Resulta definitorio para afirmar que las piezas identificadas por los técnicos de “ciadea s. A.” conformaban el vehículo que llevó en su interior la carga






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Pero lo que resulta definitorio para afirmar que las piezas identificadas por los técnicos de “CIADEA S.A.” conformaban el vehículo que llevó en su interior la carga explosiva que detonó en el frente del edificio de Pasteur 633, es que todas ellas presentaron roturas y deformaciones compatibles con la onda de choque generada por dicha carga.

Dicha conclusión se encuentra avalada por el peritaje glosado a fs. 30.761/30.764, realizado por el comisario Carlos Néstor López, el principal Juan Dante Falzarano, Fernando Carlos Cingolani, analista de repuestos de “CIADEA S.A.” y Osvaldo Laborda, asesor técnico de una de las querellas.

Así, de la revisión física de los elementos detallados ut supra, se arribó a las siguientes conclusiones:

a) que el motor presenta roturas y deformaciones que se hallan en relación directa con una onda de choque generada en sentido coincidente con su parte delantera; es decir, a la parte correspondiente al primer cilindro que es el más próximo a la caja de velocidades;

b) que la totalidad de los componentes de la Renault Trafic mantienen roturas y deformaciones que se hallan en relación directa con la reacción de una carga explosiva ubicada en el interior de la camioneta; más precisamente, en la cabina de carga;

c) que sus elementos constitutivos -motor, eje, llantas, rótulas, elásticos, amortiguadores, engranajes, chapas de carrocería- se hallaban instalados y funcionando en la camioneta que portaba la carga explosiva, coincidiendo los desgarramientos, fracturas y deformaciones de las piezas con el anclaje original para lo cual fueron diseñadas, encontrándose los efectos de la onda expansiva en relación directa con lo expuesto y,

d) que los objetos revisados fueron sometidos a una única explosión, tratándose del mismo fenómeno que afectó a la totalidad de los elementos constitutivos de la camioneta Trafic utilizada para cometer el atentado.

En igual sentido, cabe mencionar los dichos en el debate del ing. Juan María Cardoni, coincidentes con su estudio de fecha 1° de diciembre de 1994, en cuanto a las roturas y deformaciones que presentaba, en particular, el eje trasero de la camioneta (pieza nº 10). Al respecto, en base a los cálculos que realizó, teniendo en cuenta la información técnica de dicha pieza remitida por “CIADEA S.A.” (fs. 43/44 del Informe Final), concluyó que dichas roturas y deformaciones por flexión fueron producto de una acción expansiva de una velocidad entre los 4568 y 4136 metros por segundo, aclarando que ese efecto sólo pudo ser producido por la acción expansiva de un explosivo.

A.14) Las defensas de Carlos Alberto Telleldín y de Raúl Edilio Ibarra cuestionaron el proceder de quienes realizaron las tareas de búsqueda de evidencias en el lugar de los hechos y, consecuentemente, rechazaron la prueba obtenida en esas condiciones. Al respecto, realizaron las siguientes consideraciones:

Que, todos los hallazgos de piezas relevantes para la acreditación de la existencia de una camioneta Renault Trafic fueron efectuados por los mismos “cinco policías” de la Brigada de Investigaciones de la Superintendecia de Bomberos de la P.F.A., circunstancia que calificaron como “milagrosa”, atendiendo que al lugar concurrieron numerosas brigadas de bomberos para el rescate de las víctimas. Estos, además, tenían la directiva de entregar todas las evidencias que hubieran de encontrar y, según la encuesta del debate, no se verificó ningún caso en ese sentido.

Que, más allá de las actas que ut supra fueran cuestionadas, se omitió adoptar medidas para documentar fehacientemente los supuestos secuestros, como filmaciones o fotografías de cada una de esas diligencias. Máxime cuando su efectiva localización era un dato fundamental para determinar el foco de la explosión, conforme lo sostuvieron los peritos que confeccionaron el Informe Preliminar de bomberos.

Que, la primera clasificación de evidencias realizada por el personal de bomberos en el centro de operaciones de Pasteur 669, se practicó sin ningún criterio técnico que permitiera diferenciar, con certeza, los elementos que pertenecían a la supuesta camioneta Trafic de los que carecían de interés. Además, expresaron, no quedó claro el proceder que se adoptó en relación a las pruebas descartadas.

Que la identificación del material hallado descripta en las actas obrantes en el Informe Preliminar de Bomberos, resulta insuficiente para establecer su correspondencia con las numeraciones que se asignó a los elementos reconocidos como pertenecientes a una camioneta Renault Trafic. En consecuencia, adujeron las defensas, no es posible saber a ciencia cierta a qué objetos se refieren las actas de secuestro ni tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las evidencias allí detalladas fueron ingresadas a la investigación.

Que, en ese sentido, los dichos en el debate de quienes practicaron los distintos secuestros de evidencias no aportaron mayor claridad sobre el punto, puesto que, señaló la defensa de Ibarra, algunas piezas fueron reconocidas mediante fotografías por más de un funcionario, en tanto que de otras se omitió dar respuesta alguna.

Finalmente, invocaron que en el juicio algunos testigos reconocieron haber recogido piezas de interés –Vgr. los agentes de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado- y que de ellas, más allá de no haberse instrumentado diligencia alguna para su acreditación, se ignora su destino definitivo.

Es preciso señalar que los cuestionamientos alegados con relación al secuestro de las piezas en el lugar del hecho que, posteriormente, fueron reconocidas como pertenecientes a una camioneta Renault Trafic por parte de los técnicos de la empresa CIADEA S.A., no tienen entidad suficiente para echar por tierra, sin más, los elementos probatorios detallados en los apartados que anteceden.

Más allá de ello, coincide el tribunal con los letrados defensores en punto a que se omitió inventariar e identificar fehacientemente las evidencias recogidas, tanto en el lugar de la explosión como en el predio donde posteriormente fueron trasladados los escombros y demás elementos.

Pero la desaprensión evidenciada por el personal policial en modo alguno invalida las diligencias señaladas, dado que si bien dificulta el seguimiento de la recolección de los restos del automotor, no pone en duda el hallazgo de las piezas en el lugar del hecho. Tampoco media en la causa razón alguna que lleve a pensar que las piezas fueran “plantadas”.

No obstante ello, las razones enunciadas en el apartado que antecede, permiten sostener, en forma definitiva, que los fragmentos detallados en los reconocimientos no son otros que los secuestrados por el personal policial que intervino en el levantamiento de evidencias en la zona del desastre y en el citado predio de la Costanera Norte.

Por otra parte, las propuestas ofrecidas en aras de otorgar mayor verosimilitud a los secuestros de rastros (tales como registros video y fotográficos), en las circunstancias descriptas en el apartado B.3 del presente capítulo, se presentaban como, al menos, de difícil practica. Ello, sin perjuicio de señalar que no corresponde al tribunal dar acabada respuesta en torno a los medios más idóneos para probar un extremo sino que, por el contrario, realizar un juicio sobre la base de los elementos de convicción allegados al debate.

Tampoco habrán de atenderse los cuestionamientos con base en que las piezas del automóvil fueron recogidas por un pequeño grupo de policías y las consecuentes deducciones que de esa circunstancia extrajeron las defensas.

Ello por cuanto la prueba rendida en el contradictorio permitió esclarecer la forma en que se organizó tanto la remoción de escombros, el rescate de sobrevivientes, como la recolección de las evidencias. Así, fueron muchísimos los funcionarios que sostuvieron que se designó a un grupo, con especiales instrucciones, a cuyo cargo estuvo la búsqueda entre los escombros de elementos que pudieran pertenecer a un automóvil (ver, en ese sentido, los dichos reseñados en el apartado A.11 del presente capítulo de los policías Barrera, Falzarano, Varela Gómez, Ceballos, Zottarelli, Castro, Nieto, Debiassi, Solano, Kirianovicz, Carlos Néstor López, Arbor, Varela, Ruiz Huidobro, Gómez, Scalise, Juan Sabino López, Salatino y Quinteros, entre otros, como así también los de los ciudadanos Ribeiro Mendonca y Lacour).

Con relación a la cuestión debatida, fueron por demás ilustrativos los dichos del principal Ángel Fabián Poidomani, al decir que mientras estaba en el subsuelo del edificio intentando socorrer a una persona menor de edad que corría peligro de vida “le llamó la atención que había restos de la parte de un tren delantero de un vehículo, [pero] como no es tarea mía el tema de la parte de pericia, se procedió a remover los escombros, dejarlos de costado y avocarnos nada mas que a la tarea de salvamento” (sic).

Por lo demás, el criterio adoptado, consistente en uniformar, en una sola brigada y con claras directivas, las tareas de recolección de evidencias, debido a la especialización y conocimientos que la tarea requiere, no parece irrazonable.

Por último, no se escapa que numerosos vecinos o transeúntes de la zona, afirmaron que vieron en el lugar piezas que podrían pertenecer a un rodado, como ser Isidro Horacio Neuah, Manuel José Olascoaga, Alejandro Gabriel Szlufman, Gabriel Alberto Villalba, Ernesto Szwimer, Eduardo David Medina, Alberto Marcelo Chaufan, José Mario Gesualdi, María Josefa Vicente y Eduardo Eugenio Zilli. Si bien no es posible relacionar tales hallazgos con los elementos incorporados a la causa, las manifestaciones de los nombrados son demostrativas de la inconsistencia del extremo señalado por las defensas, en el sentido que las autopartes sólo “se aparecieron” frente a quienes las buscaban.

Con igual alcance cabe merituar las referencias a objetos de interés hallados por los agentes de la S.I.D.E., señaladas por la defensa de Ibarra.

En cuanto al cuestionamiento con base en que se omitió dar cuenta acerca de los elementos que fueron desechados, cabe mencionar que el personal policial, en la tarea de búsqueda de pruebas asignada por el instructor, conforme lo autorizan los arts. 184, inc. 5º, y 231 del C.P.P.N., conserva facultades para discernir sobre los elementos que serán de interés para su incautación y, consecuentemente, descartar todos aquellos que aparezcan como improcedentes.

En ese orden de ideas, este tribunal ha sostenido que “la actuación de funcionarios policiales en calidad de auxiliares del magistrado, sujetos a los criterios directrices de éste último, en modo alguno importa una delegación de los crite­rios valorativos, como así tampoco lo es la autorización brindada a funcionarios policiales con motivo de la medida que establece el art. 224 y 225 a fin de incautar documentación o elementos relacionados con un determinado ilícito” (in re “Orellana Cantillana y otros”, rta. el 9 de septiembre de 1997).

Por todo ello, corresponde desechar los cuestionamiento que, al respecto, formularon las defensas.

A.15) En el cuerpo de dos de las víctimas fatales se encontraron incrustadas piezas de un automotor.

Así, en el de Ramón Nolberto Díaz se halló, a la altura de su cuello, un amortiguador trasero que presentaba el nº 770209384, identificado con el nº 26, en tanto que en el de Gregorio Melman se secuestró un acople de la parte inferior de la columna de dirección con su caja, registrada con el nº 27.

Prueba de ello resultan el acta de fs. 183 del Informe Preliminar; las fotografías de fs. 79vta. y 80 del mismo informe; las autopsias de fs. 61/68 del anexo Autopsias I y fs. 4868/4869 del legajo de instrucción suplementaria; las radiografías identificadas como “autopsia 1629, nº 1134, 18-07-94, N.N. masculino” y “autopsia 1629, nº 1131, 18-07-94, N.N. masculino”, ambas reservadas en secretaría; el informe del Servicio de Radiología del Cuerpo Médico Forense de fs. 403 del anexo de Autopsias I; el informe médico legista de fs. 1085/1086; las fotografías de fs. 1167/1168 y las declaraciones testimoniales de Carlos Alberto Navari, Eduardo Rubén Migliónico, Alfredo Horacio Sapag, Julián Gabriel Veiga, Juan Falzarano, Eduardo Fernández, Daniel Villagra y Miguel Ángel Castro.

Los médicos legistas Migliónico y Sapag, que suscribieron el informe de fs. 1085/1086, en el que dieron cuenta que el día del atentado, a las 22.00, reconocieron en la Morgue Judicial el cadáver de una persona de sexo masculino, de unos 60 a 65 años, identificado con el nº 1629, que presentaba múltiples heridas contusas en todas las regiones topográficas y traumatismo abierto de cuello, producido por la penetración de un elemento metálico similar a un amortiguador de automóvil, que ingresó por la región lateral izquierda del tórax. En esa oportunidad, también reconocieron restos humanos, identificados con el nº 1617, que luego se estableció que pertenecían al nombrado Melman.

Por su parte, el Dr. Carlos Alberto Navari, profesional del Cuerpo Médico Forense que confeccionó el examen necroscópico nº 1629, señaló que de los reconocimientos médicos que realizó el 18 de julio de 1994 le llamó la atención el cadáver correspondiente al nombrado Díaz, puesto que tenía incrustado en dirección de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba un elemento metálico de singular tamaño que, por sus características, parecía ser un amortiguador de un vehículo (en igual sentido, ver la correspondiente autopsia). Agregó que el proyectil ingresó en el cuerpo de la víctima por la cara lateral izquierda del tórax, en forma ascendente y hacia atrás, sobresaliendo uno de sus extremos por la parte lateral derecha del cuello.

De esta manera, logró inferir que Díaz ofrecía su lateral izquierdo a la explosión, al momento de recibir el impacto del amortiguador y que éste provenía de un plano ubicado por debajo de la víctima.

Asimismo, Navari descartó la posibilidad de que el amortiguador hubiese sido incrustado en el cuerpo en forma manual o mediante otro mecanismo, toda vez que para ello se requiere una fuerza similar a la que produce una explosión de esa magnitud.

Al serle exhibido el amortiguador en cuestión, lo reconoció como aquel que extrajo del cuerpo de Díaz, idéntico al que ilustran las placas radiográficas que oportunamente se obtuvieron del cadáver; de igual modo, el informe del Servicio de Radiología señaló la presencia de un cuerpo extraño de densidad metálica, con resorte en su interior, que se proyecta en la región cervical.

Asimismo, los Dres. Osvaldo Héctor Curci y Fernando Claudio Trezza, también integrantes del Cuerpo Médico Forense, recordaron haber visto el amortiguador incrustado en el cuerpo de una de las víctimas cuando uno de sus colegas lo estaba revisando.

En consonancia con lo expuesto, deben ponderarse los dichos de Hilda Ester Delescabe de Díaz, esposa de Ramón Nolberto Díaz, quien indicó que su marido se desempeñaba como encargado del edificio sito en Pasteur 632 y que al regresar a su domicilio, instantes después de la explosión, su hijo le indicó que aquél había bajado hacía poco tiempo. Agregó que después de una intensa búsqueda, que duró todo el 18 de julio, reconoció en la Morgue Judicial, en la madrugada del día siguiente, el cuerpo de su marido, identificado con el nº 1629, el que fue inhumado el 22 de julio (ver certificado expedido por la Municipalidad de Guatimozin, Provincia de Córdoba, agregado a fs. 707 del anexo V y constancia de fs. 98 del anexo I, ambos relacionados con el reconocimiento de víctimas fatales).

A ello se agrega el testimonio de Juan Carlos Álvarez, barrendero de la calle Pasteur desde hacía más de ocho años, quien señaló que antes de cruzar dicha arteria para dirigirse al volquete que se encontraba depositado frente a la mutual, conversó durante algunos minutos, en la vereda de Pasteur 632, con el encargado del edificio, el que entre otras cosas le comentó que eran las 9.55.

En tales condiciones surge, sin resquicio de duda, que al momento de la explosión el nombrado Díaz se encontraba en la vereda opuesta a la mutual, a la misma altura de ella.

Finalmente, caben añadirse los dichos del suboficial Julián Gabriel Veiga y del principal Miguel Ángel Castro; el primero indicó haber estado afectado, durante ocho días consecutivos, a la custodia de los cuerpos que ingresaban a la Morgue Judicial, señalando que el día del atentado, alrededor de las 18.00, observó el ingreso de un cadáver que horas antes -al igual que otros tres- había estado depositado en el patio de la comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina, del que se extrajo el amortiguador de un automóvil (ver, en igual sentido, constancia de fs. 98 del citado anexo I, que da cuenta de su ingreso a la morgue, a las 17).

Castro, por su parte, señaló que los cuerpos que en un primer momento se llevaron a la comisaría 5ª fueron posteriormente remitidos a la Morgue Judicial, por falta de espacio y por así haberlo ordenado verbalmente el juez instructor.

Con relación a la pieza extraída del cuerpo de Gregorio Melman, identificada con el nº 27, nuevamente habrá de citarse el testimonio del Dr. Navari, en cuanto ratificó su informe obrante a fs. 4868/4869 del legajo de instrucción suplementaria (autopsia nº 1617), en el que dio cuenta que luego de examinar restos humanos correspondientes a un cadáver de sexo masculino, reservó -entre otras cosas- distintos fragmentos metálicos para realizar los correspondientes estudios. A la postre se determinó que aquellos restos humanos pertenecían a Gregorio Melman, según informes de fs. 418/420 del anexo I, como también que en ellos encontró incrustado el acople en cuestión (ver rótulo identificatorio de la pieza nº 27).

El nombrado Melman integraba el plantel de seguridad de la mutual y, al momento de la explosión, se encontraba próximo a la entrada del edificio, conforme relataron en el debate Raquel Fainstein, Natalio David Sluzky, Ana María Blugerman de Czyzewski, Irene Rosa Perelman y Luisa Miednik (ver, en igual sentido, informe de fs. 21.363/21.365).

A ello se agrega la mentada acta de fs. 183 del Informe Preliminar, la que documenta que “restos metálicos extraídos del interior de víctimas fatales e isopados cutáneos, fragmentos de piel y pelos correspondientes a las autopsias Nº 1621, 1622, 1616, 1629 y 1617”(éstas dos últimas corresponden a los cuerpos de Díaz y Melman), fueron retirados de la Morgue Judicial, a primera hora del 19 de julio, por el oficial de bomberos Juan Dante Falzarano, en presencia de los empleado de la morgue Villagra y Fernández y del oficial Castro.

Si bien al prestar declaración testimonial ni Villagra ni Castro recordaron dicha diligencia, memoraron, en cambio, haberse desempeñado en la Morgue Judicial en la madrugada del 19 de julio, reconociendo sus firmas en el instrumento que la documentó. Además, el primero adujo que ese día la tarea administrativa fue superlativa; motivo que explica, de alguna manera, su imposibilidad de precisar tal acto.

Fernández, en cambio, si bien no pudo precisar qué elementos fueron retirados de la morgue, afirmó haber participado en dicho secuestro.

El oficial Falzarano, por su parte, señaló que en las primeras horas del 19 de julio concurrió a la Morgue Judicial para retirar un trozo metálico cilíndrico, de unos 30 ó 40 cm de largo y otro circular, extraídos de los cuerpos de algunas de las víctimas fatales, confeccionando el acta de rigor, cuya firma y letra reconoció. Al repasar las fotografías obrantes en los informes preliminar y final, en un primer momento reconoció aquellas piezas como las identificadas con los nros. 26 y 27, para indicar luego que, por su similar formato, también podrían tratarse de las numeradas como 67 ó 109.
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