundamentos en la resolución de falta de mérito de fs. 49.001/49.002 del 22 de diciembre de 1998.

Si bien allí se alude a que “las pruebas acumuladas todavía arrojan un manto de sospecha sobre todos los nombrados”, no se enuncia siquiera una sola de las pruebas que justificaron la imputación inicialmente formulada.

Asimismo, se destaca que: “encontrándose pendiente la realización de otras medidas probatorias tales como un análisis final sobre las llamadas telefónicas realizadas el día 10 de julio de 1994, el que podría arrojar resultado de interés es que resulta prematuro desvincularlos definitivamente de la causa seguida por el atentado terrorista perpetrado contra la sede del edificio de la AMIA-DAIA por lo cual habré de adoptar un temperamento expectante”.

Al respecto, cabe acotar que este párrafo tampoco permite elucidar cuáles fueron los elementos sobre los que basó la sospecha necesaria para la imputación de su participación en el atentado. Solo se limita a afirmar que restan medidas por realizar las que, evidentemente, el juez instructor no pudo concretar mientras estuvo a cargo del proceso, desde que no adoptó ningún temperamento al respecto.

Allí, en todo caso, se justifica la imposibilidad de dictar un pronunciamiento que desvincule definitivamente a los encausados del proceso, pero no da pauta alguna sobre los elementos que justificaron la inicial imputación.

En este punto, se advierte una similitud con lo actuado respecto de Miriam Salinas. La falta de fundamentación en las resoluciones de desvinculación de imputados con el proceso, fue una constante en el proceder del juez instructor y demuestra la inexistencia de elementos que justificaran la primigenia citación a prestar declaración indagatoria.

Por otra parte, cabe recordar que esta resolución no fue dictada a iniciativa del magistrado instructor, sino frente a instrucciones precisa de la Cámara. En efecto, mediante el auto agregado a fs. 48.998/49.000, del 15 de diciembre de 1998, se dispuso que “en el término de diez días deberá pronunciarse respecto de la situación procesal de Carlos Cruz, Marcelo Albarracín, Claudio Araya, Jorge Rago, Diego Barreda, Bautista Huici y los restantes indagados por estos hechos –declaraciones todas llevadas a cabo en el mes de julio de 1996– de conformidad con lo dispuesto en los arts. 306, 309 o 336 del Código Procesal Penal de la Nación”.

El juez, en su resolución de falta de mérito, en una reacción inédita, respondió aquél pronunciamiento, al señalar que: “La falta de resolución de los indagados por la imputación del atentado no respondió a un olvido o a un capricho del suscripto, sino que, en su momento, pareció ser lo más atinado dada la alta complejidad de los hechos y según la visión de la causa que en ese momento se tenía”.

Sin embargo, el magistrado no logra explicar razonablemente en qué se vería perjudicada la investigación, aún de una causa de la magnitud y complejidad como la presente, con el dictado de la resolución de falta de mérito que adopta.

Finalmente, corresponde destacar que tampoco puede justificarse la ausencia de basamentos objetivos de la imputación en la magnitud y complejidad de estos actuados. De lo contrario, ello permitiría arribar a una conclusión inadmisible en un Estado de Derecho, que consistiría en facultar al magistrado a cargo de la instrucción de expedientes de magnitud considerable a conservar in pectore los fundamentos de las vinculaciones al proceso de cualquier ciudadano.

Hasta lo aquí expuesto se detalló cuál ha sido la seria irregularidad cometida por el juez instructor al dirigir imputaciones sin el consabido respaldo probatorio.

Sin embargo, el proceder desplegado por el juez implica una gravedad aún mayor y para su explicación debe destacarse el contexto que caracterizó el trámite de estas actuaciones.

A esos fines corresponde recordar las gravísimas irregularidades detalladas precedentemente, que incluyera la existencia de maniobras, impulsadas, favorecidas o toleradas por el magistrado instructor, tendientes a vencer la resistencia a declarar del primer imputado por el hecho terrorista, que incluyó una clandestina e ilegal remuneración. A ello debe sumarse el andamiaje creado por el juez para sostener, aún frente a las pruebas que la refutaban, la versión brindada en la pactada declaración.

También debe recordarse cuál fue la maniobra desplegada por el juez instructor respecto de Miriam Salinas, Pablo Ibáñez y Gustavo Semorile, para encontrar la verdadera explicación a este sinnúmero de irregularidades cometidas por el magistrado en el manejo de imputaciones.

En efecto, como quedó dicho, el juez utilizó la atribución de complicidad en graves ilícitos, e incluso por el atentado, para obtener bajo presión declaraciones que comprometieran a los acusados; principalmente a Carlos Telleldín y a Juan José Ribelli.

Ahora bien, en ese contexto, el manejo arbitrario de imputaciones realizada por el juez adquiere otra dimensión, de una gravedad institucional en verdad alarmante.

I.2.c) Atribución de la participación en la privación ilegal de Hugo Pérez del 15 de julio de 1994.

Sin que exista fundamento alguno el juez instructor incluyó en la intimación formulada en las indagatorias recepcionadas el 15 de julio de 1996 a los integrantes de la brigada de Lanús, no solo el proceder llevado a cabo en esa dependencia en abril de 1994, sino incluso la participación en el procedimiento realizado por sus pares de la brigada de Vicente López, tres meses después, que culminó con la detención de Hugo Antonio Pérez.

Así, en las indagatorias prestadas por Marcelo Gustavo Albarracín, José Miguel Arancibia, Claudio Walter Araya, Oscar Eusebio Bacigalupo, Alejandro Burguete y Bautista Alberto Huici, glosadas a fojas 39.230/39.231, 39.223/39.224, 39.289/39.290, 39.247/39.248, 39.233/39.235, 39.237/39.238, respectivamente, se observa que, luego de intimarlos por la privación de libertad de Sandra Marisa Petrucci y Carlos Telleldín de abril de 1994, se atribuye: “como así también haber participado, brindando información y suficiente colaboración a la brigada de Vicente López, con el fin de nuevamente privar ilegítimamente de la libertad del nombrado anteriormente y solicitar para su soltura sumas de dinero o bienes. De tal manera se produjo la detención de Hugo Antonio Pérez el día 15 de julio de 1994 habiéndose obtenido en forma concreta el rescate que al menos motivó la libertad del nombrado Pérez”.

Llama la atención, frente a la lectura de esta intimación, que se haya atribuido a personal de la brigada de Lanús su intervención en hechos que se imputó a los integrantes de la Brigada de Vicente López, que habrían acaecido meses después.

Esta imputación denotaría la existencia de vínculos entre los integrantes de las Brigadas de Lanús y Vicente López, que, valga anticiparlo, nunca se demostraron, para extorsionar a Carlos Telleldín a través de la privación de su libertad o la de sus allegados.

Esta conexión entre las dos brigadas es la que se pretendió instalar a partir de la versión de Telleldín en la declaración ilegal y clandestinamente remunerada del 5 de julio de 1996.

No obstante, se advierte una seria contradicción en el razonamiento del magistrado instructor con sus propios postulados. En efecto, si existía algún vínculo para obtener ilegalmente dinero o bienes de Telleldín, y la única muestra corroborada de la participación conjunta de ambas brigadas, a su juicio, fue en la alegada expoliación de la camioneta Trafic el 10 de julio de 1994, no se explica cómo no se dirigió esta imputación a quienes se dice partícipes de ese hecho.

En efecto, de los integrantes de la Brigada de Lanús, sólo Ibarra y Ribelli fueron considerados partícipes en el procedimiento conjunto denunciado.

Sin embargo, misteriosamente, a ellos se los excluye de la imputación por el procedimiento llevado a cabo por los integrantes de la brigada de Vicente López los días 14 y 15 de julio de 1994.

En definitiva, en la lógica del magistrado, los funcionarios imputados que prestaron servicios en la brigada de Lanús habrían “pasado el dato” a sus pares de la Brigada de Vicente López de que Telleldín era una posible víctima de extorsiones.

Pero, y aquí lo absurdo del planteo, de tal proceder excluye a quienes precisamente imputa por su participación conjunta en la expoliación de la camioneta el 10 de julio de 1994.

Tal inconsecuencia demuestra el oscuro actuar del juez instructor al endilgar la intervención de sucesos delictivos sin prueba que lo sustente.

El juez resolvió la situación procesal de los imputados de la brigada de Lanús por este hecho mediante el dictado de la resolución de falta de mérito del 17 de febrero de 2000, que luce agregada a fs. 74.175/74.176.

Nuevamente, se advierte, que la fundamentación de esa decisión es solo aparente. En efecto, no se enuncian siquiera cuáles son los elementos que justificaron que, en su momento, les recibiera declaración indagatoria por este hecho.

No resulta suficiente, la mera remisión a la existencia de una asociación ilícita, que, a juicio del instructor, integraban los imputados, si no se demostró siquiera el mínimo vínculo entre los integrantes de ambas brigadas.

Por otra parte, el magistrado, tanto en los fundamentos de esta resolución como en la citada de fs. 49.001/49.002, al dictar sendas faltas de mérito, valoró como un elemento de cargo de la intervención en un hecho delictivo –sea el atentado, sea la privación de libertad de Hugo Pérez– el considerar que el imputado es miembro de la asociación ilícita que, a su juicio, existió entre todos los policías acusados.

En otras palabras, bastaría demostrar la existencia de la banda prevista en el art. 210 del Código Penal para justificar que a todos sus integrantes se les atribuya la participación en cada uno de los episodios llevados a cabo por alguno de sus integrantes.

Sin embargo, a poco que se analice la conducta del magistrado en este aspecto, se advierte que aquél pretendido fundamento de su primigenia imputación es solo aparente.

Ello, desde que ni siquiera es seguido hasta sus últimas consecuencias por el propio juez. Así, adviértase que si el magistrado hubiera cumplido con el principio que anunció en las cuestionadas resoluciones, debería haber indagado a los policías acusados de la Brigada de Vicente López por los hechos atribuidos a sus pares de Lanús.

Por otra parte, en forma inadmisible, el juez alude a que dicha resolución “intenta suplir una especie de omisión producida al momento de resolver la situación procesal de los aquí encartados y su destino es el de poner un orden lógico a la causa”.

Como se ve, de esta forma se pretende minimizar la ausencia de resolución, pese al extenso tiempo transcurrido, respecto a la imputación por un ilícito.

Además, cabe recordar que también esta resolución fue dictada en cumplimiento de lo ordenado por la Alzada, y no respondió al propio impulso del juez, según lo admitió este último (cfr. fs. 538 del incidente de prórroga de instrucción–art. 207 del C.P.P.N).

Por último, no podrá tampoco en este caso adjudicarse la irregularidad evidenciada a un mero descuido del juez en el trámite de la causa. Ello, a la luz de las diversas irregularidades del magistrado que demostró su absoluta ausencia de imparcialidad.




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